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Libertad de expresión
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Planta de asfalto "La Vencedora" - Anzoátegui
martes, 15 de octubre de 2013
José Miguel Insulza
domingo, 13 de octubre de 2013
Narcomaletas en Air France
Pesquisa sobre las “narcomaletas” aún no llega a financistas del hecho
Van 24 personas presas y se esperan más detenciones en los próximos días. Autoridades francesas no han contestado todavía a la solicitud de información realizada por el Ministerio Público
JAVIER IGNACIO MAYORCA
13 DE OCTUBRE 2013 - 12:01 AM
El viernes 11 de octubre se cumplió un mes de la llegada del alijo de 1.382 kilos de cocaína en un jet de Air France al aeropuerto Roissy de París, que despegó de Maiquetía el día anterior. Muchas preguntas continúan pendientes, entre ellas, quién financió y facilitó el paso de la droga por el principal terminal aéreo venezolano.
En este lapso las investigaciones del Ministerio Público, apoyadas por el Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, se han orientado hacia una supuesta “ceguera voluntaria” de funcionarios de seguridad aeroportuaria y del Destacamento 53 de la GNB, junto con el supuesto accionar doloso de civiles que prestaban servicio a la línea aérea para hacer que la droga fuese depositada en el avión.
La prueba clave sería un video captado por una cámara colocada en la parte inferior de la correa que llevó los equipajes hacia la rampa 14, en la que permanecía el Airbus de la línea francesa.
Esas imágenes no han sido del conocimiento de las partes, dijo el abogado Carlos Morín, defensor del teniente coronel (GNB) Ernesto Mora Carvajal, uno de los procesados que se desempeñaba como director de seguridad del aeropuerto. Una de las razones sería que la propia Fiscalía solicitó la reserva de las actas, con el argumento de que la divulgación de estos datos entorpecería las investigaciones.
La información consignada en el expediente indica que el vuelo 385 del 10 de septiembre llevó 284 pasajeros. El total de maletas registradas por el guardia Randimar Chirino fue de 285, algo plausible pues los usuarios de primera clase y de clase negocios pueden llevar dos maletas. La copia de los adhesivos que identificaba a cada una está en poder de los fiscales, pero las maletas que llegaron a la capital francesa cargadas con droga fueron añadidas. Es decir, en el jet, al menos, iban 316 piezas de equipaje.
La detención de Chirino sugiere que para la Fiscalía las maletas con droga fueron cargadas siguiendo el curso de las demás, aunque sin ser anotadas. Igualmente, para los investigadores las maletas pasaron por los rayos X y, aunque supuestamente se descubrió la presencia de las panelas de cocaína, el guardia Johan Ulaves Soler no hizo nada. Igual conducta de omisión habría tenido el sargento Gabriel Avendaño cuando el perro que lo acompañaba descubrió la presencia de la droga.
Todos ellos han asegurado que son inocentes y que cumplieron con los procedimientos de rutina. Los militares, explicó una fuente de la investigación, son asignados en forma aleatoria para la vigilancia de los equipajes en cada vuelo. Esto dificultaría cualquier confabulación con la finalidad de darle luz verde a las 31 maletas. Además, esta versión no explica por qué se permitió el paso de valijas con peso que excedía, hasta en 18 kilos, el máximo permitido por la propia línea aérea.
Cámara ciega. El video cuya existencia se rumorea fue tomado por una cámara distinta a las del sistema de circuito cerrado de televisión manejado en el aeropuerto. Las cámaras del terminal aéreo que debían captar la actividad en la rampa 14 no funcionaban el 10 de septiembre. En la audiencia de presentación el comandante Mora explicó que esa falla fue reportada al departamento de Telemática del instituto, pero que nada se hizo al respecto. Mora insistió en ese momento en que el manejo de las cámaras no era su competencia. Las averías tendrían su origen en las constantes fallas del servicio eléctrico.
Este episodio es similar al ocurrido en 2006 con el vuelo que despegó de Maiquetía con 5,5 toneladas de cocaína. Era un jet sin pasajeros que estuvo 2 días en la rampa 7 debido a desperfectos. En las investigaciones se determinó que las cámaras de televisión fallaron inexplicablemente. La responsabilidad por este alijo fue atribuida a Walid Makled.
Versión alterna. La versión de la Fiscalía va a contrapelo con la que maneja el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Miguel Rodríguez Torres, quien declaró que las maletas llegaron al compartimiento de carga del jet de Air France por caminos verdes.
“Esas maletas deben haber pasado desde la parte de afuera del aeropuerto hasta el avión”, afirmó el abogado Morín.
En sus primeros testimonios, los guardias bolivarianos Chirinos y Adanay Parra afirmaron que durante las 4 horas que el jet permaneció en la rampa 14 llegó un camión que arrastraba dos contenedores blancos, en los que supuestamente había carga de la “zona estéril”; es decir, ya revisada. En el vehículo estaba además un hombre con uniforme de Resguardo Nacional.
Desde allí supuestamente introdujeron otras maletas que no pasaron por rayos X ni fueron examinadas con perros pues, para haber llegado allí, debieron ser chequeadas previamente en los almacenes.
La droga habría entrado al aeropuerto por una puerta conocida como Cojedes, que está en el extremo oeste del terminal cuya custodia está asignada a guardias nacionales y policías aeroportuarios. Por allí pasa a diario gran cantidad de vehículos que prestan servicios en pista.
Hasta el momento hay 24 personas detenidas, así como una más solicitada. De ellas 8 son funcionarios de la GNB: el teniente coronel, 2 tenientes y 5 sargentos. Los militares están recluidos en el retén de Macuto, junto con cuatro civiles. Los demás fueron enviados esta semana a penales del estado Miranda. Fuentes ligadas a la pesquisa aseguraron que vendrán más aprehensiones.
Las investigaciones en Venezuela comenzaron formalmente el 21 de septiembre. En tres semanas se ha ordenado el congelamiento de las cuentas de los imputados, así como la revisión de sus propiedades a través del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, pero no se ha realizado el levantamiento planimétrico de la rampa, no se hizo barrido a los compartimientos de carga del jet y tampoco se ha llevado a cabo la reconstrucción de los hechos. Esta última diligencia debe hacerse en las mismas condiciones de hora y lugar en las que supuestamente fue introducida la droga en el jet.
Rogatoria
Sin respuesta
Hasta ahora las autoridades francesas no han enviado los informes policiales solicitados por la Fiscalía en cuanto a las condiciones en las que fue encontrado el alijo de cocaína, su grado de pureza, las características internas y externas de las panelas y demás datos que puedan contribuir a las investigaciones en Venezuela.
En otros términos, no hay en el expediente una notificación oficial sobre el decomiso de la droga. Solamente han sido consignadas las informaciones divulgadas en rueda de prensa por el ministro de Interior francés Manuel Vals, 10 días después del hallazgo en Roissy. Esta situación se repite en el caso del jet que salió de Valencia con 1,4 toneladas de cocaína hasta el aeropuerto de Gran Canarias en febrero de 2012.
LosDatos
*Entre los implicados en este caso figura el gerente adjunto de Air France en Maiquetía Juan Chirino Ariza, quien supuestamente fungía como despachador de vuelo el 10 de septiembre
*El tenientecoronel (GNB) Ernesto Mora Carvajal fue llevado el jueves a la medicatura de Vargas, debido a un cuadro febril. Antes de la detención se recuperaba de una operación de reducción estomacal
*Del dinero pagado por los traficantes para pasar la droga solamente han encontrado 2,3 millones de bolívares supuestamente usados para comprar un apartamento en Margarita
sábado, 5 de octubre de 2013
Rumores y cuentos
sábado, 21 de septiembre de 2013
Crisis del sistema penitenciario en Venezuela
Venezuela, la quiebra moral de un país
La muerte de 16 reclusos en el internado judicial de Sabaneta, en Maracaibo, reabre el debate sobre la crisis del sistema penitenciario en Venezuela
ALFREDO MEZA Caracas 19 SEP 2013 - 19:05 CET63
Archivado en: Motines Nicolás Maduro Hugo Chávez Venezuela Seguridad penitenciaria Asesinatos Sudamérica Latinoamérica Prisiones Centros penitenciarios Delitos América
Una pelea en la cárcel nacional de Maracaibo, al oeste de Venezuela, dejó 16 muertos y un nuevo líder: Edwin Ramón Soto Nava alias El mocho Edwin quien, según la prensa local, con tomar el control del centro penitenciario. La prisión, rodeada de casas llenas de huecos por las balas, no debería alojar a más de 700 presos. El Observatorio Venezolano de Prisiones, una ONG, calcula que allí viven casi 3.700.
La noticia conmovió a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. No destaca por sus gestos delicados, pero al confirmar el parte de fallecidos lucía afectada. “Me erizo al observar cómo se quitan la vida unos a otros. No hay el más mínimo respeto. Conozco los motivos fútiles e innobles que provocaron este suceso”, dijo tras la masacre. Horas antes de la matanza había denunciado que funcionarios del ministerio habían recibido amenazas de muerte desde teléfonos con identificación restringida o desde el extranjero.
Este nuevo actode violencia en las cárceles venezolanas no sorprende a los venezolanos, quienes parecen acostumbrados a que, de vez en cuando, los presos se maten entre sí. Ocurrió en 2011 y 2012 con los desalojos de los penales de Yare y La Planta y más recientemente en 2013 con la requisa del internado de Uribana (murieron 58 personas e hirieron a más de 100).
Tantas muertes reflejan que la violencia se ha naturalizado como modo de resolver las diferencias debido a la incapacidad del Estado de mediar a tiempo para solucionarlas. Nueve de cada 10 asesinatos quedan sin castigo. El año pasado, según cifras oficiales, mataron a 16.030 personas. 44 por día. Un 14,4% más que el año anterior, 2011, cuando murieron 14.007. Todo indica que en 2013 la cifra se incrementará en un porcentaje similar.
“Nunca fue tan pertinente el uso del término ‘anomia’ [ausencia de ley] para describir la situación de la actual Venezuela”, afirma el sociólogo Tulio Hernández en una conversación con este diario. El país ha llegado a este estado de cosas en buena medida por el agotamiento de un sistema político-económico instaurado a la caída de la dictadura en 1958, que captaba y distribuía la renta proveniente de la venta de petróleo. Ese modelo en esencia podría resumirse en esta sentencia: El Estado se ocupaba del bienestar de sus ciudadanos, pero éstos no tenían ninguna obligación con el Estado.
“Ese modelo se hizo inviable en la medida que se fue consolidando”, afirma la socióloga Isabel Pereira. Con la falta de respuestas a las demandas de las audiencias surgió la anarquía. Eso ocurrió con las cárceles locales. En la era chavista se ha renunciado al control interno del penal y los reos han fundado su gobierno de leyes medievales. Ahora el gobierno está haciendo esfuerzos por recuperar el control con pobres resultados.
En el penal de Sabaneta, al menos hasta 2008, había una piscina donde se bañaban los hijos de los prisioneros. El líder del penal había contratado a un DJ que ponía música en un salón oscuro que se asemejaba a una discoteca. El sonido proveniente de grandes cornetas aturdía. Varios de los presos estaban armados con armas caseras, cuchillos y fumaban marihuana. El Gobierno es consciente de esa situación pero no interviene porque apenas custodia el perímetro. El resultado ha sido un incremento anual de la cifra de asesinatos entre internos, la formación de bandas que luchan a muerte por el control del penal, que es un jugoso negocio, y la planificación de delitos.
Una explicación extendida entre la oposición indica que Hugo Chávez es el principal responsable de esta degradación del valor de la vida, pero esa es una verdad a medias. Antes de que él llegara al Gobierno había evidentes muestras de ineficiencia y corrupción en el sistema carcelario, jefes que controlaban a la población penal y guardias corruptos que les proporcionaban armas y drogas. Chávez y su gobierno sí fueron responsables de la profundización de ese drama. La lectura de Isabel Pereira sugiere que el Presidente heredó el excesivo poder que ya concentraba el Estado venezolano y no quiso utilizarlo para un fin distinto que el de imponer una revolución socialista. La contribución de Chávez a la profundización de la violencia puede medirse en dos aspectos: limitar la represión policial para no perder votos entre su electorado y en la justificación ética del robo. Quien tiene hambre, dijo el mandatario en 1999, está habilitado para delinquir. “El apoyo a los invasores de tierras contribuyó a reforzar esa ética delincuencial, que está tan naturalizada que todos los venezolanos, en mayor o menor medida, ya consideran las normas como injustas y se sienten con el deber de romperlas”, opina Tulio Hernández. Isabel Pereira ha definido toda esta situación en un libro de próxima aparición como la quiebra moral de un país.
Las cárceles venezolanas son el sótano del país. Allí hay un 44% mayor de morir según Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones. Sin sumar a los caídos en Sabaneta, hasta julio habían fallecido 289 reos en reyertas. Los penales locales sólo pueden recibir a 16.539 personas, pero hay 52.933 presos, en su mayoría hombres jóvenes y pobres, pagando condenas o esperando sentencia. La ministra Iris Varela ha confesado que el Estado controla solo siete de las 30 cárceles del país. Esta situación es una paradoja dentro de un Estado que hace gala de su poder, pero que en realidad está a merced de las mafias.
lunes, 9 de septiembre de 2013
"Estado delincuente"
INSEGURIDAD
"Estado delincuente"
Marcos Tarre y Carlos Tablante exponen en una amplio estudio sobre la violencia cómo la corrupción y el crimen organizado tienen alta incidencia en los índices de homicidios. Por Francisco Olivares
EL UNIVERSAL
domingo 8 de septiembre de 2013 12:00 AM
Resulta complejo explicar por qué Venezuela en cuestión de 14 años pasó de tener índices de criminalidad envidiables para el continente, de menos de 20 asesinatos cada 100 mil habitantes, a una tasa de 73 asesinatos, ocupando uno de los índices más altos del mundo para llegara en 2012 a 21.692 homicidios de acuerdo a las cifras manejadas por el Observatorio Venezolano de la Violencia.
A juicio del escritor y experto en seguridad, Marcos Tarre, los altos índices de criminalidad presentes hoy en la vida venezolana están relacionados con el auge del crimen organizado en una siniestra ecuación que se origina en la corrupción, que deviene en el fortalecimiento del crimen organizado y que a su vez genera entre 34% a 55% de los homicidios que se cometen en el país. "En Venezuela no tenemos situaciones extremas como los carteles mexicanos de la droga, pero tenemos índices delictivos más altos que México. A su juicio detrás de eso está la corrupción, que el sociólogo y experto en temas de violencia, Roberto Briceño León, atribuye a la ausencia de instituciones y a la falta de autonomía de los Poderes Públicos, entre otras causas. Para Marcos Tarre, en Venezuela hay una aceptación social del tema de la corrupción.
Carlos Tablante, quien se ha ocupado del estudio del crimen organizado en Venezuela precisa que en los barrios de las principales ciudades del país existe una economía subterránea que se mueve con capitales ilícitos relacionados con el tráfico de drogas, el secuestro, la extorsión, el sicariato. Estas organizaciones delictivas se disputan el control de los territorios, el control de las actividades ilícitas y el dinero que mueve. El enfrentamiento permanente entre ellos generan una situación de violencia que nuestras estimaciones indican que aportan 40% de los homicidios en el país.
Ambos expertos: Carlos Tablante y Marcos Tarre, acaban de publicar un libro con el título de "Estado delincuente" que contiene un amplio estudio sobre el crimen organizado. El libro, cuya primera edición desapareció "misteriosamente" de las librerías apenas horas de haber sido distribuido, acaba de ser entregado a las librerías en su segunda edición.
Allí exponen que, al lado del rol que ocupa la corrupción en esa ecuación de violencia, otro factor que ha propiciado la expansión de la delincuencia organizada deriva de la tolerancia y hasta complacencia gubernamental frente a la existencia de grupos irregulares armados en Venezuela tales como las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Liberación (FBL) o los llamados colectivos como La Piedrita, Carapaica, y otros grupos de base que tras la cara política controlan los mercados locales de la droga , tráfico de armas, secuestros y extorsión.
Para Tablante toda esa actividad también se sostiene gracias a que tenemos "un Poder Judicial tomado por la delincuencia organizada. Los juicios, los tribunales, las instancias del Poder Judicial tienen tarifa". Aclara que si bien es cierto que la hegemonía gubernamental del Gobierno sobre el Poder Judicial, se buscó en el plano ideológico y político, ella se transformó en una hegemonía de la corrupción.
Destaca que resulta irónico que el mismo presidente Maduro, quien ha estado 15 años en los puestos más altos de Gobierno, esté hablando de crear leyes especiales para frenar la corrupción, cuando son precisamente ellos quienes han estado a cargo de la tesorería, de la hacienda pública y de los bienes del país.
"Como no ha habido separación de los poderes, esa corrupción ha ido permeando en todas las instituciones y es lo que nosotros definimos como un "Estado delincuente". Es decir, ya no es un Estado paralelo, no es una Estado dentro del Estado, sino que las redes de la corrupción han avanzado y se han extendido en esa especie de hegemonía de la corrupción que se ha adueñado del Estado y que tiene el control de las principales instituciones del Estado".
Armas y crimen organizado
El "Estudio Global de Homicidios 2011" de la ONU, en el capítulo relacionado a armas de fuego, establece la conexión que existe entre el uso de las armas y las organizaciones delictivas. A nivel mundial el informe estima que 42% de los homicidios del año 2010 se cometieron con armas de fuego. En Latinoamérica ese porcentaje es superior 70% pero en Venezuela la cifra asciende a 88% de homicidios con armas de fuego. Esa cifra está vinculada al crimen organizado y puede precisarse al tomar algunas características como el número de disparos que se le hace a la víctima, la parte del cuerpo que se busca afectar o el tipo de arma utilizada.
Las crónicas policiales que se publican en los medios han dado cuenta de esa realidad como: "un presunto confidente de cuerpos policiales fue muerto de 60 disparos en la cara". Según los autores de "Estado delincuente" tales hechos muestran ciertos "ritos" propios de las bandas delictivas.
Una cifra tomada de Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Incosec) indica que en 45% de los homicidios con armas de fuego, las víctimas recibieron más de 3 disparos, haciéndose regular en el último año homicidios con 50 y 60 disparos.
Otros indicadores lo constituyen delitos como el secuestro y el sicariato los cuales han aumentado sustancialmente en los últimos años. En cuanto al secuestro en el que hay un gran porcentaje que no es denunciado por las víctimas ante las autoridades, de 67 casos denunciados en el año 2000, se pasó a 686 en el año 2010. Asimismo los delitos como enfrentamiento entre bandas, enfrentamiento con las autoridades y venganza, muy relacionados a las bandas organizadas, cubren 42% de los homicidios.
Un dato muy llamativo que indica la ineficiencia del Estado para controlar a las bandas organizadas se da por ejemplo en el tráfico de drogas. A pesar de que en Venezuela ha habido un incremento sustancial en el decomiso de grandes cargamentos de droga, tenemos que por posesión, en el que la mayoría son solo consumidores, fueron detenidos en el año 2010, 17.590 personas, en tanto que por tráfico de drogas solo se realizaron 32 detenciones. Ello explica la ineficiencia del Estado para castigar al traficante y cómo el traficante, que es quien tiene el poder económico, es el que tiene la capacidad de comprar la justicia. Para Carlos Tablante "ellos compran la impunidad y no les llega la justicia".
Boliburguesía y corrupción
En el ámbito internacional existe una clara percepción de la corrupción como un mal asociado a la delincuencia organizada. Transparencia Internacional, organización no gubernamental que tiene su asiento en Berlín, en su último informe mundial sobre "índice de percepción de la corrupción de 2011" al hacer una evaluación sobre 182 países, ubica a Venezuela en el puesto 172 compartiendo honores con Burundi y Guinea Ecuatorial como los países más corruptos del planeta.
Señala Marcos Tarre que en los últimos 14 años, además de que se ha consolidado una delincuencia organizada que podríamos llamar tradicional, existe otra que se ha hecho muy poderosa. Esta última es propiciada por la corrupción y el deterioro institucional. Han aparecido nuevas formas de organizaciones delictivas surgidas de las políticas de controles económicos como el control de cambio, o regulaciones como el contrabando de gasolina, el contrabando de productos subsidiados como la cabilla y el cemento etc. Se han fortalecido organizaciones delictivas ligadas al Estado y ha formado una nueva clase poderosa.
Refiere Carlos Tablante que en Venezuela se ha ido construyendo un "Estado delincuente" que es más poderoso que el Estado constitucional. Asegura que "la red de corrupción que sustenta a ese Estado delincuencial, ha asumido el control de varias áreas, pero en especial, de las finanzas públicas, las cuales ha privatizado por la vía de la corrupción".
Tales redes de corrupción tienen su expresión en los nuevos grupos económicos surgidos en una especie de mestizaje en donde los negocios ilícitos se han ido ligando cada vez más a los negocios lícitos. Y ese mestizaje ha dado lugar a una nueva clase que ha tomado distintos nombres como la "boliburguesía" o los llamados "bolichicos", estos últimos quienes hicieron grandes negocios a partir de la crisis eléctrica. Estos seudos empresarios han sido promotores de la revolución en una suerte de capitalismo de prebendas, acota el autor.
Escándalos que no se resolvieron
En el libro se recogen ejemplos de los negocios que se hicieron desde el Gobierno y que nunca fueron investigados, tales como el de Bariven con la importación de alimentos que se pudrieron por traerlos con fechas de vencimiento próximas, sin garantía y con sobreprecios. El caso del maletín con dólares en efectivo enviados por el Gobierno para la campaña de Cristina Kirchner nunca se investigó. Makled y su red de funcionarios y militares comprados. Igualmente describe cómo funcionarios que tienen la discreción de asignar las divisas facilitaron lo que el propio ministro Jorge Giordani denunció cuando dijo que descubrió que 20 mil millones de dólares fueron importaciones ficticias de empresas de maletín. Una denuncia del propio ministro de la que no hay responsables a pesar de que el Gobierno maneja en detalle la información sobre las personas y las empresas fantasmas.
Como ejemplo de impunidad, el libro menciona el caso de Alejandro Andrade, ex tesorero nacional, cuyo nombre no aparece en ninguna de las investigaciones realizadas con las operaciones cambiarias, y los bancos quebrados, a pesar de haber sido uno de los principales responsables de las finanzas públicas. "Se trata de un ex funcionario de origen humilde, súbitamente convertido en un ostentoso millonario". La estructura de negocios con bonos, con notas estructuradas, produjo enormes ganancias derivadas del diferencial del dólar oficial y el dólar paralelo, con los dineros del Estado, con los depósitos que recibían de parte de Andrade quien estaba a cargo de la tesorería y a su vez era presidente de Bandes y Banfoandes. Con los depósitos gubernamentales se compraron compañías de seguros, medios de comunicación y otras propiedades. Esas actividades no se pueden realizar sin el entramado y complicidad necesaria del el alto funcionario del Gobierno que maneja el dinero, indican los autores.
@folivares10
sábado, 17 de agosto de 2013
Oswaldo José Payá Sardiñas
Oswaldo Payá Sardiñas (La Habana, Cuba, 29 de febrero de 1952 – provincia de Granma, 22 de julio de 2012) fue un activista político cubano, líder de la oposición política al gobierno cubano. Fue el fundador y el organizador del Proyecto Varela, mediante el cual, amparado por la constitución, recolectó las firmas necesarias para presentar al gobierno una solicitud de cambios en la legislación. Fue Premio Andrei Sajarov a los Derechos Humanos del Parlamento Europeo en 20025 y candidato oficial al Premio Nobel de la Paz 2011, 2010, 2008, 2003 y 2002. Fue vicepresidente de honor de la Internacional Demócrata de Centro.
Orígenes
Oswaldo Payá fue criado en el seno de una familia católica. En su juventud rehusó unirse al Partido Comunista de Cuba y a sus organizaciones juveniles. Sin embargo, a los 16 años fue reclutado por el ejército cubano. Durante su servicio, fue castigado por negarse a participar en el transporte de un grupo de prisioneros políticos y fue condenado a trabajos forzados en la Isla de Pinos, hoy conocida como la Isla de la Juventud, por tres años. Payá luego estudió Física y más tarde también Ingeniería de Telecomunicaciones y hasta su fallecimiento trabajaba en el taller provincial de electromedicina. Estaba casado y tenía tres hijos.
Política
Movimiento Cristiano Liberación
Oswaldo Payá fue uno de los miembros fundadores del Movimiento Cristiano Liberación en 1988. Creado por católicos seculares, este es un movimiento político sin afiliación religiosa que busca adelantar los derechos humanos y cívicos de los cubanos.
En 1992, por primera vez, Payá hizo pública su intención de postularse para Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Dos días antes de la llamada Asamblea de la Postulación la policía lo detiene en su casa y lo lleva a un centro de los "Comités de Defensa de la Revolución" donde lo esperan policías miembros del PCC; no se conoce una explicación oficial por esta acción. El PCC realizó una sesión cerrada de la asamblea, que duró sólo unos minutos e incluyó solo partidarios del PCC.
En 1997, Payá y otros diez miembros del Movimiento Cristiano Liberación, recogen cientos de firmas de apoyo a sus candidaturas para diputados.
Proyecto Varela
Artículo principal: Proyecto Varela.
En 1998, junto a otros miembros del Movimiento Cristiano Liberación, fundó el Proyecto Varela, el cual persiguió la recolección más de 10.000 firmas para presentar al gobierno una solicitud de cambios en la legislación a través de un referendo nacional. Según Payá, estos cambios, de haber sido aceptados por el gobierno y aprobados por voto popular, habrían introducido en Cuba la libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de prensa, elecciones libres, libertad de empresa, y amnistía para los presos políticos. La Constitución cubana concede que los ciudadanos pueden tener un referendo nacional para cualquier propuesta que tenga un mínimo de 10.000 firmas de ciudadanos cubanos registrados. En el 2002, Payá presentó personalmente 11.020 firmas apoyando el Proyecto Varela a la Asamblea Nacional, y en el 2004 presentó 14.000 firmas adicionales. Sin embargo, la Asamblea Nacional rechazó el pedido.
El Diálogo Nacional y el Programa Todos Cubanos
En el 2003, Payá y otros activistas democráticos comenzaron un proceso de análisis de trabajo llamado el Diálogo Nacional en que participaron más de 12,000 cubanos de dentro y fuera de Cuba en más de 3.000 grupos de discusión, utilizando un "documento de trabajo" como punto de partida para su discusión. Sus comentarios y sugerencias fueron compilados e integrados sistemáticamente al documento del Programa Todos Cubanos, que Payá presentó al público en 2006 para guiar una transición pacífica y democrática.
Perfil general
A diferencia de otros disidentes cubanos, Payá se oponía al actual embargo estadounidense contra Cuba y no aceptaba ayuda del gobierno de los Estados Unidos -algunos sectores niegan estas afirmaciones aunque nunca se han presentado pruebas-. También mantenía su distancia de los grupos políticos cubanos en los Estados Unidos, rehusando apoyar la meta de algunos de implementar un programa de readquisición de tierras tras el regreso de los exiliados a Cuba.
No es un programa neoliberal. Por esto, nos atacan los grupos poderosos en Miami. Cuando la gente habla de lo que va a pasar en Cuba después de Fidel, decimos - espera, hay once millones de personas en Cuba, no sólo Fidel Castro.
Aunque su actividad política ha sido tolerada y en algunas instancias le han permitido viajar al exterior, Payá contaba que él y su familia sufrían intimidación a diario. En el informe publicado por Amnistía Internacional, "Cuba: Motivos de preocupación de Amnistía Internacional en materia de derechos humanos" con fecha de 29 de enero de 2007, se puede leer que "al menos 67 presos de conciencia –personal docente, periodistas y defensores de los derechos humanos detenidos por sus actividades pacíficas– permanecen privados de libertad en cárceles de toda Cuba..." Y aunque reconoce que está estudiando varios casos más sólo puede "confirmar" este número. Otras asociaciones de derechos humanos como la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRC), dirigida por Elizardo Sánchez, fijan este número en 246 desde el 30 de junio de 2007.
Me han dicho que me van a matar antes de que termine el régimen, pero yo no voy a huir.
Críticas
Hay exiliados cubanos, particularmente en Miami, que han acusado a Payá de simpatizar con la ideología base del sistema comunista cubano por su apoyo a algunas medidas sociales que fueron impuestas luego del triunfo de la revolución. Sin embargo, los ataques directos de Payá a la ideología y metodología comunista que expresa en su web www.oswaldopaya.org y en sus múltiples declaraciones verbales, en TV y por escrito refutan estas críticas.
Su "Programa Todos Cubanos" también ha sido criticado por el exilio cubano en Miami porque existía la presunción de que no incluye a los exiliados cubanos en las primeras elecciones en Cuba después de una eventual transición, aunque incluye a los miembros del Partido Comunista. Más tarde, sin embargo, Payá ha eliminado toda polémica al aclararlo perfectamente en su discurso "Plebiscito", de 2011, donde claramente incluye a todos los cubanos.
Reconocimientos
Premio Sájarov a los Derechos Humanos del Parlamento Europeo en 2002.
Doctorado en Leyes, honoris causa, Universidad de Miami, Florida, EE.UU.
Candidato oficial al Premio Nobel de la Paz 2011, 2010, 2008, 2003 y 2002.
Premio Homo Homini 1999. People in Need. República Checa.
Premio W. Averell Harriman por la Democracia 2002. National Democratic Institute.
Medalla Manuel Carrasco i Formiguera 2004. Unió Democrática de Cataluña.
Premio Encina de la Libertad.
Premio a los Derechos Humanos 2001 de la Fundación Hispano Cubana.
Doctor Honoris Causa en Leyes 2006. Universidad de Columbia.
Doctor Honoris Causa en Leyes 2002. Universidad de Miami.
Candidato oficial al Premio Príncipe de Asturias a la Concordia 2003.
Premio Universidad del Destierro 2003. New School University.
Premio 2010 a la Apertura Democrática en Cuba Red Puente Democrático Latinoamericano - CADAL http://www.puentedemocratico.org/red/nota.asp?id_nota=3385
Vía pública «Oswaldo Payá» en Las Rozas de Madrid (España), a propuesta de UPyD. (Moción elevada por UPyD Las Rozas, el 21 de diciembre de 2012)
Fallecimiento
El 22 de julio de 2012 Oswaldo Payá falleció en un accidente de tráfico. En el mismo accidente también falleció el opositor Harold Cepero. El coche era conducido por el español Ángel Carromero. Carromero, dirigente de la organización juvenil Nuevas Generaciones del Partido Popular (PP) de Madrid y asesor en la Junta Municipal de Moratalaz del Ayuntamiento de Madríd, fue condenado por homicidio involuntario a causa de las muertes de Payá y Cepero. El político español no tenía ya puntos en su carné de conducir y había sido multado en tres ocasiones por exceso de velocidad, acumulando más de cuarenta multas de tráfico entre 2009 y 2012.
Aunque el tribunal declaró a Carromero culpable de la muerte de Payá, su propia familia reportó que el auto había sido embestido varias veces con la intención de sacarlos de la carretera y provocarles un accidente. Osmel Rodríguez un colaborador de Miami indicó que 20 días antes ya había tenido un accidente similar en el que el carro donde viajaba el opositor había quedado con las ruedas arriba, por lo que Osmel y la familia de Payá piensan que fue asesinado por el gobierno cubano. El propio Ángel Carromero declaró antes del juicio que se trató de un accidente y negó la implicación de otro vehículo. En las fotos del coche accidentado se ve claramente que no tiene ningún choque en la parte posterior.
Durante el juicio de Carromero no se le permitió a los hijos del fallecido asistir a la sala del tribunal al no haber presentado ningún cargo contra el español.
No nos dejan pasar. Se nos ha acercado una persona diciendo ser el secretario del tribunal y nos dijo que no podíamos pasar porque no habíamos avisado de que íbamos a venir al juicio, declaró a Efe Rosa María Payá.
No esperamos nada de este juicio. Realmente no creemos lo que puedan decir los mismos que amenazaban de muerte a mi padre. La única razón de que estemos aquí es que queremos ver a Ángel
Líderes opositores como la bloguera Yoani Sánchez fueron temporalmente detenidos en una estación de policía para impedir su acceso a la sala judicial.
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CUBA
Carromero asevera que servicios secretos cubanos asesinaron a Oswaldo Payá
Oswaldo Payá "salió vivo del accidente" y la versión oficial sobre un exceso de velocidad fue "una coartada perfecta para ocultar la muerte del único opositor que podía liderar la transición en Cuba", afirmó el político.
Ver resumen
EL UNIVERSAL
lunes 5 de agosto de 2013 07:18 AM
Madrid.- La muerte del opositor cubano Oswaldo Payá no fue debida a un accidente de carretera, del cual "salió vivo", sino a los servicios secretos de Cuba que lo "asesinaron", afirma el joven político conservador español Angel Carromero en una entrevista publicada este lunes por el diario El Mundo.
"Los servicios secretos cubanos asesinaron a Oswaldo Payá", aseguró Carromero, que conducía el vehículo en el que murieron Payá y el disidente cubano Harold Cepero, el 22 de julio 2012, apuntó AFP.
"Estoy seguro de que él (Payá) salió vivo del accidente. Las enfermeras y un párroco me aseguraron que en el hospital ingresamos los cuatro", insistió.
En el vehículo accidentado también viajaba un joven político conservador sueco, Aron Modig, que dijo que dormía cuando el carro se salió de la carretera, cerca de la localidad cubana de Bayamo.
Carromero es vicesecretario de las juventudes del Partido Popular, que lidera el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy.
Poco más de un año después de la tragedia, Carromero, que fue condenado por la justicia cubana a cuatro años de cárcel por homicidio imprudente y actualmente cumple su pena fuera de prisión en España, rompió el silencio público que había mantenido hasta ahora sobre lo ocurrido.
Desde un principio, la familia de Payá -candidato en cinco ocasiones al premio Nobel de la Paz y galardonado en 2002 por el Parlamento Europeo con el premio Sajarov de derechos humanos- exculpó a Carromero de toda responsabilidad y sigue exigiendo una investigación independiente sobre la muerte.
En una entrevista con el diario estadounidense Washington Post, Carromero ya había dicho en marzo que la muerte de Payá no fue accidental.
Aseguró que el hostigamiento de otros vehículos que los seguían desde su salida de La Habana había provocado que el auto se saliera de la carretera para chocar contra un árbol.
Carromero había dado la misma versión a la hija del líder opositor, Rosa María Payá, de 24 años, durante un encuentro entre ambos en Madrid en febrero.
"Angel no recuerda nunca haberse estrellado contra ningún árbol, ni que el carro diese vueltas ni nada parecido, solamente que los golpearon por atrás, los desestabilizaron y después sacaron a los dos extranjeros del lugar", había asegurado la joven.
La muerte de Payá, de 60 años, dejó a la oposición cubana sin su principal líder.
Gracias a una tobillera de control telemático, Carromero cumple su condena en casa y conserva su trabajo como asesor en el ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP.
El joven político afirma que su juicio en La Habana fue "una pantomima" en la que "la Fiscalía cubana fue fabricando las pruebas conforme avanzaba el proceso".
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, aseguró en marzo que Carromero nunca había dicho al gobierno español que la muerte de Payá fuese provocada.
El canciller también afirmó que a cambio de la liberación de Carromero el gobierno de La Habana había pedido una modificación de la política europea hacia Cuba a la que España no accedió.
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La cuota de sangre -
Martín Santiváñez *** Los sistemas autoritarios exigen una cuota de sangre para permanecer en pie. Esta vez cobró el disidente cubano Oswaldo Payá, después de ser perseguido durante toda su vida pública, afirma el investigador de la Universidad de Navarra. -
El Leviatán tropical que el castrismo ha construido a lo largo de sesenta años exige, de manera sistemática, una cuota de sangre. La legitimidad del modelo está en función al terror que el líder y el partido son capaces de imponer. La cuota, ese concepto que todo revolucionario convicto y confeso aprende en las “escuelas populares”, es el pago que demanda la ideología para construir aquí en la tierra el paraíso ácrata, el Edén del “hombre nuevo”, un mito apreciado por los remanentes del guevarismo. Así, el Estado regentado por los Castro, adecuando principios de la ortodoxia comunista a la realidad latinoamericana, ha seguido el viejo manual político esbozado por Marx, el hombre que escribió, en un arrebato de sinceridad radical, que lo suyo (y lo de sus discípulos) era “proferir gigantescas maldiciones”. En realidad, lo que el castrismo ha hecho con Cuba es la hoja de ruta de todos los regímenes comunistas que han sido, son y serán. Todo se legitima si con ello se construye el futuro. Siguiendo esta lógica, la sangre puede y debe ser ofrecida en holocausto si con ello se consolida la revolución.
Por eso, no sorprende que un Estado construido bajo estas premisas ideológicas totalitarias y maniqueas, haya decidido asesinar a un opositor de fuste como Oswaldo Payá. Sin logros económicos que ofrecer después de sesenta años de mesianismo y estatolatría, los Castro sólo pueden mantenerse en el poder empleando en el frente interno, indistintivamente, la coerción masiva o la aniquilación selectiva. Además, en el exterior, el castrismo disfruta del apoyo material del ALBA y de la complicidad política de ese bloque que algunos analistas denominan la “nueva izquierda latinoamericana”: el lulismo del PT, el socialismo chileno de la Bachelet, la confluencia peruana de Villarán, etcétera. La realidad es clara: la “nueva izquierda” latinoamericana nunca ha dejado de acudir a los besamanos que periódicamente organiza La Habana.
Este es el Estado policial que ha asesinado a Oswaldo Payá después de perseguirlo durante toda su vida pública. Esta es la tiranía clásica a la que Payá se enfrentó con valentía, fe y decisión. Un despotismo que apela al miedo, al comisariato y al “juicio popular”, apoyándose en el aplauso o el silencio cómplice de sus parientes ideológicos. No es un Estado distinto a las dictaduras que edificaron muros, gulags o campos de concentración. El grado de refinamiento, la sofisticación que el instrumento de los Castro ha desarrollado en la vigilancia y la represión sólo es comprensible si tomamos en cuenta el soporte internacional, el paraguas externo, la ayuda o el silencio de la comunidad global. Oswaldo Payá no sólo era un obstáculo interno. Se había transformado en un referente peligroso a nivel mundial. La lógica revolucionaria, la de la cuota por el futuro, entró en juego materializándose en el asesinato narrado en el mundo por Ángel Carromero. La existencia, la propia condición vital de un líder que predicó el mensaje de libertad, unidad y reconciliación era insoportable para un partido que se legitima desde hace seis décadas en función al miedo y la división.
La muerte de Oswaldo Payá no es un crimen más de la dictadura castrista. Su asesinato puede y debe generar una reacción internacional que liquide la aspiración de convertir a los Castro, a punta de maquillaje, en los autores iluminados de una “democracia popular” distinta, pero tolerable.
España no debe pactar con el terrorismo de Estado. Si quiere recuperar la iniciativa a nivel regional, el gobierno tiene que denunciar las irregularidades del caso Payá,, la ilegalidad del trato a Carromero y la represión dictatorial que estrangula a la oposición cubana día a día. El que guarda silencio ante la muerte de Payá es un cadáver, un cuerpo inerte para la democracia. Porque Oswaldo, el socialcristiano, encarnó siempre lo mejor de Cuba: la síntesis por encima de las divisiones, la denuncia valiente ante el foro internacional y la esperanza de un cambio real. Los otros, los que han construido a fuerza de ideología una dictadura feroz y los que callan movidos por falsos cálculos políticos, convergen en un mismo y execrable resultado: la prolongación material de un Leviatán tropical que exige en holocausto, cada cierto tiempo, la cuota de sangre de los mejores hijos de la libertad.
@viejoreino
jueves, 8 de agosto de 2013
viernes, 2 de agosto de 2013
"Maduro está en las manos de Juan Manuel Santos"
“Maduro está en las manos de Juan Manuel Santos”
Publicado el : 2 de agosto 2013 - 11:42 de la mañana | Por Pablo Gámez (Foto: Gobierno de Colombia)
Categorías: Colombia Juan Manuel Santos Nicolás Maduro Venzuela
El ex diputado venezolano, Pablo Medina, arremete contra el ocultamiento de información en torno a la nacionalidad de Nicolás Maduro y acusa a Colombia de conspirar.
El escenario político de Venezuela se agita, una vez más. El ex diputado Pablo Medina, una de las voces principales desde la oposición venezolana, ha denunciado a Bogotá de ser cómplice en el ocultamiento de información sobre la supuesta nacionalidad colombiana del presidente Nicolás Maduro.
De comprobarse que Maduro nació en Colombia, tendría que renunciar a la presidencia de Venezuela. La entrevista con Medina sucede en momentos en que Nicolás Maduro lo acusa de conspirar en su contra.
Pablo Gámez: El rumor de que Nicolás Maduro no nació en Venezuela sino en Colombia no ha parado en las redes sociales. Pero el rumor sigue siendo rumor y la prueba sigue sin aparecer: ¿Se está descafeinando la denuncia ?
Pablo Medina: Al contrario, ahora el café está más concentrado. Hay más cafeína en relación a que Nicolás Maduro nació Cúcuta, se lo puedo señalar y afirmar.
Ayer mismo llamé a amigos que se encuentran en el Táchira. Les pedí que fueran a Cúcuta, al registro donde se encuentra el tomo 20-A con la partida de nacimiento de Maduro.
Los responsables del registro dijeron que ellos no pueden ofrecer ningún tipo de información, ni tampoco pueden publicar el documento. Hay una negativa a ofrecer documentos que son públicos. Venezuela y Colombia tienen tratado de apostillamiento para la consignación de documentos, y especialmente para este tipo de documentos, relativos a partidas de nacimiento o actas de defunción. Lo que ocurrió hace algunas horas habla de un ocultamiento de información
PG: ¿Por qué ocultan esa información?
PM: No lo sabemos. Ellos tampoco negaron que el documento del ex embajador panameño Guillermo Cochez fuera falso, sino que no posee una serie de características de ese tipo de documentos oficiales.
Recuerde que Cochez mostró en el programa colombiano NTN24 la partida de nacimiento del mandatario. Y en ella se muestra que Nicolás Maduro nació en la ciudad colombiana de Cúcuta.
PG: ¿Qué procede cuando hay un ocultamiento de información como el que Vd. denuncia?
PM: En Venezuela nos encontramos en una guerra de baja intensidad. Uno debe hacer las cosas por sorpresa, y no decirlas.
Nosotros tenemos un plan y estoy convencido que el documento autentificado de la partida de nacimiento de Maduro va a aparecer.
PG: ¿Cuándo podríamos esperar la revelación de este documento?
PM: No se lo puedo decir, pero estamos en ese proceso y agotando vías seguras.
Lo que sí le puedo asegurar es que da muy mala espina que el registrador público –porque fue una posición política—haya actuado de esa forma.
PG: ¿Cuál es su sospecha?
PM: Hay una deuda de Venezuela con Colombia de más de mil millones de dólares. Hay sectores –no son todos—en Colombia que en el pasado han intentado siempre ocupar territorio venezolano, sobre todo en áreas petroleras para salir al Atlántico.
Lo que hace más delicado esta situación, por el hecho de que Nicolás Maduro es colombiano y que esté en las manos del presidente Juan Manuel Santos.
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Maduro negoció con Santos para ocultar una realidad. Vamos a mostrarles el documento para demostrarles que Nicolás Maduro no puede ser Presidente de Venezuela, porque es un ciudadano colombiano.
PG: ¿Acusa de complicidad al gobierno de Colombia en el caso de la nacionalidad de Nicolás Maduro?
PM: Sí, acuso de complicidad al gobierno de Colombia. Es una carta abierta que utiliza Juan Manuel Santos contra Venezuela, sus ciudadanos y Fuerzas Armadas. Nicolás Maduro está en las manos de Santos para que entregue territorio venezolano a cambio de callar su nacionalidad.
PG: El documento que supuestamente acredita que Nicolás Maduro es colombiano presenta anomalías de forma: ¿Para usted este documento sigue siendo la prueba definitiva?
PM: También hay otras pruebas. En la campaña electoral nos dimos cuenta que Maduro desconoce Venezuela. Confundía las capitales con los estados. Es un hecho.
Oficiales de las Fuerzas Armadas nos confirman que cuando Maduro va a tomar un café, pide un “tinto”, como lo hacen en Colombia. Y lo pide con un pancito colombiano muy sabroso.
Pero el hecho es que la partida de nacimiento de Maduro no existe en Venezuela. La institución encargada de llevar el registro de los venezolanos en el extranjero tampoco tiene la partida de nacimiento. Se lo digo con conocimiento de causa.
El Tribunal Supremo de Justicia le solicitó al poder electoral la partida de nacimiento, y no la envió, porque no existe.
PG: El Presidente Maduro contrajo matrimonio en Caracas, hace dos semanas. ¿No presentó ningún acta de nacimiento ?
PM: En su artículo 66, el Código Civil establece que para contraer matrimonio, tiene que presentar la partida de nacimiento.
PG: ¿ El alcalde de Caracas está ocultando información ?
PM: Por supuesto. Porque debió presentar la partida de nacimiento. Barak Obama presentó el acta de su nacimiento para despejar toda duda en Estados Unidos, ¿ Por qué Maduro no lo hace? Porque no existe, lógico.
PG: ¿Está completamente probado que el padre , la madre y la hermana del presidente son colombianos ?
PM: El caso de la madre y las hermanas está comprobado. El diputado Velardo Díaz tiene las pruebas. Durante la campaña electoral, Maduro dijo que su madre había nacido en Rubio, estado Táchira. Lo cual no era cierto. Pero encontraron que en el registro de Cúcuta, se encuentra la partida de nacimiento de su madre.
No sabemos si el padre es colombiano o no. En 1956 se casaron en Bogotá, se fueron a vivir a Cúcuta al barrio donde los hijos nacieron.
PG: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dice que las manifestaciones de la oposición sobre su supuesta nacionalidad colombiana obedecen a sus intentos por "quitarse de encima la derrota electoral".
PM: Estamos en presencia de un personaje que ha mentido durante toda su actividad pública. Negó la muerte de Chávez. Mintió cuando dijo que Chávez estaba en el hospital Militar. Chávez murió el 30 de diciembre. Mintió al decir que Chávez estaba haciendo ejercicios, firmando documentos.
Perdió las elecciones el 14 de abril: ¿Por qué no obedeció la decisión de Unasur de abrir todas las cajas de votos? Porque Nicolás Maduro es una gran mentira.
lunes, 22 de julio de 2013
Ferrominera
BOLÍVAR
El soborno del coronel
En Ferrominera faltan unos dólares que hubieran dado para casi 1.400 maletas como la de Antonini. Es el mundo al revés, dice Andrés Velásquez: "Investigan la extorsión pero no la corrupción". Por Joseph Poliszuk
EL UNIVERSAL
domingo 21 de julio de 2013 12:00 AM
En las empresas básicas de Guayana llegaron a vender hierro a precios de costo. Ahora que Ferrominera es un escándalo empiezan a aparecer informes, denuncias y contratos por montos hasta cuatro veces por debajo de los del mercado.
El llamado hierro esponja o de reducción directa -que sale de las acerías de Guayana- fue despachado en el año 2011 a 15 dólares por tonelada. Una ganga que consiguió la empresa SW-Chartering INC, a diferencia de otras a las que Ferrominera exigía 59 dólares para facturar, embarcar y transportar cada tonelada del mismo producto.
Esa y otras denuncias fueron engrosando un expediente de inteligencia militar a cargo del coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi quien, paradojas de la vida, hoy espera juicio en una celda de la misma Dirección General de Contrainteligencia Militar, en la que dirigía una investigación especial contra los funcionarios públicos y empresarios que terminaron adelantándose para denunciarlo por extorsión.
Entre colegas a Álvarez Dionisi lo llamaban El Tiburón y, aunque se movía como pez en el agua en los órganos de inteligencia del Estado, terminó como un cazador cazado: hace tiempo que venía investigando lo que el mismo definió como "La mafia del hierro", pero al final resultó fichado por extorsión en el mismo informe en el que había estado enumerando una lista de empresas, que se llevaron el hierro de Guayana a precios y condiciones excepcionales.
De acuerdo con el expediente 47C-16156-13 que reposa en el Juzgado 47 en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, el coronel Álvarez Dionisi investigó una serie de ilícitos que suman daños patrimoniales en las empresas básicas de Guayana por al menos 1.113 millones de dólares.
Lo de Ferrominera fue un saqueo en el que, según sus denuncias, hubo funcionarios que llegaron a facturar el mejor hierro como si se tratara de residuos y productos de segunda.
"Bajo esta empresa (SW-Chartering INC) retiran sedimentos de la Laguna de Cogollal, cuyo precio lo establecieron a 15USD/TM y ahora lo han mezclado en la noche con mineral fino, cuyo precio de venta está por el orden de los 77 USD/TM", apuntó Álvarez Dionisi en un informe de junio de 2012 , que se conoce ahora que el diputado Andrés Velásquez ha venido presentando varios de los 400 folios de un expediente judicial que señala redes de extorsión dentro de las industrias básicas.
El precio del silencio
A pesar de que se trataba de productos contaminantes, los gerentes de Ferrominera autorizaron a la contratista beneficiada a saltarse los protocolos y embarcar el producto en el muelle de la empresa estatal, lo que -aparte de los otros daños- paralizó las entradas y salidas de otros buques durante una semana.
"En 2011 estos mismos ciudadanos generaron (pérdidas por) más de 120 millones de dólares por demoras por fallas en programaciones y beneficiando a sus socios", agregó el coronel en la retahíla de irregularidades que había estado documentando. Lo que no dijo es que ninguna de esas denuncias habían sido formalizadas en fiscalía y los organismos del Estado, mucho menos que su silencio tenía precio.
Juan Carlos Álvarez Dionisi, ex jefe de la División de Asuntos Especiales de la DIM o lo que hoy se conoce como la Dirección General de Contra Inteligencia Militar, le pidió 20 millones de dólares en noviembre de 2011 al presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, para que todo siguiera como si nada. Fue un encuentro de extraños sin palabras de cortesía. "Pidió un papel y un lápiz y escribió en un pedazo de cartón el número 20", contó Sabbagh en el testimonio que rindió el 8 de mayo en Caracas ante las autoridades militares que investigaron el caso.
Por si a las dudas, el coronel aclaró que hablaba de millones de dólares y acto seguido desapareció cualquier evidencia. "Tomó el pedazo de cartón y lo quemó", agregó Sabbagh en el interrogatorio. "Yo le dije que todo eso era mentira, que era chisme (... ) me respondió con una mirada fría que nunca olvidaré y me dijo textualmente: 'es más difícil demostrar la inocencia preso que en libertad'".
Mucho gusto, un placer
La reunión fue en la casa del empresario Yamal Mustafá, a quien Andrés Velásquez también ha venido señalando entre sus últimas denuncias como uno de los contratistas consentidos por la administración del gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez.
Allí, Álvarez Dionisi se presentó como el oficial que había investigado a Luis Velásquez y otros de los personajes que figuraron en la "Mafia de la cabilla"; solicitó apartar los celulares; mostró un expediente sobre otra mafia, esta vez la del hierro, y cuando le preguntaron si había forma de llegar a un acuerdo, finalmente pidió el cartón donde escribió el número 20.
Sabbagh había sobrevivido por más de 6 años a los cambios y destituciones que han signado los últimos tiempos de las industrias básicas de Guayana, pero esa vez fue diferente. "Me fui a mi casa sin saber muy bien qué es lo que iba a hacer y con gran sentimiento de impotencia", recuerda.
El corolario de esta historia se encuentra en fiscalía, a través de una serie de testimonios archivados en el expediente 47C-16156-13, donde los testigos y protagonistas cuentan que la plana mayor de Ferrominera resolvió pedir auxilio a dos de sus mejores clientes: las trasnacionales Duferco y Commodities Minerals Enterprise, cuyos representantes al final aceptaron pagar 10 millones de dólares cada uno en varias cuotas.
Duferco -una trasnacional del mercado de metales que opera desde Suiza- autorizó a su representante, Juan Silva, a pagar la vacuna. "Nos informó que la directiva de esa empresa se mostró dispuesta a colaborar en el entendido de que, siempre se le da ayuda a los órganos de seguridad del Estado en todos los países del mundo", relató el presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, cuando compareció ante los oficiales que investigan los sobornos.
La otra firma, Commodities Minerals Enterprise, al final también aceptó el chantaje. Aun en contra de esos métodos, su consultor jurídico en Venezuela, Gustavo Blanco, confesó el pasado 10 de mayo -cuando asistió a la sede de la Dirección de Inteligencia en calidad de testigo- que terminaron pagando.
"Me enteré que ellos previamente habían tenido una reunión con el coronel Álvarez, quien manifestó que esa investigación podía paralizarse si le entregaba una importante suma de dinero de alrededor de 20 millones de dólares, a lo cual nosotros le manifestamos en esa reunión tajantemente a todos los presentes que no estábamos en capacidad ni dispuestos a pagar ninguna cantidad de dinero, que nuestra situación financiera con Ferrominera estaba desequilibrada en relación con los aportes que veníamos efectuando y del mineral entregado en compensación", dijo.
"Sugerí que era recomendable someter a la revisión y aprobación de la Procuraduría General de la República esos contratos de alianza, para impedir este tipo de situaciones", añadió. "Eso de aceptar pagar para evitar una investigación era como apagar un incendio con gasolina y que de no ponérsele un parado a eso no sabríamos para quién estábamos trabajando, pues la utilidad generada en los contratos se iba a ir por estos desaguaderos".
Peor que el Fondo Chino
Ferrominera atraviesa en este momento dificultades hasta para pagar la nómina mientras su ex presidente, Radwan Sabbagh, permanece recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Ciudad Bolívar.
El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, lo acusó de corrupto en cadena de radio y televisión. "Es inaceptable que se le haya dado confianza pública y termine haciendo negocios con las empresas", dijo, y luego remató el nuevo presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, el general Carlos Osorio: "Algunos pensaron que estas empresas eran de propiedad personal, (...) llegaban y paraban el material un mes, dos meses y, cuando desmontaban el material, más bien nosotros les debíamos a ellos".
En esta historia, de cualquier manera, solo hay tres imputados: el ex presidente de Ferrominera enfrenta un juicio en Ciudad Bolívar por su presunta responsabilidad en el desvío de una partida presupuestaria de más de 295 millones de bolívares, mientras que en Caracas señalan al coronel Álvarez Dionisi y Carlos Vieira, de 23 años, por el caso de la extorsión.
¿Qué hay detrás de un soborno de 20 millones de dólares? Eso preguntó el diputado Andrés Velásquez, cuando el miércoles acudió a la Fiscalía General de la República, en Caracas, para consignar copias de una serie de testimonios y documentos que conducen a lo que presenta como la "Mafia del hierro". "Aquí investigan la extorsión pero no la corrupción", reclamó.
Como otros de los casos que ha venido denunciando desde el pasado 30 de mayo, Velásquez asegura que un anónimo le dejó el expediente judicial de Ferrominera en la Asamblea Nacional, en las oficinas de la Fracción Parlamentaria del Estado Bolívar, para que se hiciera eco de un escándalo que habla de transferencias y comisiones al margen de la ley e, incluso, participaciones de empresas privadas en minas como la de Cerro bonito y Cerro redondo, que son exclusivas del Estado.
Si las denuncias de Álvarez Dionisi eran ciertas y las investigaciones que reposan en fiscalía se ciñen a la realidad, este es uno de los casos de corrupción más grandes que se haya visto en los últimos tiempos; se trata de un daño patrimonial 13 veces mayor que los 80 millones de dólares que desaparecieron del Fondo Chino.
Ahora que el Gobierno promete cazar a los corruptos, Velásquez señala que en los testimonios hay pistas para poner orden en un caso que suma pérdidas de cuando menos 1.113 millones de dólares, una cifra tan grande que hubiera podido llenar 1.391 maletas como la de Guido Antonini Wilson.
jpoliszuk@eluniversal.com
EL UNIVERSAL
domingo 21 de julio de 2013 12:00 AM
En las empresas básicas de Guayana llegaron a vender hierro a precios de costo. Ahora que Ferrominera es un escándalo empiezan a aparecer informes, denuncias y contratos por montos hasta cuatro veces por debajo de los del mercado.
El llamado hierro esponja o de reducción directa -que sale de las acerías de Guayana- fue despachado en el año 2011 a 15 dólares por tonelada. Una ganga que consiguió la empresa SW-Chartering INC, a diferencia de otras a las que Ferrominera exigía 59 dólares para facturar, embarcar y transportar cada tonelada del mismo producto.
Esa y otras denuncias fueron engrosando un expediente de inteligencia militar a cargo del coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi quien, paradojas de la vida, hoy espera juicio en una celda de la misma Dirección General de Contrainteligencia Militar, en la que dirigía una investigación especial contra los funcionarios públicos y empresarios que terminaron adelantándose para denunciarlo por extorsión.
Entre colegas a Álvarez Dionisi lo llamaban El Tiburón y, aunque se movía como pez en el agua en los órganos de inteligencia del Estado, terminó como un cazador cazado: hace tiempo que venía investigando lo que el mismo definió como "La mafia del hierro", pero al final resultó fichado por extorsión en el mismo informe en el que había estado enumerando una lista de empresas, que se llevaron el hierro de Guayana a precios y condiciones excepcionales.
De acuerdo con el expediente 47C-16156-13 que reposa en el Juzgado 47 en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, el coronel Álvarez Dionisi investigó una serie de ilícitos que suman daños patrimoniales en las empresas básicas de Guayana por al menos 1.113 millones de dólares.
Lo de Ferrominera fue un saqueo en el que, según sus denuncias, hubo funcionarios que llegaron a facturar el mejor hierro como si se tratara de residuos y productos de segunda.
"Bajo esta empresa (SW-Chartering INC) retiran sedimentos de la Laguna de Cogollal, cuyo precio lo establecieron a 15USD/TM y ahora lo han mezclado en la noche con mineral fino, cuyo precio de venta está por el orden de los 77 USD/TM", apuntó Álvarez Dionisi en un informe de junio de 2012 , que se conoce ahora que el diputado Andrés Velásquez ha venido presentando varios de los 400 folios de un expediente judicial que señala redes de extorsión dentro de las industrias básicas.
El precio del silencio
A pesar de que se trataba de productos contaminantes, los gerentes de Ferrominera autorizaron a la contratista beneficiada a saltarse los protocolos y embarcar el producto en el muelle de la empresa estatal, lo que -aparte de los otros daños- paralizó las entradas y salidas de otros buques durante una semana.
"En 2011 estos mismos ciudadanos generaron (pérdidas por) más de 120 millones de dólares por demoras por fallas en programaciones y beneficiando a sus socios", agregó el coronel en la retahíla de irregularidades que había estado documentando. Lo que no dijo es que ninguna de esas denuncias habían sido formalizadas en fiscalía y los organismos del Estado, mucho menos que su silencio tenía precio.
Juan Carlos Álvarez Dionisi, ex jefe de la División de Asuntos Especiales de la DIM o lo que hoy se conoce como la Dirección General de Contra Inteligencia Militar, le pidió 20 millones de dólares en noviembre de 2011 al presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, para que todo siguiera como si nada. Fue un encuentro de extraños sin palabras de cortesía. "Pidió un papel y un lápiz y escribió en un pedazo de cartón el número 20", contó Sabbagh en el testimonio que rindió el 8 de mayo en Caracas ante las autoridades militares que investigaron el caso.
Por si a las dudas, el coronel aclaró que hablaba de millones de dólares y acto seguido desapareció cualquier evidencia. "Tomó el pedazo de cartón y lo quemó", agregó Sabbagh en el interrogatorio. "Yo le dije que todo eso era mentira, que era chisme (... ) me respondió con una mirada fría que nunca olvidaré y me dijo textualmente: 'es más difícil demostrar la inocencia preso que en libertad'".
Mucho gusto, un placer
La reunión fue en la casa del empresario Yamal Mustafá, a quien Andrés Velásquez también ha venido señalando entre sus últimas denuncias como uno de los contratistas consentidos por la administración del gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez.
Allí, Álvarez Dionisi se presentó como el oficial que había investigado a Luis Velásquez y otros de los personajes que figuraron en la "Mafia de la cabilla"; solicitó apartar los celulares; mostró un expediente sobre otra mafia, esta vez la del hierro, y cuando le preguntaron si había forma de llegar a un acuerdo, finalmente pidió el cartón donde escribió el número 20.
Sabbagh había sobrevivido por más de 6 años a los cambios y destituciones que han signado los últimos tiempos de las industrias básicas de Guayana, pero esa vez fue diferente. "Me fui a mi casa sin saber muy bien qué es lo que iba a hacer y con gran sentimiento de impotencia", recuerda.
El corolario de esta historia se encuentra en fiscalía, a través de una serie de testimonios archivados en el expediente 47C-16156-13, donde los testigos y protagonistas cuentan que la plana mayor de Ferrominera resolvió pedir auxilio a dos de sus mejores clientes: las trasnacionales Duferco y Commodities Minerals Enterprise, cuyos representantes al final aceptaron pagar 10 millones de dólares cada uno en varias cuotas.
Duferco -una trasnacional del mercado de metales que opera desde Suiza- autorizó a su representante, Juan Silva, a pagar la vacuna. "Nos informó que la directiva de esa empresa se mostró dispuesta a colaborar en el entendido de que, siempre se le da ayuda a los órganos de seguridad del Estado en todos los países del mundo", relató el presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, cuando compareció ante los oficiales que investigan los sobornos.
La otra firma, Commodities Minerals Enterprise, al final también aceptó el chantaje. Aun en contra de esos métodos, su consultor jurídico en Venezuela, Gustavo Blanco, confesó el pasado 10 de mayo -cuando asistió a la sede de la Dirección de Inteligencia en calidad de testigo- que terminaron pagando.
"Me enteré que ellos previamente habían tenido una reunión con el coronel Álvarez, quien manifestó que esa investigación podía paralizarse si le entregaba una importante suma de dinero de alrededor de 20 millones de dólares, a lo cual nosotros le manifestamos en esa reunión tajantemente a todos los presentes que no estábamos en capacidad ni dispuestos a pagar ninguna cantidad de dinero, que nuestra situación financiera con Ferrominera estaba desequilibrada en relación con los aportes que veníamos efectuando y del mineral entregado en compensación", dijo.
"Sugerí que era recomendable someter a la revisión y aprobación de la Procuraduría General de la República esos contratos de alianza, para impedir este tipo de situaciones", añadió. "Eso de aceptar pagar para evitar una investigación era como apagar un incendio con gasolina y que de no ponérsele un parado a eso no sabríamos para quién estábamos trabajando, pues la utilidad generada en los contratos se iba a ir por estos desaguaderos".
Peor que el Fondo Chino
Ferrominera atraviesa en este momento dificultades hasta para pagar la nómina mientras su ex presidente, Radwan Sabbagh, permanece recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Ciudad Bolívar.
El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, lo acusó de corrupto en cadena de radio y televisión. "Es inaceptable que se le haya dado confianza pública y termine haciendo negocios con las empresas", dijo, y luego remató el nuevo presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, el general Carlos Osorio: "Algunos pensaron que estas empresas eran de propiedad personal, (...) llegaban y paraban el material un mes, dos meses y, cuando desmontaban el material, más bien nosotros les debíamos a ellos".
En esta historia, de cualquier manera, solo hay tres imputados: el ex presidente de Ferrominera enfrenta un juicio en Ciudad Bolívar por su presunta responsabilidad en el desvío de una partida presupuestaria de más de 295 millones de bolívares, mientras que en Caracas señalan al coronel Álvarez Dionisi y Carlos Vieira, de 23 años, por el caso de la extorsión.
¿Qué hay detrás de un soborno de 20 millones de dólares? Eso preguntó el diputado Andrés Velásquez, cuando el miércoles acudió a la Fiscalía General de la República, en Caracas, para consignar copias de una serie de testimonios y documentos que conducen a lo que presenta como la "Mafia del hierro". "Aquí investigan la extorsión pero no la corrupción", reclamó.
Como otros de los casos que ha venido denunciando desde el pasado 30 de mayo, Velásquez asegura que un anónimo le dejó el expediente judicial de Ferrominera en la Asamblea Nacional, en las oficinas de la Fracción Parlamentaria del Estado Bolívar, para que se hiciera eco de un escándalo que habla de transferencias y comisiones al margen de la ley e, incluso, participaciones de empresas privadas en minas como la de Cerro bonito y Cerro redondo, que son exclusivas del Estado.
Si las denuncias de Álvarez Dionisi eran ciertas y las investigaciones que reposan en fiscalía se ciñen a la realidad, este es uno de los casos de corrupción más grandes que se haya visto en los últimos tiempos; se trata de un daño patrimonial 13 veces mayor que los 80 millones de dólares que desaparecieron del Fondo Chino.
Ahora que el Gobierno promete cazar a los corruptos, Velásquez señala que en los testimonios hay pistas para poner orden en un caso que suma pérdidas de cuando menos 1.113 millones de dólares, una cifra tan grande que hubiera podido llenar 1.391 maletas como la de Guido Antonini Wilson.
jpoliszuk@eluniversal.com
Corrupción
PÚBLICO & CONFIDENCIAL/Damián Prat C.
Lunes, 22 de Julio de 2013
Preso y juicio:
van contra Rangel y le quitan poder
Por varias fuentes se confirma un dato que publiqué en Tal Cual del fin de semana. Rangel Gómez habría llamado a Maduro el viernes en tono de reclamo por la detención de Yamal Mustafá. “¿Entonces la cosa es contra mí?”, le habría dicho. Dicen que Maduro le contestó que él debía estar contra la corrupción. Eso ratificaba que la pregunta que hicimos en el titular de esta columna el viernes no era ociosa: “¿Maduro rompió con Rangel?”. El general se ufanaba por años -y Mustafá era parte de su poder- de controlar no sólo la vida política, el poder económico y buena parte de las empresas básicas sino medios de comunicación, gremios y decisiones judiciales. Pero ayer en el tribunal le dictaron privativa de libertad a Mustafá, ordenándole ir a juicio. “Asociación para delinquir, y peculado doloso (comercialización ilegal del mineral)”, serían los cargos. Al parecer Rangel ya no tiene cómo imponer decisiones. Ahora se las imponen. Dicen que se quejan de que “fue política la decisión del tribunal”. ¡Caramba! Me vienen a la mente los juicios de indignante injusticia contra Rubén González y Carlos Chancellor, para citar sólo dos.
¿Por qué Maduro va contra su aliado de años en Guayana? Hay varias explicaciones que se comentan tanto en el PSUV como en distintos sectores políticos. Los analizaremos en próximos días, pero obviamente que no es un interés “altruista” en combatir la corrupción. Por años se supo lo que hacían en Ferrominera y hacen en otras empresas. Se denunciaba. Lo hicimos nosotros. Los hicieron dirigentes políticos como el propio Velásquez. Lo hicieron luchadores sindicales. Incluso, hubo algunos dentro del chavismo que también lo hicieron. Y en el alto gobierno -Maduro incluido- jamás se interesaron. Por el contrario, nos insultaban y amenazaban.
No me alegra la desgracia de nadie. No la celebro. El episodio me hace pensar, una vez más, en que la soberbia y la arrogancia son malas consejeras. Los que creen que el poder es eterno y atropellan en lugar de ejercerlo con prudencia y comedimiento. No más la semana pasada, el señor Mustafá, convencido de su poder omnipotente, lanzó demandas contra este diario, su director y un diputado de coraje; calificó groseramente a una joven periodista sin poder alguno que no sea su dignidad profesional y sus principios. No reparó en que un poderoso como él debía guardar respeto por alguien que solo hacia su trabajo con apego a principios. Exigió, además, una descomunal censura: que a Correo del Caroní se le prohibiera informar sobre el caso FMO. Ojalá lo de hoy sirva como lección para todos nosotros. Quien tenga poder, debe hacer un esfuerzo reflexivo por tener humildad. Los humillados de todos éstos años van a llegar al poder mañana. ¿Se comportarán igual? Todos debemos pensar en Mandela.
Un detalle adicional. Hay dos damas presas que fueron gerentes. No tengo elementos suficientes para juzgar sus responsabilidades, ni las conozco, pero si a ellas -como se comenta- se las enjuicia solo por el traslado de fondos presupuestarios que eran para inversiones en Pellas y se usaron para pagar deudas, parece que se comete una injusticia. Si hubiera otras cosas, no sé. Una desproporción. La decisión era de Sabbagh, de la directiva. Incluso en CVG sabían de esa medida. No la prohibieron. Esperemos por más información.
Tragedia y muerte
revela que desnacionalizaron Ferrominera
En horas de la tarde se conoció de una noticia triste y trágica. La muerte de cuatro trabajadores de nacionalidad china en el Cerro San Isidro, principal fuente de explotación de mineral de hierro en Ciudad Piar ya que el Cerro Bolívar está inactivo desde hace años. Lamentable para esos hombres y sus familias. Una vez más queda cuestionada la seguridad industrial en Ferrominera, donde hay varios accidentes mortales en los últimos 5 años. Para las estatales no hay Lopcymat ni Inpsasel. Eso es para los pendejos.
El caso, sin embargo, pone de bulto algo que hemos denunciado una y otra vez ante la indiferencia del gobierno y los oficialistas: Ferrominera venía siendo desnacionalizada sin pudor por los que se llenan la boca diciendo que “tenemos patria”. ¿Por qué hay obreros chinos trabajando en labores de extracción de mineral de hierro? ¡Ah!, porque la “revolución” le entregó a dos grandes contratistas privadas el 70% de la extracción. Contratos aprobados en Miraflores y el Mibam. Una de ellas la China Railway Engineering Group (Creg) que trae hasta su personal obrero. El “entreguismo” de la soberanía nacional. Los falsos “patriotas” destrozaron la capacidad productiva de Ferrominera y por vez primera en más de 30 años, nuestra empresa estatal no tiene equipos suficientes para hacer el trabajo. Hay ruinas en el taller de maquinarias. ¿Tenemos patria? Esta revolución es una farsa. Una estafa histórica.
¿O sea que desde hoy
no le vendemos petróleo
ni le compramos gasolina
ni recibimos auxilios de Chevron?
“Doy por terminadas todas las relaciones con EE UU y me planto contra el imperio”, dijo el señor Maduro el sábado en otro gesto penoso por lo falso, la impostura, el “antiimperialismo de Sábado Sensacional”. Una fachada de cartón piedra. Hace un mes dijo cosas parecidas, incendiarias, contra Colombia y su gobierno. Puro show. Nunca dejó de comprarle el gas, ni la comida que por la ruinosa “revolución” ya no se producen aquí. Hoy se reúne con Santos y ya. Todas las cobas sobre “planes para inyectarle veneno”, la “captura de paramilitares” enviados por Santos para asesinarlo quedaron enterradas porque siempre fueron “aguaje”. O las bochornosas ridiculeces sobre “denuncias” de “18 aviones de guerra comprados por la oposición y estacionados en Colombia” que ahora el manipulador JV Rangel recicla diciendo que “se gestionan en Chile”, solo porque Capriles viajó allá.
Quizás Maduro decida “plantársele” al imperio enviando a Jaua a dedicarle otra mirada derretida a Kerry. Pero “terminar todas las relaciones con EE UU” implicaría no seguir enviando (y cobrando, jejeje) los 700 mil bd DIARIOS de petróleo. Y más importante, no seguir comprándole 100 mil bd diarios de gasolina. Ni recibir 2 mil millones de dólares de Chevron que Maduro y Ramírez negociaron en préstamo con el imperio para que la hipotecada y endeudada Pdvsa pueda respirar un poco. Tampoco seguir comprando aluminio a la “imperialista” Alcoa (¿a través de la imperialista Glencore?). Ni los 19 mil millones de dólares que se gastaron en importaciones desde EE UU en 2012. Ni etc., etc., etc. Es una farsa tragicómica.
Es obvio que cada vez menos militantes del oficialismo se lo toman en serio. Ya ni se emocionan. No le paran. Saben que todo es show. Manipulación. Como el cuento falso del asilo a Snowden. Fachada de filme hollywoodense. Es como el antiimperialismo de Maradona, ese gran farsante que igual como engañaba en las canchas con las drogas, ahora pide visa al “odiado” imperio para ir a pasar vacaciones a Disney World. Y se la negaron.
Hay sin embargo, un solo pedacito serio en todo eso. Tanto inventar mentiras sobre Capriles y la oposición. Tanto repetirlas. Inventar quemas de CDI que jamás ocurrieron. Mirarse ellos al espejo antes de acusar a Capriles de “fascista” e inventar todas esas estrambóticas “conspiraciones” o los llamados de Jaua a “aplicar el 350” en una “rebelión total” y los de Cabello inventando (ojo) magnicidios contra Maduro tienen por objeto dejar el terreno sembrado para tratar de justificar la criminalización de la acción legítima y legal de los luchadores sociales y de la oposición política. Justificar la represión y los atropellos. Justificar judicializar la represión. Lo que hicieron hace ya tres meses en la AN con la violencia programada les salió mal, muy mal, pero era un intento por eliminar el parlamento plural para gobernar solos. Tal parece que saben que cada vez son una minoría más clara. Mucho más que el 14-A.
TIP 1: Sidor. Nuevamente paralizados los Laminadores de Barras (cabillas) y Alambrón. No les llega nada desde la acería de Palanquillas. El de Barras trabajó hasta la tarde de ayer domingo. El de Alambrón “estiraba” el “stock” hasta la noche. Parece importante ir dejando registro de estas situaciones para cuando vengan los nuevos jefes militares a “echar el cuento” culpando a no se sabe quién, ya se conozca la realidad.
TIP 2: Cartel del hierro. Clave leer “Expediente” la sección de El Universal, esta vez escrita por el periodista especializado en investigación, Joseph Poliszuk. Lo publicaron ayer. Es impactante. Lo incluimos desde ayer en www.publicoyconfidencial.com En el link que envía al dossier sobre el caso cartel del hierro.
TIP 3: Impactante también el reportaje de investigación de Fabiola Zerpa publicado ayer domingo en El Nacional acerca del teniente Andrade que pasó de guardaespaldas de Chávez a Tesorero de la Nación y una docena de altos cargos más, incluyendo ser hombre de confianza del fallecido hasta sus últimas horas. Hoy, y desde hace varios años, es propietario de una escuela Ecuestre en EE UU, Hollow Creek Farms, (de nuevo “el odiado imperio”), socio mecenas del Club Hípico Caracas y mucho más.
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