«Juro por el Dios de mis padres, juro por mi patria, juro por mi honor, que no daré tranquilidad a mi alma, ni descanso a mi brazo, hasta no ver rotas las cadenas que oprimen a mi pueblo por voluntad de los poderosos». Simón Bolívar
sábado, 21 de septiembre de 2013
Crisis del sistema penitenciario en Venezuela
Venezuela, la quiebra moral de un país
La muerte de 16 reclusos en el internado judicial de Sabaneta, en Maracaibo, reabre el debate sobre la crisis del sistema penitenciario en Venezuela
ALFREDO MEZA Caracas 19 SEP 2013 - 19:05 CET63
Archivado en: Motines Nicolás Maduro Hugo Chávez Venezuela Seguridad penitenciaria Asesinatos Sudamérica Latinoamérica Prisiones Centros penitenciarios Delitos América
Una pelea en la cárcel nacional de Maracaibo, al oeste de Venezuela, dejó 16 muertos y un nuevo líder: Edwin Ramón Soto Nava alias El mocho Edwin quien, según la prensa local, con tomar el control del centro penitenciario. La prisión, rodeada de casas llenas de huecos por las balas, no debería alojar a más de 700 presos. El Observatorio Venezolano de Prisiones, una ONG, calcula que allí viven casi 3.700.
La noticia conmovió a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. No destaca por sus gestos delicados, pero al confirmar el parte de fallecidos lucía afectada. “Me erizo al observar cómo se quitan la vida unos a otros. No hay el más mínimo respeto. Conozco los motivos fútiles e innobles que provocaron este suceso”, dijo tras la masacre. Horas antes de la matanza había denunciado que funcionarios del ministerio habían recibido amenazas de muerte desde teléfonos con identificación restringida o desde el extranjero.
Este nuevo actode violencia en las cárceles venezolanas no sorprende a los venezolanos, quienes parecen acostumbrados a que, de vez en cuando, los presos se maten entre sí. Ocurrió en 2011 y 2012 con los desalojos de los penales de Yare y La Planta y más recientemente en 2013 con la requisa del internado de Uribana (murieron 58 personas e hirieron a más de 100).
Tantas muertes reflejan que la violencia se ha naturalizado como modo de resolver las diferencias debido a la incapacidad del Estado de mediar a tiempo para solucionarlas. Nueve de cada 10 asesinatos quedan sin castigo. El año pasado, según cifras oficiales, mataron a 16.030 personas. 44 por día. Un 14,4% más que el año anterior, 2011, cuando murieron 14.007. Todo indica que en 2013 la cifra se incrementará en un porcentaje similar.
“Nunca fue tan pertinente el uso del término ‘anomia’ [ausencia de ley] para describir la situación de la actual Venezuela”, afirma el sociólogo Tulio Hernández en una conversación con este diario. El país ha llegado a este estado de cosas en buena medida por el agotamiento de un sistema político-económico instaurado a la caída de la dictadura en 1958, que captaba y distribuía la renta proveniente de la venta de petróleo. Ese modelo en esencia podría resumirse en esta sentencia: El Estado se ocupaba del bienestar de sus ciudadanos, pero éstos no tenían ninguna obligación con el Estado.
“Ese modelo se hizo inviable en la medida que se fue consolidando”, afirma la socióloga Isabel Pereira. Con la falta de respuestas a las demandas de las audiencias surgió la anarquía. Eso ocurrió con las cárceles locales. En la era chavista se ha renunciado al control interno del penal y los reos han fundado su gobierno de leyes medievales. Ahora el gobierno está haciendo esfuerzos por recuperar el control con pobres resultados.
En el penal de Sabaneta, al menos hasta 2008, había una piscina donde se bañaban los hijos de los prisioneros. El líder del penal había contratado a un DJ que ponía música en un salón oscuro que se asemejaba a una discoteca. El sonido proveniente de grandes cornetas aturdía. Varios de los presos estaban armados con armas caseras, cuchillos y fumaban marihuana. El Gobierno es consciente de esa situación pero no interviene porque apenas custodia el perímetro. El resultado ha sido un incremento anual de la cifra de asesinatos entre internos, la formación de bandas que luchan a muerte por el control del penal, que es un jugoso negocio, y la planificación de delitos.
Una explicación extendida entre la oposición indica que Hugo Chávez es el principal responsable de esta degradación del valor de la vida, pero esa es una verdad a medias. Antes de que él llegara al Gobierno había evidentes muestras de ineficiencia y corrupción en el sistema carcelario, jefes que controlaban a la población penal y guardias corruptos que les proporcionaban armas y drogas. Chávez y su gobierno sí fueron responsables de la profundización de ese drama. La lectura de Isabel Pereira sugiere que el Presidente heredó el excesivo poder que ya concentraba el Estado venezolano y no quiso utilizarlo para un fin distinto que el de imponer una revolución socialista. La contribución de Chávez a la profundización de la violencia puede medirse en dos aspectos: limitar la represión policial para no perder votos entre su electorado y en la justificación ética del robo. Quien tiene hambre, dijo el mandatario en 1999, está habilitado para delinquir. “El apoyo a los invasores de tierras contribuyó a reforzar esa ética delincuencial, que está tan naturalizada que todos los venezolanos, en mayor o menor medida, ya consideran las normas como injustas y se sienten con el deber de romperlas”, opina Tulio Hernández. Isabel Pereira ha definido toda esta situación en un libro de próxima aparición como la quiebra moral de un país.
Las cárceles venezolanas son el sótano del país. Allí hay un 44% mayor de morir según Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones. Sin sumar a los caídos en Sabaneta, hasta julio habían fallecido 289 reos en reyertas. Los penales locales sólo pueden recibir a 16.539 personas, pero hay 52.933 presos, en su mayoría hombres jóvenes y pobres, pagando condenas o esperando sentencia. La ministra Iris Varela ha confesado que el Estado controla solo siete de las 30 cárceles del país. Esta situación es una paradoja dentro de un Estado que hace gala de su poder, pero que en realidad está a merced de las mafias.
lunes, 9 de septiembre de 2013
"Estado delincuente"
INSEGURIDAD
"Estado delincuente"
Marcos Tarre y Carlos Tablante exponen en una amplio estudio sobre la violencia cómo la corrupción y el crimen organizado tienen alta incidencia en los índices de homicidios. Por Francisco Olivares
EL UNIVERSAL
domingo 8 de septiembre de 2013 12:00 AM
Resulta complejo explicar por qué Venezuela en cuestión de 14 años pasó de tener índices de criminalidad envidiables para el continente, de menos de 20 asesinatos cada 100 mil habitantes, a una tasa de 73 asesinatos, ocupando uno de los índices más altos del mundo para llegara en 2012 a 21.692 homicidios de acuerdo a las cifras manejadas por el Observatorio Venezolano de la Violencia.
A juicio del escritor y experto en seguridad, Marcos Tarre, los altos índices de criminalidad presentes hoy en la vida venezolana están relacionados con el auge del crimen organizado en una siniestra ecuación que se origina en la corrupción, que deviene en el fortalecimiento del crimen organizado y que a su vez genera entre 34% a 55% de los homicidios que se cometen en el país. "En Venezuela no tenemos situaciones extremas como los carteles mexicanos de la droga, pero tenemos índices delictivos más altos que México. A su juicio detrás de eso está la corrupción, que el sociólogo y experto en temas de violencia, Roberto Briceño León, atribuye a la ausencia de instituciones y a la falta de autonomía de los Poderes Públicos, entre otras causas. Para Marcos Tarre, en Venezuela hay una aceptación social del tema de la corrupción.
Carlos Tablante, quien se ha ocupado del estudio del crimen organizado en Venezuela precisa que en los barrios de las principales ciudades del país existe una economía subterránea que se mueve con capitales ilícitos relacionados con el tráfico de drogas, el secuestro, la extorsión, el sicariato. Estas organizaciones delictivas se disputan el control de los territorios, el control de las actividades ilícitas y el dinero que mueve. El enfrentamiento permanente entre ellos generan una situación de violencia que nuestras estimaciones indican que aportan 40% de los homicidios en el país.
Ambos expertos: Carlos Tablante y Marcos Tarre, acaban de publicar un libro con el título de "Estado delincuente" que contiene un amplio estudio sobre el crimen organizado. El libro, cuya primera edición desapareció "misteriosamente" de las librerías apenas horas de haber sido distribuido, acaba de ser entregado a las librerías en su segunda edición.
Allí exponen que, al lado del rol que ocupa la corrupción en esa ecuación de violencia, otro factor que ha propiciado la expansión de la delincuencia organizada deriva de la tolerancia y hasta complacencia gubernamental frente a la existencia de grupos irregulares armados en Venezuela tales como las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Liberación (FBL) o los llamados colectivos como La Piedrita, Carapaica, y otros grupos de base que tras la cara política controlan los mercados locales de la droga , tráfico de armas, secuestros y extorsión.
Para Tablante toda esa actividad también se sostiene gracias a que tenemos "un Poder Judicial tomado por la delincuencia organizada. Los juicios, los tribunales, las instancias del Poder Judicial tienen tarifa". Aclara que si bien es cierto que la hegemonía gubernamental del Gobierno sobre el Poder Judicial, se buscó en el plano ideológico y político, ella se transformó en una hegemonía de la corrupción.
Destaca que resulta irónico que el mismo presidente Maduro, quien ha estado 15 años en los puestos más altos de Gobierno, esté hablando de crear leyes especiales para frenar la corrupción, cuando son precisamente ellos quienes han estado a cargo de la tesorería, de la hacienda pública y de los bienes del país.
"Como no ha habido separación de los poderes, esa corrupción ha ido permeando en todas las instituciones y es lo que nosotros definimos como un "Estado delincuente". Es decir, ya no es un Estado paralelo, no es una Estado dentro del Estado, sino que las redes de la corrupción han avanzado y se han extendido en esa especie de hegemonía de la corrupción que se ha adueñado del Estado y que tiene el control de las principales instituciones del Estado".
Armas y crimen organizado
El "Estudio Global de Homicidios 2011" de la ONU, en el capítulo relacionado a armas de fuego, establece la conexión que existe entre el uso de las armas y las organizaciones delictivas. A nivel mundial el informe estima que 42% de los homicidios del año 2010 se cometieron con armas de fuego. En Latinoamérica ese porcentaje es superior 70% pero en Venezuela la cifra asciende a 88% de homicidios con armas de fuego. Esa cifra está vinculada al crimen organizado y puede precisarse al tomar algunas características como el número de disparos que se le hace a la víctima, la parte del cuerpo que se busca afectar o el tipo de arma utilizada.
Las crónicas policiales que se publican en los medios han dado cuenta de esa realidad como: "un presunto confidente de cuerpos policiales fue muerto de 60 disparos en la cara". Según los autores de "Estado delincuente" tales hechos muestran ciertos "ritos" propios de las bandas delictivas.
Una cifra tomada de Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Incosec) indica que en 45% de los homicidios con armas de fuego, las víctimas recibieron más de 3 disparos, haciéndose regular en el último año homicidios con 50 y 60 disparos.
Otros indicadores lo constituyen delitos como el secuestro y el sicariato los cuales han aumentado sustancialmente en los últimos años. En cuanto al secuestro en el que hay un gran porcentaje que no es denunciado por las víctimas ante las autoridades, de 67 casos denunciados en el año 2000, se pasó a 686 en el año 2010. Asimismo los delitos como enfrentamiento entre bandas, enfrentamiento con las autoridades y venganza, muy relacionados a las bandas organizadas, cubren 42% de los homicidios.
Un dato muy llamativo que indica la ineficiencia del Estado para controlar a las bandas organizadas se da por ejemplo en el tráfico de drogas. A pesar de que en Venezuela ha habido un incremento sustancial en el decomiso de grandes cargamentos de droga, tenemos que por posesión, en el que la mayoría son solo consumidores, fueron detenidos en el año 2010, 17.590 personas, en tanto que por tráfico de drogas solo se realizaron 32 detenciones. Ello explica la ineficiencia del Estado para castigar al traficante y cómo el traficante, que es quien tiene el poder económico, es el que tiene la capacidad de comprar la justicia. Para Carlos Tablante "ellos compran la impunidad y no les llega la justicia".
Boliburguesía y corrupción
En el ámbito internacional existe una clara percepción de la corrupción como un mal asociado a la delincuencia organizada. Transparencia Internacional, organización no gubernamental que tiene su asiento en Berlín, en su último informe mundial sobre "índice de percepción de la corrupción de 2011" al hacer una evaluación sobre 182 países, ubica a Venezuela en el puesto 172 compartiendo honores con Burundi y Guinea Ecuatorial como los países más corruptos del planeta.
Señala Marcos Tarre que en los últimos 14 años, además de que se ha consolidado una delincuencia organizada que podríamos llamar tradicional, existe otra que se ha hecho muy poderosa. Esta última es propiciada por la corrupción y el deterioro institucional. Han aparecido nuevas formas de organizaciones delictivas surgidas de las políticas de controles económicos como el control de cambio, o regulaciones como el contrabando de gasolina, el contrabando de productos subsidiados como la cabilla y el cemento etc. Se han fortalecido organizaciones delictivas ligadas al Estado y ha formado una nueva clase poderosa.
Refiere Carlos Tablante que en Venezuela se ha ido construyendo un "Estado delincuente" que es más poderoso que el Estado constitucional. Asegura que "la red de corrupción que sustenta a ese Estado delincuencial, ha asumido el control de varias áreas, pero en especial, de las finanzas públicas, las cuales ha privatizado por la vía de la corrupción".
Tales redes de corrupción tienen su expresión en los nuevos grupos económicos surgidos en una especie de mestizaje en donde los negocios ilícitos se han ido ligando cada vez más a los negocios lícitos. Y ese mestizaje ha dado lugar a una nueva clase que ha tomado distintos nombres como la "boliburguesía" o los llamados "bolichicos", estos últimos quienes hicieron grandes negocios a partir de la crisis eléctrica. Estos seudos empresarios han sido promotores de la revolución en una suerte de capitalismo de prebendas, acota el autor.
Escándalos que no se resolvieron
En el libro se recogen ejemplos de los negocios que se hicieron desde el Gobierno y que nunca fueron investigados, tales como el de Bariven con la importación de alimentos que se pudrieron por traerlos con fechas de vencimiento próximas, sin garantía y con sobreprecios. El caso del maletín con dólares en efectivo enviados por el Gobierno para la campaña de Cristina Kirchner nunca se investigó. Makled y su red de funcionarios y militares comprados. Igualmente describe cómo funcionarios que tienen la discreción de asignar las divisas facilitaron lo que el propio ministro Jorge Giordani denunció cuando dijo que descubrió que 20 mil millones de dólares fueron importaciones ficticias de empresas de maletín. Una denuncia del propio ministro de la que no hay responsables a pesar de que el Gobierno maneja en detalle la información sobre las personas y las empresas fantasmas.
Como ejemplo de impunidad, el libro menciona el caso de Alejandro Andrade, ex tesorero nacional, cuyo nombre no aparece en ninguna de las investigaciones realizadas con las operaciones cambiarias, y los bancos quebrados, a pesar de haber sido uno de los principales responsables de las finanzas públicas. "Se trata de un ex funcionario de origen humilde, súbitamente convertido en un ostentoso millonario". La estructura de negocios con bonos, con notas estructuradas, produjo enormes ganancias derivadas del diferencial del dólar oficial y el dólar paralelo, con los dineros del Estado, con los depósitos que recibían de parte de Andrade quien estaba a cargo de la tesorería y a su vez era presidente de Bandes y Banfoandes. Con los depósitos gubernamentales se compraron compañías de seguros, medios de comunicación y otras propiedades. Esas actividades no se pueden realizar sin el entramado y complicidad necesaria del el alto funcionario del Gobierno que maneja el dinero, indican los autores.
@folivares10
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