El imperio de los colectivos

ELÍAS PINO ITURRIETA El imperio de los colectivos “Ya estamos acostumbrados a estar pendientes de cuando llegan los colectivos”, dijo el pasado martes a un reportero de El Nacional un comerciante de Catia. No se identificó para resguardar su vida, pero confesó que constantemente, en los últimos años, él y sus compañeros de oficio eran conminados por grupos armados a “colaborar” con productos de sus establecimientos o con dinero en efectivo. Tampoco quiso hablar de las consecuencias que sufriría si no complacía a los peticionarios, pero de unos hechos que sucedían entonces frente a la sede de la Policía Nacional Bolivariana, en la avenida Sucre del sector, se deduce la información que no brotó de sus labios. Cerca de las 11:00 de la mañana ya se había formado una aglomeración. Los integrantes de un colectivo denominado José Leonardo Chirinos reclamaban a la policía la entrega de uno de sus miembros, a quien se había detenido por el porte de una pistola implicada en el robo reciente de un automóvil. Fue de tal magnitud la algarabía –tráfico detenido por los “manifestantes” en horas generalmente muy trajinadas por los vecinos, brigadas de sus filas ocupadas del control de la gente que presenciaba el hecho, gritos amenazantes contra la autoridad– que los empavorecidos gendarmes formaron un cordón de seguridad con cincuenta de los suyos dotados de equipo antimotines. “Esto lo hacemos como resguardo a nosotros mismos, por si se les da por entrar con violencia”, confesó uno de los agentes. Los miembros del Chirinos estaban solos al principio, pero recibieron en breve la solidaridad de grupos como el suyo. Los Tupamaros y la Fundación “Hijos de Chávez” se hicieron presentes en la escena para evitar que se perpetrara una injusticia, gritaban. Tenían una demanda perentoria: que soltaran al detenido sin proceso de ninguna especie, porque “era uno de los suyos”. Demasiado perentoria la solicitud, no en balde estaba respaldada por unos individuos provistos de capuchas y ataviados con pesadas chaquetas negras de cuero puestas sobre uniformes de camuflaje. El episodio concluyó cuando los colectivos llegaron a un “acuerdo” con una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia, que se presentó en horas de la tarde. El contenido del “acuerdo” no trascendió a los periodistas. En realidad carece de importancia ese trato de los colectivos con los agentes de inteligencia. Podemos imaginar las características de la descarada transigencia porque no estamos ante un hecho aislado, sino ante episodios que se han repetido hasta la fatiga sin ningún tipo de ocultamiento, ni de castigo. Desde hace una década, por lo menos, los vecinos del lugar, y de otros lugares de las proximidades o aun de zonas alejadas de la ciudad, o de comunidades rurales, saben que su rutina depende del capricho de grupos paramilitares que se mueven a sus anchas con el consentimiento del régimen, y aun con su evidente respaldo. Son organizaciones a las órdenes del Gobierno, tentáculos del Ejecutivo, movimientos “revolucionarios” que adornan sus cananas con la efigie del Comandante Supremo, con estampitas de Marulanda y con frases del venerable Ho Chi Minh. Pero no sólo se ocupan de hacer la “revolución” a su modo, faena en la que incluyen la presión violenta de la ciudadanía en los procesos electorales; sino también de actividades ilícitas que la prensa ha destacado con profusión y una de las cuales se reflejó en el bochornoso episodio de Catia que se ha descrito. Maduro no incluye a los colectivos en sus palabras sobre el apremiante asunto de la inseguridad. Las fuerzas armadas se hacen la vista gorda, pese a que las rivalizan en armas y bagajes. El PSUV no los ve como un estorbo sino como un aliado de segunda categoría, como un subalterno cuyo parentesco se niega en público para evitar vergüenzas, pero a quien se encarga el trabajo sucio. Están satisfechos de que la gente los considere como motores del hábito de temor referido por un comerciante de Catia que los sufre todos los días. Un temor que apenas permite tímidas reacciones ante la persecución de Nelson Bocaranda y Richard Mardo, por ejemplo, y obliga a Henrique Capriles, con sobrada razón, a recomendarnos que evitemos manifestar nuestra indignación en la calle frente a las tropelías de un régimen desastroso.