Consulta Nacional de Venezuela de 2017

Consulta Nacional de Venezuela de 2017 (Redirigido desde «Plebiscito de Venezuela de 2017») La consulta nacional de Venezuela de 2017 es una consulta popular convocada por la Asamblea Nacional la cual tiene prevista celebrarse el 16 de julio de 2017. Esta jornada se realizará en respuesta a la crisis institucional por la que atraviesa el país. Este proceso electoral se diferenciaría de los otros procesos anteriores ya que se trata de un acto de desobediencia civil, en el contexto de la aplicación de los artículos 333 y 350 de la constitución venezolana, en el cual se desconoce al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, debido a la ruptura del hilo constitucional generada por ambos poderes.2​ La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el plebiscito el miércoles 5 de julio de 2017 basándose en los artículos 5, 70 y 71 de la constitución.3​ La MUD anunció que tendrá 2.023 puntos para la consulta popular en todo el país para atender a más de 19 millones de electores. Índice [ocultar] 1 Preguntas 2 Requisitos 3 Centros de votación 4 Véase también 5 Referencias 6 Enlaces externos Preguntas[editar] El 6 de julio la Mesa de la Unidad dio a conocer las 3 preguntas que se realizarán en la Consulta Nacional, de acuerdo con lo establecido por la alianza opositora, los venezolanos deberán responder a tres preguntas con “Si” o “No”, con la intención de que los resultados sean el primer paso para un cambio de sistema político en Venezuela. Las preguntas serían las siguientes: 1. ¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano? 2. ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional? 3. ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido a la Constitución, y a la realización de elecciones libres y transparentes así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional? En el proceso electoral podrán participar todos los venezolanos mayores de 18 años inscritos o no inscritos en el CNE, dentro y fuera de Venezuela. El comité formado para el desarrollo del evento, denominado "Rescate por la Democracia", trabajaría en la logística y la seguridad de dicha actividad.4​ Requisitos[editar] Cédula de identidad laminada (vigente o no) Pasaporte (vigente o no), en caso de no tener la cédula Ser mayor de 18 años para el 16/07/2017 Esta elección se destaca porque tendrán la oportunidad de votar cualquier venezolano, así no esté inscrito en el Registro Electoral venezolano y sin importar cuál sea su centro de votación original.5​ Centros de votación[editar] Los centros de votación en Venezuela serán en varias plazas, iglesias y colegios. Adicionalmente, diversos puntos de votación han sido habilitados en el extranjero, incluyendo en países como: Alemania, Andorra, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Bielorrusia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Honduras, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kuwait, Líbano, Luxemburgo, Malasia, Malta, Marruecos, México, Mozambique, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos (Aruba y Bonaire), Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Reino Unido, República Dominicana, República Checa, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Trinidad y Tobago y Uruguay.6​7​ Véase también[editar] Crisis institucional de Venezuela de 2017 Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de 2017 Elecciones parlamentarias de Venezuela de 2015 Elecciones en Venezuela Referencias[editar] Volver arriba ↑ El Universal (21 de abril de 2015). «AN aprobó estimación poblacional elaborada por el INE para parlamentarias». Consultado el 1 de julio de 2015. Volver arriba ↑ «La oposición en Venezuela convoca un plebiscito para impedir la Constituyente». Univisión. 03 de julio de 2017. Volver arriba ↑ Mely Reyes, Luz (3 de julio de 2017). «¿Plebiscito, consulta, referendo, juicio popular?, convocatoria de la oposición para el #16Jul». Efecto Cocuyo. Consultado el 13 de julio de 2017. Volver arriba ↑ «MUD anunció las tres preguntas para el plebiscito popular». El Nacional. 06 de julio de 2017. Volver arriba ↑ «Los detalles técnicos de los consulta popular». Página oficial de la MUD. 09 de julio de 2017. Volver arriba ↑ «"¡El pueblo decide! Estos son los Puntos Soberanos para la consulta popular del 16J en el EXTERIOR."». CRD Venezuela. Consultado el 13 de julio de 2017. Volver arriba ↑ «"Conozca los puntos para la consulta soberana del 16J habilitados en el exterior "». Unidad Venezuela. Consultado el 13 de julio de 2017. Enlaces externos[editar] Sitio web Comités de Rescate de la Democracia Puntos de votación en Venezuela Categorías: Elecciones en Venezuela de 2017Referéndums en Venezuela Wikipedia

Foro Penal Venezolano - Derechos Humanos

FORO PENAL VENEZOLANO Alonso Medina Roa: «Hay una fractura entre el chavismo y el madurismo en Venezuela» El Foro Penal Venezolano lleva más de diez años defendiendo los derechos humanos en el país americano SILVIA NIETO - snieto91 Madrid 21/06/2017 02:56h - Actualizado: 21/06/2017 02:56h. Guardado en: Internacional Alonso Medina Roa, del Foro Penal Venezolano, explicó este martes a ABC la grave situación que vive su país, un lugar donde, como señaló, «la represión se ha institucionalizado». Tras celebrar una reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el miembro de esta ONG, que trabaja desde hace más de diez años para defender los derechos humanos, reflexionó sobre cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta Venezuela en el futuro. —¿Cuál era el objetivo de su visita a España? En el Foro Penal hemos realizado esta visita atendiendo a una invitación del Gobierno español para intercambiar ideas sobre la situación en Venezuela, particularmente la de los Derechos Humanos. Hay una preocupación a nivel mundial por el drama que estamos viviendo. Hay 383 presos políticos y han ocurrido más de 3.800 detenciones desde el primero de abril a hoy. Esto, evidentemente, genera una gran alarma en el mundo. Además de la cantidad de muertos y torturados que hemos visto en los últimos días. —¿Qué interés internacional suscita actualmente la situación que se vive en su país? Desde el Gobierno ha habido una gran preocupación. Hemos visto actores muy importantes dentro de la diatriba de la situación venezolana, como el caso del expresidente Rodríguez Zapatero, y también hemos notado algún cambio de este ciudadano español con respecto a ella. Creo que todos los países, e internamente todos los partidos en Venezuela, y la sociedad española, está preocupada por el tema. Venezuela ha dejado de ser un tema de los venezolanos para convertirse en uno de los ciudadanos del mundo. La alteración social, económica y política en Venezuela está generando ruido en muchos países. —Fundaron el Foro hace más de diez años. ¿Cómo ha sido el deterioro de su país desde entonces? En el Foro, desde el momento de su fundación, hemos percibido cómo se ha incrementado la cantidad de presos políticos. Desde el Foro, que es una ONG que a día de hoy se ocupa de la defensa jurídica de las víctimas de la represión y de la persecución política, debo resaltar que en los últimos años hemos atendido un número superior a 5.000 personas, que hemos asistido producto de la represión que se ha institucionalizado en Venezuela. Hemos visto cosas que no se veían antes, como la tortura o la muerte en manifestaciones públicas. Ahora también vemos con preocupación cómo 383 personas han sido procesadas en tribunales militares por el simple hecho de participar en protestas ciudadanas. Esta situación, la de querer equiparar el hecho de manifestarse públicamente con una acción de rebelión militar o traición a la patria, da vergüenza para el Estado de Derecho. —¿Cómo viven los presos políticos en las cárceles venezolanas? Las cárceles en Venezuela tienen condiciones muy deplorables. Muchos presos políticos, a día de hoy, comparten celda con presos comunes. Han sido trasladados a diferentes cárceles por todo el país. —¿Intentaron agrupar a los presos en función de su cargo? Por ejemplo, hay varios militares en la cárcel de La Pica. Sí. No hay una explicación jurídica, solo la perversidad puede amparar este tipo de conductas. Hay casos de militares que han sido enjuiciados por casos políticos y luego han sido trasladados a 1.000 kilómetros de su residencia a cárceles que están en la frontera, por ejemplo el general Oswaldo Hernández, que trasladaron al estado de Táchira. —En el Foro, también reciben denuncias de personas detenidas. Del primero de abril a día de hoy, hemos asistido a 3.206 personas que han sido detenidas, de las cuales 372 han sido presentadas a tribunales militares. A día de hoy, hay 383 presos políticos. —Desde el punto de vista legal, ¿qué lectura hacen de la situación venezolana? Es difícil de entender, porque tendríamos que verlo desde el punto de vista político. Desde el legal, hay poco fundamento, porque muchas cosas no tienen explicación jurídica: la persecución, muchas detenciones sin ningún tipo de orden judicial, presos sobre los que la República emitió una orden de excarcelación y siguen privados de libertad, personas a las que han allanado su residencia sin una orden judicial. La Justicia ha sido la gran ausente en los últimos acontecimientos que hemos vivido en Venezuela. La arbitrariedad y la anarquía institucional es lo que estamos viviendo. Ahora, desde el punto de vista político, vemos una gran conflictividad, con poca disposición del Gobierno, a pesar de la necesidad urgente que hay de buscar canales de comunicación para la resolución del conflicto. —El Tribunal Supremo despojó a la Asamblea Nacional de sus atribuciones y Maduro impulsó la Constituyente. Creo que el tema del Tribunal Supremo tiene que ver con el deterioro de la institucionalidad en Venezuela; las instituciones han quedado quebradas. Una de las principales tareas que tenemos hoy en día es su recuperación: que tengamos un Tribunal Supremo autónomo, independiente, que actúe desde el punto de vista jurídico y no político; un Ministerio Público que cumpla con su rol de titular de la acción penal; una Defensoría del Pueblo que esté con el ciudadano y no con un partido político; unas Fuerzas Armadas que sean garantes de la soberanía y de la seguridad de la nación, y no las ejecutoras, el brazo armado, de un partido de un sector del país. —¿Cuáles serían los mayores desafíos a los que se enfrentaría Venezuela para emprender una transición política? Creo que la principal situación adversa, contraria, es la falta de cohesión de cada uno de los sectores. Me explico: a lo mejor el presidente Maduro puede tener disposición a asumir algunas posiciones políticas, pero creo que no hay un liderazgo único dentro del oficialismo que pueda ser representado por él. Eso puede ocurrir también en la oposición. Entonces, la variedad de actores dificulta en alguna manera el cambio político en Venezuela. Solo hay dos formas de resolver conflictos políticos en el mundo: o las armas o canales de comunicación entre los diferentes actores. Apostemos por que en Venezuela se abra uno donde participen los distintos actores políticos. —¿Se están fijando en otros ejemplos de transición para tomar ejemplo? La transición es un tema del que no se ha querido hablar de puertas afuera del sector político, pero creo que es una vía que los venezolanos debemos analizar para la resolución del conflicto. Ha habido mucho temor, o prudencia, a la hora de hablar de transición; solo se ha hecho de elecciones generales o de Constituyente. —¿Cuál es el grado de desafección a Maduro desde el propio chavismo? Se ha generado una fractura entre el chavismo y el madurismo. Ahora se identifican claramente dos sectores dentro del oficialista. En el chavismo, hemos visto las posiciones de algunos oficiales de las Fuerzas Armadas que en algún momento estuvieron muy vinculados con el presidente Chávez, y que se han desmarcado del presidente Maduro. Vimos también el caso de la ex Defensora del Pueblo y de la fiscal general de la República. —Se abre una veta, entonces. Creo que sí, que se abre un buen camino. Se puede convertir en una oportunidad en favor de la recuperación de la democracia en Venezuela, que es un país que está en ruinas y que parece en guerra. Muchos venezolanos estamos dispuestos a pasar a la paz. —¿Cuál debería ser el trabajo del Foro el día de mañana? Desde el Foro, nuestra misión para el futuro es evitar la impunidad y la recuperación de la cultura ciudadana, y evidentemente aportar todo registro sobre la violación de los derechos humanos durante los últimos años. Cuando hablamos de transición, hay que saber distinguir entre lo que es la impunidad y el saldo de las cuentas. Creo que hay cosas que no se negocian. ABC

Represión

¡LA CUENTA ROJA DE MADURO! Van 44 muertes en manifestaciones desde el 6 de abril 10 Mayo, 2017 El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) denunció este martes la escalada de violencia y apertura de juicios a ciudadanos civiles en tribunales militares durante las manifestaciones de los meses abril y mayo. También, presentó un balance de los caídos y detenidos en las manifestaciones. El OVCS registró 946 manifestaciones en el país desde abril hasta el siete de mayo, con un saldo de 44 muertes. A la fecha el Ministerio Público ha reconocido el fallecimiento de 36 personas. Distrito Capital, Carabobo, Miranda, Aragua y Lara han sido las entidades del país que concentran el mayor número de manifestaciones protagonizadas por diversos sectores sociales y políticos durante estos 37 días. Los saqueos e intentos de saqueo fueron permanentes durante estas cinco semanas, con un registro de 63 casos, en los que fueron afectados establecimientos y transportes. El número de detenidos en manifestaciones está por encima de los 1.700, según datos de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano (FPV). Los hechos de violencia y represión se incrementaron desde la activación del Plan Zamora el 18 de abril por parte del presidente Nicolás Maduro. Este plan promueve y consolida acciones conjuntas de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) y civiles armados, facultándolos inconstitucionalmente para actuar en el control de orden público o en cualquier otro ámbito. EL OVCS recuerda que las acciones violentas realizadas por civiles armados, incorporados al organigrama de las FANB, amparados en el Plan Zamora, incrementan el expediente que en materia de violaciones a derechos humanos acumula el Estado venezolano. En paralelo a la activación de este plan cívico-militar, el OVCS denuncia que el gobierno realiza detenciones al margen del Estado derecho, en las que civiles son puestos a la orden de tribunales militares. Según datos oficiales, solo en el estado Carabobo más de 250 civiles fueron presentados en tribunales militares. “Esta situación es violatoria a los artículos 49 y 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y es contraria a la doctrina y jurisprudencia de derechos humanos, donde se establece que la jurisdicción penal militar no es competente para decidir sobre los derechos de un civil en un proceso penal, según lo establecido en los artículos 2.3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Pidcp)”, indicó la organización. El OVCS exige poner fin al procesamiento de civiles en tribunales militares y a la ejecución del plan Zamora. Además pide suprimir el uso de fuerza potencialmente mortal en el contexto de las manifestaciones pacíficas y prohibir el uso sistemático de gases tóxicos para reprimir las protestas pacíficas. Resistencia Venezuela

Carta Democrática Interamericana (CDI)

OEA suspenderá a la dictadura venezolana 19 de marzo de 2017 Carlos Sánchez Berzaín La estrategia castrochavista buscaba acabar con la OEA a la que siempre señaló como instrumento del imperialismo norteamericano, para lo que crearon organismos de suplantación como UNASUR. (Diario Las Américas) El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, emitió un segundo informe sobre “la alteración del orden constitucional y del orden democrático en Venezuela” este 14 de marzo, pasando a la fase final de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) para una solución institucional a la crisis provocada por el régimen dictatorial venezolano. En 30 días Nicolás Maduro debe realizar un “llamado a elecciones generales, liberación de los presos políticos, validación las leyes que han sido anuladas, elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución”, o caso contrario, la OEA suspenderá al gobierno de Venezuela. La Carta de la OEA “reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”. Aplicando ese principio y el propósito de “promover y consolidar la democracia representativa” todos los estados miembros aprobaron la CDI el 11 de septiembre de 2001, que en su articulo primero reconoce que los “pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, y proclama que “la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”. Fija los “elementos esenciales de la democracia”, afirma que “la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos”, y que “la democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente”. La CDI no es solo un instrumento conceptual y declarativo pues en su capitulo IV contiene mecanismos de “fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”, estableciendo del artículo 17 al 22 un sistema para que la “democracia no sea inerme o indefensa”. Es un procedimiento de cumplimiento obligatorio para los estados miembros por medio de sus gobiernos. Por eso la activación y aplicación de la CDI es solo el cumplimiento de las propias normas que sobre democracia se han dado los estados, sujetando sus actos a obligaciones que reflejan principios y valores de vigencia universal en garantía de los pueblos que son los titulares de la soberanía. Durante toda la década del secretariado general de Insulza en la OEA los principios y obligaciones relativos a la democracia fueron premeditada y deliberadamente soslayados, manipulados e incumplidos por acción directa y mandato del poder político Chávez-Castro que controló la mayoría de votos en base a la prebenda del petróleo venezolano (Petrocaribe), las millonarias ayudas económicas y el temor a la desestabilización y derrocamiento de gobiernos no alineados. La estrategia castrochavista buscaba acabar con la OEA a la que siempre señaló como instrumento del imperialismo norteamericano, para lo que crearon organismos de suplantación como UNASUR. No terminaron con la OEA pero si la paralizaron y desprestigiaron, haciéndola inútil frente al derrocamiento de gobiernos constitucionales en Bolivia 2003 y Ecuador 2000 y 2005, o haciéndola actuar al revés como en Guatemala 2009. El Secretario General Luis Almagro con su extraordinario primer informe sobre “la crisis en Venezuela” el 30 de Mayo de 2016 puso en marcha el rescate del cumplimiento de los objetivos y propósitos de la OEA. Logró que el 23 de junio de 2016 se reuniera el Consejo Permanente para tratar el informe y de esa manera “activó la CDI”. El impacto fue tremendo para el castrochavismo agrupado en el socialismo del siglo XXI (SSXXI) pues consideraba controlada la OEA con su mayoría de votos y además entendía que Almagro era “propias filas” como hombre de izquierda, elegido por ellos y ex ministro de José Mujica en Uruguay. La reacción del régimen venezolano plagada de insultos, se concentró en simular mediación y diálogo, que como bien señala el Secretario General en su segundo informe, “fue decisivamente funcional a la estrategia del Gobierno de sostenerse en el poder”. El segundo informe Almagro sobre Venezuela es lapidario. Demuestra con valentía que “Venezuela viola todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana”; afirma que “nuestros esfuerzos deben concentrarse en restaurar el derecho a la democracia del pueblo venezolano”; que “el pueblo de Venezuela se enfrenta a un gobierno que ha dejado de ser responsable, la Constitución ha dejado de tener sentido”; que “el estado de derecho no esta vigente en Venezuela, ha sido eliminado por un poder judicial completamente controlado por el Poder Ejecutivo”; que “hoy en Venezuela ningún ciudadano tiene posibilidades de hacer valer sus derechos”; que toda la situación demostrada y de conocimiento mundial “nos hace cómplices desde la comodidad de esperar por la acción de otros” y “genera responsabilidad por omisión”. El “informe de seguimiento” señala que “si no se realizan elecciones generales bajo las condiciones estipuladas (en 30 días) pasaría a ser el momento necesario para aplicar la suspensión a Venezuela de las actividades de la Organización en función del Art. 21 de la CDI”. La propuesta urge una “salida real” a la crisis reconociendo que “cuando la gente habla de salida real habla de derrocar a un gobierno” y afirmando que “nosotros (en la OEA) debemos hablar de elecciones”. El Secretario Almagro asegura la suspensión de Venezuela cuando les dice a los gobernantes de la región que “los valores de la Organización y de nuestros países no permiten compartir la mesa con un gobierno que rompe el orden democrático, que viola con impunidad los derechos de sus nacionales, que mantiene presos políticos, que tortura, que roba, que corrompe, que trafica drogas y que mantiene a su población sometida la falta de alimentos, de medicinas y de dinero para subsistir” *Abogado y Politologo. Director del Interamerican Institute for Democracy http://www.carlossanchezberzain.com/ http://www.diariolasamericas.com/

Ciberataques

Los ciberataques efectuados por el Gobierno son asesorados por Cuba y Rusia Posted on 9 marzo, 2017 by Manuel Tomillo C. in Carrusel, Nacionales Manuel Tomillo C. manueltch@gmail.com @manueltomilloc Expertos sostienen que, tal como sucede en países como Cuba, China o Rusia, Venezuela está en camino a presentar grandes dificultades y peligros para expresarse a través de Internet en plena era digital, en especial los medios de comunicación y periodistas críticos al Gobierno de Nicolás Maduro. Tal como lo han sugerido portales como Aporrea.org, partidario de la “revolución” pero ahora con voces críticas en sus publicaciones, el Gobierno es el principal sospechoso en los más recientes ataques hacia sitios web de noticias o cuentas en redes sociales que alzan sus voces en su contra. “Cualquier sospecha apunta hacia el propio gobierno de Nicolás Maduro, primer interesado en desaparecer todo vestigio de voces críticas y de actores políticos que desde el campo revolucionario denunciamos las perversiones y desviaciones del proceso que originalmente levantara el comandante Chávez”, indicó una de las últimas publicaciones de Aporrea, firmada por el historiador y docente Roberto López Sánchez. Se dice que desde organismos del Estado se ha contratado a hackers y oficinas expertas en control cibernético, con la finalidad de generar ciberataques o espiar a los “enemigos”. Cuba y Venezuela son los únicos países latinoamericanos que aparecen en el mapa de la cibercensura elaborado por Reporteros Sin Fronteras (RSF). Esta organización considera a Cuba “enemigo de internet”, mientras que Venezuela es un “país bajo vigilancia”. Según un informe del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), en Venezuela, al menos 372 direcciones de portales web están bloqueadas por los principales proveedores de servicio de Internet (ISP) y 43 dominios de Internet están bloqueados por esos mismos proveedores, públicos y privados. De estos, casi la mitad (44%) corresponden a páginas web relacionadas con el precio del “dólar negro” en el mercado cambiario, y 19% se relacionan con medios de comunicación, con un 12% adicional que incluye blogs críticos del Gobierno de Nicolás Maduro. La libertad de Internet en Venezuela se está deteriorando junto con la crisis económica y política, de acuerdo a Freedom House en su informe Freedom of the net 2016. En los últimos cinco años, la libertad digital ha disminuido más de 14 puntos, poniendo a Venezuela entre los cinco países con mayor deterioro, junto con Rusia, Turquía, Ucrania y Etiopía. RSF Mapa de cibercensura La “inversión” no es muy costosa Una de las formas más básicas de ataque cibernético o “hackeo” es el ataque por denegación de servicio (Ddos por sus siglas en inglés), que provoca la pérdida de la conectividad o caída de la red por el consumo del ancho de banda de la víctima o sobrecarga de los recursos computacionales del sistema atacado. Algo que ha acusado Aporrea.org. “Esa es la manera más tonta de ser atacado. Es el primer punto del ‘abc’ del hackeo. Es insólito que una página con tan alto tráfico no haya blindado su seguridad para evitar este tipo de ataques. No tener protección en internet contra eso es sencillamente como caminar en la calle en interiores”, comentó a Caraota Digital el periodista especializado en tecnología Fran Monroy. Aunque no se atreve a señalar, por falta de pruebas, que sea el Gobierno el autor de ataques o bloqueos a sitios como esta página, o los que han presentado también otros portales disidentes como Maduradas.com, LaPatilla.com o DolarToday.com, Monroy refiere a que estas acciones virtuales son de vieja data y similares a las que se aplican en otros países en los que no existe libertad en la red. “Yo no se si los autores de estos ataques son del Gobierno o de inteligencia, pero son, existen agencias que se encargan de esto. Aunque suene terrible, esto es normal en muchas partes del mundo, que existan este tipo de ataques, por lo que se hace necesario que cada portal se blinde, estar pilas y mantener estándares de seguridad mucho más óptimos”, añadió. El experto asevera que es muy difícil determinar cuánto puede invertir un gobierno en este tipo de servicios, porque el trabajo es tan sencillo como utilizar apenas dos o tres computadoras para generar un ataque. “No se gasta mucho dinero; un ataque se puede montar con entre 10 a 2 mil dólares en equipos. No me atrevo tampoco a manifestar que sea esto una política de Estado, pero huele, porque son más los sitios que no tienen que ver con el Gobierno los que son atacados. Yo creo que es más grave la contratación de hackers para atacar cuentas en redes sociales de periodistas u otros personajes adversos al régimen, como el caso del famoso N33, y que no haya pronunciamientos de parte del Ministerio Público”. Lea también: Gobierno recurre a los ataques cibernéticos para neutralizar a medios digitales Un modelo copiado de afuera Se dice que gran parte de la responsabilidad en este tipo de acciones viene desde Rusia. Así lo aseveró en 2106 el exparlamentario Walter Márquez, quien indicó que “este país tiene instalada en Venezuela una base de inteligencia y que está actuando a través de piratas cibernéticos”. Un reporte del portal El Nuevo Herald aseguró que estos servicios de inteligencia –asesorados por sus homólogos de Cuba– han ampliado substancialmente su capacidad técnica para espiar a la población, y hoy en día utilizan tecnología de punta para leer los correos y las conversaciones telefónicas de todo individuo adverso al proceso revolucionario. Fuentes de inteligencia consultadas por el Nuevo Herald dijeron que el régimen de Caracas ha gastado millones de dólares en los últimos tiempos para ampliar su capacidad de espiar electrónicamente a sus propios ciudadanos, empleando para ello tecnología rusa e italiana y de las empresas cubanas vinculadas con la Universidad de Ciencias Informáticas, Datys y Albet. De particular vulnerabilidad son las comunicaciones por teléfono y por correo electrónico realizadas a través de la compañía estatal de teléfonos CANTV, las cuales pueden ser monitoreadas con total discrecionalidad, sin que los organismos de seguridad requieran de las claves de los usuarios para ver lo que escriben. Entre las más nuevas adquisiciones se encuentran equipos italianos que son capaces de monitorear automáticamente las conversaciones telefónicas, los correos de texto y el uso de la internet que le dan miles de “personas de interés”, confirmó un ex funcionario de alto rango del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). “Ellos están en condiciones de monitorear toda comunicación realizada a través de la red ABA de [el servicio de internet ofrecido por la compañía estatal de teléfonos CANTV]”, explicó el funcionario que habló bajo condición de anonimato. “Esa capacidad de monitoreo es mucho más limitada si el usuario ingresa a la internet a través de un provedor privado, como Movistar o Digitel. Para ello los organismos de seguridad deben emplear los servicios de sus distintos equipos de Hackers”, añadió. Los servicios de seguridad que ofrece Cuba no son sólo son usados en Venezuela. Albet y Datys, empresas hermanas, han prestado sus servicios a Argentina, Brasil y Bolivia, explicó el ex asesor de seguridad venezolano Anthony Daquín, quien trabajó en el pasado con personal de esas compañías. Caraota Digital

Miserias morales

Gustavo Coronel: Nuncio, FAO, colaboracionismo y otras miserias morales El Nuncio Apostólico Aldo Giordano es el embajador de la Santa sede en Venezuela y, como tal, el representante del Papa en Venezuela. Esa es su jerarquía. Su permanencia en Venezuela demuestra que el Papa está satisfecho con su actuación. Su presencia en actos oficiales y en suntuosas bodas de miembros de la narco-dictadura venezolana, gente que ha utilizado de manera inmoral su poder político para enriquecerse, es para mí prueba de que la postura papal frente a la tragedia venezolana ya no puede llamarse ambigua sino francamente colaboracionista. Ello me parece abominable. No soy un diplomático y admito desconocer las reglas que conducen esta actividad. Pero si sé que ninguna actividad puede estructurar su propia moral. Sobre todo una actividad que se relaciona con el máximo líder espiritual del mundo católico. Confieso que no logro entender la colisión evidente entre lo que dicen y sienten los miembros de la Iglesia venezolana y la conducta del inmoral Nuncio Apostólico Aldo Giordano. Se podrá alegar que el personaje debía estar presente en una actividad oficial, cuando el narco-presidente, violando todas las reglas de la decencia democrática, asistió al tribunal Supremo de Justicia al presentar su remedo de cuentas, las cuales debían ser presentadas ante la Asamblea Nacional. Al validar este acto ilegítimo con su presencia el Nuncio Papal estaba validando la narco-dictadura. No hace falta ser un experto en diplomacia para darse cuenta de que debe haber una concordancia entre la representación diplomática y la decencia. Si ello no es posible, este Nuncio ha debido renunciar e irse del país o, al menos, “enfermarse”. Es indudable que fue ordenada su presencia, de otra manera ya lo hubiesen despedido de su cargo. No contento con legitimar con su presencia en el TSJ una violación de principios morales que deberían ser sagrados, lo vemos posteriormente en la boda de un hijo de Calixto Ortega, funesto miembro de un Tribunal Supremo de Justicia que es un nido de hampones. No solo asiste a la suntuosa boda, la cual se celebra en un país de miseria, en el cual la gente come perros o basura, sino que se retrata muy orondo en compañía de pajarracos de la peor especie como José Vicente Rangel y Roy Chaderton y hasta firma como testigo de la boda. Y esta noticia sale en paralelo con informes sobre un lujoso apartamento en Madrid, presuntamente puesto en venta por el personaje Ortega, el cual muestra un lujo poco “revolucionario”. Para mí el Nuncio Apostólico Aldo Giordano es un vulgar colaboracionista de la narco-dictadura y, como tal, merece el repudio de todos los venezolanos decentes. Me entristece ver que la Iglesia venezolana, entre quienes hay mucha gente que admiro por su entereza, tenga que soportar esta situación humillante, la cual desdice de una institución que debe estar por encima de estas aberraciones de conducta. Este Señor Giordano debe ser objeto de la protesta de toda la Venezuela digna, debe ser acusado por todos quienes creen que la moral y la religión deben ir estrechamente enlazadas y no ser palabras huecas solamente buenas para el engaño. Así como este personaje merece nuestro desprecio hay otros quienes no violan reglas espirituales como los que debería tener el Nuncio sino que, simplemente, son representantes en Venezuela de organizaciones corruptas como la FAO. Esta organización ha mentido repetidamente hace años sobre la situación alimentaria de Venezuela y está plegada a la narco-dictadura, de forma tal que su representante en Caracas, Marcelo Resende, casi parece ser un miembro más del gabinete madurista, por sus repetidas e indecentes loas al régimen (reportadas por mí a las FAO en Roma, en cartas sin respuestas). Un estudio de CARITAS h puesto al descubierto este fraude de la FAO en Venezuela y un comunicado de diversas organizaciones universitarias y de investigación venezolanas pone revela las omisiones y complicidades de las FAO en Venezuela. El Comunicado dice así ( abreviado): Informe de la FAO omitió información sobre la crisis venezolana Organizaciones emiten un comunicado en respuesta al reciente informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), sobre el panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe en 2016. Caracas, febrero 2017.- El Observatorio Venezolano de la Salud (OVS), el Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Venezuela, la Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición, la Fundación 5 al día, el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Venezuela y el Centro de Investigaciones Agro-Alimentarias de la Universidad de Los Andes (CIAAL), en conjunto con varias organizaciones, han decidido pronunciarse ante el más reciente informe publicado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), denominado “Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional: Sistemas alimentarios sostenibles para poner fin al hambre y la malnutrición. América Latina y el Caribe, 2016”, en virtud de la ausencia de información importante, real y verídica, sobre la situación alimentaria de Venezuela….. el deterioro de la situación alimentaria, nutricional y de salud en Venezuela se ha profundizado durante el último trienio 2014-2016, cuando los indicadores de alimentación, nutrición y salud han exhibido cifras nunca antes vistas en Venezuela, con el surgimiento de fenómenos que expresan situaciones extremas de inseguridad alimentaria y hambre en toda la población, en especial en los grupos vulnerables… Además de omitir información, el informe de la FAO incluye cifras desactualizadas sobre Venezuela. En el caso de las tasas de mortalidad materna, en menores de 5 años y neonatal de Venezuela, estas solo aparecen representadas a través de gráficos. No fueron tomados en cuenta los datos oficiales de la propia Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), presentada en 2015 ante la Asamblea Nacional, que muestra cifras alarmantes en el aumento del porcentaje de mortalidad materna, que fue 5,5 veces más alto que el valor registrado en el año 2012. Además, es importante resaltar que la tasa de mortalidad neonatal reportada en este informe de la FAO no coincide con los resultados presentados por el MPPS en su Memoria y Cuenta 2015, que muestran un exorbitante aumento 100 veces mayor al porcentaje de muertes neonatales/nacimientos vivos registrados con respecto a 2012. Con respecto a la disponibilidad de alimentos entre 2014 y 2015, el Informe no ofrece ningún análisis ante la gran diferencia, por defecto, que presenta Venezuela respecto a otros países en la cifra de importación de alimentos. No debe olvidarse que tanto las importaciones como exportaciones de alimentos en Venezuela registraron una importante reducción, acompañada de la disminución de la producción nacional de alimentos. Y en cuanto a la disponibilidad por grupos de alimentos correspondiente a las distintas regiones del mundo y de América Latina y el Caribe (expresadas en gramos/persona/día), en el Informe de la FAO llama la atención que la información incluida corresponde a los años 2009, 2010 y 2011, período en el cual la situación en Venezuela era completamente distinta… No alertar acerca de la situación alimentaria y nutricional venezolana actual podría ser considerado como una violación al mandato “Derechos Humanos en Primer Lugar”, cuando el personal en terreno local de las agencias del Sistema de Naciones Unidas no reporta a sus respectivas sedes la verdadera situación de la población (en este caso, la venezolana). Para redondear este torneo de indignidades se celebra actualmente en Caracas una pomposa “celebración” del sátrapa venezolano fallecido, Hugo Chávez, a la cual han sido invitados y transportados en aviones del narco-régimen, hasta 200 personas de los países del ALBA, parásitos que han sido alimentados por los ingresos petroleros venezolanos, mientras el pueblo venezolano pasa hambre y sus ciudadanos son apresados, perseguidos y estigmatizados por su vocación democrática. Este podrido y cursi espectáculo se lleva a cabo frente a los ojos de una oposición silenciosa y deshilachada. Esta situación debe dar paso a una resistencia decidida, la cual debe ser liderada por venezolanos íntegros, no por los colaboracionistas e hipócritas políticos tradicionales quienes continúan hablando de negociar con la narco-dictadura. ¿Hasta cuando llaman estos señores a negociar y en nombre de que ética ciudadana pueden justificarse tales negociaciones? Realmente esta situación es insoportable y requiere una reacción de la Venezuela digna. ¿En nombre de qué decencia puede justificarse esta confabulación de cobardes en contra de la libertad y de la democracia venezolana? El Mismo País

ODEBRECHT

Odebrecht, el escándalo de corrupción que sacude a América Latina 03/02/2017 Obras de gran envergadura paralizadas, indignación popular y detenciones en serie: el escándalo de los sobornos pagados por el gigante brasileño de la construcción Odebrecht para obtener contratos en varios países extiende sus repercusiones en América Latina. Una investigación tentacular sobre el sistema de corrupción de Petrobras en Brasil permitió echar luz sobre las prácticas de la mayor constructora de la región. Desatada en 2014, la operación “Lavajato” reveló que las empresas brasileñas de la construcción, en primera fila de las cuales se halla Odebrecht, habían montado un cártel para alterar los jugosos mercados de subcontratación del grupo petrolero Petrobras sobornando a dirigentes de todo el espectro político. La justicia de una decena de países, desde México a Argentina, pasando por Perú, Panamá y Uruguay, solicitó informaciones a los fiscales brasileños para investigar localmente sobre los contratos del grupo. Durante más de una década, la empresa mantuvo este “esquema de corrupción masiva”, pagando alrededor de 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios gubernamentales de “tres continentes”, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En Brasil se esperan nuevas revelaciones explosivas a la brevedad: Odebrecht acordó con la justicia brindar informaciones a cambio de una reducción de las penas para 77 ejecutivos de la firma, entre ellos su expresidente Marcelo Odebrecht, actualmente encarcelado. - Proyectos paralizados - La investigación condujo al Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) a suspender el pago de 3.600 millones de dólares para 16 proyectos en Argentina, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Honduras y Guatemala. Los países más afectados son aquellos que recibieron más fondos del BNDES: en Venezuela (3.100 millones de dólares) están comprometidos seis grandes proyectos, entre ellos la ampliación del metro de Caracas. Venezuela fue el país, luego de Brasil, en el que más sobornos se pagaron: unos 98 millones de dólares. En República Dominicana, que recibió 2.500 millones de dólares del BNDES, están en juego obras de infraestructura vial y la construcción de una usina termoeléctrica. En Perú, donde Odebrecht admitió haber pagado 29 millones de dólares entre 2005 y 2014, el gobierno le retiró a la empresa la concesión de la construcción de un gasoducto cotizado en 7.000 millones de dólares. Hasta ahora, apenas 30% de la obra, de una extensión de 1.100 kms en el sur del país, se ha concretado. - Detenciones, allanamientos, audiencias - Las detenciones de exministros y altos funcionarios se multiplican en todo el continente. Hay incluso dirigentes allegados a algún presidente de la república que temen por su futuro. Es el caso de Argentina, donde el jefe de los servicios de inteligencia, Gustavo Arribas, está siendo investigado. En Perú, una comisión parlamentaria convocó a los expresidentes Ollanta Humala (y su esposa Nadine Heredia) y Alejandro Toledo y al actual jefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski, en tanto exprimer ministro de Toledo. En Panamá, el hermano y el hijo del expresidente Ricardo Martinelli, así como una decena de empresarios, están en la mira de la justicia. En Colombia, el exministro adjunto de Transporte Gabriel García y el exsenador Otto Bula fueron detenidos. Hubo además allanamientos a locales del grupo en varios países. - Rabia popular - Tras dos semanas de violentas manifestaciones, en Perú fue suprimido un peaje en una autopista del norte de Lima construida por Odebrecht. Decenas de miles de personas marcharon a su vez por calles de Santo Domingo para reclamar el fin de la impunidad de funcionarios de gobierno y dirigentes locales de esta megaempresa. - Odebrecht sancionada - Autoridades de Ecuador, Panamá y República Dominicana decidieron no tener en cuenta a esta constructora en futuros llamados a licitación y prohibir que se le adjudiquen de manera directa obras públicas y contratos. La compañía aceptó pagar una multa de 3.500 millones de dólares en Brasil, Estados Unidos y Suiza y se comprometió a abonar otras fuertes sumas (59 millones de dólares en Panamá, 189 millones en República Dominicana) por concepto de indemnizaciones. Odebrecht registró un volumen de negocios de 39.119 millones de dólares en 2015, según los últimos resultados publicados. El Estímulo