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Investigación: Gobernador Rangel Gómez y Alto Mando Militar detrás de la corrupción en Ferrominera
27 jul 2013CVG,Rangel Gómez
Caracas, 27 de julio de 2013 - A continuación uno de los trabajos de investigación correspondientes a la edición 147 del Semanario 6to Poder.
Por Katherine Vega Avariano / José Ángel Palacios
Otro caso mil millonario de corrupción se suma al gobierno. Esta vez le tocó el turno a la estatal venezolana de minerales, que los duros del poder llevaron a la quiebra. Una empresa nacionalizada con el firme objetivo de desbancar sus ganancias.
Cuando en el país se habla de corrupción se lee y escucha los nombres de altos funcionarios del gobierno. Esta vez, una de las industrias más importantes del país, Ferrominera CVG, fue desbancada por más de mil 163 millones de dólares.
Cuando se mencionan los culpables, paradójicamente suena el nombre de la máxima autoridad del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, gobernador de la región, quien sería el líder de la operación fraudulenta que declinó aun más la economía de la empresa minera del país.
Toda una directiva involucrada. Junto a Rangel actuaron las máximas autoridades de la industria guayanesa. Hoy se encuentran en las actas del Ministerio Público los nombres de Radwan Sabbagh, ex presidente de la industria; Juan Aníbal Vásquez, gerente de Comercialización y Ventas; Eleazar Villalba, gerente general de Producción de Operaciones Mineras; María Rodríguez, gerente de Administración y Finanzas, y el auditor general, Enrique Herrera.
El primero en caer fue el presidente de la ferrominera, Radwan Sabbagh, quien el pasado 12 de junio fue señalado por el presidente Nicolás Maduro de haber “desangrado la empresa”.
En las investigaciones realizadas a la industria fueron descubiertas irregularidades que vinculan a Sabbagh, su tren gerencial, clientes de la empresa y el gobernador del estado Bolívar. A éste último las evidencias del caso lo señalan como el máximo líder de los hechos ilícitos dentro de la estatal.
Aunque según las cifras suministradas por el Ministerio de la Defensa el daño patrimonial a la empresa supera los mil 163 millones de dólares, esta suma es cuestionable, pues los actos de corrupción adjudicados a las empresa tienen antecedentes desde el 2001, la suma de pérdidas por actos ilícitos para la fecha sería incalculable.
La Ferrominera, de ser una empresa encargada de los recursos minerales del país, ahora también es operaria de corrupción, extorsión, tráfico de mineral y drogas. La gestión de Sabbagh fue el cáncer que terminó de llevar a la industria guayanesa a la ruina. Los recursos percibidos por su producción -a medias- ni siquiera fueron dedicados al pago del adeudo de los empleados; todo lo contrario, los dólares de ingresos fueron a los bolsillos de las “mafias de los hierros”.
En el círculo mafioso aparecen diversas empresas involucradas en los delitos, que son clientes directos de la industria, entre ellas está Duferco, empresa internacional productora de acero, y Muzan, que pertenece a Manuel Mustafá, abogado y testaferro de Rangel Gómez.
Implicados: perfiles de unos delincuentes
Yamal Mahmud Mustafá Henríquez, abogado de origen Palestino-Libanés es uno de los hombres más acaudalados de la región, su relación con las empresas de Guayana vienen de la famosa “mafia de las cabillas”, cuando el hoy abogado del gobernador Rangel era socio de un bufete que defendió a Luis Salvador Velásquez Rosas, considerado “rey de la cabilla”, quien fue acusado de haber cometido actos ilícitos durante su desempeño como gerente de comercialización de Sidor. Hoy se encuentra libre, bajo medidas humanitarias.
Mustafá maneja 19 compañías que asisten a las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y entidades de la Gobernación del estado Bolívar. Tickets de alimentación (Credilab), comedores industriales (Corpobrica), construcción y exportación de minerales forman parte del monopolio que maneja este empresario.
Un hombre de medios con poder en el estado. Así lo denunció el diputado Américo Grazia, uno de los acusantes de las irregulares cometidas por el abogado. El poder del empresario se demostró cuando a través del Tribunal Primero de Juicio del estado Bolívar logró que el Correo del Caroní limitara informaciones que lo involucraran con actos de corrupción.
La justicia tarda, pero llega. Pareciera ser el caso de quien alguna vez hizo una inmensa fortuna con el chavismo y fue uno de los autores del quiebre de la Ferrominera.
Ahora, Mustafá está preso en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Ciudad Guayana desde el 18 de junio. Al igual que otros tres ex directivos de Ferrominera, fue imputado por el tribunal 5° de Control, extensión Puerto Ordaz, por ser presunto cooperador en los delitos de peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir. Además, tiene prohibido movilizar sus cuentas bancarias así como enajenar y gravar bienes.
Por otra parte, y a pesar de haber sido señalado como el líder de la mafia que llevó a la Ferrominera a la ruina, el Gobernador del estado Bolívar, Gómez Rangel, se encuentra en total impunidad, la justicia no ha hecho expedientes con la ficha del Gobernador. Las denuncias interpuestas por los diputados no fueron argumento para que el Ministerio Público por lo menos abriera una investigación contra del mandatario regional, lo que demuestra que sus influencias en el poder son considerables.
La relación de Mustafá y Gómez Rangel no es un secreto para nadie, en contraste, siempre han mostrado sus vínculos delante de la opinión pública. La relación entre el Mandatario y el hoy expuesto empresario se remonta a 2001, cuando Mustafá trabajó como asesor jurídico de la CVG en el período en el que Rangel Gómez presidía la corporación.
Corrupción del alto mando militar
El coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi, alias “El Tiburón”, es un militar activo que desde noviembre de 2011 llegó a Ciudad Guayana enviado por el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal, por recomendación directa de Luis Felipe Acosta Carlez -ex gobernador de Carabobo-, según revela una alta fuente vinculada al caso. La presencia del Coronel en la región sería para investigar presuntas irregularidades en la comercialización y distribución de las cabillas -“la mafia de las cabillas”, ocurrido en Sidor-.
Adquirió relevancia y fue catalogado de “héroe” al dar con la detención del ex gerente de comercialización de Sidor, Luis Salvador Velásquez Rosas, quien también se desempeñaba como presidente de la comisión de transición de la Briquetera Orinoco Iron y Briqven.
Modus operandi
Según el expediente 47C16156-13 del Ministerio Público que recoge las declaraciones de los procesados por este caso, obtenido en exclusivo por El Comercio, 6to Poder, siendo Álvarez Jefe de la División de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, contacta a los involucrados en el caso de investigación de Ferrominera, exigiéndoles diversas sumas de dinero para que fueran depositadas en cuentas internacionales, y luego ser distribuidas progresiva y sistemáticamente a los números de cuentas bancarias que fue indicando.
El Coronel hoy imputado por Legitimación de Capitales, Asociación para Delinquir, Extorsión e Incremento Patrimonial, le exigió al gerente de Comercialización y Ventas, Juan Vásquez, el pago de tres millones de dólares. Este funcionario adelantó $2 millones, una vez que Álvarez le indicó que solo si pagaba la suma requerida procedería a borrar los expedientes que estaban bajo cargo, de lo contrario sería detenido.
Vásquez pagó a través de contactos internacionales de la empresa Miami Trust, realizando cuatro transferencias de 500 mil dólares cada una en las fechas 1, 5 y 15 de febrero, y 12 de marzo. Todas, este año. Confiesa en el documento oficial haber cancelado la suma, alegando querer borrar la mala imagen que estaban “fabricando” en la empresa, en su contra.
A Radwan Sabbagh le pidió 20 millones de dólares, para no involucrarlo en la investigación que titularon como la “Mafia del Hierro”, éste efectuó acuerdos con las empresas involucradas para cancelar la suma. La primera fue CME, dispuesta a pagar 10 millones de dólares, y a mediados del mes de “febrero o marzo” canceló los primeros tres millones, mientras que Duferco cancelaría otra parte, adelantado tres millones de dólares más.
El empresario Mustafá fue el intermediario de Sabbagh para cancelar los montos en dólares en el exterior.
Mustafá entregó unos cuatro millones de dólares ($4.405.173) a través de transferencias bancarias a cuentas indicadas por el Coronel en el exterior, y más de dos millones 500 mil bolívares (Bs.2.554.564) en Venezuela.
Asimismo, extorsionó y amenazó de muerte al representante de la sociedad mercantil Corinsur, Douglas del Valle Flores Vargas, quien dio 400 mil dólares y 800 mil bolívares a Álvarez.
Carlos Gilberto Vieira Hernández, joven de 23 años de edad, fue el encargado de facilitar las cuentas para la recepción o depósito de los montos, para ser transferidas con el objeto de ocultar o simular la procedencia de dichas sumas, quien comete con estas acciones el delito de Legitimación del Capital, según reza el informe del MP.
El gerente de Seguridad, Jhonny José Marin Sanguino, es el encargado de la seguridad familiar de Sabbagh. Es acusado de tráfico de minerales, tráfico de drogas y de recibir 600 mil dólares.
El extorsionista de la mafia del hierro
Juan Álvarez, “El Tiburón”, logró mediante diferentes extorsiones y presiones a los “corruptos funcionarios de Ferrominera”, agrupar gran parte de las ventas del mercado de exportación del mineral de hierro a través de las empresas Corinsur y Sofibella int. Dichos contratos eran inexistentes, y mediante ellos adquirió contratos de exportación del mineral de hierro.
El expediente señala que en el año 2006 Álvarez invirtió en bienes inmuebles unos 251 mil bolívares (fuertes). Los ingresos en su cuenta nómina por concepto de sueldo, bonos y compensaciones por comisión de estudios en la República de Corea fueron por la cantidad de 90 mil 700 bolívares, lo que arroja una diferencia de 160 mil bolívares que son considerados fondos desconocidos. Al igual que percibió a finales de 2011 y primer trimestre de 2012 la cantidad de 180 mil bolívares, cuyo origen no fue producto de su desempeño en la FANB sino de los ingresos obtenidos de Sabbagh por intermedio de Mustafá.
Recibió casi cuatro millones de dólares por la extorsión ejercida a Sabbagh. Así como se le vincula con unos 190 mil dólares recibidos por su esposa, Belkys Guerrero, a través de la misma intermediación utilizada en el procedimiento anterior y que se consideran igualmente fondos de origen desconocido. En todo esto actuó como cómplice de este Coronel su esposa, quien hoy también está siendo investigada por la justicia.
Antecedentes
Las primeras investigaciones comenzaron por denuncias realizadas el pasado 31 de agosto de 2012, por el colectivo de obreros revolucionarios sobre presuntos hechos de corrupción ocurridos en las empresas básicas del Estado. Al igual que el 15 de junio de 2012 se informa sobre presuntas irregularidades adelantadas por Juan Vásquez por la red de extorsión dentro de Ferrominera.
Estas y otras denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía. Ninguna fue dada a conocer públicamente hasta ahora.
En el expediente se relata que el ex gerente General de Comercialización y Ventas de la industria, Jorge Luis Cañas Loreto, se percató de la situación al entrar a la estatal. “Cuando estuvo en la obligación de cerrar el punto de cuenta suscrito con Carlos Vieira, y por órdenes de Sabbagh tuvo que abrir el punto de cuenta a Carlos Martínez (primo de Álvarez Dionisi), además que el contrato era por un solo embarque, y porque según éste tenía una relación muy estrecha con alguien relacionado con el ministro Meléndez (Ricardo), pero ante la eminente salida de su presidente (Sabbagh) decidió rechazar el contrato, pues la industria solo contrata a personas jurídicas y no naturales.
Lo actual, Ferrominera militarizada y paralizada
La noche del pasado miércoles 24 de julio las instalaciones de la Ferrominera fueron militarizadas, la tención en la estatal por la presencia de los militares era grande. Los trabajadores tomaron el portón 7 y las vías férreas de la productora de hierro.
Ante esta iniciativa, los trabajadores explicaron que la noche de la militarización la alta directiva de la productora de hierro suspendió el servicio de la flota de transportes, acto seguido los militares tomaron los portones como parte de un plan de contingencia de arranque de la planta.
Los trabajadores se mantendrán en protesta permanente en los portones para reclamar el pago de pasivos laborales y el cumplimiento de las cláusulas económicas, que según ellos se encuentran amparadas por la convención colectiva.
Entre las declaraciones los trabajadores aseguran que no se les permite el acceso a las instalaciones y que según los funcionarios son órdenes precisas del presidente Nicolás Maduro.
Tras fallecimiento Chávez hoy sólo quedan estas palabras
“Nosotros estamos obligados a eliminar de nuestras empresas todo testigo de corrupción, de ineficiencia, y tenemos que poner esas empresas a producir y a rendir para el país. Estas empresas no pueden seguir existiendo a costa de miles de millones de bolívares del presupuesto, que bastante falta hacen (…), tenemos que levantarlas, ponerlas a producir, acabar con la ineficiencia, el despilfarro, y tienen que darle ganancias al pueblo, ¿cómo justificamos que tenemos grandes tamaños de inversiones y al final hay pérdidas?”. Así se refirió el ex Presidente de la República, Hugo Chávez, el año 2010, en relación a la situación de la Corporación Venezolana de Guayana.
sábado, 27 de julio de 2013
Investigación
Investigación: Gobernador Rangel Gómez y Alto Mando Militar detrás de la corrupción en Ferrominera
27 jul 2013CVG,Rangel Gómez
Caracas, 27 de julio de 2013 - A continuación uno de los trabajos de investigación correspondientes a la edición 147 del Semanario 6to Poder.
Por Katherine Vega Avariano / José Ángel Palacios
Otro caso mil millonario de corrupción se suma al gobierno. Esta vez le tocó el turno a la estatal venezolana de minerales, que los duros del poder llevaron a la quiebra. Una empresa nacionalizada con el firme objetivo de desbancar sus ganancias.
Cuando en el país se habla de corrupción se lee y escucha los nombres de altos funcionarios del gobierno. Esta vez, una de las industrias más importantes del país, Ferrominera CVG, fue desbancada por más de mil 163 millones de dólares.
Cuando se mencionan los culpables, paradójicamente suena el nombre de la máxima autoridad del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, gobernador de la región, quien sería el líder de la operación fraudulenta que declinó aun más la economía de la empresa minera del país.
Toda una directiva involucrada. Junto a Rangel actuaron las máximas autoridades de la industria guayanesa. Hoy se encuentran en las actas del Ministerio Público los nombres de Radwan Sabbagh, ex presidente de la industria; Juan Aníbal Vásquez, gerente de Comercialización y Ventas; Eleazar Villalba, gerente general de Producción de Operaciones Mineras; María Rodríguez, gerente de Administración y Finanzas, y el auditor general, Enrique Herrera.
El primero en caer fue el presidente de la ferrominera, Radwan Sabbagh, quien el pasado 12 de junio fue señalado por el presidente Nicolás Maduro de haber “desangrado la empresa”.
En las investigaciones realizadas a la industria fueron descubiertas irregularidades que vinculan a Sabbagh, su tren gerencial, clientes de la empresa y el gobernador del estado Bolívar. A éste último las evidencias del caso lo señalan como el máximo líder de los hechos ilícitos dentro de la estatal.
Aunque según las cifras suministradas por el Ministerio de la Defensa el daño patrimonial a la empresa supera los mil 163 millones de dólares, esta suma es cuestionable, pues los actos de corrupción adjudicados a las empresa tienen antecedentes desde el 2001, la suma de pérdidas por actos ilícitos para la fecha sería incalculable.
La Ferrominera, de ser una empresa encargada de los recursos minerales del país, ahora también es operaria de corrupción, extorsión, tráfico de mineral y drogas. La gestión de Sabbagh fue el cáncer que terminó de llevar a la industria guayanesa a la ruina. Los recursos percibidos por su producción -a medias- ni siquiera fueron dedicados al pago del adeudo de los empleados; todo lo contrario, los dólares de ingresos fueron a los bolsillos de las “mafias de los hierros”.
En el círculo mafioso aparecen diversas empresas involucradas en los delitos, que son clientes directos de la industria, entre ellas está Duferco, empresa internacional productora de acero, y Muzan, que pertenece a Manuel Mustafá, abogado y testaferro de Rangel Gómez.
Implicados: perfiles de unos delincuentes
Yamal Mahmud Mustafá Henríquez, abogado de origen Palestino-Libanés es uno de los hombres más acaudalados de la región, su relación con las empresas de Guayana vienen de la famosa “mafia de las cabillas”, cuando el hoy abogado del gobernador Rangel era socio de un bufete que defendió a Luis Salvador Velásquez Rosas, considerado “rey de la cabilla”, quien fue acusado de haber cometido actos ilícitos durante su desempeño como gerente de comercialización de Sidor. Hoy se encuentra libre, bajo medidas humanitarias.
Mustafá maneja 19 compañías que asisten a las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y entidades de la Gobernación del estado Bolívar. Tickets de alimentación (Credilab), comedores industriales (Corpobrica), construcción y exportación de minerales forman parte del monopolio que maneja este empresario.
Un hombre de medios con poder en el estado. Así lo denunció el diputado Américo Grazia, uno de los acusantes de las irregulares cometidas por el abogado. El poder del empresario se demostró cuando a través del Tribunal Primero de Juicio del estado Bolívar logró que el Correo del Caroní limitara informaciones que lo involucraran con actos de corrupción.
La justicia tarda, pero llega. Pareciera ser el caso de quien alguna vez hizo una inmensa fortuna con el chavismo y fue uno de los autores del quiebre de la Ferrominera.
Ahora, Mustafá está preso en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Ciudad Guayana desde el 18 de junio. Al igual que otros tres ex directivos de Ferrominera, fue imputado por el tribunal 5° de Control, extensión Puerto Ordaz, por ser presunto cooperador en los delitos de peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir. Además, tiene prohibido movilizar sus cuentas bancarias así como enajenar y gravar bienes.
Por otra parte, y a pesar de haber sido señalado como el líder de la mafia que llevó a la Ferrominera a la ruina, el Gobernador del estado Bolívar, Gómez Rangel, se encuentra en total impunidad, la justicia no ha hecho expedientes con la ficha del Gobernador. Las denuncias interpuestas por los diputados no fueron argumento para que el Ministerio Público por lo menos abriera una investigación contra del mandatario regional, lo que demuestra que sus influencias en el poder son considerables.
La relación de Mustafá y Gómez Rangel no es un secreto para nadie, en contraste, siempre han mostrado sus vínculos delante de la opinión pública. La relación entre el Mandatario y el hoy expuesto empresario se remonta a 2001, cuando Mustafá trabajó como asesor jurídico de la CVG en el período en el que Rangel Gómez presidía la corporación.
Corrupción del alto mando militar
El coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi, alias “El Tiburón”, es un militar activo que desde noviembre de 2011 llegó a Ciudad Guayana enviado por el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal, por recomendación directa de Luis Felipe Acosta Carlez -ex gobernador de Carabobo-, según revela una alta fuente vinculada al caso. La presencia del Coronel en la región sería para investigar presuntas irregularidades en la comercialización y distribución de las cabillas -“la mafia de las cabillas”, ocurrido en Sidor-.
Adquirió relevancia y fue catalogado de “héroe” al dar con la detención del ex gerente de comercialización de Sidor, Luis Salvador Velásquez Rosas, quien también se desempeñaba como presidente de la comisión de transición de la Briquetera Orinoco Iron y Briqven.
Modus operandi
Según el expediente 47C16156-13 del Ministerio Público que recoge las declaraciones de los procesados por este caso, obtenido en exclusivo por El Comercio, 6to Poder, siendo Álvarez Jefe de la División de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, contacta a los involucrados en el caso de investigación de Ferrominera, exigiéndoles diversas sumas de dinero para que fueran depositadas en cuentas internacionales, y luego ser distribuidas progresiva y sistemáticamente a los números de cuentas bancarias que fue indicando.
El Coronel hoy imputado por Legitimación de Capitales, Asociación para Delinquir, Extorsión e Incremento Patrimonial, le exigió al gerente de Comercialización y Ventas, Juan Vásquez, el pago de tres millones de dólares. Este funcionario adelantó $2 millones, una vez que Álvarez le indicó que solo si pagaba la suma requerida procedería a borrar los expedientes que estaban bajo cargo, de lo contrario sería detenido.
Vásquez pagó a través de contactos internacionales de la empresa Miami Trust, realizando cuatro transferencias de 500 mil dólares cada una en las fechas 1, 5 y 15 de febrero, y 12 de marzo. Todas, este año. Confiesa en el documento oficial haber cancelado la suma, alegando querer borrar la mala imagen que estaban “fabricando” en la empresa, en su contra.
A Radwan Sabbagh le pidió 20 millones de dólares, para no involucrarlo en la investigación que titularon como la “Mafia del Hierro”, éste efectuó acuerdos con las empresas involucradas para cancelar la suma. La primera fue CME, dispuesta a pagar 10 millones de dólares, y a mediados del mes de “febrero o marzo” canceló los primeros tres millones, mientras que Duferco cancelaría otra parte, adelantado tres millones de dólares más.
El empresario Mustafá fue el intermediario de Sabbagh para cancelar los montos en dólares en el exterior.
Mustafá entregó unos cuatro millones de dólares ($4.405.173) a través de transferencias bancarias a cuentas indicadas por el Coronel en el exterior, y más de dos millones 500 mil bolívares (Bs.2.554.564) en Venezuela.
Asimismo, extorsionó y amenazó de muerte al representante de la sociedad mercantil Corinsur, Douglas del Valle Flores Vargas, quien dio 400 mil dólares y 800 mil bolívares a Álvarez.
Carlos Gilberto Vieira Hernández, joven de 23 años de edad, fue el encargado de facilitar las cuentas para la recepción o depósito de los montos, para ser transferidas con el objeto de ocultar o simular la procedencia de dichas sumas, quien comete con estas acciones el delito de Legitimación del Capital, según reza el informe del MP.
El gerente de Seguridad, Jhonny José Marin Sanguino, es el encargado de la seguridad familiar de Sabbagh. Es acusado de tráfico de minerales, tráfico de drogas y de recibir 600 mil dólares.
El extorsionista de la mafia del hierro
Juan Álvarez, “El Tiburón”, logró mediante diferentes extorsiones y presiones a los “corruptos funcionarios de Ferrominera”, agrupar gran parte de las ventas del mercado de exportación del mineral de hierro a través de las empresas Corinsur y Sofibella int. Dichos contratos eran inexistentes, y mediante ellos adquirió contratos de exportación del mineral de hierro.
El expediente señala que en el año 2006 Álvarez invirtió en bienes inmuebles unos 251 mil bolívares (fuertes). Los ingresos en su cuenta nómina por concepto de sueldo, bonos y compensaciones por comisión de estudios en la República de Corea fueron por la cantidad de 90 mil 700 bolívares, lo que arroja una diferencia de 160 mil bolívares que son considerados fondos desconocidos. Al igual que percibió a finales de 2011 y primer trimestre de 2012 la cantidad de 180 mil bolívares, cuyo origen no fue producto de su desempeño en la FANB sino de los ingresos obtenidos de Sabbagh por intermedio de Mustafá.
Recibió casi cuatro millones de dólares por la extorsión ejercida a Sabbagh. Así como se le vincula con unos 190 mil dólares recibidos por su esposa, Belkys Guerrero, a través de la misma intermediación utilizada en el procedimiento anterior y que se consideran igualmente fondos de origen desconocido. En todo esto actuó como cómplice de este Coronel su esposa, quien hoy también está siendo investigada por la justicia.
Antecedentes
Las primeras investigaciones comenzaron por denuncias realizadas el pasado 31 de agosto de 2012, por el colectivo de obreros revolucionarios sobre presuntos hechos de corrupción ocurridos en las empresas básicas del Estado. Al igual que el 15 de junio de 2012 se informa sobre presuntas irregularidades adelantadas por Juan Vásquez por la red de extorsión dentro de Ferrominera.
Estas y otras denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía. Ninguna fue dada a conocer públicamente hasta ahora.
En el expediente se relata que el ex gerente General de Comercialización y Ventas de la industria, Jorge Luis Cañas Loreto, se percató de la situación al entrar a la estatal. “Cuando estuvo en la obligación de cerrar el punto de cuenta suscrito con Carlos Vieira, y por órdenes de Sabbagh tuvo que abrir el punto de cuenta a Carlos Martínez (primo de Álvarez Dionisi), además que el contrato era por un solo embarque, y porque según éste tenía una relación muy estrecha con alguien relacionado con el ministro Meléndez (Ricardo), pero ante la eminente salida de su presidente (Sabbagh) decidió rechazar el contrato, pues la industria solo contrata a personas jurídicas y no naturales.
Lo actual, Ferrominera militarizada y paralizada
La noche del pasado miércoles 24 de julio las instalaciones de la Ferrominera fueron militarizadas, la tención en la estatal por la presencia de los militares era grande. Los trabajadores tomaron el portón 7 y las vías férreas de la productora de hierro.
Ante esta iniciativa, los trabajadores explicaron que la noche de la militarización la alta directiva de la productora de hierro suspendió el servicio de la flota de transportes, acto seguido los militares tomaron los portones como parte de un plan de contingencia de arranque de la planta.
Los trabajadores se mantendrán en protesta permanente en los portones para reclamar el pago de pasivos laborales y el cumplimiento de las cláusulas económicas, que según ellos se encuentran amparadas por la convención colectiva.
Entre las declaraciones los trabajadores aseguran que no se les permite el acceso a las instalaciones y que según los funcionarios son órdenes precisas del presidente Nicolás Maduro.
Tras fallecimiento Chávez hoy sólo quedan estas palabras
“Nosotros estamos obligados a eliminar de nuestras empresas todo testigo de corrupción, de ineficiencia, y tenemos que poner esas empresas a producir y a rendir para el país. Estas empresas no pueden seguir existiendo a costa de miles de millones de bolívares del presupuesto, que bastante falta hacen (…), tenemos que levantarlas, ponerlas a producir, acabar con la ineficiencia, el despilfarro, y tienen que darle ganancias al pueblo, ¿cómo justificamos que tenemos grandes tamaños de inversiones y al final hay pérdidas?”. Así se refirió el ex Presidente de la República, Hugo Chávez, el año 2010, en relación a la situación de la Corporación Venezolana de Guayana.
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