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Investigación: Gobernador Rangel Gómez y Alto Mando Militar detrás de la corrupción en Ferrominera
27 jul 2013CVG,Rangel Gómez
Caracas, 27 de julio de 2013 - A continuación uno de los trabajos de investigación correspondientes a la edición 147 del Semanario 6to Poder.
Por Katherine Vega Avariano / José Ángel Palacios
Otro caso mil millonario de corrupción se suma al gobierno. Esta vez le tocó el turno a la estatal venezolana de minerales, que los duros del poder llevaron a la quiebra. Una empresa nacionalizada con el firme objetivo de desbancar sus ganancias.
Cuando en el país se habla de corrupción se lee y escucha los nombres de altos funcionarios del gobierno. Esta vez, una de las industrias más importantes del país, Ferrominera CVG, fue desbancada por más de mil 163 millones de dólares.
Cuando se mencionan los culpables, paradójicamente suena el nombre de la máxima autoridad del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, gobernador de la región, quien sería el líder de la operación fraudulenta que declinó aun más la economía de la empresa minera del país.
Toda una directiva involucrada. Junto a Rangel actuaron las máximas autoridades de la industria guayanesa. Hoy se encuentran en las actas del Ministerio Público los nombres de Radwan Sabbagh, ex presidente de la industria; Juan Aníbal Vásquez, gerente de Comercialización y Ventas; Eleazar Villalba, gerente general de Producción de Operaciones Mineras; María Rodríguez, gerente de Administración y Finanzas, y el auditor general, Enrique Herrera.
El primero en caer fue el presidente de la ferrominera, Radwan Sabbagh, quien el pasado 12 de junio fue señalado por el presidente Nicolás Maduro de haber “desangrado la empresa”.
En las investigaciones realizadas a la industria fueron descubiertas irregularidades que vinculan a Sabbagh, su tren gerencial, clientes de la empresa y el gobernador del estado Bolívar. A éste último las evidencias del caso lo señalan como el máximo líder de los hechos ilícitos dentro de la estatal.
Aunque según las cifras suministradas por el Ministerio de la Defensa el daño patrimonial a la empresa supera los mil 163 millones de dólares, esta suma es cuestionable, pues los actos de corrupción adjudicados a las empresa tienen antecedentes desde el 2001, la suma de pérdidas por actos ilícitos para la fecha sería incalculable.
La Ferrominera, de ser una empresa encargada de los recursos minerales del país, ahora también es operaria de corrupción, extorsión, tráfico de mineral y drogas. La gestión de Sabbagh fue el cáncer que terminó de llevar a la industria guayanesa a la ruina. Los recursos percibidos por su producción -a medias- ni siquiera fueron dedicados al pago del adeudo de los empleados; todo lo contrario, los dólares de ingresos fueron a los bolsillos de las “mafias de los hierros”.
En el círculo mafioso aparecen diversas empresas involucradas en los delitos, que son clientes directos de la industria, entre ellas está Duferco, empresa internacional productora de acero, y Muzan, que pertenece a Manuel Mustafá, abogado y testaferro de Rangel Gómez.
Implicados: perfiles de unos delincuentes
Yamal Mahmud Mustafá Henríquez, abogado de origen Palestino-Libanés es uno de los hombres más acaudalados de la región, su relación con las empresas de Guayana vienen de la famosa “mafia de las cabillas”, cuando el hoy abogado del gobernador Rangel era socio de un bufete que defendió a Luis Salvador Velásquez Rosas, considerado “rey de la cabilla”, quien fue acusado de haber cometido actos ilícitos durante su desempeño como gerente de comercialización de Sidor. Hoy se encuentra libre, bajo medidas humanitarias.
Mustafá maneja 19 compañías que asisten a las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y entidades de la Gobernación del estado Bolívar. Tickets de alimentación (Credilab), comedores industriales (Corpobrica), construcción y exportación de minerales forman parte del monopolio que maneja este empresario.
Un hombre de medios con poder en el estado. Así lo denunció el diputado Américo Grazia, uno de los acusantes de las irregulares cometidas por el abogado. El poder del empresario se demostró cuando a través del Tribunal Primero de Juicio del estado Bolívar logró que el Correo del Caroní limitara informaciones que lo involucraran con actos de corrupción.
La justicia tarda, pero llega. Pareciera ser el caso de quien alguna vez hizo una inmensa fortuna con el chavismo y fue uno de los autores del quiebre de la Ferrominera.
Ahora, Mustafá está preso en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Ciudad Guayana desde el 18 de junio. Al igual que otros tres ex directivos de Ferrominera, fue imputado por el tribunal 5° de Control, extensión Puerto Ordaz, por ser presunto cooperador en los delitos de peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir. Además, tiene prohibido movilizar sus cuentas bancarias así como enajenar y gravar bienes.
Por otra parte, y a pesar de haber sido señalado como el líder de la mafia que llevó a la Ferrominera a la ruina, el Gobernador del estado Bolívar, Gómez Rangel, se encuentra en total impunidad, la justicia no ha hecho expedientes con la ficha del Gobernador. Las denuncias interpuestas por los diputados no fueron argumento para que el Ministerio Público por lo menos abriera una investigación contra del mandatario regional, lo que demuestra que sus influencias en el poder son considerables.
La relación de Mustafá y Gómez Rangel no es un secreto para nadie, en contraste, siempre han mostrado sus vínculos delante de la opinión pública. La relación entre el Mandatario y el hoy expuesto empresario se remonta a 2001, cuando Mustafá trabajó como asesor jurídico de la CVG en el período en el que Rangel Gómez presidía la corporación.
Corrupción del alto mando militar
El coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi, alias “El Tiburón”, es un militar activo que desde noviembre de 2011 llegó a Ciudad Guayana enviado por el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal, por recomendación directa de Luis Felipe Acosta Carlez -ex gobernador de Carabobo-, según revela una alta fuente vinculada al caso. La presencia del Coronel en la región sería para investigar presuntas irregularidades en la comercialización y distribución de las cabillas -“la mafia de las cabillas”, ocurrido en Sidor-.
Adquirió relevancia y fue catalogado de “héroe” al dar con la detención del ex gerente de comercialización de Sidor, Luis Salvador Velásquez Rosas, quien también se desempeñaba como presidente de la comisión de transición de la Briquetera Orinoco Iron y Briqven.
Modus operandi
Según el expediente 47C16156-13 del Ministerio Público que recoge las declaraciones de los procesados por este caso, obtenido en exclusivo por El Comercio, 6to Poder, siendo Álvarez Jefe de la División de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, contacta a los involucrados en el caso de investigación de Ferrominera, exigiéndoles diversas sumas de dinero para que fueran depositadas en cuentas internacionales, y luego ser distribuidas progresiva y sistemáticamente a los números de cuentas bancarias que fue indicando.
El Coronel hoy imputado por Legitimación de Capitales, Asociación para Delinquir, Extorsión e Incremento Patrimonial, le exigió al gerente de Comercialización y Ventas, Juan Vásquez, el pago de tres millones de dólares. Este funcionario adelantó $2 millones, una vez que Álvarez le indicó que solo si pagaba la suma requerida procedería a borrar los expedientes que estaban bajo cargo, de lo contrario sería detenido.
Vásquez pagó a través de contactos internacionales de la empresa Miami Trust, realizando cuatro transferencias de 500 mil dólares cada una en las fechas 1, 5 y 15 de febrero, y 12 de marzo. Todas, este año. Confiesa en el documento oficial haber cancelado la suma, alegando querer borrar la mala imagen que estaban “fabricando” en la empresa, en su contra.
A Radwan Sabbagh le pidió 20 millones de dólares, para no involucrarlo en la investigación que titularon como la “Mafia del Hierro”, éste efectuó acuerdos con las empresas involucradas para cancelar la suma. La primera fue CME, dispuesta a pagar 10 millones de dólares, y a mediados del mes de “febrero o marzo” canceló los primeros tres millones, mientras que Duferco cancelaría otra parte, adelantado tres millones de dólares más.
El empresario Mustafá fue el intermediario de Sabbagh para cancelar los montos en dólares en el exterior.
Mustafá entregó unos cuatro millones de dólares ($4.405.173) a través de transferencias bancarias a cuentas indicadas por el Coronel en el exterior, y más de dos millones 500 mil bolívares (Bs.2.554.564) en Venezuela.
Asimismo, extorsionó y amenazó de muerte al representante de la sociedad mercantil Corinsur, Douglas del Valle Flores Vargas, quien dio 400 mil dólares y 800 mil bolívares a Álvarez.
Carlos Gilberto Vieira Hernández, joven de 23 años de edad, fue el encargado de facilitar las cuentas para la recepción o depósito de los montos, para ser transferidas con el objeto de ocultar o simular la procedencia de dichas sumas, quien comete con estas acciones el delito de Legitimación del Capital, según reza el informe del MP.
El gerente de Seguridad, Jhonny José Marin Sanguino, es el encargado de la seguridad familiar de Sabbagh. Es acusado de tráfico de minerales, tráfico de drogas y de recibir 600 mil dólares.
El extorsionista de la mafia del hierro
Juan Álvarez, “El Tiburón”, logró mediante diferentes extorsiones y presiones a los “corruptos funcionarios de Ferrominera”, agrupar gran parte de las ventas del mercado de exportación del mineral de hierro a través de las empresas Corinsur y Sofibella int. Dichos contratos eran inexistentes, y mediante ellos adquirió contratos de exportación del mineral de hierro.
El expediente señala que en el año 2006 Álvarez invirtió en bienes inmuebles unos 251 mil bolívares (fuertes). Los ingresos en su cuenta nómina por concepto de sueldo, bonos y compensaciones por comisión de estudios en la República de Corea fueron por la cantidad de 90 mil 700 bolívares, lo que arroja una diferencia de 160 mil bolívares que son considerados fondos desconocidos. Al igual que percibió a finales de 2011 y primer trimestre de 2012 la cantidad de 180 mil bolívares, cuyo origen no fue producto de su desempeño en la FANB sino de los ingresos obtenidos de Sabbagh por intermedio de Mustafá.
Recibió casi cuatro millones de dólares por la extorsión ejercida a Sabbagh. Así como se le vincula con unos 190 mil dólares recibidos por su esposa, Belkys Guerrero, a través de la misma intermediación utilizada en el procedimiento anterior y que se consideran igualmente fondos de origen desconocido. En todo esto actuó como cómplice de este Coronel su esposa, quien hoy también está siendo investigada por la justicia.
Antecedentes
Las primeras investigaciones comenzaron por denuncias realizadas el pasado 31 de agosto de 2012, por el colectivo de obreros revolucionarios sobre presuntos hechos de corrupción ocurridos en las empresas básicas del Estado. Al igual que el 15 de junio de 2012 se informa sobre presuntas irregularidades adelantadas por Juan Vásquez por la red de extorsión dentro de Ferrominera.
Estas y otras denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía. Ninguna fue dada a conocer públicamente hasta ahora.
En el expediente se relata que el ex gerente General de Comercialización y Ventas de la industria, Jorge Luis Cañas Loreto, se percató de la situación al entrar a la estatal. “Cuando estuvo en la obligación de cerrar el punto de cuenta suscrito con Carlos Vieira, y por órdenes de Sabbagh tuvo que abrir el punto de cuenta a Carlos Martínez (primo de Álvarez Dionisi), además que el contrato era por un solo embarque, y porque según éste tenía una relación muy estrecha con alguien relacionado con el ministro Meléndez (Ricardo), pero ante la eminente salida de su presidente (Sabbagh) decidió rechazar el contrato, pues la industria solo contrata a personas jurídicas y no naturales.
Lo actual, Ferrominera militarizada y paralizada
La noche del pasado miércoles 24 de julio las instalaciones de la Ferrominera fueron militarizadas, la tención en la estatal por la presencia de los militares era grande. Los trabajadores tomaron el portón 7 y las vías férreas de la productora de hierro.
Ante esta iniciativa, los trabajadores explicaron que la noche de la militarización la alta directiva de la productora de hierro suspendió el servicio de la flota de transportes, acto seguido los militares tomaron los portones como parte de un plan de contingencia de arranque de la planta.
Los trabajadores se mantendrán en protesta permanente en los portones para reclamar el pago de pasivos laborales y el cumplimiento de las cláusulas económicas, que según ellos se encuentran amparadas por la convención colectiva.
Entre las declaraciones los trabajadores aseguran que no se les permite el acceso a las instalaciones y que según los funcionarios son órdenes precisas del presidente Nicolás Maduro.
Tras fallecimiento Chávez hoy sólo quedan estas palabras
“Nosotros estamos obligados a eliminar de nuestras empresas todo testigo de corrupción, de ineficiencia, y tenemos que poner esas empresas a producir y a rendir para el país. Estas empresas no pueden seguir existiendo a costa de miles de millones de bolívares del presupuesto, que bastante falta hacen (…), tenemos que levantarlas, ponerlas a producir, acabar con la ineficiencia, el despilfarro, y tienen que darle ganancias al pueblo, ¿cómo justificamos que tenemos grandes tamaños de inversiones y al final hay pérdidas?”. Así se refirió el ex Presidente de la República, Hugo Chávez, el año 2010, en relación a la situación de la Corporación Venezolana de Guayana.
sábado, 27 de julio de 2013
Investigación
Investigación: Gobernador Rangel Gómez y Alto Mando Militar detrás de la corrupción en Ferrominera
27 jul 2013CVG,Rangel Gómez
Caracas, 27 de julio de 2013 - A continuación uno de los trabajos de investigación correspondientes a la edición 147 del Semanario 6to Poder.
Por Katherine Vega Avariano / José Ángel Palacios
Otro caso mil millonario de corrupción se suma al gobierno. Esta vez le tocó el turno a la estatal venezolana de minerales, que los duros del poder llevaron a la quiebra. Una empresa nacionalizada con el firme objetivo de desbancar sus ganancias.
Cuando en el país se habla de corrupción se lee y escucha los nombres de altos funcionarios del gobierno. Esta vez, una de las industrias más importantes del país, Ferrominera CVG, fue desbancada por más de mil 163 millones de dólares.
Cuando se mencionan los culpables, paradójicamente suena el nombre de la máxima autoridad del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, gobernador de la región, quien sería el líder de la operación fraudulenta que declinó aun más la economía de la empresa minera del país.
Toda una directiva involucrada. Junto a Rangel actuaron las máximas autoridades de la industria guayanesa. Hoy se encuentran en las actas del Ministerio Público los nombres de Radwan Sabbagh, ex presidente de la industria; Juan Aníbal Vásquez, gerente de Comercialización y Ventas; Eleazar Villalba, gerente general de Producción de Operaciones Mineras; María Rodríguez, gerente de Administración y Finanzas, y el auditor general, Enrique Herrera.
El primero en caer fue el presidente de la ferrominera, Radwan Sabbagh, quien el pasado 12 de junio fue señalado por el presidente Nicolás Maduro de haber “desangrado la empresa”.
En las investigaciones realizadas a la industria fueron descubiertas irregularidades que vinculan a Sabbagh, su tren gerencial, clientes de la empresa y el gobernador del estado Bolívar. A éste último las evidencias del caso lo señalan como el máximo líder de los hechos ilícitos dentro de la estatal.
Aunque según las cifras suministradas por el Ministerio de la Defensa el daño patrimonial a la empresa supera los mil 163 millones de dólares, esta suma es cuestionable, pues los actos de corrupción adjudicados a las empresa tienen antecedentes desde el 2001, la suma de pérdidas por actos ilícitos para la fecha sería incalculable.
La Ferrominera, de ser una empresa encargada de los recursos minerales del país, ahora también es operaria de corrupción, extorsión, tráfico de mineral y drogas. La gestión de Sabbagh fue el cáncer que terminó de llevar a la industria guayanesa a la ruina. Los recursos percibidos por su producción -a medias- ni siquiera fueron dedicados al pago del adeudo de los empleados; todo lo contrario, los dólares de ingresos fueron a los bolsillos de las “mafias de los hierros”.
En el círculo mafioso aparecen diversas empresas involucradas en los delitos, que son clientes directos de la industria, entre ellas está Duferco, empresa internacional productora de acero, y Muzan, que pertenece a Manuel Mustafá, abogado y testaferro de Rangel Gómez.
Implicados: perfiles de unos delincuentes
Yamal Mahmud Mustafá Henríquez, abogado de origen Palestino-Libanés es uno de los hombres más acaudalados de la región, su relación con las empresas de Guayana vienen de la famosa “mafia de las cabillas”, cuando el hoy abogado del gobernador Rangel era socio de un bufete que defendió a Luis Salvador Velásquez Rosas, considerado “rey de la cabilla”, quien fue acusado de haber cometido actos ilícitos durante su desempeño como gerente de comercialización de Sidor. Hoy se encuentra libre, bajo medidas humanitarias.
Mustafá maneja 19 compañías que asisten a las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y entidades de la Gobernación del estado Bolívar. Tickets de alimentación (Credilab), comedores industriales (Corpobrica), construcción y exportación de minerales forman parte del monopolio que maneja este empresario.
Un hombre de medios con poder en el estado. Así lo denunció el diputado Américo Grazia, uno de los acusantes de las irregulares cometidas por el abogado. El poder del empresario se demostró cuando a través del Tribunal Primero de Juicio del estado Bolívar logró que el Correo del Caroní limitara informaciones que lo involucraran con actos de corrupción.
La justicia tarda, pero llega. Pareciera ser el caso de quien alguna vez hizo una inmensa fortuna con el chavismo y fue uno de los autores del quiebre de la Ferrominera.
Ahora, Mustafá está preso en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Ciudad Guayana desde el 18 de junio. Al igual que otros tres ex directivos de Ferrominera, fue imputado por el tribunal 5° de Control, extensión Puerto Ordaz, por ser presunto cooperador en los delitos de peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir. Además, tiene prohibido movilizar sus cuentas bancarias así como enajenar y gravar bienes.
Por otra parte, y a pesar de haber sido señalado como el líder de la mafia que llevó a la Ferrominera a la ruina, el Gobernador del estado Bolívar, Gómez Rangel, se encuentra en total impunidad, la justicia no ha hecho expedientes con la ficha del Gobernador. Las denuncias interpuestas por los diputados no fueron argumento para que el Ministerio Público por lo menos abriera una investigación contra del mandatario regional, lo que demuestra que sus influencias en el poder son considerables.
La relación de Mustafá y Gómez Rangel no es un secreto para nadie, en contraste, siempre han mostrado sus vínculos delante de la opinión pública. La relación entre el Mandatario y el hoy expuesto empresario se remonta a 2001, cuando Mustafá trabajó como asesor jurídico de la CVG en el período en el que Rangel Gómez presidía la corporación.
Corrupción del alto mando militar
El coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi, alias “El Tiburón”, es un militar activo que desde noviembre de 2011 llegó a Ciudad Guayana enviado por el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal, por recomendación directa de Luis Felipe Acosta Carlez -ex gobernador de Carabobo-, según revela una alta fuente vinculada al caso. La presencia del Coronel en la región sería para investigar presuntas irregularidades en la comercialización y distribución de las cabillas -“la mafia de las cabillas”, ocurrido en Sidor-.
Adquirió relevancia y fue catalogado de “héroe” al dar con la detención del ex gerente de comercialización de Sidor, Luis Salvador Velásquez Rosas, quien también se desempeñaba como presidente de la comisión de transición de la Briquetera Orinoco Iron y Briqven.
Modus operandi
Según el expediente 47C16156-13 del Ministerio Público que recoge las declaraciones de los procesados por este caso, obtenido en exclusivo por El Comercio, 6to Poder, siendo Álvarez Jefe de la División de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, contacta a los involucrados en el caso de investigación de Ferrominera, exigiéndoles diversas sumas de dinero para que fueran depositadas en cuentas internacionales, y luego ser distribuidas progresiva y sistemáticamente a los números de cuentas bancarias que fue indicando.
El Coronel hoy imputado por Legitimación de Capitales, Asociación para Delinquir, Extorsión e Incremento Patrimonial, le exigió al gerente de Comercialización y Ventas, Juan Vásquez, el pago de tres millones de dólares. Este funcionario adelantó $2 millones, una vez que Álvarez le indicó que solo si pagaba la suma requerida procedería a borrar los expedientes que estaban bajo cargo, de lo contrario sería detenido.
Vásquez pagó a través de contactos internacionales de la empresa Miami Trust, realizando cuatro transferencias de 500 mil dólares cada una en las fechas 1, 5 y 15 de febrero, y 12 de marzo. Todas, este año. Confiesa en el documento oficial haber cancelado la suma, alegando querer borrar la mala imagen que estaban “fabricando” en la empresa, en su contra.
A Radwan Sabbagh le pidió 20 millones de dólares, para no involucrarlo en la investigación que titularon como la “Mafia del Hierro”, éste efectuó acuerdos con las empresas involucradas para cancelar la suma. La primera fue CME, dispuesta a pagar 10 millones de dólares, y a mediados del mes de “febrero o marzo” canceló los primeros tres millones, mientras que Duferco cancelaría otra parte, adelantado tres millones de dólares más.
El empresario Mustafá fue el intermediario de Sabbagh para cancelar los montos en dólares en el exterior.
Mustafá entregó unos cuatro millones de dólares ($4.405.173) a través de transferencias bancarias a cuentas indicadas por el Coronel en el exterior, y más de dos millones 500 mil bolívares (Bs.2.554.564) en Venezuela.
Asimismo, extorsionó y amenazó de muerte al representante de la sociedad mercantil Corinsur, Douglas del Valle Flores Vargas, quien dio 400 mil dólares y 800 mil bolívares a Álvarez.
Carlos Gilberto Vieira Hernández, joven de 23 años de edad, fue el encargado de facilitar las cuentas para la recepción o depósito de los montos, para ser transferidas con el objeto de ocultar o simular la procedencia de dichas sumas, quien comete con estas acciones el delito de Legitimación del Capital, según reza el informe del MP.
El gerente de Seguridad, Jhonny José Marin Sanguino, es el encargado de la seguridad familiar de Sabbagh. Es acusado de tráfico de minerales, tráfico de drogas y de recibir 600 mil dólares.
El extorsionista de la mafia del hierro
Juan Álvarez, “El Tiburón”, logró mediante diferentes extorsiones y presiones a los “corruptos funcionarios de Ferrominera”, agrupar gran parte de las ventas del mercado de exportación del mineral de hierro a través de las empresas Corinsur y Sofibella int. Dichos contratos eran inexistentes, y mediante ellos adquirió contratos de exportación del mineral de hierro.
El expediente señala que en el año 2006 Álvarez invirtió en bienes inmuebles unos 251 mil bolívares (fuertes). Los ingresos en su cuenta nómina por concepto de sueldo, bonos y compensaciones por comisión de estudios en la República de Corea fueron por la cantidad de 90 mil 700 bolívares, lo que arroja una diferencia de 160 mil bolívares que son considerados fondos desconocidos. Al igual que percibió a finales de 2011 y primer trimestre de 2012 la cantidad de 180 mil bolívares, cuyo origen no fue producto de su desempeño en la FANB sino de los ingresos obtenidos de Sabbagh por intermedio de Mustafá.
Recibió casi cuatro millones de dólares por la extorsión ejercida a Sabbagh. Así como se le vincula con unos 190 mil dólares recibidos por su esposa, Belkys Guerrero, a través de la misma intermediación utilizada en el procedimiento anterior y que se consideran igualmente fondos de origen desconocido. En todo esto actuó como cómplice de este Coronel su esposa, quien hoy también está siendo investigada por la justicia.
Antecedentes
Las primeras investigaciones comenzaron por denuncias realizadas el pasado 31 de agosto de 2012, por el colectivo de obreros revolucionarios sobre presuntos hechos de corrupción ocurridos en las empresas básicas del Estado. Al igual que el 15 de junio de 2012 se informa sobre presuntas irregularidades adelantadas por Juan Vásquez por la red de extorsión dentro de Ferrominera.
Estas y otras denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía. Ninguna fue dada a conocer públicamente hasta ahora.
En el expediente se relata que el ex gerente General de Comercialización y Ventas de la industria, Jorge Luis Cañas Loreto, se percató de la situación al entrar a la estatal. “Cuando estuvo en la obligación de cerrar el punto de cuenta suscrito con Carlos Vieira, y por órdenes de Sabbagh tuvo que abrir el punto de cuenta a Carlos Martínez (primo de Álvarez Dionisi), además que el contrato era por un solo embarque, y porque según éste tenía una relación muy estrecha con alguien relacionado con el ministro Meléndez (Ricardo), pero ante la eminente salida de su presidente (Sabbagh) decidió rechazar el contrato, pues la industria solo contrata a personas jurídicas y no naturales.
Lo actual, Ferrominera militarizada y paralizada
La noche del pasado miércoles 24 de julio las instalaciones de la Ferrominera fueron militarizadas, la tención en la estatal por la presencia de los militares era grande. Los trabajadores tomaron el portón 7 y las vías férreas de la productora de hierro.
Ante esta iniciativa, los trabajadores explicaron que la noche de la militarización la alta directiva de la productora de hierro suspendió el servicio de la flota de transportes, acto seguido los militares tomaron los portones como parte de un plan de contingencia de arranque de la planta.
Los trabajadores se mantendrán en protesta permanente en los portones para reclamar el pago de pasivos laborales y el cumplimiento de las cláusulas económicas, que según ellos se encuentran amparadas por la convención colectiva.
Entre las declaraciones los trabajadores aseguran que no se les permite el acceso a las instalaciones y que según los funcionarios son órdenes precisas del presidente Nicolás Maduro.
Tras fallecimiento Chávez hoy sólo quedan estas palabras
“Nosotros estamos obligados a eliminar de nuestras empresas todo testigo de corrupción, de ineficiencia, y tenemos que poner esas empresas a producir y a rendir para el país. Estas empresas no pueden seguir existiendo a costa de miles de millones de bolívares del presupuesto, que bastante falta hacen (…), tenemos que levantarlas, ponerlas a producir, acabar con la ineficiencia, el despilfarro, y tienen que darle ganancias al pueblo, ¿cómo justificamos que tenemos grandes tamaños de inversiones y al final hay pérdidas?”. Así se refirió el ex Presidente de la República, Hugo Chávez, el año 2010, en relación a la situación de la Corporación Venezolana de Guayana.
lunes, 22 de julio de 2013
Daños colaterales
Daños colaterales causa denuncia del cartel del Hierro en Bolívar
Daños colaterales causa denuncia del cartel del Hierro en Bolívar
julio 22, 2013 4:37 pm
Una conmoción y daños colaterales ha causado en el estado Bolívar la detención de importantes empresarios así como ex funcionarios de la empresa Ferrominera Orinoco.
Todos vinculados al cartel del Hierro, según investigación de la Dirección General Contra Inteligencia Militar, dirección de Asuntos Especiales, del ministerio de la Defensa.
Hasta ahora están detenidos e imputados, Juan Carlos Álvarez Dionisi, alias el “tiburón” exjefe del DIM en Guayana; Raddwan Sabbgah, expresidente de Ferrominera Orinoco y Carlos Viera, empresario de 23 años de edad.
El Tribunal 5º de Control a cargo del Juez Nelson Figueroa después de tres días revisando el caso por el que además están detenidos, el empresario Yamal Mustafá; y los exgerentes de Ferrominera Orinoco, María Rodríguez de Finanzas; María Acosta, de Administración y Noel Rodríguez, consultor jurídico, tomó su decisión: privativa de libertad para todos.
Están huidos, Juan Aníbal Vásquez, gerente de comercialización; Francisco Golindano, de Servicios Generales y Manuel Alejandro Mustafá Maury, empresario de 25 años, sobrino de Yamal Mustafá que tenía empresas para comercializar mineral de hierro, pellas, briquetas, finos, entre otros.
El daño patrimonial, de acuerdo al trabajo de investigación, de los cuerpos de seguridad supera los mil millones de dólares.
Son tres mujeres las que imputan a los involucrados. La Fiscal 56; la Fiscal 57 y la Fiscal 4º con Competencia Nacional.
Aunque la denuncia la ha asumido ahora el diputado Andrés Velásquez, luego de que le llegase el dossier de forma anónima con la investigación, desde el 5 de mayo de este año, estas personas señaladas estaban declarando ante el DIM de Guayana.
En el expediente de 400 páginas, todos admiten haberle pagado al llamado “tiburón” quien tenía aproximadamente dos años extorsionando a los empresarios, a los gerentes y al presidente de Ferrominera Orinoco, pues los acusaba de varios delitos, de ponerlos presos y los amenazaba con armamento si ellos no pagaban una coima o vacuna a fin de no ser incluidos en el expediente del cartel del hierro.
Por unanimidad:
El impacto en la opinión pública ha sido de tal magnitud que la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, aprobó por unanimidad iniciar la investigación por el caso, donde además, el diputado Andrés Velásquez, insiste en que el que está detrás de todo este tinglado de corrupción es el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, debido a que Yamal Mustafá, es su principal contratista, según la Memoria y Cuenta del 2012.
Esta semana llegan doce diputados de oposición al estado Bolívar para respaldar a Velásquez.
En el expediente de 400 páginas se menciona que están señalados los propietarios de las empresas Corinsur; Sofibella; CME; Tranfesur, Gerempro, Duferco, Barsanti, Cargaport, Metals Alloysd, SMT Silva; Duro Filguera; Skyview Invesment, Consorcio Ferrominera II, entre otros.
Los delitos son enriquecimiento ilícito, peculado doloso propio, malversación específica por evasión de procedimiento licitatorio y asociación para delinquir.
Conclusiones del “tiburón”
De acuerdo al informe del 15 de junio de 2012, elaborado por el jefe del DIM, Álvarez Dionisi, incluido en el expediente, había determinado que se realizaban contratos de venta de sedimentos de la planta de briqueta que salían por el muelle de Ferrominera, a un precio menor que el valor de mercado y generaba retrasos en el ingreso de otros buques que tenían asignado puerto y día para cargar, lo que significó costos para el Estado venezolano en dólares por intereses de mora en la entrega de la carga, pero además que por ese muelle de Ferrominera no salía el desecho de planta de briqueta.
Otra de las denuncias establece que sacaban un mineral, reflejado en la lista de carga a 15 dólares por tonelada y llevaban oculto en las otras bodegas del barco, mineral fino cuyo precio en el mercado es de 70 dólares por tonelada pero el Estado sólo recibía lo correspondiente a los 15 dólares que era lo que enteraban según el despacho.
Es larga la lista de irregularidades y por eso el jefe del DIM en Guayana, estuvo tanto tiempo pidiendo la “vacuna” cuyo monto original fue de 20 millones de dólares y de miles de millones de bolívares, dinero que le depositaban Carlos Viera, después de cobrar la coima a los señalados y Yamal Mustafá, pues en las cuentas de ambos se hacían los depósitos y ellos a su vez los enviaban, desde sus cuentas en el exterior a los números de cuenta que les ordenaba Álvarez Dionisi. Todo eso está sustentado en el expediente.
Daños colaterales
Además de verse involucrado un dueño de un medio de comunicación, con apenas dos años en la zona, propiedad de Yamal Mustafá; la amistad confesa de este último con el gobernador del estado Bolívar, jefe del Psuv, Francisco Rangel Gómez, y exponerse ante la opinión pública el hecho de que las empresas de Mustafá manejan el 72% de los contratos de la gobernación así como contratos en todas las empresas básicas, en las áreas de alimentación, cesta ticket, electrificación, obras, distribución de mineral, servicios, en general; la mesa de la Unidad en Caroní se partió porque la mitad de sus autoridades se enfrentaron a Andrés Velásquez y cerraron filas al lado de Yamal Mustafá por lo que se puede hablar de daños colaterales para la oposición y para el gobierno.
Esta semana ocurrirán más hechos impactantes. Entre ellos que la Mesa de la Unidad, termine rota y sus jefes posiblemente cambiados, pero bueno como decía Luis Herrera. /JM
Fuente: El Fortín Guayana
Daños colaterales causa denuncia del cartel del Hierro en Bolívar
julio 22, 2013 4:37 pm
Una conmoción y daños colaterales ha causado en el estado Bolívar la detención de importantes empresarios así como ex funcionarios de la empresa Ferrominera Orinoco.
Todos vinculados al cartel del Hierro, según investigación de la Dirección General Contra Inteligencia Militar, dirección de Asuntos Especiales, del ministerio de la Defensa.
Hasta ahora están detenidos e imputados, Juan Carlos Álvarez Dionisi, alias el “tiburón” exjefe del DIM en Guayana; Raddwan Sabbgah, expresidente de Ferrominera Orinoco y Carlos Viera, empresario de 23 años de edad.
El Tribunal 5º de Control a cargo del Juez Nelson Figueroa después de tres días revisando el caso por el que además están detenidos, el empresario Yamal Mustafá; y los exgerentes de Ferrominera Orinoco, María Rodríguez de Finanzas; María Acosta, de Administración y Noel Rodríguez, consultor jurídico, tomó su decisión: privativa de libertad para todos.
Están huidos, Juan Aníbal Vásquez, gerente de comercialización; Francisco Golindano, de Servicios Generales y Manuel Alejandro Mustafá Maury, empresario de 25 años, sobrino de Yamal Mustafá que tenía empresas para comercializar mineral de hierro, pellas, briquetas, finos, entre otros.
El daño patrimonial, de acuerdo al trabajo de investigación, de los cuerpos de seguridad supera los mil millones de dólares.
Son tres mujeres las que imputan a los involucrados. La Fiscal 56; la Fiscal 57 y la Fiscal 4º con Competencia Nacional.
Aunque la denuncia la ha asumido ahora el diputado Andrés Velásquez, luego de que le llegase el dossier de forma anónima con la investigación, desde el 5 de mayo de este año, estas personas señaladas estaban declarando ante el DIM de Guayana.
En el expediente de 400 páginas, todos admiten haberle pagado al llamado “tiburón” quien tenía aproximadamente dos años extorsionando a los empresarios, a los gerentes y al presidente de Ferrominera Orinoco, pues los acusaba de varios delitos, de ponerlos presos y los amenazaba con armamento si ellos no pagaban una coima o vacuna a fin de no ser incluidos en el expediente del cartel del hierro.
Por unanimidad:
El impacto en la opinión pública ha sido de tal magnitud que la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, aprobó por unanimidad iniciar la investigación por el caso, donde además, el diputado Andrés Velásquez, insiste en que el que está detrás de todo este tinglado de corrupción es el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, debido a que Yamal Mustafá, es su principal contratista, según la Memoria y Cuenta del 2012.
Esta semana llegan doce diputados de oposición al estado Bolívar para respaldar a Velásquez.
En el expediente de 400 páginas se menciona que están señalados los propietarios de las empresas Corinsur; Sofibella; CME; Tranfesur, Gerempro, Duferco, Barsanti, Cargaport, Metals Alloysd, SMT Silva; Duro Filguera; Skyview Invesment, Consorcio Ferrominera II, entre otros.
Los delitos son enriquecimiento ilícito, peculado doloso propio, malversación específica por evasión de procedimiento licitatorio y asociación para delinquir.
Conclusiones del “tiburón”
De acuerdo al informe del 15 de junio de 2012, elaborado por el jefe del DIM, Álvarez Dionisi, incluido en el expediente, había determinado que se realizaban contratos de venta de sedimentos de la planta de briqueta que salían por el muelle de Ferrominera, a un precio menor que el valor de mercado y generaba retrasos en el ingreso de otros buques que tenían asignado puerto y día para cargar, lo que significó costos para el Estado venezolano en dólares por intereses de mora en la entrega de la carga, pero además que por ese muelle de Ferrominera no salía el desecho de planta de briqueta.
Otra de las denuncias establece que sacaban un mineral, reflejado en la lista de carga a 15 dólares por tonelada y llevaban oculto en las otras bodegas del barco, mineral fino cuyo precio en el mercado es de 70 dólares por tonelada pero el Estado sólo recibía lo correspondiente a los 15 dólares que era lo que enteraban según el despacho.
Es larga la lista de irregularidades y por eso el jefe del DIM en Guayana, estuvo tanto tiempo pidiendo la “vacuna” cuyo monto original fue de 20 millones de dólares y de miles de millones de bolívares, dinero que le depositaban Carlos Viera, después de cobrar la coima a los señalados y Yamal Mustafá, pues en las cuentas de ambos se hacían los depósitos y ellos a su vez los enviaban, desde sus cuentas en el exterior a los números de cuenta que les ordenaba Álvarez Dionisi. Todo eso está sustentado en el expediente.
Daños colaterales
Además de verse involucrado un dueño de un medio de comunicación, con apenas dos años en la zona, propiedad de Yamal Mustafá; la amistad confesa de este último con el gobernador del estado Bolívar, jefe del Psuv, Francisco Rangel Gómez, y exponerse ante la opinión pública el hecho de que las empresas de Mustafá manejan el 72% de los contratos de la gobernación así como contratos en todas las empresas básicas, en las áreas de alimentación, cesta ticket, electrificación, obras, distribución de mineral, servicios, en general; la mesa de la Unidad en Caroní se partió porque la mitad de sus autoridades se enfrentaron a Andrés Velásquez y cerraron filas al lado de Yamal Mustafá por lo que se puede hablar de daños colaterales para la oposición y para el gobierno.
Esta semana ocurrirán más hechos impactantes. Entre ellos que la Mesa de la Unidad, termine rota y sus jefes posiblemente cambiados, pero bueno como decía Luis Herrera. /JM
Fuente: El Fortín Guayana
Ferrominera
BOLÍVAR
El soborno del coronel
En Ferrominera faltan unos dólares que hubieran dado para casi 1.400 maletas como la de Antonini. Es el mundo al revés, dice Andrés Velásquez: "Investigan la extorsión pero no la corrupción". Por Joseph Poliszuk
EL UNIVERSAL
domingo 21 de julio de 2013 12:00 AM
En las empresas básicas de Guayana llegaron a vender hierro a precios de costo. Ahora que Ferrominera es un escándalo empiezan a aparecer informes, denuncias y contratos por montos hasta cuatro veces por debajo de los del mercado.
El llamado hierro esponja o de reducción directa -que sale de las acerías de Guayana- fue despachado en el año 2011 a 15 dólares por tonelada. Una ganga que consiguió la empresa SW-Chartering INC, a diferencia de otras a las que Ferrominera exigía 59 dólares para facturar, embarcar y transportar cada tonelada del mismo producto.
Esa y otras denuncias fueron engrosando un expediente de inteligencia militar a cargo del coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi quien, paradojas de la vida, hoy espera juicio en una celda de la misma Dirección General de Contrainteligencia Militar, en la que dirigía una investigación especial contra los funcionarios públicos y empresarios que terminaron adelantándose para denunciarlo por extorsión.
Entre colegas a Álvarez Dionisi lo llamaban El Tiburón y, aunque se movía como pez en el agua en los órganos de inteligencia del Estado, terminó como un cazador cazado: hace tiempo que venía investigando lo que el mismo definió como "La mafia del hierro", pero al final resultó fichado por extorsión en el mismo informe en el que había estado enumerando una lista de empresas, que se llevaron el hierro de Guayana a precios y condiciones excepcionales.
De acuerdo con el expediente 47C-16156-13 que reposa en el Juzgado 47 en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, el coronel Álvarez Dionisi investigó una serie de ilícitos que suman daños patrimoniales en las empresas básicas de Guayana por al menos 1.113 millones de dólares.
Lo de Ferrominera fue un saqueo en el que, según sus denuncias, hubo funcionarios que llegaron a facturar el mejor hierro como si se tratara de residuos y productos de segunda.
"Bajo esta empresa (SW-Chartering INC) retiran sedimentos de la Laguna de Cogollal, cuyo precio lo establecieron a 15USD/TM y ahora lo han mezclado en la noche con mineral fino, cuyo precio de venta está por el orden de los 77 USD/TM", apuntó Álvarez Dionisi en un informe de junio de 2012 , que se conoce ahora que el diputado Andrés Velásquez ha venido presentando varios de los 400 folios de un expediente judicial que señala redes de extorsión dentro de las industrias básicas.
El precio del silencio
A pesar de que se trataba de productos contaminantes, los gerentes de Ferrominera autorizaron a la contratista beneficiada a saltarse los protocolos y embarcar el producto en el muelle de la empresa estatal, lo que -aparte de los otros daños- paralizó las entradas y salidas de otros buques durante una semana.
"En 2011 estos mismos ciudadanos generaron (pérdidas por) más de 120 millones de dólares por demoras por fallas en programaciones y beneficiando a sus socios", agregó el coronel en la retahíla de irregularidades que había estado documentando. Lo que no dijo es que ninguna de esas denuncias habían sido formalizadas en fiscalía y los organismos del Estado, mucho menos que su silencio tenía precio.
Juan Carlos Álvarez Dionisi, ex jefe de la División de Asuntos Especiales de la DIM o lo que hoy se conoce como la Dirección General de Contra Inteligencia Militar, le pidió 20 millones de dólares en noviembre de 2011 al presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, para que todo siguiera como si nada. Fue un encuentro de extraños sin palabras de cortesía. "Pidió un papel y un lápiz y escribió en un pedazo de cartón el número 20", contó Sabbagh en el testimonio que rindió el 8 de mayo en Caracas ante las autoridades militares que investigaron el caso.
Por si a las dudas, el coronel aclaró que hablaba de millones de dólares y acto seguido desapareció cualquier evidencia. "Tomó el pedazo de cartón y lo quemó", agregó Sabbagh en el interrogatorio. "Yo le dije que todo eso era mentira, que era chisme (... ) me respondió con una mirada fría que nunca olvidaré y me dijo textualmente: 'es más difícil demostrar la inocencia preso que en libertad'".
Mucho gusto, un placer
La reunión fue en la casa del empresario Yamal Mustafá, a quien Andrés Velásquez también ha venido señalando entre sus últimas denuncias como uno de los contratistas consentidos por la administración del gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez.
Allí, Álvarez Dionisi se presentó como el oficial que había investigado a Luis Velásquez y otros de los personajes que figuraron en la "Mafia de la cabilla"; solicitó apartar los celulares; mostró un expediente sobre otra mafia, esta vez la del hierro, y cuando le preguntaron si había forma de llegar a un acuerdo, finalmente pidió el cartón donde escribió el número 20.
Sabbagh había sobrevivido por más de 6 años a los cambios y destituciones que han signado los últimos tiempos de las industrias básicas de Guayana, pero esa vez fue diferente. "Me fui a mi casa sin saber muy bien qué es lo que iba a hacer y con gran sentimiento de impotencia", recuerda.
El corolario de esta historia se encuentra en fiscalía, a través de una serie de testimonios archivados en el expediente 47C-16156-13, donde los testigos y protagonistas cuentan que la plana mayor de Ferrominera resolvió pedir auxilio a dos de sus mejores clientes: las trasnacionales Duferco y Commodities Minerals Enterprise, cuyos representantes al final aceptaron pagar 10 millones de dólares cada uno en varias cuotas.
Duferco -una trasnacional del mercado de metales que opera desde Suiza- autorizó a su representante, Juan Silva, a pagar la vacuna. "Nos informó que la directiva de esa empresa se mostró dispuesta a colaborar en el entendido de que, siempre se le da ayuda a los órganos de seguridad del Estado en todos los países del mundo", relató el presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, cuando compareció ante los oficiales que investigan los sobornos.
La otra firma, Commodities Minerals Enterprise, al final también aceptó el chantaje. Aun en contra de esos métodos, su consultor jurídico en Venezuela, Gustavo Blanco, confesó el pasado 10 de mayo -cuando asistió a la sede de la Dirección de Inteligencia en calidad de testigo- que terminaron pagando.
"Me enteré que ellos previamente habían tenido una reunión con el coronel Álvarez, quien manifestó que esa investigación podía paralizarse si le entregaba una importante suma de dinero de alrededor de 20 millones de dólares, a lo cual nosotros le manifestamos en esa reunión tajantemente a todos los presentes que no estábamos en capacidad ni dispuestos a pagar ninguna cantidad de dinero, que nuestra situación financiera con Ferrominera estaba desequilibrada en relación con los aportes que veníamos efectuando y del mineral entregado en compensación", dijo.
"Sugerí que era recomendable someter a la revisión y aprobación de la Procuraduría General de la República esos contratos de alianza, para impedir este tipo de situaciones", añadió. "Eso de aceptar pagar para evitar una investigación era como apagar un incendio con gasolina y que de no ponérsele un parado a eso no sabríamos para quién estábamos trabajando, pues la utilidad generada en los contratos se iba a ir por estos desaguaderos".
Peor que el Fondo Chino
Ferrominera atraviesa en este momento dificultades hasta para pagar la nómina mientras su ex presidente, Radwan Sabbagh, permanece recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Ciudad Bolívar.
El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, lo acusó de corrupto en cadena de radio y televisión. "Es inaceptable que se le haya dado confianza pública y termine haciendo negocios con las empresas", dijo, y luego remató el nuevo presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, el general Carlos Osorio: "Algunos pensaron que estas empresas eran de propiedad personal, (...) llegaban y paraban el material un mes, dos meses y, cuando desmontaban el material, más bien nosotros les debíamos a ellos".
En esta historia, de cualquier manera, solo hay tres imputados: el ex presidente de Ferrominera enfrenta un juicio en Ciudad Bolívar por su presunta responsabilidad en el desvío de una partida presupuestaria de más de 295 millones de bolívares, mientras que en Caracas señalan al coronel Álvarez Dionisi y Carlos Vieira, de 23 años, por el caso de la extorsión.
¿Qué hay detrás de un soborno de 20 millones de dólares? Eso preguntó el diputado Andrés Velásquez, cuando el miércoles acudió a la Fiscalía General de la República, en Caracas, para consignar copias de una serie de testimonios y documentos que conducen a lo que presenta como la "Mafia del hierro". "Aquí investigan la extorsión pero no la corrupción", reclamó.
Como otros de los casos que ha venido denunciando desde el pasado 30 de mayo, Velásquez asegura que un anónimo le dejó el expediente judicial de Ferrominera en la Asamblea Nacional, en las oficinas de la Fracción Parlamentaria del Estado Bolívar, para que se hiciera eco de un escándalo que habla de transferencias y comisiones al margen de la ley e, incluso, participaciones de empresas privadas en minas como la de Cerro bonito y Cerro redondo, que son exclusivas del Estado.
Si las denuncias de Álvarez Dionisi eran ciertas y las investigaciones que reposan en fiscalía se ciñen a la realidad, este es uno de los casos de corrupción más grandes que se haya visto en los últimos tiempos; se trata de un daño patrimonial 13 veces mayor que los 80 millones de dólares que desaparecieron del Fondo Chino.
Ahora que el Gobierno promete cazar a los corruptos, Velásquez señala que en los testimonios hay pistas para poner orden en un caso que suma pérdidas de cuando menos 1.113 millones de dólares, una cifra tan grande que hubiera podido llenar 1.391 maletas como la de Guido Antonini Wilson.
jpoliszuk@eluniversal.com
EL UNIVERSAL
domingo 21 de julio de 2013 12:00 AM
En las empresas básicas de Guayana llegaron a vender hierro a precios de costo. Ahora que Ferrominera es un escándalo empiezan a aparecer informes, denuncias y contratos por montos hasta cuatro veces por debajo de los del mercado.
El llamado hierro esponja o de reducción directa -que sale de las acerías de Guayana- fue despachado en el año 2011 a 15 dólares por tonelada. Una ganga que consiguió la empresa SW-Chartering INC, a diferencia de otras a las que Ferrominera exigía 59 dólares para facturar, embarcar y transportar cada tonelada del mismo producto.
Esa y otras denuncias fueron engrosando un expediente de inteligencia militar a cargo del coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi quien, paradojas de la vida, hoy espera juicio en una celda de la misma Dirección General de Contrainteligencia Militar, en la que dirigía una investigación especial contra los funcionarios públicos y empresarios que terminaron adelantándose para denunciarlo por extorsión.
Entre colegas a Álvarez Dionisi lo llamaban El Tiburón y, aunque se movía como pez en el agua en los órganos de inteligencia del Estado, terminó como un cazador cazado: hace tiempo que venía investigando lo que el mismo definió como "La mafia del hierro", pero al final resultó fichado por extorsión en el mismo informe en el que había estado enumerando una lista de empresas, que se llevaron el hierro de Guayana a precios y condiciones excepcionales.
De acuerdo con el expediente 47C-16156-13 que reposa en el Juzgado 47 en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, el coronel Álvarez Dionisi investigó una serie de ilícitos que suman daños patrimoniales en las empresas básicas de Guayana por al menos 1.113 millones de dólares.
Lo de Ferrominera fue un saqueo en el que, según sus denuncias, hubo funcionarios que llegaron a facturar el mejor hierro como si se tratara de residuos y productos de segunda.
"Bajo esta empresa (SW-Chartering INC) retiran sedimentos de la Laguna de Cogollal, cuyo precio lo establecieron a 15USD/TM y ahora lo han mezclado en la noche con mineral fino, cuyo precio de venta está por el orden de los 77 USD/TM", apuntó Álvarez Dionisi en un informe de junio de 2012 , que se conoce ahora que el diputado Andrés Velásquez ha venido presentando varios de los 400 folios de un expediente judicial que señala redes de extorsión dentro de las industrias básicas.
El precio del silencio
A pesar de que se trataba de productos contaminantes, los gerentes de Ferrominera autorizaron a la contratista beneficiada a saltarse los protocolos y embarcar el producto en el muelle de la empresa estatal, lo que -aparte de los otros daños- paralizó las entradas y salidas de otros buques durante una semana.
"En 2011 estos mismos ciudadanos generaron (pérdidas por) más de 120 millones de dólares por demoras por fallas en programaciones y beneficiando a sus socios", agregó el coronel en la retahíla de irregularidades que había estado documentando. Lo que no dijo es que ninguna de esas denuncias habían sido formalizadas en fiscalía y los organismos del Estado, mucho menos que su silencio tenía precio.
Juan Carlos Álvarez Dionisi, ex jefe de la División de Asuntos Especiales de la DIM o lo que hoy se conoce como la Dirección General de Contra Inteligencia Militar, le pidió 20 millones de dólares en noviembre de 2011 al presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, para que todo siguiera como si nada. Fue un encuentro de extraños sin palabras de cortesía. "Pidió un papel y un lápiz y escribió en un pedazo de cartón el número 20", contó Sabbagh en el testimonio que rindió el 8 de mayo en Caracas ante las autoridades militares que investigaron el caso.
Por si a las dudas, el coronel aclaró que hablaba de millones de dólares y acto seguido desapareció cualquier evidencia. "Tomó el pedazo de cartón y lo quemó", agregó Sabbagh en el interrogatorio. "Yo le dije que todo eso era mentira, que era chisme (... ) me respondió con una mirada fría que nunca olvidaré y me dijo textualmente: 'es más difícil demostrar la inocencia preso que en libertad'".
Mucho gusto, un placer
La reunión fue en la casa del empresario Yamal Mustafá, a quien Andrés Velásquez también ha venido señalando entre sus últimas denuncias como uno de los contratistas consentidos por la administración del gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez.
Allí, Álvarez Dionisi se presentó como el oficial que había investigado a Luis Velásquez y otros de los personajes que figuraron en la "Mafia de la cabilla"; solicitó apartar los celulares; mostró un expediente sobre otra mafia, esta vez la del hierro, y cuando le preguntaron si había forma de llegar a un acuerdo, finalmente pidió el cartón donde escribió el número 20.
Sabbagh había sobrevivido por más de 6 años a los cambios y destituciones que han signado los últimos tiempos de las industrias básicas de Guayana, pero esa vez fue diferente. "Me fui a mi casa sin saber muy bien qué es lo que iba a hacer y con gran sentimiento de impotencia", recuerda.
El corolario de esta historia se encuentra en fiscalía, a través de una serie de testimonios archivados en el expediente 47C-16156-13, donde los testigos y protagonistas cuentan que la plana mayor de Ferrominera resolvió pedir auxilio a dos de sus mejores clientes: las trasnacionales Duferco y Commodities Minerals Enterprise, cuyos representantes al final aceptaron pagar 10 millones de dólares cada uno en varias cuotas.
Duferco -una trasnacional del mercado de metales que opera desde Suiza- autorizó a su representante, Juan Silva, a pagar la vacuna. "Nos informó que la directiva de esa empresa se mostró dispuesta a colaborar en el entendido de que, siempre se le da ayuda a los órganos de seguridad del Estado en todos los países del mundo", relató el presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, cuando compareció ante los oficiales que investigan los sobornos.
La otra firma, Commodities Minerals Enterprise, al final también aceptó el chantaje. Aun en contra de esos métodos, su consultor jurídico en Venezuela, Gustavo Blanco, confesó el pasado 10 de mayo -cuando asistió a la sede de la Dirección de Inteligencia en calidad de testigo- que terminaron pagando.
"Me enteré que ellos previamente habían tenido una reunión con el coronel Álvarez, quien manifestó que esa investigación podía paralizarse si le entregaba una importante suma de dinero de alrededor de 20 millones de dólares, a lo cual nosotros le manifestamos en esa reunión tajantemente a todos los presentes que no estábamos en capacidad ni dispuestos a pagar ninguna cantidad de dinero, que nuestra situación financiera con Ferrominera estaba desequilibrada en relación con los aportes que veníamos efectuando y del mineral entregado en compensación", dijo.
"Sugerí que era recomendable someter a la revisión y aprobación de la Procuraduría General de la República esos contratos de alianza, para impedir este tipo de situaciones", añadió. "Eso de aceptar pagar para evitar una investigación era como apagar un incendio con gasolina y que de no ponérsele un parado a eso no sabríamos para quién estábamos trabajando, pues la utilidad generada en los contratos se iba a ir por estos desaguaderos".
Peor que el Fondo Chino
Ferrominera atraviesa en este momento dificultades hasta para pagar la nómina mientras su ex presidente, Radwan Sabbagh, permanece recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Ciudad Bolívar.
El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, lo acusó de corrupto en cadena de radio y televisión. "Es inaceptable que se le haya dado confianza pública y termine haciendo negocios con las empresas", dijo, y luego remató el nuevo presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, el general Carlos Osorio: "Algunos pensaron que estas empresas eran de propiedad personal, (...) llegaban y paraban el material un mes, dos meses y, cuando desmontaban el material, más bien nosotros les debíamos a ellos".
En esta historia, de cualquier manera, solo hay tres imputados: el ex presidente de Ferrominera enfrenta un juicio en Ciudad Bolívar por su presunta responsabilidad en el desvío de una partida presupuestaria de más de 295 millones de bolívares, mientras que en Caracas señalan al coronel Álvarez Dionisi y Carlos Vieira, de 23 años, por el caso de la extorsión.
¿Qué hay detrás de un soborno de 20 millones de dólares? Eso preguntó el diputado Andrés Velásquez, cuando el miércoles acudió a la Fiscalía General de la República, en Caracas, para consignar copias de una serie de testimonios y documentos que conducen a lo que presenta como la "Mafia del hierro". "Aquí investigan la extorsión pero no la corrupción", reclamó.
Como otros de los casos que ha venido denunciando desde el pasado 30 de mayo, Velásquez asegura que un anónimo le dejó el expediente judicial de Ferrominera en la Asamblea Nacional, en las oficinas de la Fracción Parlamentaria del Estado Bolívar, para que se hiciera eco de un escándalo que habla de transferencias y comisiones al margen de la ley e, incluso, participaciones de empresas privadas en minas como la de Cerro bonito y Cerro redondo, que son exclusivas del Estado.
Si las denuncias de Álvarez Dionisi eran ciertas y las investigaciones que reposan en fiscalía se ciñen a la realidad, este es uno de los casos de corrupción más grandes que se haya visto en los últimos tiempos; se trata de un daño patrimonial 13 veces mayor que los 80 millones de dólares que desaparecieron del Fondo Chino.
Ahora que el Gobierno promete cazar a los corruptos, Velásquez señala que en los testimonios hay pistas para poner orden en un caso que suma pérdidas de cuando menos 1.113 millones de dólares, una cifra tan grande que hubiera podido llenar 1.391 maletas como la de Guido Antonini Wilson.
jpoliszuk@eluniversal.com
Corrupción
PÚBLICO & CONFIDENCIAL/Damián Prat C.
Lunes, 22 de Julio de 2013
Preso y juicio:
van contra Rangel y le quitan poder
Por varias fuentes se confirma un dato que publiqué en Tal Cual del fin de semana. Rangel Gómez habría llamado a Maduro el viernes en tono de reclamo por la detención de Yamal Mustafá. “¿Entonces la cosa es contra mí?”, le habría dicho. Dicen que Maduro le contestó que él debía estar contra la corrupción. Eso ratificaba que la pregunta que hicimos en el titular de esta columna el viernes no era ociosa: “¿Maduro rompió con Rangel?”. El general se ufanaba por años -y Mustafá era parte de su poder- de controlar no sólo la vida política, el poder económico y buena parte de las empresas básicas sino medios de comunicación, gremios y decisiones judiciales. Pero ayer en el tribunal le dictaron privativa de libertad a Mustafá, ordenándole ir a juicio. “Asociación para delinquir, y peculado doloso (comercialización ilegal del mineral)”, serían los cargos. Al parecer Rangel ya no tiene cómo imponer decisiones. Ahora se las imponen. Dicen que se quejan de que “fue política la decisión del tribunal”. ¡Caramba! Me vienen a la mente los juicios de indignante injusticia contra Rubén González y Carlos Chancellor, para citar sólo dos.
¿Por qué Maduro va contra su aliado de años en Guayana? Hay varias explicaciones que se comentan tanto en el PSUV como en distintos sectores políticos. Los analizaremos en próximos días, pero obviamente que no es un interés “altruista” en combatir la corrupción. Por años se supo lo que hacían en Ferrominera y hacen en otras empresas. Se denunciaba. Lo hicimos nosotros. Los hicieron dirigentes políticos como el propio Velásquez. Lo hicieron luchadores sindicales. Incluso, hubo algunos dentro del chavismo que también lo hicieron. Y en el alto gobierno -Maduro incluido- jamás se interesaron. Por el contrario, nos insultaban y amenazaban.
No me alegra la desgracia de nadie. No la celebro. El episodio me hace pensar, una vez más, en que la soberbia y la arrogancia son malas consejeras. Los que creen que el poder es eterno y atropellan en lugar de ejercerlo con prudencia y comedimiento. No más la semana pasada, el señor Mustafá, convencido de su poder omnipotente, lanzó demandas contra este diario, su director y un diputado de coraje; calificó groseramente a una joven periodista sin poder alguno que no sea su dignidad profesional y sus principios. No reparó en que un poderoso como él debía guardar respeto por alguien que solo hacia su trabajo con apego a principios. Exigió, además, una descomunal censura: que a Correo del Caroní se le prohibiera informar sobre el caso FMO. Ojalá lo de hoy sirva como lección para todos nosotros. Quien tenga poder, debe hacer un esfuerzo reflexivo por tener humildad. Los humillados de todos éstos años van a llegar al poder mañana. ¿Se comportarán igual? Todos debemos pensar en Mandela.
Un detalle adicional. Hay dos damas presas que fueron gerentes. No tengo elementos suficientes para juzgar sus responsabilidades, ni las conozco, pero si a ellas -como se comenta- se las enjuicia solo por el traslado de fondos presupuestarios que eran para inversiones en Pellas y se usaron para pagar deudas, parece que se comete una injusticia. Si hubiera otras cosas, no sé. Una desproporción. La decisión era de Sabbagh, de la directiva. Incluso en CVG sabían de esa medida. No la prohibieron. Esperemos por más información.
Tragedia y muerte
revela que desnacionalizaron Ferrominera
En horas de la tarde se conoció de una noticia triste y trágica. La muerte de cuatro trabajadores de nacionalidad china en el Cerro San Isidro, principal fuente de explotación de mineral de hierro en Ciudad Piar ya que el Cerro Bolívar está inactivo desde hace años. Lamentable para esos hombres y sus familias. Una vez más queda cuestionada la seguridad industrial en Ferrominera, donde hay varios accidentes mortales en los últimos 5 años. Para las estatales no hay Lopcymat ni Inpsasel. Eso es para los pendejos.
El caso, sin embargo, pone de bulto algo que hemos denunciado una y otra vez ante la indiferencia del gobierno y los oficialistas: Ferrominera venía siendo desnacionalizada sin pudor por los que se llenan la boca diciendo que “tenemos patria”. ¿Por qué hay obreros chinos trabajando en labores de extracción de mineral de hierro? ¡Ah!, porque la “revolución” le entregó a dos grandes contratistas privadas el 70% de la extracción. Contratos aprobados en Miraflores y el Mibam. Una de ellas la China Railway Engineering Group (Creg) que trae hasta su personal obrero. El “entreguismo” de la soberanía nacional. Los falsos “patriotas” destrozaron la capacidad productiva de Ferrominera y por vez primera en más de 30 años, nuestra empresa estatal no tiene equipos suficientes para hacer el trabajo. Hay ruinas en el taller de maquinarias. ¿Tenemos patria? Esta revolución es una farsa. Una estafa histórica.
¿O sea que desde hoy
no le vendemos petróleo
ni le compramos gasolina
ni recibimos auxilios de Chevron?
“Doy por terminadas todas las relaciones con EE UU y me planto contra el imperio”, dijo el señor Maduro el sábado en otro gesto penoso por lo falso, la impostura, el “antiimperialismo de Sábado Sensacional”. Una fachada de cartón piedra. Hace un mes dijo cosas parecidas, incendiarias, contra Colombia y su gobierno. Puro show. Nunca dejó de comprarle el gas, ni la comida que por la ruinosa “revolución” ya no se producen aquí. Hoy se reúne con Santos y ya. Todas las cobas sobre “planes para inyectarle veneno”, la “captura de paramilitares” enviados por Santos para asesinarlo quedaron enterradas porque siempre fueron “aguaje”. O las bochornosas ridiculeces sobre “denuncias” de “18 aviones de guerra comprados por la oposición y estacionados en Colombia” que ahora el manipulador JV Rangel recicla diciendo que “se gestionan en Chile”, solo porque Capriles viajó allá.
Quizás Maduro decida “plantársele” al imperio enviando a Jaua a dedicarle otra mirada derretida a Kerry. Pero “terminar todas las relaciones con EE UU” implicaría no seguir enviando (y cobrando, jejeje) los 700 mil bd DIARIOS de petróleo. Y más importante, no seguir comprándole 100 mil bd diarios de gasolina. Ni recibir 2 mil millones de dólares de Chevron que Maduro y Ramírez negociaron en préstamo con el imperio para que la hipotecada y endeudada Pdvsa pueda respirar un poco. Tampoco seguir comprando aluminio a la “imperialista” Alcoa (¿a través de la imperialista Glencore?). Ni los 19 mil millones de dólares que se gastaron en importaciones desde EE UU en 2012. Ni etc., etc., etc. Es una farsa tragicómica.
Es obvio que cada vez menos militantes del oficialismo se lo toman en serio. Ya ni se emocionan. No le paran. Saben que todo es show. Manipulación. Como el cuento falso del asilo a Snowden. Fachada de filme hollywoodense. Es como el antiimperialismo de Maradona, ese gran farsante que igual como engañaba en las canchas con las drogas, ahora pide visa al “odiado” imperio para ir a pasar vacaciones a Disney World. Y se la negaron.
Hay sin embargo, un solo pedacito serio en todo eso. Tanto inventar mentiras sobre Capriles y la oposición. Tanto repetirlas. Inventar quemas de CDI que jamás ocurrieron. Mirarse ellos al espejo antes de acusar a Capriles de “fascista” e inventar todas esas estrambóticas “conspiraciones” o los llamados de Jaua a “aplicar el 350” en una “rebelión total” y los de Cabello inventando (ojo) magnicidios contra Maduro tienen por objeto dejar el terreno sembrado para tratar de justificar la criminalización de la acción legítima y legal de los luchadores sociales y de la oposición política. Justificar la represión y los atropellos. Justificar judicializar la represión. Lo que hicieron hace ya tres meses en la AN con la violencia programada les salió mal, muy mal, pero era un intento por eliminar el parlamento plural para gobernar solos. Tal parece que saben que cada vez son una minoría más clara. Mucho más que el 14-A.
TIP 1: Sidor. Nuevamente paralizados los Laminadores de Barras (cabillas) y Alambrón. No les llega nada desde la acería de Palanquillas. El de Barras trabajó hasta la tarde de ayer domingo. El de Alambrón “estiraba” el “stock” hasta la noche. Parece importante ir dejando registro de estas situaciones para cuando vengan los nuevos jefes militares a “echar el cuento” culpando a no se sabe quién, ya se conozca la realidad.
TIP 2: Cartel del hierro. Clave leer “Expediente” la sección de El Universal, esta vez escrita por el periodista especializado en investigación, Joseph Poliszuk. Lo publicaron ayer. Es impactante. Lo incluimos desde ayer en www.publicoyconfidencial.com En el link que envía al dossier sobre el caso cartel del hierro.
TIP 3: Impactante también el reportaje de investigación de Fabiola Zerpa publicado ayer domingo en El Nacional acerca del teniente Andrade que pasó de guardaespaldas de Chávez a Tesorero de la Nación y una docena de altos cargos más, incluyendo ser hombre de confianza del fallecido hasta sus últimas horas. Hoy, y desde hace varios años, es propietario de una escuela Ecuestre en EE UU, Hollow Creek Farms, (de nuevo “el odiado imperio”), socio mecenas del Club Hípico Caracas y mucho más.
depece3@gmail.com
@damianprat (en twitter)
www.publicoyconfidencial.com
domingo, 21 de julio de 2013
El imperio de los colectivos
ELÍAS PINO ITURRIETA
El imperio de los colectivos
“Ya estamos acostumbrados a estar pendientes de cuando llegan los colectivos”, dijo el pasado martes a un reportero de El Nacional un comerciante de Catia. No se identificó para resguardar su vida, pero confesó que constantemente, en los últimos años, él y sus compañeros de oficio eran conminados por grupos armados a “colaborar” con productos de sus establecimientos o con dinero en efectivo. Tampoco quiso hablar de las consecuencias que sufriría si no complacía a los peticionarios, pero de unos hechos que sucedían entonces frente a la sede de la Policía Nacional Bolivariana, en la avenida Sucre del sector, se deduce la información que no brotó de sus labios.
Cerca de las 11:00 de la mañana ya se había formado una aglomeración. Los integrantes de un colectivo denominado José Leonardo Chirinos reclamaban a la policía la entrega de uno de sus miembros, a quien se había detenido por el porte de una pistola implicada en el robo reciente de un automóvil. Fue de tal magnitud la algarabía –tráfico detenido por los “manifestantes” en horas generalmente muy trajinadas por los vecinos, brigadas de sus filas ocupadas del control de la gente que presenciaba el hecho, gritos amenazantes contra la autoridad– que los empavorecidos gendarmes formaron un cordón de seguridad con cincuenta de los suyos dotados de equipo antimotines. “Esto lo hacemos como resguardo a nosotros mismos, por si se les da por entrar con violencia”, confesó uno de los agentes.
Los miembros del Chirinos estaban solos al principio, pero recibieron en breve la solidaridad de grupos como el suyo. Los Tupamaros y la Fundación “Hijos de Chávez” se hicieron presentes en la escena para evitar que se perpetrara una injusticia, gritaban. Tenían una demanda perentoria: que soltaran al detenido sin proceso de ninguna especie, porque “era uno de los suyos”. Demasiado perentoria la solicitud, no en balde estaba respaldada por unos individuos provistos de capuchas y ataviados con pesadas chaquetas negras de cuero puestas sobre uniformes de camuflaje. El episodio concluyó cuando los colectivos llegaron a un “acuerdo” con una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia, que se presentó en horas de la tarde. El contenido del “acuerdo” no trascendió a los periodistas.
En realidad carece de importancia ese trato de los colectivos con los agentes de inteligencia. Podemos imaginar las características de la descarada transigencia porque no estamos ante un hecho aislado, sino ante episodios que se han repetido hasta la fatiga sin ningún tipo de ocultamiento, ni de castigo. Desde hace una década, por lo menos, los vecinos del lugar, y de otros lugares de las proximidades o aun de zonas alejadas de la ciudad, o de comunidades rurales, saben que su rutina depende del capricho de grupos paramilitares que se mueven a sus anchas con el consentimiento del régimen, y aun con su evidente respaldo. Son organizaciones a las órdenes del Gobierno, tentáculos del Ejecutivo, movimientos “revolucionarios” que adornan sus cananas con la efigie del Comandante Supremo, con estampitas de Marulanda y con frases del venerable Ho Chi Minh. Pero no sólo se ocupan de hacer la “revolución” a su modo, faena en la que incluyen la presión violenta de la ciudadanía en los procesos electorales; sino también de actividades ilícitas que la prensa ha destacado con profusión y una de las cuales se reflejó en el bochornoso episodio de Catia que se ha descrito.
Maduro no incluye a los colectivos en sus palabras sobre el apremiante asunto de la inseguridad. Las fuerzas armadas se hacen la vista gorda, pese a que las rivalizan en armas y bagajes. El PSUV no los ve como un estorbo sino como un aliado de segunda categoría, como un subalterno cuyo parentesco se niega en público para evitar vergüenzas, pero a quien se encarga el trabajo sucio. Están satisfechos de que la gente los considere como motores del hábito de temor referido por un comerciante de Catia que los sufre todos los días. Un temor que apenas permite tímidas reacciones ante la persecución de Nelson Bocaranda y Richard Mardo, por ejemplo, y obliga a Henrique Capriles, con sobrada razón, a recomendarnos que evitemos manifestar nuestra indignación en la calle frente a las tropelías de un régimen desastroso.
sábado, 20 de julio de 2013
Colectivos
Complicidad estatal alienta el paramilitarismo. Reportaje de Edgar López y Thabata Molina
POR CONFLICTOVE – VIERNES, 19 DE JULIO DE 2013
PUBLICADO EN: DERECHOS HUMANOS
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Roberto Briceño León lamenta que el Estado ofrezca opciones extremas: “La mano mocha de la PNB y la mano asesina de los militares”
19 DE JULIO 2013
Más grave que la proliferación de grupos armados que actúan al margen de la ley es que el Estado no haga nada para impedirlo y, peor aún, que estimule la anarquía con justificaciones políticas y el suministro de recursos humanos, materiales y financieros.
Así lo advierte Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, a propósito de la toma de la sede de la Policía Nacional Bolivariana por colectivos del 23 de Enero a principios de esta semana. El grupo armado exigía la liberación de uno de sus militantes, detenido por portar un arma de fuego con la que se cometió un delito.
Recordó que los colectivos del 23 de Enero no son creación del chavismo y que surgieron para mejorar las condiciones de vida de la comunidad.
“Sin embargo, sobrevino una lucha interna por el control del territorio y la incursión en actividades ilícitas. Hubo grupos organizados para detener el tráfico de drogas pero, a la postre, esos mismos grupos se apoderaron del negocio con la excusa de que era una fuente de financiamiento de la lucha social y política”.
José Quintero, director de Procatia, con 37 años de trabajo comunitario en la parroquia, identifica la multiplicación de los círculos bolivarianos como un punto de quiebre: “Cuando empezaron a recibir financiamiento del Gobierno aumentaron las disputas por el poder y la participación ciudadana en la gestión pública pasó a un segundo plano”.
El alcalde metropolitano Antonio Ledezma cuenta que llegó a trabajar mancomunadamente con los colectivos del 23 de Enero en la refacción de edificios y recuperación de espacios deportivos y culturales. “Pero el discurso belicista de Hugo Chávez fue objeto de libres interpretaciones por cada grupo que degeneraron en paramilitares”, asegura.
El poder de la beligerancia. “Ha habido casos en que el Cicpc rastrea una llamada telefónica para ubicar a un secuestrado, pero queda atado de manos cuando verifica que la víctima está en alguna de esas zonas donde los cuerpos de seguridad del Estado tienen prohibido el acceso”, ejemplificó Briceño León.
Aunque en algunos colectivos militan verdaderos luchadores sociales, el ejercicio de la justicia por mano propia los deslegitima, insiste el director del OVV. En su opinión, la mayor gravedad consiste en la beligerancia que les ha dado el Gobierno: “Hemos visto como sus líderes sostienen reuniones formales con ministros y diputados. Recordemos el caso del parlamentario Robert Serra, del PSUV, junto a un grupo de niños armados. Hay unos niveles de complicidad muy claros”, insistió el sociólogo.
Ledezma cuestiona las incoherencias del Gobierno: “Por un lado se sanciona una ley contra el desarme y por otro lado se permite que los colectivos utilicen las armas y burlen las normas”.
Briceño León agrega otra discordancia: “No es justo que el Estado ofrezca dos opciones extremas: no hacer nada y matar a mansalva. Ni la mano mocha de la PNB que es humillada por los colectivos, ni la mano asesina de la Guardia Nacional que sale a la calle a combatir el hampa con una estrategia de guerra. Lo que hay en el medio es el pacto social, la reconstrucción de la convivencia y el respeto a la ley”.
Los más visibles
La Piedrita. Nació en 1999 como experiencia de vigilancia en el sector El Observatorio. Su líder histórico es Valentín Santana, ex supervisor de seguridad de la UCV, actualmente solicitado por su presunta responsabilidad en un homicidio. En 2007 se consolidó como colectivo independiente luego de una larga disputa por el liderazgo en el 23 de Enero con José Pinto, de Tupamaro. Agrupa a 50 militantes. Detentan el control absoluto de El Observatorio y exhiben equipos y vehículos militares.
Alexis Vive. Se formó en 2002 tras la muerte de Alexis González Revette, líder de un grupo que operaba en Monte Piedad. Se define como grupo marxista-leninista dedicado al trabajo social. Formalmente constituye una fundación que realiza transacciones comerciales con organismos del Estado. Tiene aproximadamente 25 militantes. En 2005 se separó de la Coordinadora Simón Bolívar y ha hecho demostraciones de poder mediante bloqueo de calles en Agua Salud. Ha organizado programas de adoctrinamiento y entrenamiento en el uso de armas dirigidos a menores de edad.
Montaraz. Fue fundado en 2005. Forma parte de la Coordinadora Simón Bolívar. Su principal líder es Alexis Noguera. Cuenta con aproximadamente 20 militantes. Opera en Caño Amarillo y El Calvario. Ha recibido apoyo del oficialismo a través de alcaldías y ministerios.
Propiedad a la fuerza
Desde el año 2000 se inició en Caracas y algunos estados del interior una política de invasiones de casas y edificios, promovidos por grupos de colectivos y organizaciones simpatizantes del gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez. La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos ha señalado que 22.000 inmuebles han sido invadidos en todo el país desde 1999, de los cuales 950 edificios, casas, terrenos y galpones de Caracas aún permanecen ocupados de manera ilegal.
Una de las invasiones más emblemáticas del país es la Torre Confinanzas, mejor conocida como la “Torre de David”, tomada desde 2007 por más de 1.000 familias y controlada por grupos armados que imponen un orden a quienes allí habitan.
Presión a la ley
Cuando los cuerpos de seguridad del Estado intentan sancionar a personas vinculadas con grupos armados que apoyan al oficialismo son amedrentados. En el último año hubo por lo menos tres eventos violentos de ese tipo.
En noviembre de 2012, un colectivo del 23 de Enero intentó tomar la sede del Cicpc del Oeste para exigir a las autoridades que liberaran a Adinson Pérez, detenido por su presunta responsabilidad en un homicidio. En abril de 2013, el colectivo Ho Chi Minh intentó tomar la sede de la PNB en El Amparo porque uno de sus miembros fue aprehendido con un arma ilegal, y esta semana ocurrió lo mismo en la sede de la PNB de la avenida Sucre.
Grupos de choque
Medios de comunicación, organismos públicos y privados, partidos y dirigentes políticos de oposición, comerciantes y el movimiento estudiantil han sido amedrentados y atacados por grupos oficialistas en los últimos 14 años. Los colectivos y grupos armados utilizan la intimidación y las agresiones físicas como mecanismo de presión y de defensa de lo que ellos denominan proceso revolucionario.
Esta práctica fue promovida por Lina Ron y grupos motorizados. Uno de los últimos actos ocurrió el 5 de marzo, día en que murió Hugo Chávez. Los colectivos se concentraron en Globovisión por las informaciones que se difundían sobre la salud del entonces Presidente.
Vacuna en kilos
Hace tres meses, varios colectivos tomaron algunas carnicerías de Catia y, por la fuerza, obligaron a los comerciantes a vender los productos a precios regulados. Siempre bajo reserva de sus identidades, por temor a represalias, denuncian que son víctimas de una continua extorsión: “Nos piden dinero a cambio de protección. Y si no aceptamos nos roban y nos amenazan con secuestrarnos y matarnos. Lo más reciente es que, una vez a la semana, nos piden que le demos 10 kilos de carne, como contribución al proceso”.
ConflictoVe Fuente: http://www.el-nacional.com/sucesos/Complicidad-estatal-alienta-paramilitarismo_0_229177327.html
ETIQUETAS: conflictove, DDHH, Derechos Humanos, Policías, violencia
jueves, 18 de julio de 2013
Materias pendientes entre Santos y Maduro.
17 julio 2013
Los puntos pendientes entre Santos y Maduro
Por Catalina Lobo-Guerrero, enviada especial a Caracas.
DIPLOMACIA Si el encuentro de los mandatarios busca limar asperezas, lo más probable es que los temas álgidos no se discutan.
Los puntos pendientes entre Santos y Maduro. Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos
Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos
Foto: AFP 
Aún no se ha definido el lugar preciso donde se encontrarán los presidentes de Colombia y Venezuela, Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, respectivamente. Ambos confirmaron que la reunión será el próximo lunes 22 de julio y se realizará en la zona fronteriza entre los dos países. Lo más probable es que sea en Cúcuta o en San Cristóbal, las dos ciudades más grandes del espacio limítrofe.
La reunión de los dos jefes de Estado fue planteada hace más de un mes, cuando el mismo Nicolás Maduro, en la cadena de radio y la televisión, dijo que estaba dispuesto a reunirse con Santos para reanudar plenamente las relaciones diplomáticas. En ese entonces, el mandatario venezolano afirmó que hizo su anuncio por una recomendación del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.
Debido a la falta de coordinación en las agendas de ambos mandatarios, la cita no se había programado. No obstante, las declaraciones de la canciller colombiana, María Ángela Holguín, sobre que ambos países estaban “ad portas” de reanudar la agenda bilateral, dio pie al anuncio del esperado encuentro.
Esta sería la primera reunión entre Santos y Maduro desde cuando este último asumió la Presidencia en el pasado mes de abril. Maduro ya se ha reunido con varios mandatarios, de hecho, en Venezuela se cuestiona que el 25% del tiempo que ha ejercido como presidente lo ha ocupado en giras internacionales.
Si bien Colombia no ha sido un país abiertamente hostil a la Presidencia de Maduro, ya que Santos viajó a Caracas a su posesión, las relaciones entre ambos países tuvieron un momento difícil a finales del pasado mayo, luego de que Santos recibió en Bogotá al líder opositor venezolano, Henrique Capriles.
Aunque la canciller Holguín aseguró que Maduro estaba enterado previamente sobre el encuentro entre Capriles y Santos, eso no impidió que miembros del “gobierno colegiado” que actualmente rige en Venezuela hicieran declaraciones de ataque en contra de Colombia. Este episodio terminó con la amenaza de retirar el acompañamiento de Venezuela al proceso de paz de La Habana, y el señalamiento sobre un supuesto plan, elaborado en Colombia, para asesinar a Maduro. Incluso, se dijo que las ultra derechas venezolana y colombiana compraron aviones de guerra que serían usados en contra de Venezuela.
Con estos antecedentes se reunirán Santos y Maduro la semana entrante. ¿Cuáles puntos específicos se hablarán en la agenda del encuentro? ¿Cuáles acuerdos se alcanzarían?
Aún no se conoce el temario de la discusión bilateral. Si se limitan a hablar sobre los programas culturales vigentes entre ambos países, la integración con otras naciones de Latinoamérica y los convenios y los planes energéticos bilaterales, será un encuentro amable y representará el primer paso para recomponer las relaciones diplomáticas. Sin embargo, hay otros puntos pendientes que realmente afectan las relaciones, temas que pueden surgir en la reunión y que, aunque no permitirían una discusión tan fluida, lograrían un encuentro más sincero.
Los puntos gruesos
- El canciller venezolano, Elías Jaua, anunció que las pruebas del supuesto plan magnicida contra Maduro serían presentadas en la reunión con Santos, a quien Maduro consideró públicamente un “cómplice” de Álvaro Uribe, el estratega político Juan José Rendón (quien trabajó para la campaña presidencial de Santos) y sectores de la derecha venezolana. El ministro del Interior de Venezuela, Miguel Rodríguez, también aseguró que habían capturado a presuntos líderes de una bacrim involucrados en dicho plan magnicida. El gobierno venezolano no ha vuelto a mencionar el tema y tampoco ha dado mayores detalles sobre las supuestas pruebas de que en Colombia se planea sabotear el gobierno de Maduro. Habrá que ver cómo el presidente Maduro aborda este incidente y si realmente presentará evidencias contundentes. Por otro lado, es probable que Santos quiera simplemente pasar la página de este tema rápidamente. Valga recordar que, en su momento, tildó las denuncias del supuesto plan conspirativo como “descabelladas”. Su relación actual con Uribe podría ser el mejor argumento ante Maduro para deslindarse del problema.
- En la misma semana en que se desató la crisis diplomática entre ambos países, viceministros colombianos y sus homólogos venezolanos en las áreas de agricultura y comercio, entre otros, se reunieron en Caracas y Bogotá para lograr que Colombia exporte alimentos a Venezuela a cambio de petróleo. Hasta el ministro de Economía colombiano, Mauricio Cárdenas, dijo estar dispuesto a evaluar fórmulas y alternativas para que eso se convierta en una realidad tangible, pese a la desconfianza que existe entre los empresarios colombianos de exportar al país vecino, ya que el gobierno venezolano aún no ha terminado de pagar la deuda a varias empresas nacionales. La balanza comercial entre ambos países no se ha recuperado después de la crisis diplomática que hubo en el 2008. Además, Venezuela se fue saliendo de la CAN, y los productos que antes importaba de Colombia se fueron sustituyendo con los de otros países del MERCOSUR, cuya presidencia está en estos momentos en cabeza de Venezuela. Para avanzar en este punto, Venezuela tendría que ofrecerles garantías a los empresarios colombianos para que estos inviertanr en una plaza que cada vez es más difícil.
- La economía fronteriza está pasando por uno de sus peores momentos. Los productores colombianos de alimentos y comerciantes se quejan de que el control cambiario venezolano y el acelerado incremento del precio del dólar en el mercado paralelo, está acabando con su clientela venezolana. Quienes antes cruzaban la frontera para hacer mercado, comprar ropa y materiales de trabajo, ya no pueden hacerlo porque no les alcanza el dinero, y el bolívar está tan devaluado, que los colombianos no aceptan que les paguen en esta moneda.
- El contrabando está floreciendo en este contexto. Ya no es sólo gasolina. Con la actual crisis económica de Venezuela y el modelo de control de precios en algunos alimentos básicos, el contrabando de comida entre ambos países está empezando a afectar seriamente tanto a colombianos como venezolanos. El contrabando de leche, pollo, huevos, carnes, entre otros, es notorio. El presidente Santos anunció una nueva ley para perseguir el contrabando, y el gobierno de Venezuela hace decomisos permanentes, y hasta el gobernador del estado fronterizo del Zulia trató de instrumentar un sistema de racionamiento de compras, al argumentar que era necesario para frenar el contrabando. El problema es que si no se llega a algún acuerdo de que la frontera sea una zona económica especial de comercio, que beneficie a los dos países con un tipo de control cambiario diferente desde Venezuela, no habrá medidas suficientes que logren detener este flagelo.
- La guerrilla colombiana seguramente estará dentro de los puntos de conversación, pero es, quizás, el punto más espinoso de todos. Colombia ha agradecido las gestiones de Venezuela, especialmente del fallecido presidente Chávez, el mismo Maduro y el embajador venezolano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton, pero ni Colombia ni Venezuela conocen cómo ha sido la mediación ni cuál papel ha jugado Venezuela en el proceso. Mientras tanto, al menos en Venezuela, hay preocupación de que el proceso de paz con las FARC no aborde asuntos tangenciales, como son la presencia de la guerrilla en ese país, la extorsión, el secuestro y las actividades armadas de las FARC. La oposición venezolana había solicitado que en las negociaciones se exigiera también que este grupo guerrillero entregara información sobre los secuestrados y desaparecidos venezolanos.
- Otro de los temas difíciles que podría surgir es la situación del 'cantante' de las FARC, Julián Conrado, capturado desde hace dos años, preso en Venezuela y con una extradición pendiente a Colombia. Con la propuesta de darle asilo al exagente estadounidense Edward Snowden, los partidos de izquierda venezolanos, incluido el propio partido de gobierno (PSUV), están planteando la posibilidad de que a Conrado también se le dé asilo en Venezuela, como él lo ha solicitado. En medio de las negociaciones de paz, el caso Conrado se podría convertir en una papa caliente, tanto para Maduro como para Santos.
- Por otro lado, en materia de cooperación contra el narcotráfico, si bien las Fuerzas Armadas de ambos países han participado de operaciones conjuntas y de manera regular capturan a narcos colombianos en Venezuela, el vínculo de la guerrilla con el narcotráfico, las pistas clandestinas que estas manejan en Venezuela y los negocios, incluidos compra de bienes raíces de las FARC en el país vecino, es otro tema delicado que quizás ambos mandatarios eviten abordar.
Aún no se ha definido el lugar preciso donde se encontrarán los presidentes de Colombia y Venezuela, Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, respectivamente. Ambos confirmaron que la reunión será el próximo lunes 22 de julio y se realizará en la zona fronteriza entre los dos países. Lo más probable es que sea en Cúcuta o en San Cristóbal, las dos ciudades más grandes del espacio limítrofe.
La reunión de los dos jefes de Estado fue planteada hace más de un mes, cuando el mismo Nicolás Maduro, en la cadena de radio y la televisión, dijo que estaba dispuesto a reunirse con Santos para reanudar plenamente las relaciones diplomáticas. En ese entonces, el mandatario venezolano afirmó que hizo su anuncio por una recomendación del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.
Debido a la falta de coordinación en las agendas de ambos mandatarios, la cita no se había programado. No obstante, las declaraciones de la canciller colombiana, María Ángela Holguín, sobre que ambos países estaban “ad portas” de reanudar la agenda bilateral, dio pie al anuncio del esperado encuentro.
Esta sería la primera reunión entre Santos y Maduro desde cuando este último asumió la Presidencia en el pasado mes de abril. Maduro ya se ha reunido con varios mandatarios, de hecho, en Venezuela se cuestiona que el 25% del tiempo que ha ejercido como presidente lo ha ocupado en giras internacionales.
Si bien Colombia no ha sido un país abiertamente hostil a la Presidencia de Maduro, ya que Santos viajó a Caracas a su posesión, las relaciones entre ambos países tuvieron un momento difícil a finales del pasado mayo, luego de que Santos recibió en Bogotá al líder opositor venezolano, Henrique Capriles.
Aunque la canciller Holguín aseguró que Maduro estaba enterado previamente sobre el encuentro entre Capriles y Santos, eso no impidió que miembros del “gobierno colegiado” que actualmente rige en Venezuela hicieran declaraciones de ataque en contra de Colombia. Este episodio terminó con la amenaza de retirar el acompañamiento de Venezuela al proceso de paz de La Habana, y el señalamiento sobre un supuesto plan, elaborado en Colombia, para asesinar a Maduro. Incluso, se dijo que las ultra derechas venezolana y colombiana compraron aviones de guerra que serían usados en contra de Venezuela.
Con estos antecedentes se reunirán Santos y Maduro la semana entrante. ¿Cuáles puntos específicos se hablarán en la agenda del encuentro? ¿Cuáles acuerdos se alcanzarían?
Aún no se conoce el temario de la discusión bilateral. Si se limitan a hablar sobre los programas culturales vigentes entre ambos países, la integración con otras naciones de Latinoamérica y los convenios y los planes energéticos bilaterales, será un encuentro amable y representará el primer paso para recomponer las relaciones diplomáticas. Sin embargo, hay otros puntos pendientes que realmente afectan las relaciones, temas que pueden surgir en la reunión y que, aunque no permitirían una discusión tan fluida, lograrían un encuentro más sincero.
Los puntos gruesos
- El canciller venezolano, Elías Jaua, anunció que las pruebas del supuesto plan magnicida contra Maduro serían presentadas en la reunión con Santos, a quien Maduro consideró públicamente un “cómplice” de Álvaro Uribe, el estratega político Juan José Rendón (quien trabajó para la campaña presidencial de Santos) y sectores de la derecha venezolana. El ministro del Interior de Venezuela, Miguel Rodríguez, también aseguró que habían capturado a presuntos líderes de una bacrim involucrados en dicho plan magnicida. El gobierno venezolano no ha vuelto a mencionar el tema y tampoco ha dado mayores detalles sobre las supuestas pruebas de que en Colombia se planea sabotear el gobierno de Maduro. Habrá que ver cómo el presidente Maduro aborda este incidente y si realmente presentará evidencias contundentes. Por otro lado, es probable que Santos quiera simplemente pasar la página de este tema rápidamente. Valga recordar que, en su momento, tildó las denuncias del supuesto plan conspirativo como “descabelladas”. Su relación actual con Uribe podría ser el mejor argumento ante Maduro para deslindarse del problema.
- En la misma semana en que se desató la crisis diplomática entre ambos países, viceministros colombianos y sus homólogos venezolanos en las áreas de agricultura y comercio, entre otros, se reunieron en Caracas y Bogotá para lograr que Colombia exporte alimentos a Venezuela a cambio de petróleo. Hasta el ministro de Economía colombiano, Mauricio Cárdenas, dijo estar dispuesto a evaluar fórmulas y alternativas para que eso se convierta en una realidad tangible, pese a la desconfianza que existe entre los empresarios colombianos de exportar al país vecino, ya que el gobierno venezolano aún no ha terminado de pagar la deuda a varias empresas nacionales. La balanza comercial entre ambos países no se ha recuperado después de la crisis diplomática que hubo en el 2008. Además, Venezuela se fue saliendo de la CAN, y los productos que antes importaba de Colombia se fueron sustituyendo con los de otros países del MERCOSUR, cuya presidencia está en estos momentos en cabeza de Venezuela. Para avanzar en este punto, Venezuela tendría que ofrecerles garantías a los empresarios colombianos para que estos inviertanr en una plaza que cada vez es más difícil.
- La economía fronteriza está pasando por uno de sus peores momentos. Los productores colombianos de alimentos y comerciantes se quejan de que el control cambiario venezolano y el acelerado incremento del precio del dólar en el mercado paralelo, está acabando con su clientela venezolana. Quienes antes cruzaban la frontera para hacer mercado, comprar ropa y materiales de trabajo, ya no pueden hacerlo porque no les alcanza el dinero, y el bolívar está tan devaluado, que los colombianos no aceptan que les paguen en esta moneda.
- El contrabando está floreciendo en este contexto. Ya no es sólo gasolina. Con la actual crisis económica de Venezuela y el modelo de control de precios en algunos alimentos básicos, el contrabando de comida entre ambos países está empezando a afectar seriamente tanto a colombianos como venezolanos. El contrabando de leche, pollo, huevos, carnes, entre otros, es notorio. El presidente Santos anunció una nueva ley para perseguir el contrabando, y el gobierno de Venezuela hace decomisos permanentes, y hasta el gobernador del estado fronterizo del Zulia trató de instrumentar un sistema de racionamiento de compras, al argumentar que era necesario para frenar el contrabando. El problema es que si no se llega a algún acuerdo de que la frontera sea una zona económica especial de comercio, que beneficie a los dos países con un tipo de control cambiario diferente desde Venezuela, no habrá medidas suficientes que logren detener este flagelo.
- La guerrilla colombiana seguramente estará dentro de los puntos de conversación, pero es, quizás, el punto más espinoso de todos. Colombia ha agradecido las gestiones de Venezuela, especialmente del fallecido presidente Chávez, el mismo Maduro y el embajador venezolano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton, pero ni Colombia ni Venezuela conocen cómo ha sido la mediación ni cuál papel ha jugado Venezuela en el proceso. Mientras tanto, al menos en Venezuela, hay preocupación de que el proceso de paz con las FARC no aborde asuntos tangenciales, como son la presencia de la guerrilla en ese país, la extorsión, el secuestro y las actividades armadas de las FARC. La oposición venezolana había solicitado que en las negociaciones se exigiera también que este grupo guerrillero entregara información sobre los secuestrados y desaparecidos venezolanos.
- Otro de los temas difíciles que podría surgir es la situación del 'cantante' de las FARC, Julián Conrado, capturado desde hace dos años, preso en Venezuela y con una extradición pendiente a Colombia. Con la propuesta de darle asilo al exagente estadounidense Edward Snowden, los partidos de izquierda venezolanos, incluido el propio partido de gobierno (PSUV), están planteando la posibilidad de que a Conrado también se le dé asilo en Venezuela, como él lo ha solicitado. En medio de las negociaciones de paz, el caso Conrado se podría convertir en una papa caliente, tanto para Maduro como para Santos.
- Por otro lado, en materia de cooperación contra el narcotráfico, si bien las Fuerzas Armadas de ambos países han participado de operaciones conjuntas y de manera regular capturan a narcos colombianos en Venezuela, el vínculo de la guerrilla con el narcotráfico, las pistas clandestinas que estas manejan en Venezuela y los negocios, incluidos compra de bienes raíces de las FARC en el país vecino, es otro tema delicado que quizás ambos mandatarios eviten abordar.
miércoles, 17 de julio de 2013
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
A.E.P.I.V
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PENSIONADOS DEL SEGURO SOCIAL (IVSS)
INICIOPRENSA DE CANARIASPRENSA DE ESPAÑAPRENSA DE VENEZUELA
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A confesión de parte…por FABLISTAN
17
JUN
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La semana pasada una noticia dejó atónitos a millones de venezolanos:
La prensa informaba que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) reconocía a Venezuela como uno de los 38 países del mundo que habían logrado disminuir el hambre a la mitad.
Este reconocimiento lo da la FAO a los países que vienen logrando cumplir con el “Reto del Hambre Cero” para 2015, alcanzando entre otros objetivos: El pleno acceso a una alimentación adecuada, evitar el retraso del crecimiento de los niños, asegurar la sostenibilidad del sistema alimentario, lograr el incremento en la productividad y evitar el desperdicio de alimentos.
Este reconocimiento es una afrenta para los ciudadanos de Venezuela, quienes precisamente en estos momentos están viviendo, como nunca antes, las penurias de una generalizada caída de la producción y la dependencia de importaciones para cubrir la demanda alimentaria, a consecuencia de erradas políticas de control y expropiaciones que han originado escasez de alimentos de la dieta básica y un incremento inusitado de los precios de los pocos rubros que aún hay en existencia. Políticas que persisten como lo demuestra la expropiación la semana pasada del Hato La Palma en Yaracuy, el cual tiene (o tenía) 2.700 vacas productoras de leche.
Para este humilde servidor, este premio es un triunfo del aparato propagandístico y de los entes que manejan las estadísticas del gobierno Chávez-Maduro, al cual hay que felicitar por su poder de convencimiento, que hace ver que hay pasto donde sólo existe tierra arrasada. La lamentable realidad es que un ingente número de venezolanos sufren de obesidad y otras enfermedades colaterales que resultan de la mala nutrición, a pesar de haber tenido una mejoría en sus ingresos debido a las dádivas y misiones del gobierno.
Pero, como por la boca muere el pez, Nicolás Maduro en el mismo acto donde recibió el reconocimiento en Roma, dejó en evidencia que las cosas no son color de rosas como las pintan los reportes oficiales que envían a la FAO: Maduro solicitó a la FAO asesoría y apoyo técnico para crear un sistema de abastecimiento y producción de alimentos así como para la aplicación de planes productivos y el aprovechamiento de las tierras. Este es un pedido inaudito por venir de un gobernante de un país petrolero que ha recibido milmillonarios ingresos en los últimos 14 años.
Cabe preguntar ¿Es éste un reconocimiento del fracaso de la política de la revolución que ha puesto bajo el dominio del Estado a casi la totalidad de las tierras productivas, que es propietario de industrias en todos los renglones alimenticios y que controla y maneja toda la cadena de producción y distribución de alimentos?
También vale preguntar ¿Por qué el gobierno, en vez de pedir asistencia a la FAO, no recurre al talento y experiencia de todo un sector agroindustrial venezolano que conoce de tierras y sembradíos, o al sector productivo que manejó eficientemente por décadas la industria vacuna, porcina y avícola nacional, en tiempos donde la palabra escasez no era de uso diario en la boca del venezolano? Ahora es de uso común con este maldito Castro comunismo.
FABLISTAN
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