ELÍAS PINO ITURRIETA
El imperio de los colectivos
“Ya estamos acostumbrados a estar pendientes de cuando llegan los colectivos”, dijo el pasado martes a un reportero de El Nacional un comerciante de Catia. No se identificó para resguardar su vida, pero confesó que constantemente, en los últimos años, él y sus compañeros de oficio eran conminados por grupos armados a “colaborar” con productos de sus establecimientos o con dinero en efectivo. Tampoco quiso hablar de las consecuencias que sufriría si no complacía a los peticionarios, pero de unos hechos que sucedían entonces frente a la sede de la Policía Nacional Bolivariana, en la avenida Sucre del sector, se deduce la información que no brotó de sus labios.
Cerca de las 11:00 de la mañana ya se había formado una aglomeración. Los integrantes de un colectivo denominado José Leonardo Chirinos reclamaban a la policía la entrega de uno de sus miembros, a quien se había detenido por el porte de una pistola implicada en el robo reciente de un automóvil. Fue de tal magnitud la algarabía –tráfico detenido por los “manifestantes” en horas generalmente muy trajinadas por los vecinos, brigadas de sus filas ocupadas del control de la gente que presenciaba el hecho, gritos amenazantes contra la autoridad– que los empavorecidos gendarmes formaron un cordón de seguridad con cincuenta de los suyos dotados de equipo antimotines. “Esto lo hacemos como resguardo a nosotros mismos, por si se les da por entrar con violencia”, confesó uno de los agentes.
Los miembros del Chirinos estaban solos al principio, pero recibieron en breve la solidaridad de grupos como el suyo. Los Tupamaros y la Fundación “Hijos de Chávez” se hicieron presentes en la escena para evitar que se perpetrara una injusticia, gritaban. Tenían una demanda perentoria: que soltaran al detenido sin proceso de ninguna especie, porque “era uno de los suyos”. Demasiado perentoria la solicitud, no en balde estaba respaldada por unos individuos provistos de capuchas y ataviados con pesadas chaquetas negras de cuero puestas sobre uniformes de camuflaje. El episodio concluyó cuando los colectivos llegaron a un “acuerdo” con una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia, que se presentó en horas de la tarde. El contenido del “acuerdo” no trascendió a los periodistas.
En realidad carece de importancia ese trato de los colectivos con los agentes de inteligencia. Podemos imaginar las características de la descarada transigencia porque no estamos ante un hecho aislado, sino ante episodios que se han repetido hasta la fatiga sin ningún tipo de ocultamiento, ni de castigo. Desde hace una década, por lo menos, los vecinos del lugar, y de otros lugares de las proximidades o aun de zonas alejadas de la ciudad, o de comunidades rurales, saben que su rutina depende del capricho de grupos paramilitares que se mueven a sus anchas con el consentimiento del régimen, y aun con su evidente respaldo. Son organizaciones a las órdenes del Gobierno, tentáculos del Ejecutivo, movimientos “revolucionarios” que adornan sus cananas con la efigie del Comandante Supremo, con estampitas de Marulanda y con frases del venerable Ho Chi Minh. Pero no sólo se ocupan de hacer la “revolución” a su modo, faena en la que incluyen la presión violenta de la ciudadanía en los procesos electorales; sino también de actividades ilícitas que la prensa ha destacado con profusión y una de las cuales se reflejó en el bochornoso episodio de Catia que se ha descrito.
Maduro no incluye a los colectivos en sus palabras sobre el apremiante asunto de la inseguridad. Las fuerzas armadas se hacen la vista gorda, pese a que las rivalizan en armas y bagajes. El PSUV no los ve como un estorbo sino como un aliado de segunda categoría, como un subalterno cuyo parentesco se niega en público para evitar vergüenzas, pero a quien se encarga el trabajo sucio. Están satisfechos de que la gente los considere como motores del hábito de temor referido por un comerciante de Catia que los sufre todos los días. Un temor que apenas permite tímidas reacciones ante la persecución de Nelson Bocaranda y Richard Mardo, por ejemplo, y obliga a Henrique Capriles, con sobrada razón, a recomendarnos que evitemos manifestar nuestra indignación en la calle frente a las tropelías de un régimen desastroso.
domingo, 21 de julio de 2013
El imperio de los colectivos
ELÍAS PINO ITURRIETA
El imperio de los colectivos
“Ya estamos acostumbrados a estar pendientes de cuando llegan los colectivos”, dijo el pasado martes a un reportero de El Nacional un comerciante de Catia. No se identificó para resguardar su vida, pero confesó que constantemente, en los últimos años, él y sus compañeros de oficio eran conminados por grupos armados a “colaborar” con productos de sus establecimientos o con dinero en efectivo. Tampoco quiso hablar de las consecuencias que sufriría si no complacía a los peticionarios, pero de unos hechos que sucedían entonces frente a la sede de la Policía Nacional Bolivariana, en la avenida Sucre del sector, se deduce la información que no brotó de sus labios.
Cerca de las 11:00 de la mañana ya se había formado una aglomeración. Los integrantes de un colectivo denominado José Leonardo Chirinos reclamaban a la policía la entrega de uno de sus miembros, a quien se había detenido por el porte de una pistola implicada en el robo reciente de un automóvil. Fue de tal magnitud la algarabía –tráfico detenido por los “manifestantes” en horas generalmente muy trajinadas por los vecinos, brigadas de sus filas ocupadas del control de la gente que presenciaba el hecho, gritos amenazantes contra la autoridad– que los empavorecidos gendarmes formaron un cordón de seguridad con cincuenta de los suyos dotados de equipo antimotines. “Esto lo hacemos como resguardo a nosotros mismos, por si se les da por entrar con violencia”, confesó uno de los agentes.
Los miembros del Chirinos estaban solos al principio, pero recibieron en breve la solidaridad de grupos como el suyo. Los Tupamaros y la Fundación “Hijos de Chávez” se hicieron presentes en la escena para evitar que se perpetrara una injusticia, gritaban. Tenían una demanda perentoria: que soltaran al detenido sin proceso de ninguna especie, porque “era uno de los suyos”. Demasiado perentoria la solicitud, no en balde estaba respaldada por unos individuos provistos de capuchas y ataviados con pesadas chaquetas negras de cuero puestas sobre uniformes de camuflaje. El episodio concluyó cuando los colectivos llegaron a un “acuerdo” con una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia, que se presentó en horas de la tarde. El contenido del “acuerdo” no trascendió a los periodistas.
En realidad carece de importancia ese trato de los colectivos con los agentes de inteligencia. Podemos imaginar las características de la descarada transigencia porque no estamos ante un hecho aislado, sino ante episodios que se han repetido hasta la fatiga sin ningún tipo de ocultamiento, ni de castigo. Desde hace una década, por lo menos, los vecinos del lugar, y de otros lugares de las proximidades o aun de zonas alejadas de la ciudad, o de comunidades rurales, saben que su rutina depende del capricho de grupos paramilitares que se mueven a sus anchas con el consentimiento del régimen, y aun con su evidente respaldo. Son organizaciones a las órdenes del Gobierno, tentáculos del Ejecutivo, movimientos “revolucionarios” que adornan sus cananas con la efigie del Comandante Supremo, con estampitas de Marulanda y con frases del venerable Ho Chi Minh. Pero no sólo se ocupan de hacer la “revolución” a su modo, faena en la que incluyen la presión violenta de la ciudadanía en los procesos electorales; sino también de actividades ilícitas que la prensa ha destacado con profusión y una de las cuales se reflejó en el bochornoso episodio de Catia que se ha descrito.
Maduro no incluye a los colectivos en sus palabras sobre el apremiante asunto de la inseguridad. Las fuerzas armadas se hacen la vista gorda, pese a que las rivalizan en armas y bagajes. El PSUV no los ve como un estorbo sino como un aliado de segunda categoría, como un subalterno cuyo parentesco se niega en público para evitar vergüenzas, pero a quien se encarga el trabajo sucio. Están satisfechos de que la gente los considere como motores del hábito de temor referido por un comerciante de Catia que los sufre todos los días. Un temor que apenas permite tímidas reacciones ante la persecución de Nelson Bocaranda y Richard Mardo, por ejemplo, y obliga a Henrique Capriles, con sobrada razón, a recomendarnos que evitemos manifestar nuestra indignación en la calle frente a las tropelías de un régimen desastroso.
sábado, 20 de julio de 2013
Colectivos
Complicidad estatal alienta el paramilitarismo. Reportaje de Edgar López y Thabata Molina
POR CONFLICTOVE – VIERNES, 19 DE JULIO DE 2013
PUBLICADO EN: DERECHOS HUMANOS
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Roberto Briceño León lamenta que el Estado ofrezca opciones extremas: “La mano mocha de la PNB y la mano asesina de los militares”
19 DE JULIO 2013
Más grave que la proliferación de grupos armados que actúan al margen de la ley es que el Estado no haga nada para impedirlo y, peor aún, que estimule la anarquía con justificaciones políticas y el suministro de recursos humanos, materiales y financieros.
Así lo advierte Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, a propósito de la toma de la sede de la Policía Nacional Bolivariana por colectivos del 23 de Enero a principios de esta semana. El grupo armado exigía la liberación de uno de sus militantes, detenido por portar un arma de fuego con la que se cometió un delito.
Recordó que los colectivos del 23 de Enero no son creación del chavismo y que surgieron para mejorar las condiciones de vida de la comunidad.
“Sin embargo, sobrevino una lucha interna por el control del territorio y la incursión en actividades ilícitas. Hubo grupos organizados para detener el tráfico de drogas pero, a la postre, esos mismos grupos se apoderaron del negocio con la excusa de que era una fuente de financiamiento de la lucha social y política”.
José Quintero, director de Procatia, con 37 años de trabajo comunitario en la parroquia, identifica la multiplicación de los círculos bolivarianos como un punto de quiebre: “Cuando empezaron a recibir financiamiento del Gobierno aumentaron las disputas por el poder y la participación ciudadana en la gestión pública pasó a un segundo plano”.
El alcalde metropolitano Antonio Ledezma cuenta que llegó a trabajar mancomunadamente con los colectivos del 23 de Enero en la refacción de edificios y recuperación de espacios deportivos y culturales. “Pero el discurso belicista de Hugo Chávez fue objeto de libres interpretaciones por cada grupo que degeneraron en paramilitares”, asegura.
El poder de la beligerancia. “Ha habido casos en que el Cicpc rastrea una llamada telefónica para ubicar a un secuestrado, pero queda atado de manos cuando verifica que la víctima está en alguna de esas zonas donde los cuerpos de seguridad del Estado tienen prohibido el acceso”, ejemplificó Briceño León.
Aunque en algunos colectivos militan verdaderos luchadores sociales, el ejercicio de la justicia por mano propia los deslegitima, insiste el director del OVV. En su opinión, la mayor gravedad consiste en la beligerancia que les ha dado el Gobierno: “Hemos visto como sus líderes sostienen reuniones formales con ministros y diputados. Recordemos el caso del parlamentario Robert Serra, del PSUV, junto a un grupo de niños armados. Hay unos niveles de complicidad muy claros”, insistió el sociólogo.
Ledezma cuestiona las incoherencias del Gobierno: “Por un lado se sanciona una ley contra el desarme y por otro lado se permite que los colectivos utilicen las armas y burlen las normas”.
Briceño León agrega otra discordancia: “No es justo que el Estado ofrezca dos opciones extremas: no hacer nada y matar a mansalva. Ni la mano mocha de la PNB que es humillada por los colectivos, ni la mano asesina de la Guardia Nacional que sale a la calle a combatir el hampa con una estrategia de guerra. Lo que hay en el medio es el pacto social, la reconstrucción de la convivencia y el respeto a la ley”.
Los más visibles
La Piedrita. Nació en 1999 como experiencia de vigilancia en el sector El Observatorio. Su líder histórico es Valentín Santana, ex supervisor de seguridad de la UCV, actualmente solicitado por su presunta responsabilidad en un homicidio. En 2007 se consolidó como colectivo independiente luego de una larga disputa por el liderazgo en el 23 de Enero con José Pinto, de Tupamaro. Agrupa a 50 militantes. Detentan el control absoluto de El Observatorio y exhiben equipos y vehículos militares.
Alexis Vive. Se formó en 2002 tras la muerte de Alexis González Revette, líder de un grupo que operaba en Monte Piedad. Se define como grupo marxista-leninista dedicado al trabajo social. Formalmente constituye una fundación que realiza transacciones comerciales con organismos del Estado. Tiene aproximadamente 25 militantes. En 2005 se separó de la Coordinadora Simón Bolívar y ha hecho demostraciones de poder mediante bloqueo de calles en Agua Salud. Ha organizado programas de adoctrinamiento y entrenamiento en el uso de armas dirigidos a menores de edad.
Montaraz. Fue fundado en 2005. Forma parte de la Coordinadora Simón Bolívar. Su principal líder es Alexis Noguera. Cuenta con aproximadamente 20 militantes. Opera en Caño Amarillo y El Calvario. Ha recibido apoyo del oficialismo a través de alcaldías y ministerios.
Propiedad a la fuerza
Desde el año 2000 se inició en Caracas y algunos estados del interior una política de invasiones de casas y edificios, promovidos por grupos de colectivos y organizaciones simpatizantes del gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez. La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos ha señalado que 22.000 inmuebles han sido invadidos en todo el país desde 1999, de los cuales 950 edificios, casas, terrenos y galpones de Caracas aún permanecen ocupados de manera ilegal.
Una de las invasiones más emblemáticas del país es la Torre Confinanzas, mejor conocida como la “Torre de David”, tomada desde 2007 por más de 1.000 familias y controlada por grupos armados que imponen un orden a quienes allí habitan.
Presión a la ley
Cuando los cuerpos de seguridad del Estado intentan sancionar a personas vinculadas con grupos armados que apoyan al oficialismo son amedrentados. En el último año hubo por lo menos tres eventos violentos de ese tipo.
En noviembre de 2012, un colectivo del 23 de Enero intentó tomar la sede del Cicpc del Oeste para exigir a las autoridades que liberaran a Adinson Pérez, detenido por su presunta responsabilidad en un homicidio. En abril de 2013, el colectivo Ho Chi Minh intentó tomar la sede de la PNB en El Amparo porque uno de sus miembros fue aprehendido con un arma ilegal, y esta semana ocurrió lo mismo en la sede de la PNB de la avenida Sucre.
Grupos de choque
Medios de comunicación, organismos públicos y privados, partidos y dirigentes políticos de oposición, comerciantes y el movimiento estudiantil han sido amedrentados y atacados por grupos oficialistas en los últimos 14 años. Los colectivos y grupos armados utilizan la intimidación y las agresiones físicas como mecanismo de presión y de defensa de lo que ellos denominan proceso revolucionario.
Esta práctica fue promovida por Lina Ron y grupos motorizados. Uno de los últimos actos ocurrió el 5 de marzo, día en que murió Hugo Chávez. Los colectivos se concentraron en Globovisión por las informaciones que se difundían sobre la salud del entonces Presidente.
Vacuna en kilos
Hace tres meses, varios colectivos tomaron algunas carnicerías de Catia y, por la fuerza, obligaron a los comerciantes a vender los productos a precios regulados. Siempre bajo reserva de sus identidades, por temor a represalias, denuncian que son víctimas de una continua extorsión: “Nos piden dinero a cambio de protección. Y si no aceptamos nos roban y nos amenazan con secuestrarnos y matarnos. Lo más reciente es que, una vez a la semana, nos piden que le demos 10 kilos de carne, como contribución al proceso”.
ConflictoVe Fuente: http://www.el-nacional.com/sucesos/Complicidad-estatal-alienta-paramilitarismo_0_229177327.html
ETIQUETAS: conflictove, DDHH, Derechos Humanos, Policías, violencia
jueves, 18 de julio de 2013
Materias pendientes entre Santos y Maduro.
17 julio 2013
Los puntos pendientes entre Santos y Maduro
Por Catalina Lobo-Guerrero, enviada especial a Caracas.
DIPLOMACIA Si el encuentro de los mandatarios busca limar asperezas, lo más probable es que los temas álgidos no se discutan.
Los puntos pendientes entre Santos y Maduro. Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos
Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos
Foto: AFP 
Aún no se ha definido el lugar preciso donde se encontrarán los presidentes de Colombia y Venezuela, Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, respectivamente. Ambos confirmaron que la reunión será el próximo lunes 22 de julio y se realizará en la zona fronteriza entre los dos países. Lo más probable es que sea en Cúcuta o en San Cristóbal, las dos ciudades más grandes del espacio limítrofe.
La reunión de los dos jefes de Estado fue planteada hace más de un mes, cuando el mismo Nicolás Maduro, en la cadena de radio y la televisión, dijo que estaba dispuesto a reunirse con Santos para reanudar plenamente las relaciones diplomáticas. En ese entonces, el mandatario venezolano afirmó que hizo su anuncio por una recomendación del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.
Debido a la falta de coordinación en las agendas de ambos mandatarios, la cita no se había programado. No obstante, las declaraciones de la canciller colombiana, María Ángela Holguín, sobre que ambos países estaban “ad portas” de reanudar la agenda bilateral, dio pie al anuncio del esperado encuentro.
Esta sería la primera reunión entre Santos y Maduro desde cuando este último asumió la Presidencia en el pasado mes de abril. Maduro ya se ha reunido con varios mandatarios, de hecho, en Venezuela se cuestiona que el 25% del tiempo que ha ejercido como presidente lo ha ocupado en giras internacionales.
Si bien Colombia no ha sido un país abiertamente hostil a la Presidencia de Maduro, ya que Santos viajó a Caracas a su posesión, las relaciones entre ambos países tuvieron un momento difícil a finales del pasado mayo, luego de que Santos recibió en Bogotá al líder opositor venezolano, Henrique Capriles.
Aunque la canciller Holguín aseguró que Maduro estaba enterado previamente sobre el encuentro entre Capriles y Santos, eso no impidió que miembros del “gobierno colegiado” que actualmente rige en Venezuela hicieran declaraciones de ataque en contra de Colombia. Este episodio terminó con la amenaza de retirar el acompañamiento de Venezuela al proceso de paz de La Habana, y el señalamiento sobre un supuesto plan, elaborado en Colombia, para asesinar a Maduro. Incluso, se dijo que las ultra derechas venezolana y colombiana compraron aviones de guerra que serían usados en contra de Venezuela.
Con estos antecedentes se reunirán Santos y Maduro la semana entrante. ¿Cuáles puntos específicos se hablarán en la agenda del encuentro? ¿Cuáles acuerdos se alcanzarían?
Aún no se conoce el temario de la discusión bilateral. Si se limitan a hablar sobre los programas culturales vigentes entre ambos países, la integración con otras naciones de Latinoamérica y los convenios y los planes energéticos bilaterales, será un encuentro amable y representará el primer paso para recomponer las relaciones diplomáticas. Sin embargo, hay otros puntos pendientes que realmente afectan las relaciones, temas que pueden surgir en la reunión y que, aunque no permitirían una discusión tan fluida, lograrían un encuentro más sincero.
Los puntos gruesos
- El canciller venezolano, Elías Jaua, anunció que las pruebas del supuesto plan magnicida contra Maduro serían presentadas en la reunión con Santos, a quien Maduro consideró públicamente un “cómplice” de Álvaro Uribe, el estratega político Juan José Rendón (quien trabajó para la campaña presidencial de Santos) y sectores de la derecha venezolana. El ministro del Interior de Venezuela, Miguel Rodríguez, también aseguró que habían capturado a presuntos líderes de una bacrim involucrados en dicho plan magnicida. El gobierno venezolano no ha vuelto a mencionar el tema y tampoco ha dado mayores detalles sobre las supuestas pruebas de que en Colombia se planea sabotear el gobierno de Maduro. Habrá que ver cómo el presidente Maduro aborda este incidente y si realmente presentará evidencias contundentes. Por otro lado, es probable que Santos quiera simplemente pasar la página de este tema rápidamente. Valga recordar que, en su momento, tildó las denuncias del supuesto plan conspirativo como “descabelladas”. Su relación actual con Uribe podría ser el mejor argumento ante Maduro para deslindarse del problema.
- En la misma semana en que se desató la crisis diplomática entre ambos países, viceministros colombianos y sus homólogos venezolanos en las áreas de agricultura y comercio, entre otros, se reunieron en Caracas y Bogotá para lograr que Colombia exporte alimentos a Venezuela a cambio de petróleo. Hasta el ministro de Economía colombiano, Mauricio Cárdenas, dijo estar dispuesto a evaluar fórmulas y alternativas para que eso se convierta en una realidad tangible, pese a la desconfianza que existe entre los empresarios colombianos de exportar al país vecino, ya que el gobierno venezolano aún no ha terminado de pagar la deuda a varias empresas nacionales. La balanza comercial entre ambos países no se ha recuperado después de la crisis diplomática que hubo en el 2008. Además, Venezuela se fue saliendo de la CAN, y los productos que antes importaba de Colombia se fueron sustituyendo con los de otros países del MERCOSUR, cuya presidencia está en estos momentos en cabeza de Venezuela. Para avanzar en este punto, Venezuela tendría que ofrecerles garantías a los empresarios colombianos para que estos inviertanr en una plaza que cada vez es más difícil.
- La economía fronteriza está pasando por uno de sus peores momentos. Los productores colombianos de alimentos y comerciantes se quejan de que el control cambiario venezolano y el acelerado incremento del precio del dólar en el mercado paralelo, está acabando con su clientela venezolana. Quienes antes cruzaban la frontera para hacer mercado, comprar ropa y materiales de trabajo, ya no pueden hacerlo porque no les alcanza el dinero, y el bolívar está tan devaluado, que los colombianos no aceptan que les paguen en esta moneda.
- El contrabando está floreciendo en este contexto. Ya no es sólo gasolina. Con la actual crisis económica de Venezuela y el modelo de control de precios en algunos alimentos básicos, el contrabando de comida entre ambos países está empezando a afectar seriamente tanto a colombianos como venezolanos. El contrabando de leche, pollo, huevos, carnes, entre otros, es notorio. El presidente Santos anunció una nueva ley para perseguir el contrabando, y el gobierno de Venezuela hace decomisos permanentes, y hasta el gobernador del estado fronterizo del Zulia trató de instrumentar un sistema de racionamiento de compras, al argumentar que era necesario para frenar el contrabando. El problema es que si no se llega a algún acuerdo de que la frontera sea una zona económica especial de comercio, que beneficie a los dos países con un tipo de control cambiario diferente desde Venezuela, no habrá medidas suficientes que logren detener este flagelo.
- La guerrilla colombiana seguramente estará dentro de los puntos de conversación, pero es, quizás, el punto más espinoso de todos. Colombia ha agradecido las gestiones de Venezuela, especialmente del fallecido presidente Chávez, el mismo Maduro y el embajador venezolano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton, pero ni Colombia ni Venezuela conocen cómo ha sido la mediación ni cuál papel ha jugado Venezuela en el proceso. Mientras tanto, al menos en Venezuela, hay preocupación de que el proceso de paz con las FARC no aborde asuntos tangenciales, como son la presencia de la guerrilla en ese país, la extorsión, el secuestro y las actividades armadas de las FARC. La oposición venezolana había solicitado que en las negociaciones se exigiera también que este grupo guerrillero entregara información sobre los secuestrados y desaparecidos venezolanos.
- Otro de los temas difíciles que podría surgir es la situación del 'cantante' de las FARC, Julián Conrado, capturado desde hace dos años, preso en Venezuela y con una extradición pendiente a Colombia. Con la propuesta de darle asilo al exagente estadounidense Edward Snowden, los partidos de izquierda venezolanos, incluido el propio partido de gobierno (PSUV), están planteando la posibilidad de que a Conrado también se le dé asilo en Venezuela, como él lo ha solicitado. En medio de las negociaciones de paz, el caso Conrado se podría convertir en una papa caliente, tanto para Maduro como para Santos.
- Por otro lado, en materia de cooperación contra el narcotráfico, si bien las Fuerzas Armadas de ambos países han participado de operaciones conjuntas y de manera regular capturan a narcos colombianos en Venezuela, el vínculo de la guerrilla con el narcotráfico, las pistas clandestinas que estas manejan en Venezuela y los negocios, incluidos compra de bienes raíces de las FARC en el país vecino, es otro tema delicado que quizás ambos mandatarios eviten abordar.
Aún no se ha definido el lugar preciso donde se encontrarán los presidentes de Colombia y Venezuela, Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, respectivamente. Ambos confirmaron que la reunión será el próximo lunes 22 de julio y se realizará en la zona fronteriza entre los dos países. Lo más probable es que sea en Cúcuta o en San Cristóbal, las dos ciudades más grandes del espacio limítrofe.
La reunión de los dos jefes de Estado fue planteada hace más de un mes, cuando el mismo Nicolás Maduro, en la cadena de radio y la televisión, dijo que estaba dispuesto a reunirse con Santos para reanudar plenamente las relaciones diplomáticas. En ese entonces, el mandatario venezolano afirmó que hizo su anuncio por una recomendación del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.
Debido a la falta de coordinación en las agendas de ambos mandatarios, la cita no se había programado. No obstante, las declaraciones de la canciller colombiana, María Ángela Holguín, sobre que ambos países estaban “ad portas” de reanudar la agenda bilateral, dio pie al anuncio del esperado encuentro.
Esta sería la primera reunión entre Santos y Maduro desde cuando este último asumió la Presidencia en el pasado mes de abril. Maduro ya se ha reunido con varios mandatarios, de hecho, en Venezuela se cuestiona que el 25% del tiempo que ha ejercido como presidente lo ha ocupado en giras internacionales.
Si bien Colombia no ha sido un país abiertamente hostil a la Presidencia de Maduro, ya que Santos viajó a Caracas a su posesión, las relaciones entre ambos países tuvieron un momento difícil a finales del pasado mayo, luego de que Santos recibió en Bogotá al líder opositor venezolano, Henrique Capriles.
Aunque la canciller Holguín aseguró que Maduro estaba enterado previamente sobre el encuentro entre Capriles y Santos, eso no impidió que miembros del “gobierno colegiado” que actualmente rige en Venezuela hicieran declaraciones de ataque en contra de Colombia. Este episodio terminó con la amenaza de retirar el acompañamiento de Venezuela al proceso de paz de La Habana, y el señalamiento sobre un supuesto plan, elaborado en Colombia, para asesinar a Maduro. Incluso, se dijo que las ultra derechas venezolana y colombiana compraron aviones de guerra que serían usados en contra de Venezuela.
Con estos antecedentes se reunirán Santos y Maduro la semana entrante. ¿Cuáles puntos específicos se hablarán en la agenda del encuentro? ¿Cuáles acuerdos se alcanzarían?
Aún no se conoce el temario de la discusión bilateral. Si se limitan a hablar sobre los programas culturales vigentes entre ambos países, la integración con otras naciones de Latinoamérica y los convenios y los planes energéticos bilaterales, será un encuentro amable y representará el primer paso para recomponer las relaciones diplomáticas. Sin embargo, hay otros puntos pendientes que realmente afectan las relaciones, temas que pueden surgir en la reunión y que, aunque no permitirían una discusión tan fluida, lograrían un encuentro más sincero.
Los puntos gruesos
- El canciller venezolano, Elías Jaua, anunció que las pruebas del supuesto plan magnicida contra Maduro serían presentadas en la reunión con Santos, a quien Maduro consideró públicamente un “cómplice” de Álvaro Uribe, el estratega político Juan José Rendón (quien trabajó para la campaña presidencial de Santos) y sectores de la derecha venezolana. El ministro del Interior de Venezuela, Miguel Rodríguez, también aseguró que habían capturado a presuntos líderes de una bacrim involucrados en dicho plan magnicida. El gobierno venezolano no ha vuelto a mencionar el tema y tampoco ha dado mayores detalles sobre las supuestas pruebas de que en Colombia se planea sabotear el gobierno de Maduro. Habrá que ver cómo el presidente Maduro aborda este incidente y si realmente presentará evidencias contundentes. Por otro lado, es probable que Santos quiera simplemente pasar la página de este tema rápidamente. Valga recordar que, en su momento, tildó las denuncias del supuesto plan conspirativo como “descabelladas”. Su relación actual con Uribe podría ser el mejor argumento ante Maduro para deslindarse del problema.
- En la misma semana en que se desató la crisis diplomática entre ambos países, viceministros colombianos y sus homólogos venezolanos en las áreas de agricultura y comercio, entre otros, se reunieron en Caracas y Bogotá para lograr que Colombia exporte alimentos a Venezuela a cambio de petróleo. Hasta el ministro de Economía colombiano, Mauricio Cárdenas, dijo estar dispuesto a evaluar fórmulas y alternativas para que eso se convierta en una realidad tangible, pese a la desconfianza que existe entre los empresarios colombianos de exportar al país vecino, ya que el gobierno venezolano aún no ha terminado de pagar la deuda a varias empresas nacionales. La balanza comercial entre ambos países no se ha recuperado después de la crisis diplomática que hubo en el 2008. Además, Venezuela se fue saliendo de la CAN, y los productos que antes importaba de Colombia se fueron sustituyendo con los de otros países del MERCOSUR, cuya presidencia está en estos momentos en cabeza de Venezuela. Para avanzar en este punto, Venezuela tendría que ofrecerles garantías a los empresarios colombianos para que estos inviertanr en una plaza que cada vez es más difícil.
- La economía fronteriza está pasando por uno de sus peores momentos. Los productores colombianos de alimentos y comerciantes se quejan de que el control cambiario venezolano y el acelerado incremento del precio del dólar en el mercado paralelo, está acabando con su clientela venezolana. Quienes antes cruzaban la frontera para hacer mercado, comprar ropa y materiales de trabajo, ya no pueden hacerlo porque no les alcanza el dinero, y el bolívar está tan devaluado, que los colombianos no aceptan que les paguen en esta moneda.
- El contrabando está floreciendo en este contexto. Ya no es sólo gasolina. Con la actual crisis económica de Venezuela y el modelo de control de precios en algunos alimentos básicos, el contrabando de comida entre ambos países está empezando a afectar seriamente tanto a colombianos como venezolanos. El contrabando de leche, pollo, huevos, carnes, entre otros, es notorio. El presidente Santos anunció una nueva ley para perseguir el contrabando, y el gobierno de Venezuela hace decomisos permanentes, y hasta el gobernador del estado fronterizo del Zulia trató de instrumentar un sistema de racionamiento de compras, al argumentar que era necesario para frenar el contrabando. El problema es que si no se llega a algún acuerdo de que la frontera sea una zona económica especial de comercio, que beneficie a los dos países con un tipo de control cambiario diferente desde Venezuela, no habrá medidas suficientes que logren detener este flagelo.
- La guerrilla colombiana seguramente estará dentro de los puntos de conversación, pero es, quizás, el punto más espinoso de todos. Colombia ha agradecido las gestiones de Venezuela, especialmente del fallecido presidente Chávez, el mismo Maduro y el embajador venezolano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton, pero ni Colombia ni Venezuela conocen cómo ha sido la mediación ni cuál papel ha jugado Venezuela en el proceso. Mientras tanto, al menos en Venezuela, hay preocupación de que el proceso de paz con las FARC no aborde asuntos tangenciales, como son la presencia de la guerrilla en ese país, la extorsión, el secuestro y las actividades armadas de las FARC. La oposición venezolana había solicitado que en las negociaciones se exigiera también que este grupo guerrillero entregara información sobre los secuestrados y desaparecidos venezolanos.
- Otro de los temas difíciles que podría surgir es la situación del 'cantante' de las FARC, Julián Conrado, capturado desde hace dos años, preso en Venezuela y con una extradición pendiente a Colombia. Con la propuesta de darle asilo al exagente estadounidense Edward Snowden, los partidos de izquierda venezolanos, incluido el propio partido de gobierno (PSUV), están planteando la posibilidad de que a Conrado también se le dé asilo en Venezuela, como él lo ha solicitado. En medio de las negociaciones de paz, el caso Conrado se podría convertir en una papa caliente, tanto para Maduro como para Santos.
- Por otro lado, en materia de cooperación contra el narcotráfico, si bien las Fuerzas Armadas de ambos países han participado de operaciones conjuntas y de manera regular capturan a narcos colombianos en Venezuela, el vínculo de la guerrilla con el narcotráfico, las pistas clandestinas que estas manejan en Venezuela y los negocios, incluidos compra de bienes raíces de las FARC en el país vecino, es otro tema delicado que quizás ambos mandatarios eviten abordar.
miércoles, 17 de julio de 2013
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
A.E.P.I.V
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PENSIONADOS DEL SEGURO SOCIAL (IVSS)
INICIOPRENSA DE CANARIASPRENSA DE ESPAÑAPRENSA DE VENEZUELA
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A confesión de parte…por FABLISTAN
17
JUN
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La semana pasada una noticia dejó atónitos a millones de venezolanos:
La prensa informaba que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) reconocía a Venezuela como uno de los 38 países del mundo que habían logrado disminuir el hambre a la mitad.
Este reconocimiento lo da la FAO a los países que vienen logrando cumplir con el “Reto del Hambre Cero” para 2015, alcanzando entre otros objetivos: El pleno acceso a una alimentación adecuada, evitar el retraso del crecimiento de los niños, asegurar la sostenibilidad del sistema alimentario, lograr el incremento en la productividad y evitar el desperdicio de alimentos.
Este reconocimiento es una afrenta para los ciudadanos de Venezuela, quienes precisamente en estos momentos están viviendo, como nunca antes, las penurias de una generalizada caída de la producción y la dependencia de importaciones para cubrir la demanda alimentaria, a consecuencia de erradas políticas de control y expropiaciones que han originado escasez de alimentos de la dieta básica y un incremento inusitado de los precios de los pocos rubros que aún hay en existencia. Políticas que persisten como lo demuestra la expropiación la semana pasada del Hato La Palma en Yaracuy, el cual tiene (o tenía) 2.700 vacas productoras de leche.
Para este humilde servidor, este premio es un triunfo del aparato propagandístico y de los entes que manejan las estadísticas del gobierno Chávez-Maduro, al cual hay que felicitar por su poder de convencimiento, que hace ver que hay pasto donde sólo existe tierra arrasada. La lamentable realidad es que un ingente número de venezolanos sufren de obesidad y otras enfermedades colaterales que resultan de la mala nutrición, a pesar de haber tenido una mejoría en sus ingresos debido a las dádivas y misiones del gobierno.
Pero, como por la boca muere el pez, Nicolás Maduro en el mismo acto donde recibió el reconocimiento en Roma, dejó en evidencia que las cosas no son color de rosas como las pintan los reportes oficiales que envían a la FAO: Maduro solicitó a la FAO asesoría y apoyo técnico para crear un sistema de abastecimiento y producción de alimentos así como para la aplicación de planes productivos y el aprovechamiento de las tierras. Este es un pedido inaudito por venir de un gobernante de un país petrolero que ha recibido milmillonarios ingresos en los últimos 14 años.
Cabe preguntar ¿Es éste un reconocimiento del fracaso de la política de la revolución que ha puesto bajo el dominio del Estado a casi la totalidad de las tierras productivas, que es propietario de industrias en todos los renglones alimenticios y que controla y maneja toda la cadena de producción y distribución de alimentos?
También vale preguntar ¿Por qué el gobierno, en vez de pedir asistencia a la FAO, no recurre al talento y experiencia de todo un sector agroindustrial venezolano que conoce de tierras y sembradíos, o al sector productivo que manejó eficientemente por décadas la industria vacuna, porcina y avícola nacional, en tiempos donde la palabra escasez no era de uso diario en la boca del venezolano? Ahora es de uso común con este maldito Castro comunismo.
FABLISTAN
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