«Juro por el Dios de mis padres, juro por mi patria, juro por mi honor, que no daré tranquilidad a mi alma, ni descanso a mi brazo, hasta no ver rotas las cadenas que oprimen a mi pueblo por voluntad de los poderosos». Simón Bolívar
miércoles, 30 de noviembre de 2016
Masacres
¿Qué pasó en Barlovento? La masacre. Las víctimas. Las reacciones // #MonitorProDaVinci « Prodavinci
Masacre de Barlovento
VENEZUELA
NOVIEMBRE 29, 2016 3:45 PM
Nueva masacre saca a la luz operaciones de exterminio en Venezuela
Yorman Mejías, de 25 años, sembraba frijoles en su pequeña finca ubicada cerca de la localidad venezolana de Yaguaba, a unos 90 kilómetros al este de Caracas, cuando llegaron los militares, quienes lo amenazaron con sus rifles de asalto y procedieron a golpearlo.
Dos adolescentes venezolanos esperan en una estación de policía tras ser arrestados en Caracas en marzo del 2009. THOMAS COEX AFP/Getty Images
ANTONIO MARÍA DELGADO
adelgado@elnuevoherald.com
Yorman Mejías, de 25 años, sembraba frijoles en su pequeña finca ubicada cerca de la localidad venezolana de Yaguaba, a unos 90 kilómetros al este de Caracas, cuando llegaron los militares, quienes lo amenazaron con sus rifles de asalto y procedieron a golpearlo.
“Esta es una Operación de Liberación del Pueblo”, anunció uno de los cinco uniformados, según versiones publicadas por la prensa local de los eventos ocurridos el 16 de octubre. Su hermano, un inválido postrado en una silla de ruedas, comenzó a quejarse.
“Cállate, deja de protestar, que a ti también te vamos a matar”, le advirtió un soldado que le apuntaba con su rifle. “Esto es una OLP y estamos cumpliendo órdenes presidenciales”.
Mejías, quien fue llevado esa tarde en un jeep de los militares, es uno de los 12 jóvenes que fueron encontrados este mes en fosas comunes en lo que está siendo llamado como “La Masacre de Barlovento”.
Los jóvenes habían sido interceptados por militares durante una operación de las OLP, programa emprendido por el régimen de Nicolás Maduro para enfrentar a la delincuencia en uno de los países más peligrosos del mundo.
Pero muchas de las redadas emprendidas bajo las OLP han terminado convirtiéndose en operaciones de exterminio, donde grupos conformados por docenas de soldados y policías salen a capturar bandoleros que luego son presentados a la opinión pública como “delincuentes abatidos” durante enfrentamientos con agentes del orden.
Según un informe elaborado recientemente por las ONGs Human Rights Watch y Provea, más de 700 personas habían sido ejecutadas extrajudicialmente desde el lanzamiento del programa.
“Salen a matar ”, dijo desde Caracas Inti Rodríguez, coordinador de Provea, organización que vela por los derechos humanos en Venezuela.
La diferencia en este caso es que las víctimas de la Masacre de Barlovento no eran delincuentes, afirmó Gabriela Buada Blondell, portavoz de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, ONG que vela por la preservación de los derechos humanos y que ha mantenido contacto con los familiares de las víctimas.
“Estos 12 muchachos no presentan prontuario policial. No tienen ningún tipo de antecedentes penales, e incluso, a uno de ellos (Mejías) lo agarraron cuando estaba trabajando en el campo”, resaltó Buada Blondell.
“Pero incluso de haber sido cierta la versión de que eran delincuentes. Tampoco se justifica lo que pasó”, agregó.
Lo que ocurrió fue que los jóvenes fueron ejecutados extrajudicialmente mientras se encontraban en cautiverio, incluso mostrando señales de tortura, como es el caso del propio Mejías.
Según los familiares, las víctimas habían sido detenidas por los militares entre los distintos pueblos de la zona y luego fueron trasladados hasta una vivienda, ubicada en la localidad de El Café, que sirve de centro de operaciones para los militares.
Sus cuerpos fueron encontrados seis semanas después, en dos fosas distintas excavadas por la zona.
Hasta el momento, 11 integrantes del ejército fueron expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por su presunta participación en los asesinatos y están siendo investigados por la fiscalía.
Entre los expulsados se encuentra un teniente coronel, un mayor y varios sargentos, que formaban parte de una unidad que había sido enviada hasta la región de Barlovento para tratar de contener la situación en la zona.
“La verdad es que Barlovento está tomada por las bandas. Esa es la realidad. En varios sectores de esa región, son las bandas la que están ejerciendo el control territorial”, explicó el periodista e investigador especializado en criminalística, Javier Ignacio Mayorca.
“La vía hacia oriente está tomada por el hampa. En Barlovento, en la troncal 9, es una zona que no es circulable después de la 6 de la tarde. Y las empresas que aún envían mercancía hacia oriente, les están instruyendo a sus conductores que bajo ningún concepto se detengan en la zona, aunque sea de día”, agregó.
Mayorca cree que las autoridades, en su desesperación por tratar de retomar el control de la zona, está ahora enviando a militares sin entrenamiento en labores policiales, con instrucciones de salir a eliminar al hampa militarmente.
Siga a Antonio María Delgado en Twitter:@DelgadoAntonioM
elnuevoherald

martes, 30 de agosto de 2016
1S

domingo, 28 de agosto de 2016
Arco Minero del Orinoco
La Misión de la Red ARA es Integrar y fortalecer las organizaciones ambientales para el logro de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, la conservación de la biodiversidad y el bienestar humano a través del trabajo en equipo, la comunicación, la creación de capacidades y fomentar la generación de conocimientos
lunes, 8 de agosto de 2016
Arco y flecha al sur del Orinoco
“Para el indígena toda destrucción del medio ambiente es una destrucción de sí mismo” Carlos Figueroa, Piasán Pemón de Tei-Pun.
El decreto presidencial N° 2.248 oficializó el “Arco Minero del Orinoco” en los territorios indígenas geopolíticamente ubicados en la Guayana venezolana, tierras y hábitats de pueblos y comunidades indígenas yekuanas, piaroas, piapoco, hibi, warekena, baré, sanemá, hoti, eñepa, piapoco, pemón, arawak y akawayo, entre otras etnias, habitantes y pobladores ancestrales de un vasto territorio. Cada pueblo con su lengua, territorialidad, cultura, tradicionalidad y cosmovisión, pero teniendo en común, a veces el idioma español, y un lazo muy estrecho con su entorno medio ambiental, que sustenta sus modos y medios de vida, conjugando una simbiosis perfecta entre hombre y naturaleza.
Este decreto inconsulto, que impulsa el fracasado modelo extractivista y rentista del gobierno venezolano, es una afrenta al discurso de reivindicación y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, constituyendo quizás, la más grande contradicción ideológica práctica entre muchas más, del socialismo del siglo XXI latinoamericano.
En su derecho consuetudinario, nuestras etnias se enfrentaron con sus armas rudimentarias al invasor europeo y jamás se doblegaron, nunca aceptaron la esclavitud y se sacrificaron por defender sus pueblos y sus tierras. Hoy el gobierno desconoce ese derecho ancestral, pues en su afán de conseguir divisas, ha entregado una gran porción del territorio de la patria y nuestras etnias, a más de 150 compañías de 35 países para que ejecuten un plan de explotación minera en grandes extensiones de bosques y sabanas, en su mayoría vírgenes aun, produciendo un nuevo genocidio contra nuestros pueblos originarios, a sabiendas que todo un arsenal de promesas ha logrado lo que no pudieron los conquistadores, doblegar las almas indígenas mal poniendo por encima de toda organización ancestral la disciplina de un partido único.
La activación del arco minero del Orinoco concurrirá en la muerte de naciones indígenas con más de 14 mil años asentadas en una de las regiones más antiguas de la tierra, entre ellas la nación mapoyo, cuyo idioma fue declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO en noviembre 2014, es decir estamos frente a una de las peores depredaciones a nuestra madre tierra, impulsada por un gobierno que se autodenomina “ecosocialista” y que oficializó la “resistencia indígena” y bajó a los conquistadores europeos del pedestal de la historia, para honrar a nuestros caciques. ¿Será que para seguir los honores le colocaron ese nombre (Arco), en alusión al arco y la flecha, símbolo de la resistencia?
Aún, si en el mejor de los escenarios, el gobierno actual decidiera derogar el decreto 2.248, no existe garantía política, constitucional, legal, militar o técnica que evite la persistente, sistemática, empoderada, apadrinada, armada y financiada invasión de mineros ilegales a los territorios indígenas, afectando sus derechos constitucionales al territorio (Art.119), al ambiente sano (Art.127) y a la integridad personal y cultural (Art. 121). Por el contrario, si al día de hoy persiste la ingobernabilidad, debilidad institucional, pérdida de soberanía y desidia gubernamental en lo hoy delimitado como Arco Minero, lo más seguro es que, al no actuar desde el verdadero interés de nuestras etnias, ese sea el escenario que siga prevaleciendo.
Solo es posible revertir tal escenario si se reactiva y concreta el otorgamiento de los títulos de tierra y hábitat, productos de la autodemarcación de territorios ancestrales, en aras de construir en conjunto mecanismos para la defensa de la soberanía e integridad territorial del país. Sería la única forma de contener el “genocidio silencioso” que la “revolución” persiste en continuar contra nuestras culturas originarias. Ese paso si garantizaría la aplicación de los planes de vida (bien o no apoyados por el Estado y la institucionalidad), consagrados en el artículo 123 de la Constitución, al prevalecer un paradigma más sustentable, ecológico, y por tanto más realmente de acuerdo con los valores de las culturas indígenas, reemplazando el “modelo rentista extractivista minero y petrolero” por alternativas ecológicas, económicas y biológicas preservadoras de la vida y la sustentabilidad, algo perfectamente posible si sólo hubiera la voluntad política y verdaderamente revolucionaria.“Contra el Arco Minero, Arco y Flecha”
Luis Jiménez
C.I. 7.492.724
Red ARA Venezuela

martes, 16 de agosto de 2016
Presidencia de Mercosur

sábado, 11 de junio de 2016
Carta Democrática Interamericana
¿Está legitimada la Asamblea Nacional venezolana para solicitar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana?; por Marco Vinicio Romero
Por Material cedido a Prodavinci | 21 de abril, 2016
Compartimos con los lectores de Prodavinci un texto de Marco Vinicio Romero, ganador del Concurso de Ensayo El Nuevo Parlamento, organizado por el Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, en conjunto con Prodavinci, y que estuvo abierto desde el 20 de enero hasta el 29 de marzo de 2016.
¿Está legitimada la Asamblea Nacional venezolana para solicitar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana? Antes responder esta pregunta debemos saber qué es y cómo funciona este instrumento.
¿Qué es la Carta Democrática Interamericana?
La Carta Democrática Interamericana(CDI) es un instrumento internacional firmado por Venezuela el 11 de septiembre de 2001 que tiene origen en la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada del 20 al 22 de abril de 2001 en la ciudad de Quebec, Canadá, donde fue acordado realizar un convenio, en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el fin de fortalecer la democracia en el continente y crear mecanismos que garantizaran la democracia como un derecho para todos los ciudadanos del continente americano.
¿Cómo funciona la Carta Democrática Interamericana?
En su título IV, la CDI, contempla una serie de disposiciones desde su artículo 17 al 21, las cuales varían de intensidad, de menor a mayor y funcionan de manera escalonada, no se puede avanzar al segundo supuesto sin haber agotado antes el primero. Entendiendo esto vamos a analizar los supuestos que contempla la CDI en caso de inestabilidad de las instituciones políticas en un Estado miembro de la OEA, como Venezuela.
En primer lugar, en su Artículo 17, el instrumento contempla un supuesto según el cual un gobierno, afectado por una situación de ingobernabilidad que amenace el pleno ejercicio del poder y por tanto la democracia, toma la iniciativa y solicita asistencia ante el Secretario General o a la Comisión Permanente de la OEA.
El segundo supuesto, en el que tiene mayor participación la OEA, consiste en que ésta toma la iniciativa de realizar visitas y levantar informes a fin de evaluar la situación de la democracia en ese Estado y, de ser necesario, tomar medidas para restablecer el equilibrio de poder y solventar la situación de ingobernabilidad. Sin embargo este supuesto regulado en el Articulo 18 de la CDI requiere del consentimiento previo del gobierno afectado.
El tercer caso, establecido en el Artículo 19 de la CDI, supone que exista una “ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro”[1], caso en el cual ese Estado no podrá participar en las sesiones de la Asamblea General, Reunión de Consulta, Consejos y conferencias especializadas, comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la OEA.
El cuarto supuesto regulado en el Artículo 20 de la CDI, dispone que, a solicitud del Estado afectado o del mismo Secretario General de la OEA, podrán solicitar ante el Consejo Permanente, que se realicen las gestiones diplomáticas necesarias para solventar la situación de desequilibrio institucional y de ruptura del orden constitucional, a su vez el Consejo Permanente podrá realizar una apreciación colectiva y tomar las medidas necesarias para restablecer la institucionalidad en ese Estado. Si lo anterior no resultase o si la urgencia del caso lo determine, el Consejo Permanente podrá convocar a una Asamblea General extraordinaria para tomar las decisiones necesarias a fin de solventar la situación de ingobernabilidad en ese Estado.
Por último, el articulo 21 establece que, en esa Asamblea General extraordinaria, si se comprueba que el Estado bajo observación se encuentra en una situación de inestabilidad política, desequilibrio institucional y afectación del orden constitucional; con el voto de las dos terceras partes de los Estados miembros se puede acordar la suspensión del Estado afectado, de su derecho de participación en la OEA, sin menoscabo de que se sigan realizando las gestiones diplomáticas y de que el Estado suspendido deba seguir cumpliendo con sus obligaciones de respeto y garantía de los Derechos Humanos.
Lo siguiente que debemos analizar para entrar en el principal cuestionamiento del presente artículo es que la Carta Democrática Interamericana utiliza en algunos casos el término Estado, mientras que en otros utiliza el término Gobierno, por lo que resulta importante hacer una distinción entre ellos.
Debemos diferenciar primero al Estado a efectos internacionales, como persona jurídica titular de derechos y obligaciones únicamente frente a otros países, del Estado a efectos internos, que es ‘’un conjunto de personas jurídicas estatales, que resultan del sistema constitucional que se ha establecido para la distribución territorial del poder público”[2]. Estas personas jurídicas estatales ejercen el Poder Público que conforme al artículo 136 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (CRBV) se distribuye de manera vertical en Poder Nacional (República), Poder Estadal (estados) y Poder Municipal (municipios y distritos metropolitanos); y de manera horizontal el Poder Nacional está conformado por el gobierno (Poder Ejecutivo), la Asamblea Nacional (Poder Legislativo), el Tribunal Supremo de Justicia (Poder Judicial), el Ministerio Público, Contraloría General y Defensoría del Pueblo (Poder Ciudadano) y Consejo Nacional Electoral (Poder Electoral).
Por lo que es natural concluir que la Asamblea Nacional pudiera, en el marco de la Carta Democrática Interamericana, solicitar, en nombre el Estado (la República Bolivariana de Venezuela como persona jurídica internacional) la aplicación de los sus disposiciones para Venezuela, de conformidad con lo establecido en el articulo 156 numeral 1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone: “Artículo 156: Es de la competencia del Poder Público Nacional: 1. La política y la actuación internacional de la República”. Mientras que por su parte, el artículo 187 numeral 1 ejusdem establece: “Artículo 187: Corresponde a la Asamblea Nacional: 1. Legislar en las materias de la competencia nacional”.
Habida cuenta que encuentra en la Constitución su competencia para actuar a nivel internacional en nombre de la República, la Asamblea Nacional está completamente legitimada para solicitar la aplicación de la CDI.
De la lectura e interpretación de ambos artículos de manera sistemática como parte de un conjunto normativo como lo es la Constitución, es natural concluir que la Asamblea Nacional está facultada por la Carta Magna para solicitar ante la OEA y ante los países que la conforman, en Asamblea General, la aplicación de las disposiciones contenidas en la Carta Democrática Interamericana, por lo que cobra vital importancia el rol de la Asamblea Nacional venezolana en la geopolítica continental, ocupando un papel esencial para poner en funcionamiento este mecanismo.

domingo, 13 de marzo de 2016
Tumeremo
El Topo: la leyenda de un pran que se hizo realidad con la masacre de Tumeremo
Por Germán Dam Vargas Fecha: 11/03/2016
Correo del Caroní, El Pitazo, Runrun.es
Cual Lord Voldemort de la saga Harry Potter, mencionar en Tumeremo al que no debe ser nombrado hace que el minero con más bríos se sienta temeroso de su entorno. “Uno nunca sabe quién está por ahí escuchando”, susurra uno de los pocos que se atrevió a romper el silencio que rodea a este peligroso personaje del día a día de una de las poblaciones mineras del sur del estado Bolívar: “El Topo”.
Mucho se rumora y especula sobre las atrocidades cometidas por él y su banda, quienes controlan la mina Hoja e’ Lata y “hasta otros 30 campamentos mineros que hay desde este pueblo hasta Guyana”. Sin embargo, una realidad infunde pánico a los pobladores del lugar: es señalado por la desaparición de al menos 17 personas que el pasado 4 de marzo se dirigían desde Tumeremo hacia la mina Atenas y viceversa.
“Cuando joven fue paramilitar en Colombia –aunque es ecuatoriano– y por eso sabe hacer cosas que hace que cualquier guapo se acobarde. ‘El Topo’ fue quien trajo al sur (de Bolívar) la práctica de picar personas con motosierras… tiene una que casi que prende sola cuando dicen que hay que trozar a alguien”, comenta un minero ya entrado en años que participó activamente en la tranca de la Troncal 10, vía que comunica al estado Bolívar de norte a sur, por parte de los familiares de los desaparecidos.
Otro hombre lo interrumpe para agregar que en varias de sus minas tiene animales a los que alimenta con partes humanas. El primer interlocutor asiente con la cabeza. “A los muertos los pican y se los lanzan a los cochinos o a unas babas. Sino, los lanzan a pozos que ya no usan y ahí se quedan… si (los cuerpos de seguridad) ingresaran a las minas, encontrarían fosas comunes que da miedo”, finalizan el minero.
Ascenso al poder
Relatan los pobladores de la capital del municipio Sifontes que el ascenso de “El Topo” fue repentino. “Más de un minero llegó a trabajar codo a codo con ese señor. Cuando la primera bulla de Hoja e’ Lata -en enero de 2009- él y su familia entraron a sacar oro (…) estaba su hermano: El Negro Aurelio, su hermana: La Bacha y sus sobrinos. Luego, cuando la segunda bulla de Hoja e’ Lata, entraron con todo un ejército de hombres y se apoderaron de eso”, explica una mujer allegada a uno de los jóvenes desaparecidos desde el pasado 04 de marzo.
Acota que “El Topo” era el segundo al mando hasta que su hermano se batió a tiros con otro hombre apodado “El Niche” y ambos resultaron muertos en la reyerta. Este hecho fue reseñado por el Diario El Progreso el 04 de julio de 2009 e identificaron al último como Nelson Murillo, de 40 años. En el hecho también resultaron heridos otros tres sujetos, quienes fueron atendidos en el Hospital Dr. José Gregorio Hernández de Tumeremo.
“Al morir ‘El Negro Aurelio’, ‘El Topo se quedó’ con todo y ahora él controla lo que es oro, combustible y armas, mientras que su hermana y su sobrina manejan el licor, las drogas y las mujeres que se prostituyen en las minas”, precisa la joven para luego acotar que “Miguelito” y “El Indio” son sus lugartenientes y cumplen sus órdenes a cabalidad: “matan, pican gente y hacen cualquier cosa que infunda miedo en la población minera… porque además lo hacen frente a testigos para que rieguen la voz luego”.
Junto a estos sujetos también se la pasan “Dólar” y “Toto”, a quienes cataloga como parte de su seguridad personal. Aclara que la banda no son únicamente los ya mencionados, sino que tiene hombres con armamento de guerra en cada mina que controla. “Para entrarles se necesitan por lo menos dos Fuerte Tiuna… y cuidado si no más, porque él también prepara a su gente para guerrear”, concluye abruptamente la joven al ver pasar a dos muchachos, obviamente conocidos por ella.
Otra historia
Encontrar en Tumeremo a alguien que de una opinión diferente sobre El Topo es casi imposible, todos saben que él y su banda han cometido atrocidades inimaginables desde 2009, cuando la muerte de su hermano lo ascendió al poder; sin embargo hubo una persona que ofreció un testimonio algo “imparcial” y arrojó una pequeña luz en torno a lo ocurrido hace una semana en la vía a la mina Atenas.
“En este pueblo hay un hombre al que apodan El Gordo y para nadie es un secreto que él y su gente de La Caratica (un barrio del Tumeremo) y de otros sectores de acá mismo querían instalar un sindicato como el del Kilómetro 88 y así poder cobrar vacuna a mineros, comerciantes y todo lo que produzca dinero en esta zona. Todos el mundo sabe y que ellos trancaron el pueblo a principios de febrero (suceso reportado por Correo del Caroní) para pedirnos apoyar esa sinvergüenzura”, precisa un profesional del volante.
Agrega además que dicho paro, en el que hasta el Liceo Zabaleta fue tomado por El Potro -segundo al mando de El Gordo- y otros integrantes de la banda, fue una forma de amedrentar a la población (y más aún a los compradores de oro) para que aceptaran ir una reunión en la que se presentarían las cuotas semanales que cada comercio debía aportar a la banda para sustentar su actividad criminal.
Crudamente revela que “lo que pasó en (la mina) Atenas fue que la gente de “El Topo” mató a la gente de “El Gordo”, malandros mataron a otros malandros… aunque también cayeron varios inocentes. Eso pasó porque al primero no le convenía que el otro tomara el control de esa bulla y a su vez de Tumeremo. No entiendo porque la gente calla la verdad. Aquí (en el pueblo) todos sabemos que entre los muertos hay tres hermanos que son sobrinos de “El Gordo” y con esto no estoy justificando lo que allí pasó, porque es una pena que la situación llegara a ese punto cuando el Gobierno tiene todo para impedirlo”.
El hombre detrás del mito
En Tumeremo creen que las autoridades persiguen a un hombre cuyo rostro desconocen, situación completamente contraria a la realidad. ¿Difícil de encontrar? Sí ¿Imposible identificar? No. El expediente XP01-P-2012-003242, el cual reposa en el Circuito Judicial Penal del estado Amazonas, permitió darle nombre y rostro al más buscado del estado Bolívar: “El Topo”, sobrenombre por el que es conocido Jamilton Andrés Ulloa Sánchez, de 43 años edad.
Según lo reseñado por este expediente, el cual primeramente cayó en manos del Tribunal Tercero en Funciones de Control, este nativo de Santo Domingo de los Colorados, Ecuador, fue detenido el 14 de julio de 2012 por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Su captura se realizó luego que un motorizado denunciara que le dispararon desde una Chevrolet Silverado blanca, placas A9IVC7A, mientras transitaba por la avenida Perimetral de Puerto Ayacucho.
En esa oportunidad, en la que también detuvieron a su esposa: Nancy Guevara, le incautaron una pistola Glock 9 mm, seriales LUD789 y 30 mil Bs en efectivo. En la audiencia de presentación el Ministerio Público imputó a Jamilton y a su mujer los delitos: homicidio calificado por motivos fútiles e innobles en grado de frustración y legitimación de capitales. Adicionalmente, “El Topo” fue señalado por ocultamiento de arma de fuego y municiones. En el acto, ambos alegaron que el motorizado -quien no asistió a la audiencia- los había intentado atracar; los cargos contra Nancy fueron desestimados y al ecuatoriano solo lo imputaron por el último de los delitos y le dieron una medida de presentación. Para el momento de su detención llevaba siete cadenas de oro de 24 kilates y mostró la factura para demostrar que eran de su propiedad.Como era de esperar, la representación fiscal apeló la decisión y el 23 de julio de ese mismo año la Corte de Apelaciones del estado Amazonas falló a favor del Ministerio Público y ordenó la celebración de una nueva audiencia ante otro tribunal. El caso le tocó al Segundo en Funciones de Control y a ambos los imputaron únicamente por ocultamiento de arma de fuego y municiones… nuevamente les dieron una medida de presentación. Para el 18 de octubre de 2013 se realizó una audiencia en la que admitieron los hechos y se les suspendió el proceso penal en su contra, siempre y cuando cumplieran con las siguientes condiciones: la donación de 4 kits que con útiles escolares a dos preescolares de Puerto Ayacucho, así como la recuperación y mantenimiento de un parque en su comunidad. Adicionalmente, a El Topo le ordenaron presentarse cada 30 días por 3 meses. Para enero de 2014, Jamilton Andrés Ulloa Suárez ya era un hombre libre.
Runrunes

martes, 1 de marzo de 2016
Conferry
La nueva Conferry: mujeres, intrigas y corrupción (VIDEO)
El deterioro de La Nueva Conferry ha sido tema sonado en estos últimos dos años por la población venezolana, y de sus propios trabajadores que en varias oportunidades han manifestado un descontento por el inminente “quiebre” de la compañía, así como la corrupción de los funcionarios adscritos al Gobierno que han hecho defalco en la misma.
Hace algunos días, empleados de La Nueva Conferry en la sede de Punta de Piedras, estado Nueva Esparta, realizaron una protesta con el propósito de alzar la voz sobre las incompetencias administrativas que según ellos sufre la empresa, y que ha sido un argumento de preocupación.
Los motivos de seguro serán muchos, pero en sí que sucede con la administración interna de La Nueva Conferry, no se sabe, así lo hicieron saber sus propios trabajadores en la isla de Margarita.
ANTECEDENTES
Para relatar este tema de Conferry, es de obligación recordar, que en el año 2013 quedó la administración de La Nueva Conferry bajo la tutela de Rossana González como presidente, por medida en la resolución 73 del Ministerio para Transporte Acuático y Aéreo, publicada en Gaceta Oficial 40.179, de fecha 31 de mayo de 2013.
Desde entonces es cuando La Nueva Conferry asume los establecimientos, locales, bienes, instalaciones, transporte, distribución y todo servicio relacionado con el terminal marítimo por el Gobierno venezolano.
Una inversión de 50.184.320,30 euros, para comprar dos ferris en Grecia y trasladarlos a Venezuela ya estaba en puerta, en el cual la Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) sumó una cifra de 241 millones de bolívares para arreglarlos, porque presuntamente estos no venían en condiciones óptimas para el navío.
Y es para el mes de abril de 2013, cuando Elsa Gutiérrez Graffe, Ministra de Transporte Acuático y Aéreo en aquel entonces, hace pública la noticia de la compra de tres embarcaciones, procedentes de las islas griegas para aumentar la flota de La Nueva Conferry, que eran barcos con un año de garantía, que llegarían a Margarita directamente desde la ensambladora.
En 2014, luego del triunfo de Nicolás Maduro en las presidenciales, el Mayor General Hebert García Plaza es designado como nuevo Ministro de Transporte Acuático y Aéreo, y en el cargo decidió continuar con la negociaciones iniciadas para la compra de los buques.
Pero antes de concretar esta compra de barcos, la estatal venezolana envió una comisión a Grecia para que levantaran informes sobre la condición de los ferris. Al llegar a Venezuela, la comisión integrada por profesionales y expertos recomendó no comprar los buques porque presentaban varias fallas.
Fue entonces cuando cambiaron de proveedores, y concretaron negocios para adquirir embarcaciones españolas. Estos tres buques fueron: el San Francisco de Asís comprado a la empresa Balearia Eurolíneas Marítimas S.A. por 15.771.882. euros; El Virgen del Valle II fue comprado a Europa Ferrys C.A. por la cantidad de 15.814.873,58 euros; y el Virgen de Coromoto lo negoció Bolipuertos a Larouzio Shipping Company Limited, por la suma de 14.142.343 euros.
El ministro para Transporte Acuático y Aéreo, Hébert García Plaza, para abril del año 2015 fue acusado por la supuesta compra de tres ferris con supuestas irregularidades de precios que trabajaban hacia la isla de Margarita, pero actualmente de él solo se sabe que está fuera del país.
De esa comisión de funcionarios que viajaron a España surgió la detención de algunos, tal es el caso, de Antonio González, ex vicepresidente de Bolipuertos, Wilfredo Urbaez, Armando Larrazabal y Luis Pagua, este último le dieron medida de libertad por tener 75 años de edad, de los demás solo se sabe que están presos en el Sebin.
García Plaza aseguró en sus declaraciones del año pasado que solo cree en la revolución bolivariana, pero “con Chávez” y que no creía en la justicia venezolana, “menos cuando hay una orden superior. Si realmente se quisiera luchar contra la corrupción hay mucha tela que cortar, pero creo que me quieren como el chino de Recadi en la lucha contra la corrupción”.
Conflicto que aún le queda tela que cortar porque hasta el momento el Estado venezolano no ha dado declaraciones al respecto.
ACTUALIDAD
La realidad del caso reincide en que la condición de La Nueva Conferry empeora cada día más desde todas sus funciones, así lo reflejan los trabajadores.
En la actualidad la naviera solo está el funcionamiento del buque Virgen de Coromoto, el cual no tiene la capacidad para abarcar la demanda, y tampoco traslada carga pesada.
También se conoció a través del diario El Tiempo del estado Anzoátegui, que desde el día lunes 22 de febrero dejo de funcionar los barcos Cacica Isabel y Rosa Eugenia que prestaban servicio a traslado de gandolas y camiones, así como también el ferri Express Lilia Concepción.
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La nueva Conferry, dos grupos corruptos en pugna
Conferry quebró, sí, pero la pregunta es, ¿cuál es el trasfondo en toda esta historia? ¿Qué pasó con los detenidos por este caso?
Sí, es claro que Hebert García Plaza presuntamente estaba inmerso en un caso de corrupción por la compra de tres ferrys de segunda mano. Pero, ¿conocía la existencia de un segundo grupo ministerial que persistiría en cometer un fraude incluso antes de la llegada del primer Ministro de Transporte Acuático y Aéreo impuesto por Maduro?
Una llave hecha por Rossana González, Presidente de Conferry para ese entonces y la última Ministra de Transporte Acuático y Aéreo impuesta por Chávez y según rumores, también amante, la Contralmirante Elsa Gutiérrez Graffe, estaría involucrada en un supuesto desfalco de la naviera que estuvo bajo la gerencia de la empresa privada por más de 50 años.
Esto fue señalado por fuentes internas de Bolipuertos, detalle que no se hizo público durante la difusión de la noticia que dejó expuesta la corrupción en Conferry.
Nexos importantes
El expresidente Hugo Chávez fue conocido por su carisma, y ¿por qué no?, también por el encanto que ejercía sobre algunas mujeres. Entre sus parejas más destacadas están:
Nancy Colmenares, la primera esposa de Chávez en su nativa Barinas, es la madre de sus tres primeros hijos, Rosa Virginia, María Gabriela y Hugo Rafael.
Marisabel Rodríguez, periodista que tras seguir un tiempo a Chávez, en 1997 queda embarazada de la única hija que tendría con Chávez, Rosa Inés.
Herma Marksman, fue la amante más destacada de Chávez mientras estuvo casado con Nancy Colmenares. La relación se extendió por una década, aproximadamente entre 1983 y 1993.
Alicia Castro, las relaciones se estrecharon en 2006 cuando fue nombrada por el entonces presidente argentino, Néstor Kirchner, como embajadora en Caracas.
Maripili Hernández, ha ocupado numerosos cargos a lo largo de 14 años de régimen chavista, fue también objeto de intensos rumores sobre una supuesta furtiva relación con el comandante.
Raquel Bernal, ex reina de belleza y empresaria de origen español con importantes conexiones dentro del gobierno venezolano, Bernal fue vinculada a una relación sentimental con el presidente Hugo Chávez a mediados de la década pasada.
Y finalmente, Elsa Gutiérrez Graffe, Capitán de Navío y su última ministra de Transporte Aéreo y Acuático, Gutiérrez fue edecán personal de Chávez hasta el 2011. Fue conocida como la “Barbie revolucionaria”, y en su estratégica posición como Edecan presidencial ha conocido de cerca varias de las más importantes alianzas del mandatario venezolano con una galería de dirigentes internacionales.
La Contralmirante Elsa Gutiérrez Graffe estuvo en el ojo del huracán tras conocerse la relación amorosa que mantenía con el expresidente Hugo Chávez.
Esta última es una de las principales involucradas en el caso de Conferry. ¿Qué plan estaba ejecutando desde la gerencia del Ministerio?
Negocios truncados
Este era el panorama en 2011: Conferry había sido expropiado, con la excusa de aumentar la flota y brindar un servicio de transporte marítimo popular. La expropiación fue hecha con ocho embarcaciones en flota, (dos express, tres convencionales y tres de carga), que para entonces, aún se encontraban dentro de su vida útil (30 años), solo hacía falta darle el mantenimiento necesario para continuar navegando.
Para ese momento, la ministra era Elsa Gutiérrez Graffe, y la presidenta de la naviera Rossana González, presuntamente iniciaron una negociación para la compra de dos buques griegos, con un presupuesto aún mayor que el necesario para reponer los repuestos necesarios de los ocho buques originales.
El 2013 cambia el Ministerio y por lo tanto, el destino de Conferry. El Mayor General Hebert García Plaza, quien ahora ostentaba el cargo, detuvo la negociación de los buques griegos y finiquitó la adquisición de tres ferrys españoles. La excusa: los navíos griegos no estaban aptos para navegar en Venezuela, ya que su construcción había sido hecha para recorrer mares de bahías tranquilas, además, no contaba con la documentación y permisología correspondiente para navegar. Esto fue avalado por una comisión de Bolipuertos que viajo a evaluar las condiciones de las embarcaciones.
Es en este entonces cuando Conferry empieza a desangrarse.
Dos buques griegos Vs. Tres españoles
Atendiendo a lo citado por fuentes a través de un video grabado por el Capitán de Navío, Luis Ojeda, actualmente detenido, la compra de tres buques españoles de segunda mano, con más de 12 años de edad, se dio debido a que la negociación inicial, que establecía la compra de navío griegos, era un “fiasco”, supuestamente estos barcos con un tiempo de aproximadamente cuatro años de antigüedad, no estaban actos para navegar en aguas como la de los mares venezolanos. Esto “obligó” a dar respuesta a la contingencia. Ya los ocho buques propios de Conferry estaban en paupérrimas condiciones, era necesario remplazarlos.
La adquisición de los ferrys Virgen del Valle II, San Francisco de Asís y Virgen de Coromoto hecha por García Plaza a una empresa española, tuvo un costo aproximado de 45 millones de euros, esta fue la presuntamente encontrada para aumentar la flota de Conferry, atendiendo a la promesa del gobierno de Calle que había delegado Maduro.
REGIONALES INVESTIGACIÓN RC | Expropiación que llevó a la quiebra
La nueva Conferry: mujeres, intrigas y corrupción (VIDEO)
01 de Marzo de 2016 | comentarios | 265 visitas | Ver imagen original | A+ | A -
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Esta última es una de las principales involucradas en el caso de Conferry. ¿Qué plan estaba ejecutando desde la gerencia del Ministerio?
Negocios truncados
Este era el panorama en 2011: Conferry había sido expropiado, con la excusa de aumentar la flota y brindar un servicio de transporte marítimo popular. La expropiación fue hecha con ocho embarcaciones en flota, (dos express, tres convencionales y tres de carga), que para entonces, aún se encontraban dentro de su vida útil (30 años), solo hacía falta darle el mantenimiento necesario para continuar navegando.
Para ese momento, la ministra era Elsa Gutiérrez Graffe, y la presidenta de la naviera Rossana González, presuntamente iniciaron una negociación para la compra de dos buques griegos, con un presupuesto aún mayor que el necesario para reponer los repuestos necesarios de los ocho buques originales.
El 2013 cambia el Ministerio y por lo tanto, el destino de Conferry. El Mayor General Hebert García Plaza, quien ahora ostentaba el cargo, detuvo la negociación de los buques griegos y finiquitó la adquisición de tres ferrys españoles. La excusa: los navíos griegos no estaban aptos para navegar en Venezuela, ya que su construcción había sido hecha para recorrer mares de bahías tranquilas, además, no contaba con la documentación y permisología correspondiente para navegar. Esto fue avalado por una comisión de Bolipuertos que viajo a evaluar las condiciones de las embarcaciones.
Es en este entonces cuando Conferry empieza a desangrarse.
Dos buques griegos Vs. Tres españoles
Atendiendo a lo citado por fuentes a través de un video grabado por el Capitán de Navío, Luis Ojeda, actualmente detenido, la compra de tres buques españoles de segunda mano, con más de 12 años de edad, se dio debido a que la negociación inicial, que establecía la compra de navío griegos, era un “fiasco”, supuestamente estos barcos con un tiempo de aproximadamente cuatro años de antigüedad, no estaban actos para navegar en aguas como la de los mares venezolanos. Esto “obligó” a dar respuesta a la contingencia. Ya los ocho buques propios de Conferry estaban en paupérrimas condiciones, era necesario remplazarlos.
La adquisición de los ferrys Virgen del Valle II, San Francisco de Asís y Virgen de Coromoto hecha por García Plaza a una empresa española, tuvo un costo aproximado de 45 millones de euros, esta fue la presuntamente encontrada para aumentar la flota de Conferry, atendiendo a la promesa del gobierno de Calle que había delegado Maduro.
Evaluación de los navíos
Para remediar el déficit de la flota, el ministerio ordena la compra de tres embarcaciones españolas, con más de 12 años de edad. A pesar de que estos navíos aún estaban dentro del tiempo de vida útil, que es de 30 años, eran más antiguos que los que se habían evaluado en Grecia. Sin embargo, fuentes aseguran que se encontraban en óptimas condiciones.
El Virgen del Valle II, San Francisco de Asís y Virgen de Coromoto llegan a Venezuela entre bombos y platillos, tres ferrys cuyo costo superó los 45 millones de euros en total, más cuatro millones de euros que fue el costo de su movilización y traslado. La Nueva Conferry tenía “nuevas” embarcaciones que prometían mejorar el servicio de la empresa, acción que había sido comandada por García Plaza y que le permitió llevarse el crédito en ese momento.
Luisana Ramos y Génesis Delgado.
Reporte Confidencial





domingo, 17 de enero de 2016
Predicciones para Venezuela

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