Gustavo Coronel: Nuncio, FAO, colaboracionismo y otras miserias morales
El Nuncio Apostólico Aldo Giordano es el embajador de la Santa sede en Venezuela y, como tal, el representante del Papa en Venezuela. Esa es su jerarquía. Su permanencia en Venezuela demuestra que el Papa está satisfecho con su actuación. Su presencia en actos oficiales y en suntuosas bodas de miembros de la narco-dictadura venezolana, gente que ha utilizado de manera inmoral su poder político para enriquecerse, es para mí prueba de que la postura papal frente a la tragedia venezolana ya no puede llamarse ambigua sino francamente colaboracionista. Ello me parece abominable.
No soy un diplomático y admito desconocer las reglas que conducen esta actividad. Pero si sé que ninguna actividad puede estructurar su propia moral. Sobre todo una actividad que se relaciona con el máximo líder espiritual del mundo católico. Confieso que no logro entender la colisión evidente entre lo que dicen y sienten los miembros de la Iglesia venezolana y la conducta del inmoral Nuncio Apostólico Aldo Giordano. Se podrá alegar que el personaje debía estar presente en una actividad oficial, cuando el narco-presidente, violando todas las reglas de la decencia democrática, asistió al tribunal Supremo de Justicia al presentar su remedo de cuentas, las cuales debían ser presentadas ante la Asamblea Nacional. Al validar este acto ilegítimo con su presencia el Nuncio Papal estaba validando la narco-dictadura. No hace falta ser un experto en diplomacia para darse cuenta de que debe haber una concordancia entre la representación diplomática y la decencia. Si ello no es posible, este Nuncio ha debido renunciar e irse del país o, al menos, “enfermarse”. Es indudable que fue ordenada su presencia, de otra manera ya lo hubiesen despedido de su cargo.
No contento con legitimar con su presencia en el TSJ una violación de principios morales que deberían ser sagrados, lo vemos posteriormente en la boda de un hijo de Calixto Ortega, funesto miembro de un Tribunal Supremo de Justicia que es un nido de hampones. No solo asiste a la suntuosa boda, la cual se celebra en un país de miseria, en el cual la gente come perros o basura, sino que se retrata muy orondo en compañía de pajarracos de la peor especie como José Vicente Rangel y Roy Chaderton y hasta firma como testigo de la boda. Y esta noticia sale en paralelo con informes sobre un lujoso apartamento en Madrid, presuntamente puesto en venta por el personaje Ortega, el cual muestra un lujo poco “revolucionario”.
Para mí el Nuncio Apostólico Aldo Giordano es un vulgar colaboracionista de la narco-dictadura y, como tal, merece el repudio de todos los venezolanos decentes. Me entristece ver que la Iglesia venezolana, entre quienes hay mucha gente que admiro por su entereza, tenga que soportar esta situación humillante, la cual desdice de una institución que debe estar por encima de estas aberraciones de conducta. Este Señor Giordano debe ser objeto de la protesta de toda la Venezuela digna, debe ser acusado por todos quienes creen que la moral y la religión deben ir estrechamente enlazadas y no ser palabras huecas solamente buenas para el engaño.
Así como este personaje merece nuestro desprecio hay otros quienes no violan reglas espirituales como los que debería tener el Nuncio sino que, simplemente, son representantes en Venezuela de organizaciones corruptas como la FAO. Esta organización ha mentido repetidamente hace años sobre la situación alimentaria de Venezuela y está plegada a la narco-dictadura, de forma tal que su representante en Caracas, Marcelo Resende, casi parece ser un miembro más del gabinete madurista, por sus repetidas e indecentes loas al régimen (reportadas por mí a las FAO en Roma, en cartas sin respuestas). Un estudio de CARITAS h puesto al descubierto este fraude de la FAO en Venezuela y un comunicado de diversas organizaciones universitarias y de investigación venezolanas pone revela las omisiones y complicidades de las FAO en Venezuela. El Comunicado dice así ( abreviado):
Informe de la FAO omitió información sobre la crisis venezolana
Organizaciones emiten un comunicado en respuesta al reciente informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), sobre el panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe en 2016.
Caracas, febrero 2017.- El Observatorio Venezolano de la Salud (OVS), el Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Venezuela, la Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición, la Fundación 5 al día, el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Venezuela y el Centro de Investigaciones Agro-Alimentarias de la Universidad de Los Andes (CIAAL), en conjunto con varias organizaciones, han decidido pronunciarse ante el más reciente informe publicado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), denominado “Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional: Sistemas alimentarios sostenibles para poner fin al hambre y la malnutrición. América Latina y el Caribe, 2016”, en virtud de la ausencia de información importante, real y verídica, sobre la situación alimentaria de Venezuela….. el deterioro de la situación alimentaria, nutricional y de salud en Venezuela se ha profundizado durante el último trienio 2014-2016, cuando los indicadores de alimentación, nutrición y salud han exhibido cifras nunca antes vistas en Venezuela, con el surgimiento de fenómenos que expresan situaciones extremas de inseguridad alimentaria y hambre en toda la población, en especial en los grupos vulnerables… Además de omitir información, el informe de la FAO incluye cifras desactualizadas sobre Venezuela. En el caso de las tasas de mortalidad materna, en menores de 5 años y neonatal de Venezuela, estas solo aparecen representadas a través de gráficos. No fueron tomados en cuenta los datos oficiales de la propia Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), presentada en 2015 ante la Asamblea Nacional, que muestra cifras alarmantes en el aumento del porcentaje de mortalidad materna, que fue 5,5 veces más alto que el valor registrado en el año 2012. Además, es importante resaltar que la tasa de mortalidad neonatal reportada en este informe de la FAO no coincide con los resultados presentados por el MPPS en su Memoria y Cuenta 2015, que muestran un exorbitante aumento 100 veces mayor al porcentaje de muertes neonatales/nacimientos vivos registrados con respecto a 2012. Con respecto a la disponibilidad de alimentos entre 2014 y 2015, el Informe no ofrece ningún análisis ante la gran diferencia, por defecto, que presenta Venezuela respecto a otros países en la cifra de importación de alimentos. No debe olvidarse que tanto las importaciones como exportaciones de alimentos en Venezuela registraron una importante reducción, acompañada de la disminución de la producción nacional de alimentos. Y en cuanto a la disponibilidad por grupos de alimentos correspondiente a las distintas regiones del mundo y de América Latina y el Caribe (expresadas en gramos/persona/día), en el Informe de la FAO llama la atención que la información incluida corresponde a los años 2009, 2010 y 2011, período en el cual la situación en Venezuela era completamente distinta… No alertar acerca de la situación alimentaria y nutricional venezolana actual podría ser considerado como una violación al mandato “Derechos Humanos en Primer Lugar”, cuando el personal en terreno local de las agencias del Sistema de Naciones Unidas no reporta a sus respectivas sedes la verdadera situación de la población (en este caso, la venezolana).
Para redondear este torneo de indignidades se celebra actualmente en Caracas una pomposa “celebración” del sátrapa venezolano fallecido, Hugo Chávez, a la cual han sido invitados y transportados en aviones del narco-régimen, hasta 200 personas de los países del ALBA, parásitos que han sido alimentados por los ingresos petroleros venezolanos, mientras el pueblo venezolano pasa hambre y sus ciudadanos son apresados, perseguidos y estigmatizados por su vocación democrática. Este podrido y cursi espectáculo se lleva a cabo frente a los ojos de una oposición silenciosa y deshilachada. Esta situación debe dar paso a una resistencia decidida, la cual debe ser liderada por venezolanos íntegros, no por los colaboracionistas e hipócritas políticos tradicionales quienes continúan hablando de negociar con la narco-dictadura. ¿Hasta cuando llaman estos señores a negociar y en nombre de que ética ciudadana pueden justificarse tales negociaciones?
Realmente esta situación es insoportable y requiere una reacción de la Venezuela digna.
¿En nombre de qué decencia puede justificarse esta confabulación de cobardes en contra de la libertad y de la democracia venezolana?
El Mismo País
miércoles, 8 de marzo de 2017
Miserias morales
Gustavo Coronel: Nuncio, FAO, colaboracionismo y otras miserias morales
El Nuncio Apostólico Aldo Giordano es el embajador de la Santa sede en Venezuela y, como tal, el representante del Papa en Venezuela. Esa es su jerarquía. Su permanencia en Venezuela demuestra que el Papa está satisfecho con su actuación. Su presencia en actos oficiales y en suntuosas bodas de miembros de la narco-dictadura venezolana, gente que ha utilizado de manera inmoral su poder político para enriquecerse, es para mí prueba de que la postura papal frente a la tragedia venezolana ya no puede llamarse ambigua sino francamente colaboracionista. Ello me parece abominable.
No soy un diplomático y admito desconocer las reglas que conducen esta actividad. Pero si sé que ninguna actividad puede estructurar su propia moral. Sobre todo una actividad que se relaciona con el máximo líder espiritual del mundo católico. Confieso que no logro entender la colisión evidente entre lo que dicen y sienten los miembros de la Iglesia venezolana y la conducta del inmoral Nuncio Apostólico Aldo Giordano. Se podrá alegar que el personaje debía estar presente en una actividad oficial, cuando el narco-presidente, violando todas las reglas de la decencia democrática, asistió al tribunal Supremo de Justicia al presentar su remedo de cuentas, las cuales debían ser presentadas ante la Asamblea Nacional. Al validar este acto ilegítimo con su presencia el Nuncio Papal estaba validando la narco-dictadura. No hace falta ser un experto en diplomacia para darse cuenta de que debe haber una concordancia entre la representación diplomática y la decencia. Si ello no es posible, este Nuncio ha debido renunciar e irse del país o, al menos, “enfermarse”. Es indudable que fue ordenada su presencia, de otra manera ya lo hubiesen despedido de su cargo.
No contento con legitimar con su presencia en el TSJ una violación de principios morales que deberían ser sagrados, lo vemos posteriormente en la boda de un hijo de Calixto Ortega, funesto miembro de un Tribunal Supremo de Justicia que es un nido de hampones. No solo asiste a la suntuosa boda, la cual se celebra en un país de miseria, en el cual la gente come perros o basura, sino que se retrata muy orondo en compañía de pajarracos de la peor especie como José Vicente Rangel y Roy Chaderton y hasta firma como testigo de la boda. Y esta noticia sale en paralelo con informes sobre un lujoso apartamento en Madrid, presuntamente puesto en venta por el personaje Ortega, el cual muestra un lujo poco “revolucionario”.
Para mí el Nuncio Apostólico Aldo Giordano es un vulgar colaboracionista de la narco-dictadura y, como tal, merece el repudio de todos los venezolanos decentes. Me entristece ver que la Iglesia venezolana, entre quienes hay mucha gente que admiro por su entereza, tenga que soportar esta situación humillante, la cual desdice de una institución que debe estar por encima de estas aberraciones de conducta. Este Señor Giordano debe ser objeto de la protesta de toda la Venezuela digna, debe ser acusado por todos quienes creen que la moral y la religión deben ir estrechamente enlazadas y no ser palabras huecas solamente buenas para el engaño.
Así como este personaje merece nuestro desprecio hay otros quienes no violan reglas espirituales como los que debería tener el Nuncio sino que, simplemente, son representantes en Venezuela de organizaciones corruptas como la FAO. Esta organización ha mentido repetidamente hace años sobre la situación alimentaria de Venezuela y está plegada a la narco-dictadura, de forma tal que su representante en Caracas, Marcelo Resende, casi parece ser un miembro más del gabinete madurista, por sus repetidas e indecentes loas al régimen (reportadas por mí a las FAO en Roma, en cartas sin respuestas). Un estudio de CARITAS h puesto al descubierto este fraude de la FAO en Venezuela y un comunicado de diversas organizaciones universitarias y de investigación venezolanas pone revela las omisiones y complicidades de las FAO en Venezuela. El Comunicado dice así ( abreviado):
Informe de la FAO omitió información sobre la crisis venezolana
Organizaciones emiten un comunicado en respuesta al reciente informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), sobre el panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe en 2016.
Caracas, febrero 2017.- El Observatorio Venezolano de la Salud (OVS), el Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Venezuela, la Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición, la Fundación 5 al día, el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Venezuela y el Centro de Investigaciones Agro-Alimentarias de la Universidad de Los Andes (CIAAL), en conjunto con varias organizaciones, han decidido pronunciarse ante el más reciente informe publicado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), denominado “Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional: Sistemas alimentarios sostenibles para poner fin al hambre y la malnutrición. América Latina y el Caribe, 2016”, en virtud de la ausencia de información importante, real y verídica, sobre la situación alimentaria de Venezuela….. el deterioro de la situación alimentaria, nutricional y de salud en Venezuela se ha profundizado durante el último trienio 2014-2016, cuando los indicadores de alimentación, nutrición y salud han exhibido cifras nunca antes vistas en Venezuela, con el surgimiento de fenómenos que expresan situaciones extremas de inseguridad alimentaria y hambre en toda la población, en especial en los grupos vulnerables… Además de omitir información, el informe de la FAO incluye cifras desactualizadas sobre Venezuela. En el caso de las tasas de mortalidad materna, en menores de 5 años y neonatal de Venezuela, estas solo aparecen representadas a través de gráficos. No fueron tomados en cuenta los datos oficiales de la propia Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), presentada en 2015 ante la Asamblea Nacional, que muestra cifras alarmantes en el aumento del porcentaje de mortalidad materna, que fue 5,5 veces más alto que el valor registrado en el año 2012. Además, es importante resaltar que la tasa de mortalidad neonatal reportada en este informe de la FAO no coincide con los resultados presentados por el MPPS en su Memoria y Cuenta 2015, que muestran un exorbitante aumento 100 veces mayor al porcentaje de muertes neonatales/nacimientos vivos registrados con respecto a 2012. Con respecto a la disponibilidad de alimentos entre 2014 y 2015, el Informe no ofrece ningún análisis ante la gran diferencia, por defecto, que presenta Venezuela respecto a otros países en la cifra de importación de alimentos. No debe olvidarse que tanto las importaciones como exportaciones de alimentos en Venezuela registraron una importante reducción, acompañada de la disminución de la producción nacional de alimentos. Y en cuanto a la disponibilidad por grupos de alimentos correspondiente a las distintas regiones del mundo y de América Latina y el Caribe (expresadas en gramos/persona/día), en el Informe de la FAO llama la atención que la información incluida corresponde a los años 2009, 2010 y 2011, período en el cual la situación en Venezuela era completamente distinta… No alertar acerca de la situación alimentaria y nutricional venezolana actual podría ser considerado como una violación al mandato “Derechos Humanos en Primer Lugar”, cuando el personal en terreno local de las agencias del Sistema de Naciones Unidas no reporta a sus respectivas sedes la verdadera situación de la población (en este caso, la venezolana).
Para redondear este torneo de indignidades se celebra actualmente en Caracas una pomposa “celebración” del sátrapa venezolano fallecido, Hugo Chávez, a la cual han sido invitados y transportados en aviones del narco-régimen, hasta 200 personas de los países del ALBA, parásitos que han sido alimentados por los ingresos petroleros venezolanos, mientras el pueblo venezolano pasa hambre y sus ciudadanos son apresados, perseguidos y estigmatizados por su vocación democrática. Este podrido y cursi espectáculo se lleva a cabo frente a los ojos de una oposición silenciosa y deshilachada. Esta situación debe dar paso a una resistencia decidida, la cual debe ser liderada por venezolanos íntegros, no por los colaboracionistas e hipócritas políticos tradicionales quienes continúan hablando de negociar con la narco-dictadura. ¿Hasta cuando llaman estos señores a negociar y en nombre de que ética ciudadana pueden justificarse tales negociaciones?
Realmente esta situación es insoportable y requiere una reacción de la Venezuela digna.
¿En nombre de qué decencia puede justificarse esta confabulación de cobardes en contra de la libertad y de la democracia venezolana?
El Mismo País
sábado, 11 de febrero de 2017
ODEBRECHT
Odebrecht, el escándalo de corrupción que sacude a América Latina
03/02/2017
Obras de gran envergadura paralizadas, indignación popular y detenciones en serie: el escándalo de los sobornos pagados por el gigante brasileño de la construcción Odebrecht para obtener contratos en varios países extiende sus repercusiones en América Latina.
Una investigación tentacular sobre el sistema de corrupción de Petrobras en Brasil permitió echar luz sobre las prácticas de la mayor constructora de la región.
Desatada en 2014, la operación “Lavajato” reveló que las empresas brasileñas de la construcción, en primera fila de las cuales se halla Odebrecht, habían montado un cártel para alterar los jugosos mercados de subcontratación del grupo petrolero Petrobras sobornando a dirigentes de todo el espectro político.
La justicia de una decena de países, desde México a Argentina, pasando por Perú, Panamá y Uruguay, solicitó informaciones a los fiscales brasileños para investigar localmente sobre los contratos del grupo.
Durante más de una década, la empresa mantuvo este “esquema de corrupción masiva”, pagando alrededor de 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios gubernamentales de “tres continentes”, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En Brasil se esperan nuevas revelaciones explosivas a la brevedad: Odebrecht acordó con la justicia brindar informaciones a cambio de una reducción de las penas para 77 ejecutivos de la firma, entre ellos su expresidente Marcelo Odebrecht, actualmente encarcelado.
- Proyectos paralizados -
La investigación condujo al Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) a suspender el pago de 3.600 millones de dólares para 16 proyectos en Argentina, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Honduras y Guatemala.
Los países más afectados son aquellos que recibieron más fondos del BNDES: en Venezuela (3.100 millones de dólares) están comprometidos seis grandes proyectos, entre ellos la ampliación del metro de Caracas. Venezuela fue el país, luego de Brasil, en el que más sobornos se pagaron: unos 98 millones de dólares.
En República Dominicana, que recibió 2.500 millones de dólares del BNDES, están en juego obras de infraestructura vial y la construcción de una usina termoeléctrica.
En Perú, donde Odebrecht admitió haber pagado 29 millones de dólares entre 2005 y 2014, el gobierno le retiró a la empresa la concesión de la construcción de un gasoducto cotizado en 7.000 millones de dólares. Hasta ahora, apenas 30% de la obra, de una extensión de 1.100 kms en el sur del país, se ha concretado.
- Detenciones, allanamientos, audiencias -
Las detenciones de exministros y altos funcionarios se multiplican en todo el continente.
Hay incluso dirigentes allegados a algún presidente de la república que temen por su futuro. Es el caso de Argentina, donde el jefe de los servicios de inteligencia, Gustavo Arribas, está siendo investigado.
En Perú, una comisión parlamentaria convocó a los expresidentes Ollanta Humala (y su esposa Nadine Heredia) y Alejandro Toledo y al actual jefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski, en tanto exprimer ministro de Toledo.
En Panamá, el hermano y el hijo del expresidente Ricardo Martinelli, así como una decena de empresarios, están en la mira de la justicia.
En Colombia, el exministro adjunto de Transporte Gabriel García y el exsenador Otto Bula fueron detenidos.
Hubo además allanamientos a locales del grupo en varios países.
- Rabia popular -
Tras dos semanas de violentas manifestaciones, en Perú fue suprimido un peaje en una autopista del norte de Lima construida por Odebrecht.
Decenas de miles de personas marcharon a su vez por calles de Santo Domingo para reclamar el fin de la impunidad de funcionarios de gobierno y dirigentes locales de esta megaempresa.
- Odebrecht sancionada -
Autoridades de Ecuador, Panamá y República Dominicana decidieron no tener en cuenta a esta constructora en futuros llamados a licitación y prohibir que se le adjudiquen de manera directa obras públicas y contratos.
La compañía aceptó pagar una multa de 3.500 millones de dólares en Brasil, Estados Unidos y Suiza y se comprometió a abonar otras fuertes sumas (59 millones de dólares en Panamá, 189 millones en República Dominicana) por concepto de indemnizaciones.
Odebrecht registró un volumen de negocios de 39.119 millones de dólares en 2015, según los últimos resultados publicados.
El Estímulo
03/02/2017
Obras de gran envergadura paralizadas, indignación popular y detenciones en serie: el escándalo de los sobornos pagados por el gigante brasileño de la construcción Odebrecht para obtener contratos en varios países extiende sus repercusiones en América Latina.
Una investigación tentacular sobre el sistema de corrupción de Petrobras en Brasil permitió echar luz sobre las prácticas de la mayor constructora de la región.
Desatada en 2014, la operación “Lavajato” reveló que las empresas brasileñas de la construcción, en primera fila de las cuales se halla Odebrecht, habían montado un cártel para alterar los jugosos mercados de subcontratación del grupo petrolero Petrobras sobornando a dirigentes de todo el espectro político.
La justicia de una decena de países, desde México a Argentina, pasando por Perú, Panamá y Uruguay, solicitó informaciones a los fiscales brasileños para investigar localmente sobre los contratos del grupo.
Durante más de una década, la empresa mantuvo este “esquema de corrupción masiva”, pagando alrededor de 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios gubernamentales de “tres continentes”, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En Brasil se esperan nuevas revelaciones explosivas a la brevedad: Odebrecht acordó con la justicia brindar informaciones a cambio de una reducción de las penas para 77 ejecutivos de la firma, entre ellos su expresidente Marcelo Odebrecht, actualmente encarcelado.
- Proyectos paralizados -
La investigación condujo al Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) a suspender el pago de 3.600 millones de dólares para 16 proyectos en Argentina, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Honduras y Guatemala.
Los países más afectados son aquellos que recibieron más fondos del BNDES: en Venezuela (3.100 millones de dólares) están comprometidos seis grandes proyectos, entre ellos la ampliación del metro de Caracas. Venezuela fue el país, luego de Brasil, en el que más sobornos se pagaron: unos 98 millones de dólares.
En República Dominicana, que recibió 2.500 millones de dólares del BNDES, están en juego obras de infraestructura vial y la construcción de una usina termoeléctrica.
En Perú, donde Odebrecht admitió haber pagado 29 millones de dólares entre 2005 y 2014, el gobierno le retiró a la empresa la concesión de la construcción de un gasoducto cotizado en 7.000 millones de dólares. Hasta ahora, apenas 30% de la obra, de una extensión de 1.100 kms en el sur del país, se ha concretado.
- Detenciones, allanamientos, audiencias -
Las detenciones de exministros y altos funcionarios se multiplican en todo el continente.
Hay incluso dirigentes allegados a algún presidente de la república que temen por su futuro. Es el caso de Argentina, donde el jefe de los servicios de inteligencia, Gustavo Arribas, está siendo investigado.
En Perú, una comisión parlamentaria convocó a los expresidentes Ollanta Humala (y su esposa Nadine Heredia) y Alejandro Toledo y al actual jefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski, en tanto exprimer ministro de Toledo.
En Panamá, el hermano y el hijo del expresidente Ricardo Martinelli, así como una decena de empresarios, están en la mira de la justicia.
En Colombia, el exministro adjunto de Transporte Gabriel García y el exsenador Otto Bula fueron detenidos.
Hubo además allanamientos a locales del grupo en varios países.
- Rabia popular -
Tras dos semanas de violentas manifestaciones, en Perú fue suprimido un peaje en una autopista del norte de Lima construida por Odebrecht.
Decenas de miles de personas marcharon a su vez por calles de Santo Domingo para reclamar el fin de la impunidad de funcionarios de gobierno y dirigentes locales de esta megaempresa.
- Odebrecht sancionada -
Autoridades de Ecuador, Panamá y República Dominicana decidieron no tener en cuenta a esta constructora en futuros llamados a licitación y prohibir que se le adjudiquen de manera directa obras públicas y contratos.
La compañía aceptó pagar una multa de 3.500 millones de dólares en Brasil, Estados Unidos y Suiza y se comprometió a abonar otras fuertes sumas (59 millones de dólares en Panamá, 189 millones en República Dominicana) por concepto de indemnizaciones.
Odebrecht registró un volumen de negocios de 39.119 millones de dólares en 2015, según los últimos resultados publicados.
El Estímulo
miércoles, 30 de noviembre de 2016
Masacre de Barlovento
VENEZUELA
NOVIEMBRE 29, 2016 3:45 PM
Nueva masacre saca a la luz operaciones de exterminio en Venezuela
Yorman Mejías, de 25 años, sembraba frijoles en su pequeña finca ubicada cerca de la localidad venezolana de Yaguaba, a unos 90 kilómetros al este de Caracas, cuando llegaron los militares, quienes lo amenazaron con sus rifles de asalto y procedieron a golpearlo.
Dos adolescentes venezolanos esperan en una estación de policía tras ser arrestados en Caracas en marzo del 2009. THOMAS COEX AFP/Getty Images
ANTONIO MARÍA DELGADO
adelgado@elnuevoherald.com
Yorman Mejías, de 25 años, sembraba frijoles en su pequeña finca ubicada cerca de la localidad venezolana de Yaguaba, a unos 90 kilómetros al este de Caracas, cuando llegaron los militares, quienes lo amenazaron con sus rifles de asalto y procedieron a golpearlo.
“Esta es una Operación de Liberación del Pueblo”, anunció uno de los cinco uniformados, según versiones publicadas por la prensa local de los eventos ocurridos el 16 de octubre. Su hermano, un inválido postrado en una silla de ruedas, comenzó a quejarse.
“Cállate, deja de protestar, que a ti también te vamos a matar”, le advirtió un soldado que le apuntaba con su rifle. “Esto es una OLP y estamos cumpliendo órdenes presidenciales”.
Mejías, quien fue llevado esa tarde en un jeep de los militares, es uno de los 12 jóvenes que fueron encontrados este mes en fosas comunes en lo que está siendo llamado como “La Masacre de Barlovento”.
Los jóvenes habían sido interceptados por militares durante una operación de las OLP, programa emprendido por el régimen de Nicolás Maduro para enfrentar a la delincuencia en uno de los países más peligrosos del mundo.
Pero muchas de las redadas emprendidas bajo las OLP han terminado convirtiéndose en operaciones de exterminio, donde grupos conformados por docenas de soldados y policías salen a capturar bandoleros que luego son presentados a la opinión pública como “delincuentes abatidos” durante enfrentamientos con agentes del orden.
Según un informe elaborado recientemente por las ONGs Human Rights Watch y Provea, más de 700 personas habían sido ejecutadas extrajudicialmente desde el lanzamiento del programa.
“Salen a matar ”, dijo desde Caracas Inti Rodríguez, coordinador de Provea, organización que vela por los derechos humanos en Venezuela.
La diferencia en este caso es que las víctimas de la Masacre de Barlovento no eran delincuentes, afirmó Gabriela Buada Blondell, portavoz de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, ONG que vela por la preservación de los derechos humanos y que ha mantenido contacto con los familiares de las víctimas.
“Estos 12 muchachos no presentan prontuario policial. No tienen ningún tipo de antecedentes penales, e incluso, a uno de ellos (Mejías) lo agarraron cuando estaba trabajando en el campo”, resaltó Buada Blondell.
“Pero incluso de haber sido cierta la versión de que eran delincuentes. Tampoco se justifica lo que pasó”, agregó.
Lo que ocurrió fue que los jóvenes fueron ejecutados extrajudicialmente mientras se encontraban en cautiverio, incluso mostrando señales de tortura, como es el caso del propio Mejías.
Según los familiares, las víctimas habían sido detenidas por los militares entre los distintos pueblos de la zona y luego fueron trasladados hasta una vivienda, ubicada en la localidad de El Café, que sirve de centro de operaciones para los militares.
Sus cuerpos fueron encontrados seis semanas después, en dos fosas distintas excavadas por la zona.
Hasta el momento, 11 integrantes del ejército fueron expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por su presunta participación en los asesinatos y están siendo investigados por la fiscalía.
Entre los expulsados se encuentra un teniente coronel, un mayor y varios sargentos, que formaban parte de una unidad que había sido enviada hasta la región de Barlovento para tratar de contener la situación en la zona.
“La verdad es que Barlovento está tomada por las bandas. Esa es la realidad. En varios sectores de esa región, son las bandas la que están ejerciendo el control territorial”, explicó el periodista e investigador especializado en criminalística, Javier Ignacio Mayorca.
“La vía hacia oriente está tomada por el hampa. En Barlovento, en la troncal 9, es una zona que no es circulable después de la 6 de la tarde. Y las empresas que aún envían mercancía hacia oriente, les están instruyendo a sus conductores que bajo ningún concepto se detengan en la zona, aunque sea de día”, agregó.
Mayorca cree que las autoridades, en su desesperación por tratar de retomar el control de la zona, está ahora enviando a militares sin entrenamiento en labores policiales, con instrucciones de salir a eliminar al hampa militarmente.
Siga a Antonio María Delgado en Twitter:@DelgadoAntonioM
elnuevoherald
Dos adolescentes venezolanos esperan en una estación de policía tras ser arrestados en Caracas en marzo del 2009. THOMAS COEX AFP/Getty Images
ANTONIO MARÍA DELGADO
adelgado@elnuevoherald.com
Yorman Mejías, de 25 años, sembraba frijoles en su pequeña finca ubicada cerca de la localidad venezolana de Yaguaba, a unos 90 kilómetros al este de Caracas, cuando llegaron los militares, quienes lo amenazaron con sus rifles de asalto y procedieron a golpearlo.
“Esta es una Operación de Liberación del Pueblo”, anunció uno de los cinco uniformados, según versiones publicadas por la prensa local de los eventos ocurridos el 16 de octubre. Su hermano, un inválido postrado en una silla de ruedas, comenzó a quejarse.
“Cállate, deja de protestar, que a ti también te vamos a matar”, le advirtió un soldado que le apuntaba con su rifle. “Esto es una OLP y estamos cumpliendo órdenes presidenciales”.
Mejías, quien fue llevado esa tarde en un jeep de los militares, es uno de los 12 jóvenes que fueron encontrados este mes en fosas comunes en lo que está siendo llamado como “La Masacre de Barlovento”.
Los jóvenes habían sido interceptados por militares durante una operación de las OLP, programa emprendido por el régimen de Nicolás Maduro para enfrentar a la delincuencia en uno de los países más peligrosos del mundo.
Pero muchas de las redadas emprendidas bajo las OLP han terminado convirtiéndose en operaciones de exterminio, donde grupos conformados por docenas de soldados y policías salen a capturar bandoleros que luego son presentados a la opinión pública como “delincuentes abatidos” durante enfrentamientos con agentes del orden.
Según un informe elaborado recientemente por las ONGs Human Rights Watch y Provea, más de 700 personas habían sido ejecutadas extrajudicialmente desde el lanzamiento del programa.
“Salen a matar ”, dijo desde Caracas Inti Rodríguez, coordinador de Provea, organización que vela por los derechos humanos en Venezuela.
La diferencia en este caso es que las víctimas de la Masacre de Barlovento no eran delincuentes, afirmó Gabriela Buada Blondell, portavoz de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, ONG que vela por la preservación de los derechos humanos y que ha mantenido contacto con los familiares de las víctimas.
“Estos 12 muchachos no presentan prontuario policial. No tienen ningún tipo de antecedentes penales, e incluso, a uno de ellos (Mejías) lo agarraron cuando estaba trabajando en el campo”, resaltó Buada Blondell.
“Pero incluso de haber sido cierta la versión de que eran delincuentes. Tampoco se justifica lo que pasó”, agregó.
Lo que ocurrió fue que los jóvenes fueron ejecutados extrajudicialmente mientras se encontraban en cautiverio, incluso mostrando señales de tortura, como es el caso del propio Mejías.
Según los familiares, las víctimas habían sido detenidas por los militares entre los distintos pueblos de la zona y luego fueron trasladados hasta una vivienda, ubicada en la localidad de El Café, que sirve de centro de operaciones para los militares.
Sus cuerpos fueron encontrados seis semanas después, en dos fosas distintas excavadas por la zona.
Hasta el momento, 11 integrantes del ejército fueron expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por su presunta participación en los asesinatos y están siendo investigados por la fiscalía.
Entre los expulsados se encuentra un teniente coronel, un mayor y varios sargentos, que formaban parte de una unidad que había sido enviada hasta la región de Barlovento para tratar de contener la situación en la zona.
“La verdad es que Barlovento está tomada por las bandas. Esa es la realidad. En varios sectores de esa región, son las bandas la que están ejerciendo el control territorial”, explicó el periodista e investigador especializado en criminalística, Javier Ignacio Mayorca.
“La vía hacia oriente está tomada por el hampa. En Barlovento, en la troncal 9, es una zona que no es circulable después de la 6 de la tarde. Y las empresas que aún envían mercancía hacia oriente, les están instruyendo a sus conductores que bajo ningún concepto se detengan en la zona, aunque sea de día”, agregó.
Mayorca cree que las autoridades, en su desesperación por tratar de retomar el control de la zona, está ahora enviando a militares sin entrenamiento en labores policiales, con instrucciones de salir a eliminar al hampa militarmente.
Siga a Antonio María Delgado en Twitter:@DelgadoAntonioM
elnuevoherald
martes, 30 de agosto de 2016
1S
Un 1° de septiembre histórico
CARLOS E. AGUILERA A. / CAREDUAGUI@GMAIL.COM / @_TOQUEDEDIANA
30 DE AGOSTO 2016 - 12:01 AM
“Cualquier partido que se forme, ha de ser a base de los principios democráticos. De allí, pues, la diferencia de encontrarnos al espontáneo servidor de la democracia en la formación de una agrupación política de gobierno. Es demasiado el incentivo que tiene el cargo público, es demasiado el incentivo que tiene el favor superior del poder, para que no pueda arroparse con un manto de democracia quien tiene de todo, menos de demócrata”.
Andrés Eloy Blanco
No se puede decir que se vive en democracia cuando desde el poder se vulneran los derechos humanos, coarta la libertad de expresión y de prensa, expropian empresas privadas, privan de la libertad a personas que los adversan políticamente, y pisotean la Constitución Nacional a su libre albedrío y antojo. Quienes detentan el poder desde hace casi 18 años, en nombre de una falsa revolución socialista y a mala hora llamada bolivariana, en su empeño por cerrar el camino a los ciudadanos, restringen a más no poder todas las vías de la alternabilidad, diálogo, paz y convivencia nacional.
“Todo ser humano, sea cual fuere su origen cultural o histórico, sufre cuando lo intimidan, encarcelan o torturan (…), expresó Dalai Lama, en Nueva York en abril de 1994, y agregó que por ello debemos insistir en un consenso mundial, no solo en lo que se refiere a la necesidad de respetar los derechos humanos en todo el mundo, sino también en cuanto a la definición de esos derechos (…) puesto que en la naturaleza intrínseca de todo ser humano está el anhelo de libertad, igualdad y dignidad, y tiene idéntico derecho a satisfacerlo”.
Es difícil contestar al poder irracional, porque su irracionalidad es su dogma. Así lo demuestra el régimen chavista-comunista cuando pretende acabar con los partidos políticos y movimientos cívicos, y hace alarde de autoridad para seguir sosteniéndose autoritariamente, renegando la crítica y la contestación, y para ello cuenta con una justicia domesticada que se tornó servil, así como los otros poderes CNE, Defensoría del Pueblo, Contraloría, Fiscalía General de la República y FAN. El papel de contrapoder de los medios de comunicación pretende minimizarlo, y es objeto de persecución y para ello cuenta con leyes injustas, jueces venales, y la aquiescencia del TSJ. La historia juzgará el inmoral comportamiento de quienes entendieron que esta es una batalla más de la prensa ante el poder, como lo ha hecho de manera valiente otrora con otros tiranos. La victoria siempre estará del lado de los que difunden y buscan la verdad, y no de aquellos que impiden su difusión censurando toda forma de expresión crítica, todo cuanto pretende darle sentido a la libertad y a la democracia.
En una verdadera democracia es necesario que exista una mayor coherencia entre el interés popular y la respuesta de un gobierno, en cuanto a las propuestas de un pueblo que anhela mejorar sus condiciones de vida y no con la constante amenaza, como cuando el verdugo espera bajar la guillotina en el patíbulo, en el momento en el que se le imparta la orden. Un pueblo no puede jamás estar sometido siempre bajo improperios, insultos, agravios, descalificaciones y exclusiones, que a diario y con cualquier pretexto vocifera quien se rasga el pecho afirmando ser un demócrata y convencido amante de la paz, sosiego, tranquilidad y amor de sus gobernados, con el puño cerrado y en alto, contraseña propia del fascismo del que tanto reniega y acusa a la oposición. Ignora Maduro que no gobierna solo para un determinado grupo político o para su facción comunista, sino para todo un pueblo, indistintamente de su ideología política, posición o naturaleza.
En otros países en donde se ejerce auténticamente la democracia y existe la independencia de poderes, los pueblos se pronuncian abierta y públicamente en calles, plazas y lugares públicos sin restricciones de ninguna naturaleza, y sin la amenaza constante de miembros de las fuerzas armadas. Por tanto, los actos populares que el pueblo venezolano viene realizando desde hace tiempo en lugares públicos, debe hacerle entender al régimen socialista, marxista, y por ende comunista, que la Constitución Nacional en su artículo 332 reza textualmente en uno de sus apartes: “El Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden público, proteger al ciudadano o ciudadana, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales de conformidad con la ley, los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna”.El populismo y la demagogia puesto de manifiesto recurrentemente por Maduro, Cabello, Rodríguez y su entorno, le causa enorme daño a la democracia, y para contrarrestarles es necesario buscar alternativas como las manifestaciones, marchas y convocatorias, que el gobierno está obligado de acuerdo con la propia carta magna, a respetar así como sus derechos inalienables a la vida, libertad y a la propiedad. En su afán de perpetuarse en el poder, niegan toda competencia a la Asamblea Nacional, a cuyas autoridades descalifican y entorpecen su legitimidad, y como consigna que sus conmilitones camaradas repiten cansonamente a diario, le endilgan el remoquete de fascista, cuya clave es su orientación nacionalista, y constituye el pretexto para orientar toda la actividad social, deviniéndose en totalitario, es decir, interviene en todos los aspectos de la vida nacional y de las personas. En otras palabras, de autores de este desaguisado o entreverado cobijado bajo una supuesta revolución, pasan a convertirse en reos de su propio delito. Mussolini lo definió: “Todo en el Estado, nada contra el Estado”, en tanto que Fidel Castro dijo: “Dentro de la revolución, todo, contra la revolución nada” y el extinto Chávez afirmó: “Dentro de la Constitución todo, sin la Constitución nada”. Qué irónica coincidencia la de estos tres personajes. El refranero popular reza: “El mismo mono con diferente cachimbo”, pero el propósito es el mismo: eternizarse en el poder.Conviene recordar que el Estado fascista recurre a todas las artimañas para controlar la economía: proteccionismo, salvaguardias, direccionamiento del crédito, planificación central, prebendas, regulación salarial, manipulación monetaria (tipos de cambio) y limitación a la libre actividad económica, entre otras razones, en procura de un proyecto que califican de nacionalista, en el que algunas empresas privadas son toleradas en la medida en que se acomodan a la voluntad de los autócratas. La monomanía del régimen chavista-madurista-comunista, se traduce siempre en una obsesión en procura de convencer de que la felicidad máxima del pueblo solo es posible en socialismo, rasgo notorio y permanente con la hipertrofia del aparato de propaganda estatal, con el único y perverso fin de vender el proyecto encarnado siempre en un caudillo o guía todopoderoso e intocable, para cuyo fin utilizan a más no poder la efigie, videos, mensajes, discursos y todo cuanto material sea necesario del fallecido hace dos años y medio Hugo Chávez, padre de la tragedia que vivimos millones de venezolanos.
Esta dolorosa experiencia que venimos padeciendo desde hace años nos obliga a reflexionar definitivamente, por cuanto, pese a las dificultades vividas, se convirtieron en importantes lecciones que harán posible evitar a futuro las graves confrontaciones que sufre la democracia venezolana, y para alcanzar este objetivo es necesario afrontar con valor, valentía, sin miedo y temores los inmediatos retos que tenemos por delante. Uno de ellos la masiva asistencia a la “Toma de Caracas” el próximo 1° de septiembre en forma cívica, pacífica y constitucional, sin que importen las amenazas y confrontaciones que cínica y descaradamente han manifestado Maduro, Cabello y sus camaradas llamados colectivos, dispuestos a sabotear este acto del 1° de septiembre con una manifestación que realizarán el mismo día, con el más burdo y rayado pretexto: “Apoyar al régimen en su lucha contra la guerra económica, política y social generada por el imperialismo de Estados Unidos, Fedecámaras, burguesía parasitaria, pelucones (vocablo plagiado del presidente ecuatoriano Correa) y la oposición”.
domingo, 28 de agosto de 2016
Arco Minero del Orinoco
La Misión de la Red ARA es Integrar y fortalecer las organizaciones ambientales para el logro de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, la conservación de la biodiversidad y el bienestar humano a través del trabajo en equipo, la comunicación, la creación de capacidades y fomentar la generación de conocimientos
lunes, 8 de agosto de 2016
Arco y flecha al sur del Orinoco
“Para el indígena toda destrucción del medio ambiente es una destrucción de sí mismo” Carlos Figueroa, Piasán Pemón de Tei-Pun.
El decreto presidencial N° 2.248 oficializó el “Arco Minero del Orinoco” en los territorios indígenas geopolíticamente ubicados en la Guayana venezolana, tierras y hábitats de pueblos y comunidades indígenas yekuanas, piaroas, piapoco, hibi, warekena, baré, sanemá, hoti, eñepa, piapoco, pemón, arawak y akawayo, entre otras etnias, habitantes y pobladores ancestrales de un vasto territorio. Cada pueblo con su lengua, territorialidad, cultura, tradicionalidad y cosmovisión, pero teniendo en común, a veces el idioma español, y un lazo muy estrecho con su entorno medio ambiental, que sustenta sus modos y medios de vida, conjugando una simbiosis perfecta entre hombre y naturaleza.
Este decreto inconsulto, que impulsa el fracasado modelo extractivista y rentista del gobierno venezolano, es una afrenta al discurso de reivindicación y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, constituyendo quizás, la más grande contradicción ideológica práctica entre muchas más, del socialismo del siglo XXI latinoamericano.
En su derecho consuetudinario, nuestras etnias se enfrentaron con sus armas rudimentarias al invasor europeo y jamás se doblegaron, nunca aceptaron la esclavitud y se sacrificaron por defender sus pueblos y sus tierras. Hoy el gobierno desconoce ese derecho ancestral, pues en su afán de conseguir divisas, ha entregado una gran porción del territorio de la patria y nuestras etnias, a más de 150 compañías de 35 países para que ejecuten un plan de explotación minera en grandes extensiones de bosques y sabanas, en su mayoría vírgenes aun, produciendo un nuevo genocidio contra nuestros pueblos originarios, a sabiendas que todo un arsenal de promesas ha logrado lo que no pudieron los conquistadores, doblegar las almas indígenas mal poniendo por encima de toda organización ancestral la disciplina de un partido único.
La activación del arco minero del Orinoco concurrirá en la muerte de naciones indígenas con más de 14 mil años asentadas en una de las regiones más antiguas de la tierra, entre ellas la nación mapoyo, cuyo idioma fue declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO en noviembre 2014, es decir estamos frente a una de las peores depredaciones a nuestra madre tierra, impulsada por un gobierno que se autodenomina “ecosocialista” y que oficializó la “resistencia indígena” y bajó a los conquistadores europeos del pedestal de la historia, para honrar a nuestros caciques. ¿Será que para seguir los honores le colocaron ese nombre (Arco), en alusión al arco y la flecha, símbolo de la resistencia?
Aún, si en el mejor de los escenarios, el gobierno actual decidiera derogar el decreto 2.248, no existe garantía política, constitucional, legal, militar o técnica que evite la persistente, sistemática, empoderada, apadrinada, armada y financiada invasión de mineros ilegales a los territorios indígenas, afectando sus derechos constitucionales al territorio (Art.119), al ambiente sano (Art.127) y a la integridad personal y cultural (Art. 121). Por el contrario, si al día de hoy persiste la ingobernabilidad, debilidad institucional, pérdida de soberanía y desidia gubernamental en lo hoy delimitado como Arco Minero, lo más seguro es que, al no actuar desde el verdadero interés de nuestras etnias, ese sea el escenario que siga prevaleciendo.
Solo es posible revertir tal escenario si se reactiva y concreta el otorgamiento de los títulos de tierra y hábitat, productos de la autodemarcación de territorios ancestrales, en aras de construir en conjunto mecanismos para la defensa de la soberanía e integridad territorial del país. Sería la única forma de contener el “genocidio silencioso” que la “revolución” persiste en continuar contra nuestras culturas originarias. Ese paso si garantizaría la aplicación de los planes de vida (bien o no apoyados por el Estado y la institucionalidad), consagrados en el artículo 123 de la Constitución, al prevalecer un paradigma más sustentable, ecológico, y por tanto más realmente de acuerdo con los valores de las culturas indígenas, reemplazando el “modelo rentista extractivista minero y petrolero” por alternativas ecológicas, económicas y biológicas preservadoras de la vida y la sustentabilidad, algo perfectamente posible si sólo hubiera la voluntad política y verdaderamente revolucionaria.“Contra el Arco Minero, Arco y Flecha”
Luis Jiménez
C.I. 7.492.724
Red ARA Venezuela
“Para el indígena toda destrucción del medio ambiente es una destrucción de sí mismo” Carlos Figueroa, Piasán Pemón de Tei-Pun.
El decreto presidencial N° 2.248 oficializó el “Arco Minero del Orinoco” en los territorios indígenas geopolíticamente ubicados en la Guayana venezolana, tierras y hábitats de pueblos y comunidades indígenas yekuanas, piaroas, piapoco, hibi, warekena, baré, sanemá, hoti, eñepa, piapoco, pemón, arawak y akawayo, entre otras etnias, habitantes y pobladores ancestrales de un vasto territorio. Cada pueblo con su lengua, territorialidad, cultura, tradicionalidad y cosmovisión, pero teniendo en común, a veces el idioma español, y un lazo muy estrecho con su entorno medio ambiental, que sustenta sus modos y medios de vida, conjugando una simbiosis perfecta entre hombre y naturaleza.
Este decreto inconsulto, que impulsa el fracasado modelo extractivista y rentista del gobierno venezolano, es una afrenta al discurso de reivindicación y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, constituyendo quizás, la más grande contradicción ideológica práctica entre muchas más, del socialismo del siglo XXI latinoamericano.
En su derecho consuetudinario, nuestras etnias se enfrentaron con sus armas rudimentarias al invasor europeo y jamás se doblegaron, nunca aceptaron la esclavitud y se sacrificaron por defender sus pueblos y sus tierras. Hoy el gobierno desconoce ese derecho ancestral, pues en su afán de conseguir divisas, ha entregado una gran porción del territorio de la patria y nuestras etnias, a más de 150 compañías de 35 países para que ejecuten un plan de explotación minera en grandes extensiones de bosques y sabanas, en su mayoría vírgenes aun, produciendo un nuevo genocidio contra nuestros pueblos originarios, a sabiendas que todo un arsenal de promesas ha logrado lo que no pudieron los conquistadores, doblegar las almas indígenas mal poniendo por encima de toda organización ancestral la disciplina de un partido único.
La activación del arco minero del Orinoco concurrirá en la muerte de naciones indígenas con más de 14 mil años asentadas en una de las regiones más antiguas de la tierra, entre ellas la nación mapoyo, cuyo idioma fue declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO en noviembre 2014, es decir estamos frente a una de las peores depredaciones a nuestra madre tierra, impulsada por un gobierno que se autodenomina “ecosocialista” y que oficializó la “resistencia indígena” y bajó a los conquistadores europeos del pedestal de la historia, para honrar a nuestros caciques. ¿Será que para seguir los honores le colocaron ese nombre (Arco), en alusión al arco y la flecha, símbolo de la resistencia?
Aún, si en el mejor de los escenarios, el gobierno actual decidiera derogar el decreto 2.248, no existe garantía política, constitucional, legal, militar o técnica que evite la persistente, sistemática, empoderada, apadrinada, armada y financiada invasión de mineros ilegales a los territorios indígenas, afectando sus derechos constitucionales al territorio (Art.119), al ambiente sano (Art.127) y a la integridad personal y cultural (Art. 121). Por el contrario, si al día de hoy persiste la ingobernabilidad, debilidad institucional, pérdida de soberanía y desidia gubernamental en lo hoy delimitado como Arco Minero, lo más seguro es que, al no actuar desde el verdadero interés de nuestras etnias, ese sea el escenario que siga prevaleciendo.
Solo es posible revertir tal escenario si se reactiva y concreta el otorgamiento de los títulos de tierra y hábitat, productos de la autodemarcación de territorios ancestrales, en aras de construir en conjunto mecanismos para la defensa de la soberanía e integridad territorial del país. Sería la única forma de contener el “genocidio silencioso” que la “revolución” persiste en continuar contra nuestras culturas originarias. Ese paso si garantizaría la aplicación de los planes de vida (bien o no apoyados por el Estado y la institucionalidad), consagrados en el artículo 123 de la Constitución, al prevalecer un paradigma más sustentable, ecológico, y por tanto más realmente de acuerdo con los valores de las culturas indígenas, reemplazando el “modelo rentista extractivista minero y petrolero” por alternativas ecológicas, económicas y biológicas preservadoras de la vida y la sustentabilidad, algo perfectamente posible si sólo hubiera la voluntad política y verdaderamente revolucionaria.“Contra el Arco Minero, Arco y Flecha”
Luis Jiménez
C.I. 7.492.724
Red ARA Venezuela
martes, 16 de agosto de 2016
Presidencia de Mercosur
MERCOSUR DECIDIRÁ MEDIDAS JURÍDICAS APLICABLES A VENEZUELA
infovzla | agosto 13, 2016
El Gobierno brasileño aseguró hoy que el Mercosur deberá decidir las “medidas jurídicas” aplicables a Venezuela, a quien acusa de haber incumplido de manera “unilateral” algunos compromisos esenciales en el proceso de adhesión al grupo.
“Los miembros fundadores del Mercosur tendrán por delante la compleja tarea de decidir las medidas jurídicas aplicables frente a esta realidad, indeseada por todos”, señala un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.
La Cancillería precisa que el Gobierno brasileño evaluará “detenidamente” en los próximos días la situación bajo “la luz del derecho internacional” y mantendrá la “debida coordinación” con Argentina, Paraguay y Uruguay.
El Ejecutivo lamenta que Venezuela “no haya tenido éxito” en sus “esfuerzos para cumplir los compromisos asumidos cuando firmó” el protocolo de adhesión al Mercosur, en 2006.
El Ministerio cita el incumplimiento de varios acuerdos por parte de Venezuela, entre ellos el protocolo de Asunción sobre el compromiso con la promoción y protección de los Derechos Humanos.
“El estudio exhaustivo de la situación” realizado el 13 de agosto “se finalizará con consultas a la Secretaria del Mercosur, que recoge las informaciones recibidas por Venezuela al respecto”, resalta la nota.
El Brasil del presidente interino Michel Temer encabeza las gestiones para impedir que Venezuela asuma la Presidencia del Mercosur, que hasta ahora ocupaba Uruguay y le correspondería por orden alfabético al Gobierno de Caracas, que contaba con la aprobación de la gobernante suspendida Dilma Rousseff.
El pasado 29 de julio Uruguay anunció al resto de socios del Mercosur que finalizaba su mandato del bloque y consideró que no había “ningún impedimento jurídico” para que la asumiera Venezuela, pese a la opinión del resto de miembros del bloque, que se oponían alegando la situación política y de derechos humanos en el país.
A pesar de ello, cuando Uruguay anunció que dejaba la presidencia no comunicó la transferencia de la misma y simplemente señaló que ya no tenía el mandato del bloque.
Acto seguido Venezuela anunció que asumiría la presidencia, una decisión que dio inicio a una crisis entre los socios del Mercosur.
Fuente: EFE.
InfoVzla
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