El régimen de Nicolás Maduro conduce a Venezuela hacia la implosión, y la sospecha de que integrantes clave de las Fuerzas Armadas están involucrados en el narcotráfico espantan las esperanzas de que eventualmente intervengan para poner orden, dijo un alarmante informe que advierte que el país está por ingresar a una etapa de caos, hambruna y gran agitación.
El estudio —elaborado por Evan Ellis del Instituto de Estudios Estratégicos (SSI) del Ejército de Estados Unidos— señala que la debilidad de una oposición desunida sumada a las intenciones de un régimen “altamente corrupto” de permanecer en el poder a toda costa, alejan las posibilidades de que se produzca una transición organizada en el país, elevando así el riesgo de un desenlace violento a una crisis que parece estar siendo ignorada por los países del hemisferio.
“Un final caótico y violento a la situación en Venezuela se torna más probable con el transcurso de cada día, lo que tendrá serias repercusiones en los vecinos de Venezuela en la región”, advierte Ellis en su informe titulado La Venidera Implosión de Venezuela y las Implicaciones Estratégicas para los Estados Unidos, publicado el 10 de julio.
“El actual régimen en Venezuela está encadenado a una espiral de muerte económica y política dentro de la cual múltiples dinámicas que se respaldan mutuamente dificultan que se pueda escapar a la calamidad”, sostuvo el documento.
Según el estudio, el país enfrenta actualmente un estancamiento político –en el forcejeo entre una sociedad que anhela un cambio y una cúpula política atrincherada en el poder– que hace improbable que Venezuela pueda resolver la crisis por su cuenta en medio de una situación económica que se tornará peor.
“La interacción de estos factores [el estancamiento político y la creciente escasez] sugieren que la situación podría degenerar en un colapso económico y en el caos político, –posiblemente con hambruna, enfermedades y violencia– en medio del choque entre personas desesperadas por sobrevivir y un gobierno narco-dependiente desesperado por mantener el control”, advierte el estudio.
“Incluso más allá de las protestas políticas, en la medida de que las condiciones sigan deteriorándose, el ejército va a tener que incrementar el uso de la fuerza para preservar el orden”, resaltó.
El informe señala que la crisis venezolana se viene gestando desde hace 16 años, con la introducción del Socialismo Bolivariano impuesto del fallecido Hugo Chávez, que condujo a la adopción de prácticas anti-empresariales que “han destruido virtualmente” toda actividad productiva en el país fuera del sector petrolero.
En la agricultura, por ejemplo, la producción es solo una triste sombra de lo que solía ser debido a un cúmulo de problemas que van desde invasiones de terrenos fomentadas por el propio régimen y la negativa del gobierno de otorgar dólares para importar insumos hasta la exigencia de corruptos funcionarios de que se le paguen sobornos con los escasos dólares que los agricultores tienen.
“La producción ha colapsado, y el país tropical de suelos fértiles debe ahora importar las tres cuartas partes de los alimentos que necesita para alimentar a su gente, con el resultado — en momentos en que las monedas duras del gobierno escasean– de que los pobres de Venezuela tiene cada vez mayores dificultades para comer”, señaló el informe.
En su práctica de perseguir al empresariado, el régimen estaba condenando la suerte del país al desempeño de su industria petrolera, pero allí también el chavismo incurrió en graves pecados que están siendo ahora pagados por la sociedad venezolana, incluyendo la falta de mantenimiento de los campos petroleros y la decisión de usar los fondos apartados para la expansión de la industria petrolera en programas sociales y en subsidiar las economías vecinas a través de Petrocaribe.
Bajo ese escenario, aunado a la caída de los precios del petróleo, “el gobierno se está quedando rápidamente sin dinero. Y para el 15 de junio, las reservas internacionales reportadas apenas sumaban $16,700 millones, dos tercios del nivel que tenía tres meses antes”, señaló el informe.
El grado de colapso que está registrando Venezuela propiciado por el alto grado de corrupción y de mal manejo de la economía hace rato que hubiese propiciado un cambio de gobierno por la vía electoral en cualquier país marginalmente democrático, agregó.
Y si eso no funciona, los países “marginalmente democráticos” también tendrían la salida militar como opción.
“Si queda demostrado que un gobierno colocó a su pueblo o la estabilidad del país en riesgo, entonces los militares, como garantes del poder público, se verían obligados a intervenir para salvar al país”, resalta el informe.
Pero “trágicamente en Venezuela, estos mecanismos correctivos [el electoral o el militar] no parecen estar en condiciones de funcionar a tiempo para evitar una tragedia”, advirtió.
Aun cuando la popularidad de Maduro está por el piso, con las encuestas no dándole más de un 20 por ciento, el férreo control del régimen sobre el sistema electoral y los poderes legislativos y judicial, sumado las restricciones a la prensa, reducen los prospectos de que los venezolanos logren salir del régimen por la vía electoral.
Pero la situación no luce mucho mejor del lado militar.
“El liderazgo militar venezolano parece estar demasiado comprometido a través de su participación en actividades delictivas como para intervenir y restaurar el orden diplomático”, argumenta el informe.
Tal como ha sido reseñado por la prensa en Estados Unidos, “las autoridades estadounidenses tienen actualmente evidencia creíble de que el liderazgo militar de Venezuela, además de líderes políticos de alto nivel como el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, están profundamente involucrados con el narcotráfico”, dijo el estudio.
Es una situación que genera grandes dudas sobre la disposición que la alta cúpula militar podría tener para contener los excesos del régimen.
“Los líderes militares venezolanos tienen todos los incentivos para evitar el retorno a la democracia y su asociada reanudación de la cooperación con las organizaciones policiales internacionales que pondrían fin a su ingreso mal habido y que les llevaría a correr el riesgo de ser extraditados a los Estados Unidos”, señala el documento.
ABC de la semana
domingo, 19 de julio de 2015
Desenlace de la crisis venezolana
PRONOSTICAN TRÁGICO DESENLACE DE CRISIS VENEZOLANA
Antonio María Delgado - Julio 17, 2015
El régimen de Nicolás Maduro conduce a Venezuela hacia la implosión, y la sospecha de que integrantes clave de las Fuerzas Armadas están involucrados en el narcotráfico espantan las esperanzas de que eventualmente intervengan para poner orden, dijo un alarmante informe que advierte que el país está por ingresar a una etapa de caos, hambruna y gran agitación.
El estudio —elaborado por Evan Ellis del Instituto de Estudios Estratégicos (SSI) del Ejército de Estados Unidos— señala que la debilidad de una oposición desunida sumada a las intenciones de un régimen “altamente corrupto” de permanecer en el poder a toda costa, alejan las posibilidades de que se produzca una transición organizada en el país, elevando así el riesgo de un desenlace violento a una crisis que parece estar siendo ignorada por los países del hemisferio.
“Un final caótico y violento a la situación en Venezuela se torna más probable con el transcurso de cada día, lo que tendrá serias repercusiones en los vecinos de Venezuela en la región”, advierte Ellis en su informe titulado La Venidera Implosión de Venezuela y las Implicaciones Estratégicas para los Estados Unidos, publicado el 10 de julio.
“El actual régimen en Venezuela está encadenado a una espiral de muerte económica y política dentro de la cual múltiples dinámicas que se respaldan mutuamente dificultan que se pueda escapar a la calamidad”, sostuvo el documento.
Según el estudio, el país enfrenta actualmente un estancamiento político –en el forcejeo entre una sociedad que anhela un cambio y una cúpula política atrincherada en el poder– que hace improbable que Venezuela pueda resolver la crisis por su cuenta en medio de una situación económica que se tornará peor.
“La interacción de estos factores [el estancamiento político y la creciente escasez] sugieren que la situación podría degenerar en un colapso económico y en el caos político, –posiblemente con hambruna, enfermedades y violencia– en medio del choque entre personas desesperadas por sobrevivir y un gobierno narco-dependiente desesperado por mantener el control”, advierte el estudio.
“Incluso más allá de las protestas políticas, en la medida de que las condiciones sigan deteriorándose, el ejército va a tener que incrementar el uso de la fuerza para preservar el orden”, resaltó.
El informe señala que la crisis venezolana se viene gestando desde hace 16 años, con la introducción del Socialismo Bolivariano impuesto del fallecido Hugo Chávez, que condujo a la adopción de prácticas anti-empresariales que “han destruido virtualmente” toda actividad productiva en el país fuera del sector petrolero.
En la agricultura, por ejemplo, la producción es solo una triste sombra de lo que solía ser debido a un cúmulo de problemas que van desde invasiones de terrenos fomentadas por el propio régimen y la negativa del gobierno de otorgar dólares para importar insumos hasta la exigencia de corruptos funcionarios de que se le paguen sobornos con los escasos dólares que los agricultores tienen.
“La producción ha colapsado, y el país tropical de suelos fértiles debe ahora importar las tres cuartas partes de los alimentos que necesita para alimentar a su gente, con el resultado — en momentos en que las monedas duras del gobierno escasean– de que los pobres de Venezuela tiene cada vez mayores dificultades para comer”, señaló el informe.
En su práctica de perseguir al empresariado, el régimen estaba condenando la suerte del país al desempeño de su industria petrolera, pero allí también el chavismo incurrió en graves pecados que están siendo ahora pagados por la sociedad venezolana, incluyendo la falta de mantenimiento de los campos petroleros y la decisión de usar los fondos apartados para la expansión de la industria petrolera en programas sociales y en subsidiar las economías vecinas a través de Petrocaribe.
Bajo ese escenario, aunado a la caída de los precios del petróleo, “el gobierno se está quedando rápidamente sin dinero. Y para el 15 de junio, las reservas internacionales reportadas apenas sumaban $16,700 millones, dos tercios del nivel que tenía tres meses antes”, señaló el informe.
El grado de colapso que está registrando Venezuela propiciado por el alto grado de corrupción y de mal manejo de la economía hace rato que hubiese propiciado un cambio de gobierno por la vía electoral en cualquier país marginalmente democrático, agregó.
Y si eso no funciona, los países “marginalmente democráticos” también tendrían la salida militar como opción.
“Si queda demostrado que un gobierno colocó a su pueblo o la estabilidad del país en riesgo, entonces los militares, como garantes del poder público, se verían obligados a intervenir para salvar al país”, resalta el informe.
Pero “trágicamente en Venezuela, estos mecanismos correctivos [el electoral o el militar] no parecen estar en condiciones de funcionar a tiempo para evitar una tragedia”, advirtió.
Aun cuando la popularidad de Maduro está por el piso, con las encuestas no dándole más de un 20 por ciento, el férreo control del régimen sobre el sistema electoral y los poderes legislativos y judicial, sumado las restricciones a la prensa, reducen los prospectos de que los venezolanos logren salir del régimen por la vía electoral.
Pero la situación no luce mucho mejor del lado militar.
“El liderazgo militar venezolano parece estar demasiado comprometido a través de su participación en actividades delictivas como para intervenir y restaurar el orden diplomático”, argumenta el informe.
Tal como ha sido reseñado por la prensa en Estados Unidos, “las autoridades estadounidenses tienen actualmente evidencia creíble de que el liderazgo militar de Venezuela, además de líderes políticos de alto nivel como el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, están profundamente involucrados con el narcotráfico”, dijo el estudio.
Es una situación que genera grandes dudas sobre la disposición que la alta cúpula militar podría tener para contener los excesos del régimen.
“Los líderes militares venezolanos tienen todos los incentivos para evitar el retorno a la democracia y su asociada reanudación de la cooperación con las organizaciones policiales internacionales que pondrían fin a su ingreso mal habido y que les llevaría a correr el riesgo de ser extraditados a los Estados Unidos”, señala el documento.
ABC de la semana
El régimen de Nicolás Maduro conduce a Venezuela hacia la implosión, y la sospecha de que integrantes clave de las Fuerzas Armadas están involucrados en el narcotráfico espantan las esperanzas de que eventualmente intervengan para poner orden, dijo un alarmante informe que advierte que el país está por ingresar a una etapa de caos, hambruna y gran agitación.
El estudio —elaborado por Evan Ellis del Instituto de Estudios Estratégicos (SSI) del Ejército de Estados Unidos— señala que la debilidad de una oposición desunida sumada a las intenciones de un régimen “altamente corrupto” de permanecer en el poder a toda costa, alejan las posibilidades de que se produzca una transición organizada en el país, elevando así el riesgo de un desenlace violento a una crisis que parece estar siendo ignorada por los países del hemisferio.
“Un final caótico y violento a la situación en Venezuela se torna más probable con el transcurso de cada día, lo que tendrá serias repercusiones en los vecinos de Venezuela en la región”, advierte Ellis en su informe titulado La Venidera Implosión de Venezuela y las Implicaciones Estratégicas para los Estados Unidos, publicado el 10 de julio.
“El actual régimen en Venezuela está encadenado a una espiral de muerte económica y política dentro de la cual múltiples dinámicas que se respaldan mutuamente dificultan que se pueda escapar a la calamidad”, sostuvo el documento.
Según el estudio, el país enfrenta actualmente un estancamiento político –en el forcejeo entre una sociedad que anhela un cambio y una cúpula política atrincherada en el poder– que hace improbable que Venezuela pueda resolver la crisis por su cuenta en medio de una situación económica que se tornará peor.
“La interacción de estos factores [el estancamiento político y la creciente escasez] sugieren que la situación podría degenerar en un colapso económico y en el caos político, –posiblemente con hambruna, enfermedades y violencia– en medio del choque entre personas desesperadas por sobrevivir y un gobierno narco-dependiente desesperado por mantener el control”, advierte el estudio.
“Incluso más allá de las protestas políticas, en la medida de que las condiciones sigan deteriorándose, el ejército va a tener que incrementar el uso de la fuerza para preservar el orden”, resaltó.
El informe señala que la crisis venezolana se viene gestando desde hace 16 años, con la introducción del Socialismo Bolivariano impuesto del fallecido Hugo Chávez, que condujo a la adopción de prácticas anti-empresariales que “han destruido virtualmente” toda actividad productiva en el país fuera del sector petrolero.
En la agricultura, por ejemplo, la producción es solo una triste sombra de lo que solía ser debido a un cúmulo de problemas que van desde invasiones de terrenos fomentadas por el propio régimen y la negativa del gobierno de otorgar dólares para importar insumos hasta la exigencia de corruptos funcionarios de que se le paguen sobornos con los escasos dólares que los agricultores tienen.
“La producción ha colapsado, y el país tropical de suelos fértiles debe ahora importar las tres cuartas partes de los alimentos que necesita para alimentar a su gente, con el resultado — en momentos en que las monedas duras del gobierno escasean– de que los pobres de Venezuela tiene cada vez mayores dificultades para comer”, señaló el informe.
En su práctica de perseguir al empresariado, el régimen estaba condenando la suerte del país al desempeño de su industria petrolera, pero allí también el chavismo incurrió en graves pecados que están siendo ahora pagados por la sociedad venezolana, incluyendo la falta de mantenimiento de los campos petroleros y la decisión de usar los fondos apartados para la expansión de la industria petrolera en programas sociales y en subsidiar las economías vecinas a través de Petrocaribe.
Bajo ese escenario, aunado a la caída de los precios del petróleo, “el gobierno se está quedando rápidamente sin dinero. Y para el 15 de junio, las reservas internacionales reportadas apenas sumaban $16,700 millones, dos tercios del nivel que tenía tres meses antes”, señaló el informe.
El grado de colapso que está registrando Venezuela propiciado por el alto grado de corrupción y de mal manejo de la economía hace rato que hubiese propiciado un cambio de gobierno por la vía electoral en cualquier país marginalmente democrático, agregó.
Y si eso no funciona, los países “marginalmente democráticos” también tendrían la salida militar como opción.
“Si queda demostrado que un gobierno colocó a su pueblo o la estabilidad del país en riesgo, entonces los militares, como garantes del poder público, se verían obligados a intervenir para salvar al país”, resalta el informe.
Pero “trágicamente en Venezuela, estos mecanismos correctivos [el electoral o el militar] no parecen estar en condiciones de funcionar a tiempo para evitar una tragedia”, advirtió.
Aun cuando la popularidad de Maduro está por el piso, con las encuestas no dándole más de un 20 por ciento, el férreo control del régimen sobre el sistema electoral y los poderes legislativos y judicial, sumado las restricciones a la prensa, reducen los prospectos de que los venezolanos logren salir del régimen por la vía electoral.
Pero la situación no luce mucho mejor del lado militar.
“El liderazgo militar venezolano parece estar demasiado comprometido a través de su participación en actividades delictivas como para intervenir y restaurar el orden diplomático”, argumenta el informe.
Tal como ha sido reseñado por la prensa en Estados Unidos, “las autoridades estadounidenses tienen actualmente evidencia creíble de que el liderazgo militar de Venezuela, además de líderes políticos de alto nivel como el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, están profundamente involucrados con el narcotráfico”, dijo el estudio.
Es una situación que genera grandes dudas sobre la disposición que la alta cúpula militar podría tener para contener los excesos del régimen.
“Los líderes militares venezolanos tienen todos los incentivos para evitar el retorno a la democracia y su asociada reanudación de la cooperación con las organizaciones policiales internacionales que pondrían fin a su ingreso mal habido y que les llevaría a correr el riesgo de ser extraditados a los Estados Unidos”, señala el documento.
ABC de la semana
sábado, 18 de julio de 2015
Inés González (@inesitaterrible)
¿Quién es @inesitaterrible?; por Julett Pineda // #Perfil
Por Julett Pineda | 17 de julio, 2015
Inés González tiene 42 años de edad. Es la mayor de tres hermanos y se llama Inés como su madre, Inés Árraga. El apodo de Inesita vino por ser la más pequeña de todas las Inés que hay en su familia. El adjetivo de terrible llegó después, en 2011, cuando volvió a abrir su cuenta de Twitter después de que la anterior, según dijo, fue hackeada. Es maracucha y se autodefinió agitadora de oficio y disidente del régimen cuando escribió su biografía de la red social de los 140 caracteres. Así, @inesitaterrible parece ser el alter ego de una doctora en química que sus allegados describen como una persona tranquila y con bastante sentido del humor.
El 4 de octubre de 2014, Inés fue detenida en Maracaibo por fuerzas de seguridad del Sebin. Su 2.0 lo constata: fue la última vez que tuiteó desde su cuenta personal. Había sido imputada por los delitos de instigación al odio, ultraje a funcionario público y ultraje violento por tuitear sobre la muerte del fallecido diputado Robert Serra. Tras 48 horas en detención, fue presentada ante el juzgado pero la audiencia fue diferida para el día siguiente. El 7 de octubre se presentó nuevamente y se ordenó su privativa de libertad. Fue trasladada a El Helicoide.
Antes de ser enjuiciada, Inés llevaba una rutina sencilla entre su casa, su trabajo y sus amigos. Sus allegados aseguran que es muy estudiosa. Incluso, en su timeline de Twitter se ha autodefinido como una nerd. Siempre le apasionó la química. Luego de culminar sus estudios en 1990 en el Colegio San Vicente de Paúl, estudió Química en la Universidad del Zulia. Sus familiares cuentan que siempre tuvo esa vocación. Se planteó cursar un doctorado para continuar sus estudios en el área: hizo un Magister en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y luego sacó un PhD. en la Universidad de Akron, en Ohio. Trabajó como investigadora en el IVIC.
Su cuarto y su celda no se parecen en nada. Inés ha llegado a compartir celda hasta con quince mujeres más. No obstante, en ambos lugares tiene sus libros sobre química. A su familia le extrañó recibir el pedido de Inés de que le llevaran a El Helicoide sus textos de ciencias, pero se los llevaron. Fueron varias cajas. Los quería para enseñarle química a una compañera, también privada de libertad, que deseaba estudiar Enfermería al salir. Para no desaprovechar el tiempo, Inés le explicó la materia a la muchacha durante su estadía.
Además de Inesita, otros siete tuiteros venezolanos fueron privados de libertad el año pasado por escribir en la red social textos relacionados con el asesinato de Robert Serra: Leonel Sánchez (@AnonymousWar), Víctor Ugas (@VictorUgas), Ginnette Hernández y Lessi Marcano (@Hiipolita), Daniely Benítez (@pretinha76), Abraham David Muñoz (@AbrahamDZ) y María Magalys Contreras (@marletmaga).
Al momento de publicar este post, los tres últimos ya se encuentran en libertad. El resto continúa esperando que se suspendan sus sentencias.
¿Ir a prisión por expresarse en las redes sociales?
De acuerdo con Mariaengracia Chirinos, la coordinadora del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), en Venezuela no existe una regulación específica para Internet que contemple la actuación de los ciudadanos ni del Estado, los proveedores del servicio o los intermediarios, donde figuran plataformas como Google, Twitter o Facebook. Y en el caso de los ochos tuiteros privados de libertad, no existe imputación de delito alguno vinculado con la expresión en Internet, sino por faltas correspondientes con otras normas penales. Según Chirinos, esto ocasiona que las penalizaciones sean excesivas y que los ciudadanos se cohíban de expresarse, pues se genera un tipo de censura y autocensura.
En los países donde no existen regulaciones específicas, Chirinos sostiene que se debe acudir a la esencia de la Libertad de Expresión y de Información, la cual garantiza a los ciudadanos su derecho a expresarse sin ningún tipo de riesgos ni amenazas. “Mientras otros países de la región han ido avanzando en construir un marco civil que regule la actuación de todas las personas con acceso a Internet, en Venezuela eso se ha retrasado y, además, se ha aumentado la aplicación de penas”, agrega la coordinadora del IPYS.
Ahora que sus horas son más largas, que no puede ver Breaking Bad ni va a su trabajo ni revisa las redes sociales, Inés lee y sigue estudiando Química en El Helicoide. Confiesa que al salir quiere retomar su vida y seguir dedicándose a la investigación. En su celda, además de leer textos sobre Química, la maracucha también lee la Biblia. Durante su período activo en Twitter a veces compartía salmos: Perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; #Venezuela.
Inés lleva poco más de nueve meses privada de libertad. Asegura tener fe en su liberación, pues no hay motivos para que no sea pronto: reconoció el delito de instigación pública y pidió disculpas por los comentarios hechos sobre el fallecido diputado. Las propias autoridades desistieron de los otros dos cargos.
¿Se están violando sus derechos?
De acuerdo con Liliana Ortega, directora de Cofavic, desde las protestas de 2014 se han presentado varios problemas en materia de Derechos Humanos. Uno de ellos es el hecho de que toda persona debe ser juzgada en libertad, de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno y los estándares internacionales. No obstante, la forma usual de proceder ha sido la opuesta: primero se efectuaban las detenciones y luego se juzgaba. “Esto causa lo que se conoce como una ‘revictimización’, porque la persona se siente condenada antes de ser enjuiciada”, afirma Ortega.
También hay un acceso limitado a los medios de defensa disponibles y una recurrencia de prejuicios y alegaciones condenatorias antes de que se lleven a cabo los juicios, algo que puede implicar la toma de decisiones preconcebidas. A estos aspectos la directora de Covafic suma las condiciones de los lugares de reclusión, que en muchos casos no cuentan con una asistencia médica de confianza para diagnosticar el estado de salud del recluso.
Este último punto preocupa a Inés y a sus familiares. La tuitera padece de una condición médica llamada endometriosis, caracterizada por fuertes dolores pélvicos y abdominales. Debido a esta enfermedad, Inés no puede tener hijos y, antes de su privativa de libertad, estaba bajo tratamiento para aliviar los dolores. Sin embargo, no ha podido continuarlo desde su reclusión, por lo que su familia pide que la joven sea examinada por un médico de confianza cuanto antes.
Según Ortega, cuando las personas padecen condiciones de este tipo, la situación es extensible a la familia, principalmente por la impotencia que les genera. Por otra parte, el caso de Inés González también ha sido afectado por falsas alegaciones de torturas y violaciones que, de acuerdo con sus familiares, nunca han tenido lugar. Más bien aseguran que el trato ha sido respetuoso y piden que se evite la difusión de información falsa que pueda entorpecer su proceso.
La cuenta @inesitaterrible
Con más de 68 mil seguidores y más de 25 mil tuits, la cuenta @inesitaterrible tiene un índice klout de 60. Es relativamente alto, según este indicador que ubica la influencia de un usuario con respecto a sus seguidores en una escala de 0 a 100 y basa su cálculo en factores como número de seguidores, retuiteos y hashtags.
A pesar de que en su familia sabían que utilizaba Twitter para expresarse y desahogarse, no estaban conscientes del impacto que causaba lo que Inés decía. Ni siquiera ella lo sabía. No fue sino hasta recibir las primeras amenazas por esa misma vía que le pidieron que dejara de tuitear para evitar problemas, pero dicen que la doctora en Química era a veces un poco impulsiva y terca. Así como también es dueña de una fe sobre la cual afianza su esperanza de ser liberada para continuar dedicándose a sus investigaciones de carácter científico.
Desde el primer momento, durante la imputación, tenía miedo pero no se mostraba negativa. De hecho, sus abogados recuerdan que el día que fue enjuiciada, era Inés quien les daba ánimos y decía que todo iba a salir bien. Hoy, en su celda de El Helicoide, le comenta jocosamente a quienes la visitan que ahí no le afectan esos problemas que a todos aquejan, como la escasez. Resulta que la sociedad civil contribuye con los detenidos y les hacen llegar productos básicos: “Aquí no se va ni la luz ni el agua y hay todo lo que afuera escasea: jabón, desodorante y papel higiénico”.
Inés González lleva más de 280 días privada de libertad.
Prodavinci
Inés González tiene 42 años de edad. Es la mayor de tres hermanos y se llama Inés como su madre, Inés Árraga. El apodo de Inesita vino por ser la más pequeña de todas las Inés que hay en su familia. El adjetivo de terrible llegó después, en 2011, cuando volvió a abrir su cuenta de Twitter después de que la anterior, según dijo, fue hackeada. Es maracucha y se autodefinió agitadora de oficio y disidente del régimen cuando escribió su biografía de la red social de los 140 caracteres. Así, @inesitaterrible parece ser el alter ego de una doctora en química que sus allegados describen como una persona tranquila y con bastante sentido del humor.
El 4 de octubre de 2014, Inés fue detenida en Maracaibo por fuerzas de seguridad del Sebin. Su 2.0 lo constata: fue la última vez que tuiteó desde su cuenta personal. Había sido imputada por los delitos de instigación al odio, ultraje a funcionario público y ultraje violento por tuitear sobre la muerte del fallecido diputado Robert Serra. Tras 48 horas en detención, fue presentada ante el juzgado pero la audiencia fue diferida para el día siguiente. El 7 de octubre se presentó nuevamente y se ordenó su privativa de libertad. Fue trasladada a El Helicoide.
Antes de ser enjuiciada, Inés llevaba una rutina sencilla entre su casa, su trabajo y sus amigos. Sus allegados aseguran que es muy estudiosa. Incluso, en su timeline de Twitter se ha autodefinido como una nerd. Siempre le apasionó la química. Luego de culminar sus estudios en 1990 en el Colegio San Vicente de Paúl, estudió Química en la Universidad del Zulia. Sus familiares cuentan que siempre tuvo esa vocación. Se planteó cursar un doctorado para continuar sus estudios en el área: hizo un Magister en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y luego sacó un PhD. en la Universidad de Akron, en Ohio. Trabajó como investigadora en el IVIC.
Su cuarto y su celda no se parecen en nada. Inés ha llegado a compartir celda hasta con quince mujeres más. No obstante, en ambos lugares tiene sus libros sobre química. A su familia le extrañó recibir el pedido de Inés de que le llevaran a El Helicoide sus textos de ciencias, pero se los llevaron. Fueron varias cajas. Los quería para enseñarle química a una compañera, también privada de libertad, que deseaba estudiar Enfermería al salir. Para no desaprovechar el tiempo, Inés le explicó la materia a la muchacha durante su estadía.
Además de Inesita, otros siete tuiteros venezolanos fueron privados de libertad el año pasado por escribir en la red social textos relacionados con el asesinato de Robert Serra: Leonel Sánchez (@AnonymousWar), Víctor Ugas (@VictorUgas), Ginnette Hernández y Lessi Marcano (@Hiipolita), Daniely Benítez (@pretinha76), Abraham David Muñoz (@AbrahamDZ) y María Magalys Contreras (@marletmaga).
Al momento de publicar este post, los tres últimos ya se encuentran en libertad. El resto continúa esperando que se suspendan sus sentencias.
¿Ir a prisión por expresarse en las redes sociales?
De acuerdo con Mariaengracia Chirinos, la coordinadora del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), en Venezuela no existe una regulación específica para Internet que contemple la actuación de los ciudadanos ni del Estado, los proveedores del servicio o los intermediarios, donde figuran plataformas como Google, Twitter o Facebook. Y en el caso de los ochos tuiteros privados de libertad, no existe imputación de delito alguno vinculado con la expresión en Internet, sino por faltas correspondientes con otras normas penales. Según Chirinos, esto ocasiona que las penalizaciones sean excesivas y que los ciudadanos se cohíban de expresarse, pues se genera un tipo de censura y autocensura.
En los países donde no existen regulaciones específicas, Chirinos sostiene que se debe acudir a la esencia de la Libertad de Expresión y de Información, la cual garantiza a los ciudadanos su derecho a expresarse sin ningún tipo de riesgos ni amenazas. “Mientras otros países de la región han ido avanzando en construir un marco civil que regule la actuación de todas las personas con acceso a Internet, en Venezuela eso se ha retrasado y, además, se ha aumentado la aplicación de penas”, agrega la coordinadora del IPYS.
Ahora que sus horas son más largas, que no puede ver Breaking Bad ni va a su trabajo ni revisa las redes sociales, Inés lee y sigue estudiando Química en El Helicoide. Confiesa que al salir quiere retomar su vida y seguir dedicándose a la investigación. En su celda, además de leer textos sobre Química, la maracucha también lee la Biblia. Durante su período activo en Twitter a veces compartía salmos: Perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; #Venezuela.
Inés lleva poco más de nueve meses privada de libertad. Asegura tener fe en su liberación, pues no hay motivos para que no sea pronto: reconoció el delito de instigación pública y pidió disculpas por los comentarios hechos sobre el fallecido diputado. Las propias autoridades desistieron de los otros dos cargos.
¿Se están violando sus derechos?
De acuerdo con Liliana Ortega, directora de Cofavic, desde las protestas de 2014 se han presentado varios problemas en materia de Derechos Humanos. Uno de ellos es el hecho de que toda persona debe ser juzgada en libertad, de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno y los estándares internacionales. No obstante, la forma usual de proceder ha sido la opuesta: primero se efectuaban las detenciones y luego se juzgaba. “Esto causa lo que se conoce como una ‘revictimización’, porque la persona se siente condenada antes de ser enjuiciada”, afirma Ortega.
También hay un acceso limitado a los medios de defensa disponibles y una recurrencia de prejuicios y alegaciones condenatorias antes de que se lleven a cabo los juicios, algo que puede implicar la toma de decisiones preconcebidas. A estos aspectos la directora de Covafic suma las condiciones de los lugares de reclusión, que en muchos casos no cuentan con una asistencia médica de confianza para diagnosticar el estado de salud del recluso.
Este último punto preocupa a Inés y a sus familiares. La tuitera padece de una condición médica llamada endometriosis, caracterizada por fuertes dolores pélvicos y abdominales. Debido a esta enfermedad, Inés no puede tener hijos y, antes de su privativa de libertad, estaba bajo tratamiento para aliviar los dolores. Sin embargo, no ha podido continuarlo desde su reclusión, por lo que su familia pide que la joven sea examinada por un médico de confianza cuanto antes.
Según Ortega, cuando las personas padecen condiciones de este tipo, la situación es extensible a la familia, principalmente por la impotencia que les genera. Por otra parte, el caso de Inés González también ha sido afectado por falsas alegaciones de torturas y violaciones que, de acuerdo con sus familiares, nunca han tenido lugar. Más bien aseguran que el trato ha sido respetuoso y piden que se evite la difusión de información falsa que pueda entorpecer su proceso.
La cuenta @inesitaterrible
Con más de 68 mil seguidores y más de 25 mil tuits, la cuenta @inesitaterrible tiene un índice klout de 60. Es relativamente alto, según este indicador que ubica la influencia de un usuario con respecto a sus seguidores en una escala de 0 a 100 y basa su cálculo en factores como número de seguidores, retuiteos y hashtags.
A pesar de que en su familia sabían que utilizaba Twitter para expresarse y desahogarse, no estaban conscientes del impacto que causaba lo que Inés decía. Ni siquiera ella lo sabía. No fue sino hasta recibir las primeras amenazas por esa misma vía que le pidieron que dejara de tuitear para evitar problemas, pero dicen que la doctora en Química era a veces un poco impulsiva y terca. Así como también es dueña de una fe sobre la cual afianza su esperanza de ser liberada para continuar dedicándose a sus investigaciones de carácter científico.
Desde el primer momento, durante la imputación, tenía miedo pero no se mostraba negativa. De hecho, sus abogados recuerdan que el día que fue enjuiciada, era Inés quien les daba ánimos y decía que todo iba a salir bien. Hoy, en su celda de El Helicoide, le comenta jocosamente a quienes la visitan que ahí no le afectan esos problemas que a todos aquejan, como la escasez. Resulta que la sociedad civil contribuye con los detenidos y les hacen llegar productos básicos: “Aquí no se va ni la luz ni el agua y hay todo lo que afuera escasea: jabón, desodorante y papel higiénico”.
Inés González lleva más de 280 días privada de libertad.
Prodavinci
viernes, 10 de julio de 2015
Venezuela - Devaluación
El bolívar venezolano ya solo vale el 1% de lo que dice el tipo de cambio oficial
Las empresas españolas se verán abocadas a nuevos ajustes en sus cuentas
Venezuela retira dinero del FMI por la necesidad de liquidez
MIGUEL JIMÉNEZ Madrid 10 JUL 2015 - 13:05 CEST
El Gobierno de Nicolás Maduro mantiene artificialmente como tipo de cambio de referencia oficial el de 6,3 bolívares fuertes por cada dólar estadounidense. Venezuela ha tratado de evitar formalmente una devaluación, pero esta se ha producido de forma más o menos disimulada, pero inexorable. La pérdida de valor del bolívar en un país considerado hiperinflacionario se ha acelerado y el valor real en el mercado paralelo de la moneda venezolana es ya de solo el 1% de su teórico tipo de cambio oficial.
La página web dolartoday.com se ha convertido en la referencia oficiosa del mercado negro o paralelo, que sirve de referencia para intercambios al margen de los mecanismos oficiales. Este jueves marcaba un cambio de 591,8 bolívares por cada dólar. Eso supone solamente el 1% del tipo de cambio oficial de 6,3 bolívares por cada dólar.
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Con esa referencia, el valor del billete de mayor denominación, el de 100 bolívares fuertes, equivale a solamente 15 céntimos de euro. El de 2 bolívares casi carece de valor y las monedas desaparecen de la circulación. Como el precio de la gasolina de mayor octanaje se mantiene congelado en 0,097 bolívares por litro desde hace años por el temor a las protestas sociales en caso de subida, la gasolina es prácticamente gratis. Tomando como referencia ese tipo de cambio paralelo, con el equivalente a un céntimo de euro se puede llenar un depósito de 50 litros de gasolina.
En sentido contrario, el contraste entre los tipos oficiales y los del mercado negro es tan grande que si los precios se calculan al tipo de cambio oficial se den absurdos como que un iPhone pueda costar más de 45.000 dólares.
La pérdida de confianza en la gestión monetaria venezolana, la drástica caída de las reservas de divisas y la de la cotización del petróleo, la principal fuente de divisas para el país, han acelerado el desplome del valor del bolívar. El dólar paralelo ha marcado hoy su máximo tras conocerse que Venezuela ha vuelto a retirar reservas del Fondo Monetario Internacional (FMI) ante sus necesidades de liquidez. En concreto, han sido 1.500 millones de dólares.
Otros tipos de cambio
El Gobierno venezolano ha creado otros tipos de cambio algo más altos para suministrar dólares para algunas importaciones. En la actualidad, además del tipo de cambio oficial, existe el llamado Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), con un cambio de 12,80 bolívares por dólar y el Sistema Marginal de Divisas (Simadi) a 200 bolívares por dólar. Se ha abandonado un cuarto tipo de cambio, el Sicad II, que se situaba en 52 bolívares por dólar.
Hasta el presidente de Perú, Ollanta Humala, advirtió este miércoles en Madrid al Gobierno de Nicolás Maduro que el modelo de varios tipos de cambio era un foco de ineficiencias y corrupción y que su país lo había sufrido en carne propia en el pasado. “Ya lo hemos vivido. En los años ochenta tuvimos hiperinflación, que te licúa la economía. Y, además, los distintos tipos de cambio dieron pie a la corrupción. Esa crisis originó una diáspora de dos millones de peruanos. No lo recomendamos”, señaló Humala.
Para las empresas españolas con inversiones en el país, la permanente devaluación de la moneda obligará a hacer nuevos ajustes incluso a aquellas que han decidido aplicar un tipo de cambio más conservador, como Mapfre, BBVA y Meliá. Estas se acogieron al Simadi, pero los bolívares ya valen entre un tercio y la mitad del cambio al que las empresas lo contabilizan en sus cuentas. Peor tiene las cosas Telefónica, que adoptó el Sicad II, a unos 50 bolívares por dólar, y que tendrá que volver a hacer un considerable ajuste.
El País - España
El Gobierno de Nicolás Maduro mantiene artificialmente como tipo de cambio de referencia oficial el de 6,3 bolívares fuertes por cada dólar estadounidense. Venezuela ha tratado de evitar formalmente una devaluación, pero esta se ha producido de forma más o menos disimulada, pero inexorable. La pérdida de valor del bolívar en un país considerado hiperinflacionario se ha acelerado y el valor real en el mercado paralelo de la moneda venezolana es ya de solo el 1% de su teórico tipo de cambio oficial.
La página web dolartoday.com se ha convertido en la referencia oficiosa del mercado negro o paralelo, que sirve de referencia para intercambios al margen de los mecanismos oficiales. Este jueves marcaba un cambio de 591,8 bolívares por cada dólar. Eso supone solamente el 1% del tipo de cambio oficial de 6,3 bolívares por cada dólar.
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La devaluación en Venezuela le cuesta otros 2.840 millones a Telefónica
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Con esa referencia, el valor del billete de mayor denominación, el de 100 bolívares fuertes, equivale a solamente 15 céntimos de euro. El de 2 bolívares casi carece de valor y las monedas desaparecen de la circulación. Como el precio de la gasolina de mayor octanaje se mantiene congelado en 0,097 bolívares por litro desde hace años por el temor a las protestas sociales en caso de subida, la gasolina es prácticamente gratis. Tomando como referencia ese tipo de cambio paralelo, con el equivalente a un céntimo de euro se puede llenar un depósito de 50 litros de gasolina.
En sentido contrario, el contraste entre los tipos oficiales y los del mercado negro es tan grande que si los precios se calculan al tipo de cambio oficial se den absurdos como que un iPhone pueda costar más de 45.000 dólares.
La pérdida de confianza en la gestión monetaria venezolana, la drástica caída de las reservas de divisas y la de la cotización del petróleo, la principal fuente de divisas para el país, han acelerado el desplome del valor del bolívar. El dólar paralelo ha marcado hoy su máximo tras conocerse que Venezuela ha vuelto a retirar reservas del Fondo Monetario Internacional (FMI) ante sus necesidades de liquidez. En concreto, han sido 1.500 millones de dólares.
Otros tipos de cambio
El Gobierno venezolano ha creado otros tipos de cambio algo más altos para suministrar dólares para algunas importaciones. En la actualidad, además del tipo de cambio oficial, existe el llamado Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), con un cambio de 12,80 bolívares por dólar y el Sistema Marginal de Divisas (Simadi) a 200 bolívares por dólar. Se ha abandonado un cuarto tipo de cambio, el Sicad II, que se situaba en 52 bolívares por dólar.
Hasta el presidente de Perú, Ollanta Humala, advirtió este miércoles en Madrid al Gobierno de Nicolás Maduro que el modelo de varios tipos de cambio era un foco de ineficiencias y corrupción y que su país lo había sufrido en carne propia en el pasado. “Ya lo hemos vivido. En los años ochenta tuvimos hiperinflación, que te licúa la economía. Y, además, los distintos tipos de cambio dieron pie a la corrupción. Esa crisis originó una diáspora de dos millones de peruanos. No lo recomendamos”, señaló Humala.
Para las empresas españolas con inversiones en el país, la permanente devaluación de la moneda obligará a hacer nuevos ajustes incluso a aquellas que han decidido aplicar un tipo de cambio más conservador, como Mapfre, BBVA y Meliá. Estas se acogieron al Simadi, pero los bolívares ya valen entre un tercio y la mitad del cambio al que las empresas lo contabilizan en sus cuentas. Peor tiene las cosas Telefónica, que adoptó el Sicad II, a unos 50 bolívares por dólar, y que tendrá que volver a hacer un considerable ajuste.
El País - España
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