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Libertad de expresión
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Planta de asfalto "La Vencedora" - Anzoátegui
martes, 15 de octubre de 2013
José Miguel Insulza
domingo, 13 de octubre de 2013
Narcomaletas en Air France
Pesquisa sobre las “narcomaletas” aún no llega a financistas del hecho
Van 24 personas presas y se esperan más detenciones en los próximos días. Autoridades francesas no han contestado todavía a la solicitud de información realizada por el Ministerio Público
JAVIER IGNACIO MAYORCA
13 DE OCTUBRE 2013 - 12:01 AM
El viernes 11 de octubre se cumplió un mes de la llegada del alijo de 1.382 kilos de cocaína en un jet de Air France al aeropuerto Roissy de París, que despegó de Maiquetía el día anterior. Muchas preguntas continúan pendientes, entre ellas, quién financió y facilitó el paso de la droga por el principal terminal aéreo venezolano.
En este lapso las investigaciones del Ministerio Público, apoyadas por el Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, se han orientado hacia una supuesta “ceguera voluntaria” de funcionarios de seguridad aeroportuaria y del Destacamento 53 de la GNB, junto con el supuesto accionar doloso de civiles que prestaban servicio a la línea aérea para hacer que la droga fuese depositada en el avión.
La prueba clave sería un video captado por una cámara colocada en la parte inferior de la correa que llevó los equipajes hacia la rampa 14, en la que permanecía el Airbus de la línea francesa.
Esas imágenes no han sido del conocimiento de las partes, dijo el abogado Carlos Morín, defensor del teniente coronel (GNB) Ernesto Mora Carvajal, uno de los procesados que se desempeñaba como director de seguridad del aeropuerto. Una de las razones sería que la propia Fiscalía solicitó la reserva de las actas, con el argumento de que la divulgación de estos datos entorpecería las investigaciones.
La información consignada en el expediente indica que el vuelo 385 del 10 de septiembre llevó 284 pasajeros. El total de maletas registradas por el guardia Randimar Chirino fue de 285, algo plausible pues los usuarios de primera clase y de clase negocios pueden llevar dos maletas. La copia de los adhesivos que identificaba a cada una está en poder de los fiscales, pero las maletas que llegaron a la capital francesa cargadas con droga fueron añadidas. Es decir, en el jet, al menos, iban 316 piezas de equipaje.
La detención de Chirino sugiere que para la Fiscalía las maletas con droga fueron cargadas siguiendo el curso de las demás, aunque sin ser anotadas. Igualmente, para los investigadores las maletas pasaron por los rayos X y, aunque supuestamente se descubrió la presencia de las panelas de cocaína, el guardia Johan Ulaves Soler no hizo nada. Igual conducta de omisión habría tenido el sargento Gabriel Avendaño cuando el perro que lo acompañaba descubrió la presencia de la droga.
Todos ellos han asegurado que son inocentes y que cumplieron con los procedimientos de rutina. Los militares, explicó una fuente de la investigación, son asignados en forma aleatoria para la vigilancia de los equipajes en cada vuelo. Esto dificultaría cualquier confabulación con la finalidad de darle luz verde a las 31 maletas. Además, esta versión no explica por qué se permitió el paso de valijas con peso que excedía, hasta en 18 kilos, el máximo permitido por la propia línea aérea.
Cámara ciega. El video cuya existencia se rumorea fue tomado por una cámara distinta a las del sistema de circuito cerrado de televisión manejado en el aeropuerto. Las cámaras del terminal aéreo que debían captar la actividad en la rampa 14 no funcionaban el 10 de septiembre. En la audiencia de presentación el comandante Mora explicó que esa falla fue reportada al departamento de Telemática del instituto, pero que nada se hizo al respecto. Mora insistió en ese momento en que el manejo de las cámaras no era su competencia. Las averías tendrían su origen en las constantes fallas del servicio eléctrico.
Este episodio es similar al ocurrido en 2006 con el vuelo que despegó de Maiquetía con 5,5 toneladas de cocaína. Era un jet sin pasajeros que estuvo 2 días en la rampa 7 debido a desperfectos. En las investigaciones se determinó que las cámaras de televisión fallaron inexplicablemente. La responsabilidad por este alijo fue atribuida a Walid Makled.
Versión alterna. La versión de la Fiscalía va a contrapelo con la que maneja el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Miguel Rodríguez Torres, quien declaró que las maletas llegaron al compartimiento de carga del jet de Air France por caminos verdes.
“Esas maletas deben haber pasado desde la parte de afuera del aeropuerto hasta el avión”, afirmó el abogado Morín.
En sus primeros testimonios, los guardias bolivarianos Chirinos y Adanay Parra afirmaron que durante las 4 horas que el jet permaneció en la rampa 14 llegó un camión que arrastraba dos contenedores blancos, en los que supuestamente había carga de la “zona estéril”; es decir, ya revisada. En el vehículo estaba además un hombre con uniforme de Resguardo Nacional.
Desde allí supuestamente introdujeron otras maletas que no pasaron por rayos X ni fueron examinadas con perros pues, para haber llegado allí, debieron ser chequeadas previamente en los almacenes.
La droga habría entrado al aeropuerto por una puerta conocida como Cojedes, que está en el extremo oeste del terminal cuya custodia está asignada a guardias nacionales y policías aeroportuarios. Por allí pasa a diario gran cantidad de vehículos que prestan servicios en pista.
Hasta el momento hay 24 personas detenidas, así como una más solicitada. De ellas 8 son funcionarios de la GNB: el teniente coronel, 2 tenientes y 5 sargentos. Los militares están recluidos en el retén de Macuto, junto con cuatro civiles. Los demás fueron enviados esta semana a penales del estado Miranda. Fuentes ligadas a la pesquisa aseguraron que vendrán más aprehensiones.
Las investigaciones en Venezuela comenzaron formalmente el 21 de septiembre. En tres semanas se ha ordenado el congelamiento de las cuentas de los imputados, así como la revisión de sus propiedades a través del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, pero no se ha realizado el levantamiento planimétrico de la rampa, no se hizo barrido a los compartimientos de carga del jet y tampoco se ha llevado a cabo la reconstrucción de los hechos. Esta última diligencia debe hacerse en las mismas condiciones de hora y lugar en las que supuestamente fue introducida la droga en el jet.
Rogatoria
Sin respuesta
Hasta ahora las autoridades francesas no han enviado los informes policiales solicitados por la Fiscalía en cuanto a las condiciones en las que fue encontrado el alijo de cocaína, su grado de pureza, las características internas y externas de las panelas y demás datos que puedan contribuir a las investigaciones en Venezuela.
En otros términos, no hay en el expediente una notificación oficial sobre el decomiso de la droga. Solamente han sido consignadas las informaciones divulgadas en rueda de prensa por el ministro de Interior francés Manuel Vals, 10 días después del hallazgo en Roissy. Esta situación se repite en el caso del jet que salió de Valencia con 1,4 toneladas de cocaína hasta el aeropuerto de Gran Canarias en febrero de 2012.
LosDatos
*Entre los implicados en este caso figura el gerente adjunto de Air France en Maiquetía Juan Chirino Ariza, quien supuestamente fungía como despachador de vuelo el 10 de septiembre
*El tenientecoronel (GNB) Ernesto Mora Carvajal fue llevado el jueves a la medicatura de Vargas, debido a un cuadro febril. Antes de la detención se recuperaba de una operación de reducción estomacal
*Del dinero pagado por los traficantes para pasar la droga solamente han encontrado 2,3 millones de bolívares supuestamente usados para comprar un apartamento en Margarita
sábado, 5 de octubre de 2013
Rumores y cuentos
sábado, 21 de septiembre de 2013
Crisis del sistema penitenciario en Venezuela
Venezuela, la quiebra moral de un país
La muerte de 16 reclusos en el internado judicial de Sabaneta, en Maracaibo, reabre el debate sobre la crisis del sistema penitenciario en Venezuela
ALFREDO MEZA Caracas 19 SEP 2013 - 19:05 CET63
Archivado en: Motines Nicolás Maduro Hugo Chávez Venezuela Seguridad penitenciaria Asesinatos Sudamérica Latinoamérica Prisiones Centros penitenciarios Delitos América
Una pelea en la cárcel nacional de Maracaibo, al oeste de Venezuela, dejó 16 muertos y un nuevo líder: Edwin Ramón Soto Nava alias El mocho Edwin quien, según la prensa local, con tomar el control del centro penitenciario. La prisión, rodeada de casas llenas de huecos por las balas, no debería alojar a más de 700 presos. El Observatorio Venezolano de Prisiones, una ONG, calcula que allí viven casi 3.700.
La noticia conmovió a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. No destaca por sus gestos delicados, pero al confirmar el parte de fallecidos lucía afectada. “Me erizo al observar cómo se quitan la vida unos a otros. No hay el más mínimo respeto. Conozco los motivos fútiles e innobles que provocaron este suceso”, dijo tras la masacre. Horas antes de la matanza había denunciado que funcionarios del ministerio habían recibido amenazas de muerte desde teléfonos con identificación restringida o desde el extranjero.
Este nuevo actode violencia en las cárceles venezolanas no sorprende a los venezolanos, quienes parecen acostumbrados a que, de vez en cuando, los presos se maten entre sí. Ocurrió en 2011 y 2012 con los desalojos de los penales de Yare y La Planta y más recientemente en 2013 con la requisa del internado de Uribana (murieron 58 personas e hirieron a más de 100).
Tantas muertes reflejan que la violencia se ha naturalizado como modo de resolver las diferencias debido a la incapacidad del Estado de mediar a tiempo para solucionarlas. Nueve de cada 10 asesinatos quedan sin castigo. El año pasado, según cifras oficiales, mataron a 16.030 personas. 44 por día. Un 14,4% más que el año anterior, 2011, cuando murieron 14.007. Todo indica que en 2013 la cifra se incrementará en un porcentaje similar.
“Nunca fue tan pertinente el uso del término ‘anomia’ [ausencia de ley] para describir la situación de la actual Venezuela”, afirma el sociólogo Tulio Hernández en una conversación con este diario. El país ha llegado a este estado de cosas en buena medida por el agotamiento de un sistema político-económico instaurado a la caída de la dictadura en 1958, que captaba y distribuía la renta proveniente de la venta de petróleo. Ese modelo en esencia podría resumirse en esta sentencia: El Estado se ocupaba del bienestar de sus ciudadanos, pero éstos no tenían ninguna obligación con el Estado.
“Ese modelo se hizo inviable en la medida que se fue consolidando”, afirma la socióloga Isabel Pereira. Con la falta de respuestas a las demandas de las audiencias surgió la anarquía. Eso ocurrió con las cárceles locales. En la era chavista se ha renunciado al control interno del penal y los reos han fundado su gobierno de leyes medievales. Ahora el gobierno está haciendo esfuerzos por recuperar el control con pobres resultados.
En el penal de Sabaneta, al menos hasta 2008, había una piscina donde se bañaban los hijos de los prisioneros. El líder del penal había contratado a un DJ que ponía música en un salón oscuro que se asemejaba a una discoteca. El sonido proveniente de grandes cornetas aturdía. Varios de los presos estaban armados con armas caseras, cuchillos y fumaban marihuana. El Gobierno es consciente de esa situación pero no interviene porque apenas custodia el perímetro. El resultado ha sido un incremento anual de la cifra de asesinatos entre internos, la formación de bandas que luchan a muerte por el control del penal, que es un jugoso negocio, y la planificación de delitos.
Una explicación extendida entre la oposición indica que Hugo Chávez es el principal responsable de esta degradación del valor de la vida, pero esa es una verdad a medias. Antes de que él llegara al Gobierno había evidentes muestras de ineficiencia y corrupción en el sistema carcelario, jefes que controlaban a la población penal y guardias corruptos que les proporcionaban armas y drogas. Chávez y su gobierno sí fueron responsables de la profundización de ese drama. La lectura de Isabel Pereira sugiere que el Presidente heredó el excesivo poder que ya concentraba el Estado venezolano y no quiso utilizarlo para un fin distinto que el de imponer una revolución socialista. La contribución de Chávez a la profundización de la violencia puede medirse en dos aspectos: limitar la represión policial para no perder votos entre su electorado y en la justificación ética del robo. Quien tiene hambre, dijo el mandatario en 1999, está habilitado para delinquir. “El apoyo a los invasores de tierras contribuyó a reforzar esa ética delincuencial, que está tan naturalizada que todos los venezolanos, en mayor o menor medida, ya consideran las normas como injustas y se sienten con el deber de romperlas”, opina Tulio Hernández. Isabel Pereira ha definido toda esta situación en un libro de próxima aparición como la quiebra moral de un país.
Las cárceles venezolanas son el sótano del país. Allí hay un 44% mayor de morir según Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones. Sin sumar a los caídos en Sabaneta, hasta julio habían fallecido 289 reos en reyertas. Los penales locales sólo pueden recibir a 16.539 personas, pero hay 52.933 presos, en su mayoría hombres jóvenes y pobres, pagando condenas o esperando sentencia. La ministra Iris Varela ha confesado que el Estado controla solo siete de las 30 cárceles del país. Esta situación es una paradoja dentro de un Estado que hace gala de su poder, pero que en realidad está a merced de las mafias.
lunes, 9 de septiembre de 2013
"Estado delincuente"
INSEGURIDAD
"Estado delincuente"
Marcos Tarre y Carlos Tablante exponen en una amplio estudio sobre la violencia cómo la corrupción y el crimen organizado tienen alta incidencia en los índices de homicidios. Por Francisco Olivares
EL UNIVERSAL
domingo 8 de septiembre de 2013 12:00 AM
Resulta complejo explicar por qué Venezuela en cuestión de 14 años pasó de tener índices de criminalidad envidiables para el continente, de menos de 20 asesinatos cada 100 mil habitantes, a una tasa de 73 asesinatos, ocupando uno de los índices más altos del mundo para llegara en 2012 a 21.692 homicidios de acuerdo a las cifras manejadas por el Observatorio Venezolano de la Violencia.
A juicio del escritor y experto en seguridad, Marcos Tarre, los altos índices de criminalidad presentes hoy en la vida venezolana están relacionados con el auge del crimen organizado en una siniestra ecuación que se origina en la corrupción, que deviene en el fortalecimiento del crimen organizado y que a su vez genera entre 34% a 55% de los homicidios que se cometen en el país. "En Venezuela no tenemos situaciones extremas como los carteles mexicanos de la droga, pero tenemos índices delictivos más altos que México. A su juicio detrás de eso está la corrupción, que el sociólogo y experto en temas de violencia, Roberto Briceño León, atribuye a la ausencia de instituciones y a la falta de autonomía de los Poderes Públicos, entre otras causas. Para Marcos Tarre, en Venezuela hay una aceptación social del tema de la corrupción.
Carlos Tablante, quien se ha ocupado del estudio del crimen organizado en Venezuela precisa que en los barrios de las principales ciudades del país existe una economía subterránea que se mueve con capitales ilícitos relacionados con el tráfico de drogas, el secuestro, la extorsión, el sicariato. Estas organizaciones delictivas se disputan el control de los territorios, el control de las actividades ilícitas y el dinero que mueve. El enfrentamiento permanente entre ellos generan una situación de violencia que nuestras estimaciones indican que aportan 40% de los homicidios en el país.
Ambos expertos: Carlos Tablante y Marcos Tarre, acaban de publicar un libro con el título de "Estado delincuente" que contiene un amplio estudio sobre el crimen organizado. El libro, cuya primera edición desapareció "misteriosamente" de las librerías apenas horas de haber sido distribuido, acaba de ser entregado a las librerías en su segunda edición.
Allí exponen que, al lado del rol que ocupa la corrupción en esa ecuación de violencia, otro factor que ha propiciado la expansión de la delincuencia organizada deriva de la tolerancia y hasta complacencia gubernamental frente a la existencia de grupos irregulares armados en Venezuela tales como las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Liberación (FBL) o los llamados colectivos como La Piedrita, Carapaica, y otros grupos de base que tras la cara política controlan los mercados locales de la droga , tráfico de armas, secuestros y extorsión.
Para Tablante toda esa actividad también se sostiene gracias a que tenemos "un Poder Judicial tomado por la delincuencia organizada. Los juicios, los tribunales, las instancias del Poder Judicial tienen tarifa". Aclara que si bien es cierto que la hegemonía gubernamental del Gobierno sobre el Poder Judicial, se buscó en el plano ideológico y político, ella se transformó en una hegemonía de la corrupción.
Destaca que resulta irónico que el mismo presidente Maduro, quien ha estado 15 años en los puestos más altos de Gobierno, esté hablando de crear leyes especiales para frenar la corrupción, cuando son precisamente ellos quienes han estado a cargo de la tesorería, de la hacienda pública y de los bienes del país.
"Como no ha habido separación de los poderes, esa corrupción ha ido permeando en todas las instituciones y es lo que nosotros definimos como un "Estado delincuente". Es decir, ya no es un Estado paralelo, no es una Estado dentro del Estado, sino que las redes de la corrupción han avanzado y se han extendido en esa especie de hegemonía de la corrupción que se ha adueñado del Estado y que tiene el control de las principales instituciones del Estado".
Armas y crimen organizado
El "Estudio Global de Homicidios 2011" de la ONU, en el capítulo relacionado a armas de fuego, establece la conexión que existe entre el uso de las armas y las organizaciones delictivas. A nivel mundial el informe estima que 42% de los homicidios del año 2010 se cometieron con armas de fuego. En Latinoamérica ese porcentaje es superior 70% pero en Venezuela la cifra asciende a 88% de homicidios con armas de fuego. Esa cifra está vinculada al crimen organizado y puede precisarse al tomar algunas características como el número de disparos que se le hace a la víctima, la parte del cuerpo que se busca afectar o el tipo de arma utilizada.
Las crónicas policiales que se publican en los medios han dado cuenta de esa realidad como: "un presunto confidente de cuerpos policiales fue muerto de 60 disparos en la cara". Según los autores de "Estado delincuente" tales hechos muestran ciertos "ritos" propios de las bandas delictivas.
Una cifra tomada de Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Incosec) indica que en 45% de los homicidios con armas de fuego, las víctimas recibieron más de 3 disparos, haciéndose regular en el último año homicidios con 50 y 60 disparos.
Otros indicadores lo constituyen delitos como el secuestro y el sicariato los cuales han aumentado sustancialmente en los últimos años. En cuanto al secuestro en el que hay un gran porcentaje que no es denunciado por las víctimas ante las autoridades, de 67 casos denunciados en el año 2000, se pasó a 686 en el año 2010. Asimismo los delitos como enfrentamiento entre bandas, enfrentamiento con las autoridades y venganza, muy relacionados a las bandas organizadas, cubren 42% de los homicidios.
Un dato muy llamativo que indica la ineficiencia del Estado para controlar a las bandas organizadas se da por ejemplo en el tráfico de drogas. A pesar de que en Venezuela ha habido un incremento sustancial en el decomiso de grandes cargamentos de droga, tenemos que por posesión, en el que la mayoría son solo consumidores, fueron detenidos en el año 2010, 17.590 personas, en tanto que por tráfico de drogas solo se realizaron 32 detenciones. Ello explica la ineficiencia del Estado para castigar al traficante y cómo el traficante, que es quien tiene el poder económico, es el que tiene la capacidad de comprar la justicia. Para Carlos Tablante "ellos compran la impunidad y no les llega la justicia".
Boliburguesía y corrupción
En el ámbito internacional existe una clara percepción de la corrupción como un mal asociado a la delincuencia organizada. Transparencia Internacional, organización no gubernamental que tiene su asiento en Berlín, en su último informe mundial sobre "índice de percepción de la corrupción de 2011" al hacer una evaluación sobre 182 países, ubica a Venezuela en el puesto 172 compartiendo honores con Burundi y Guinea Ecuatorial como los países más corruptos del planeta.
Señala Marcos Tarre que en los últimos 14 años, además de que se ha consolidado una delincuencia organizada que podríamos llamar tradicional, existe otra que se ha hecho muy poderosa. Esta última es propiciada por la corrupción y el deterioro institucional. Han aparecido nuevas formas de organizaciones delictivas surgidas de las políticas de controles económicos como el control de cambio, o regulaciones como el contrabando de gasolina, el contrabando de productos subsidiados como la cabilla y el cemento etc. Se han fortalecido organizaciones delictivas ligadas al Estado y ha formado una nueva clase poderosa.
Refiere Carlos Tablante que en Venezuela se ha ido construyendo un "Estado delincuente" que es más poderoso que el Estado constitucional. Asegura que "la red de corrupción que sustenta a ese Estado delincuencial, ha asumido el control de varias áreas, pero en especial, de las finanzas públicas, las cuales ha privatizado por la vía de la corrupción".
Tales redes de corrupción tienen su expresión en los nuevos grupos económicos surgidos en una especie de mestizaje en donde los negocios ilícitos se han ido ligando cada vez más a los negocios lícitos. Y ese mestizaje ha dado lugar a una nueva clase que ha tomado distintos nombres como la "boliburguesía" o los llamados "bolichicos", estos últimos quienes hicieron grandes negocios a partir de la crisis eléctrica. Estos seudos empresarios han sido promotores de la revolución en una suerte de capitalismo de prebendas, acota el autor.
Escándalos que no se resolvieron
En el libro se recogen ejemplos de los negocios que se hicieron desde el Gobierno y que nunca fueron investigados, tales como el de Bariven con la importación de alimentos que se pudrieron por traerlos con fechas de vencimiento próximas, sin garantía y con sobreprecios. El caso del maletín con dólares en efectivo enviados por el Gobierno para la campaña de Cristina Kirchner nunca se investigó. Makled y su red de funcionarios y militares comprados. Igualmente describe cómo funcionarios que tienen la discreción de asignar las divisas facilitaron lo que el propio ministro Jorge Giordani denunció cuando dijo que descubrió que 20 mil millones de dólares fueron importaciones ficticias de empresas de maletín. Una denuncia del propio ministro de la que no hay responsables a pesar de que el Gobierno maneja en detalle la información sobre las personas y las empresas fantasmas.
Como ejemplo de impunidad, el libro menciona el caso de Alejandro Andrade, ex tesorero nacional, cuyo nombre no aparece en ninguna de las investigaciones realizadas con las operaciones cambiarias, y los bancos quebrados, a pesar de haber sido uno de los principales responsables de las finanzas públicas. "Se trata de un ex funcionario de origen humilde, súbitamente convertido en un ostentoso millonario". La estructura de negocios con bonos, con notas estructuradas, produjo enormes ganancias derivadas del diferencial del dólar oficial y el dólar paralelo, con los dineros del Estado, con los depósitos que recibían de parte de Andrade quien estaba a cargo de la tesorería y a su vez era presidente de Bandes y Banfoandes. Con los depósitos gubernamentales se compraron compañías de seguros, medios de comunicación y otras propiedades. Esas actividades no se pueden realizar sin el entramado y complicidad necesaria del el alto funcionario del Gobierno que maneja el dinero, indican los autores.
@folivares10
sábado, 17 de agosto de 2013
Oswaldo José Payá Sardiñas
Oswaldo Payá Sardiñas (La Habana, Cuba, 29 de febrero de 1952 – provincia de Granma, 22 de julio de 2012) fue un activista político cubano, líder de la oposición política al gobierno cubano. Fue el fundador y el organizador del Proyecto Varela, mediante el cual, amparado por la constitución, recolectó las firmas necesarias para presentar al gobierno una solicitud de cambios en la legislación. Fue Premio Andrei Sajarov a los Derechos Humanos del Parlamento Europeo en 20025 y candidato oficial al Premio Nobel de la Paz 2011, 2010, 2008, 2003 y 2002. Fue vicepresidente de honor de la Internacional Demócrata de Centro.
Orígenes
Oswaldo Payá fue criado en el seno de una familia católica. En su juventud rehusó unirse al Partido Comunista de Cuba y a sus organizaciones juveniles. Sin embargo, a los 16 años fue reclutado por el ejército cubano. Durante su servicio, fue castigado por negarse a participar en el transporte de un grupo de prisioneros políticos y fue condenado a trabajos forzados en la Isla de Pinos, hoy conocida como la Isla de la Juventud, por tres años. Payá luego estudió Física y más tarde también Ingeniería de Telecomunicaciones y hasta su fallecimiento trabajaba en el taller provincial de electromedicina. Estaba casado y tenía tres hijos.
Política
Movimiento Cristiano Liberación
Oswaldo Payá fue uno de los miembros fundadores del Movimiento Cristiano Liberación en 1988. Creado por católicos seculares, este es un movimiento político sin afiliación religiosa que busca adelantar los derechos humanos y cívicos de los cubanos.
En 1992, por primera vez, Payá hizo pública su intención de postularse para Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Dos días antes de la llamada Asamblea de la Postulación la policía lo detiene en su casa y lo lleva a un centro de los "Comités de Defensa de la Revolución" donde lo esperan policías miembros del PCC; no se conoce una explicación oficial por esta acción. El PCC realizó una sesión cerrada de la asamblea, que duró sólo unos minutos e incluyó solo partidarios del PCC.
En 1997, Payá y otros diez miembros del Movimiento Cristiano Liberación, recogen cientos de firmas de apoyo a sus candidaturas para diputados.
Proyecto Varela
Artículo principal: Proyecto Varela.
En 1998, junto a otros miembros del Movimiento Cristiano Liberación, fundó el Proyecto Varela, el cual persiguió la recolección más de 10.000 firmas para presentar al gobierno una solicitud de cambios en la legislación a través de un referendo nacional. Según Payá, estos cambios, de haber sido aceptados por el gobierno y aprobados por voto popular, habrían introducido en Cuba la libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de prensa, elecciones libres, libertad de empresa, y amnistía para los presos políticos. La Constitución cubana concede que los ciudadanos pueden tener un referendo nacional para cualquier propuesta que tenga un mínimo de 10.000 firmas de ciudadanos cubanos registrados. En el 2002, Payá presentó personalmente 11.020 firmas apoyando el Proyecto Varela a la Asamblea Nacional, y en el 2004 presentó 14.000 firmas adicionales. Sin embargo, la Asamblea Nacional rechazó el pedido.
El Diálogo Nacional y el Programa Todos Cubanos
En el 2003, Payá y otros activistas democráticos comenzaron un proceso de análisis de trabajo llamado el Diálogo Nacional en que participaron más de 12,000 cubanos de dentro y fuera de Cuba en más de 3.000 grupos de discusión, utilizando un "documento de trabajo" como punto de partida para su discusión. Sus comentarios y sugerencias fueron compilados e integrados sistemáticamente al documento del Programa Todos Cubanos, que Payá presentó al público en 2006 para guiar una transición pacífica y democrática.
Perfil general
A diferencia de otros disidentes cubanos, Payá se oponía al actual embargo estadounidense contra Cuba y no aceptaba ayuda del gobierno de los Estados Unidos -algunos sectores niegan estas afirmaciones aunque nunca se han presentado pruebas-. También mantenía su distancia de los grupos políticos cubanos en los Estados Unidos, rehusando apoyar la meta de algunos de implementar un programa de readquisición de tierras tras el regreso de los exiliados a Cuba.
No es un programa neoliberal. Por esto, nos atacan los grupos poderosos en Miami. Cuando la gente habla de lo que va a pasar en Cuba después de Fidel, decimos - espera, hay once millones de personas en Cuba, no sólo Fidel Castro.
Aunque su actividad política ha sido tolerada y en algunas instancias le han permitido viajar al exterior, Payá contaba que él y su familia sufrían intimidación a diario. En el informe publicado por Amnistía Internacional, "Cuba: Motivos de preocupación de Amnistía Internacional en materia de derechos humanos" con fecha de 29 de enero de 2007, se puede leer que "al menos 67 presos de conciencia –personal docente, periodistas y defensores de los derechos humanos detenidos por sus actividades pacíficas– permanecen privados de libertad en cárceles de toda Cuba..." Y aunque reconoce que está estudiando varios casos más sólo puede "confirmar" este número. Otras asociaciones de derechos humanos como la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRC), dirigida por Elizardo Sánchez, fijan este número en 246 desde el 30 de junio de 2007.
Me han dicho que me van a matar antes de que termine el régimen, pero yo no voy a huir.
Críticas
Hay exiliados cubanos, particularmente en Miami, que han acusado a Payá de simpatizar con la ideología base del sistema comunista cubano por su apoyo a algunas medidas sociales que fueron impuestas luego del triunfo de la revolución. Sin embargo, los ataques directos de Payá a la ideología y metodología comunista que expresa en su web www.oswaldopaya.org y en sus múltiples declaraciones verbales, en TV y por escrito refutan estas críticas.
Su "Programa Todos Cubanos" también ha sido criticado por el exilio cubano en Miami porque existía la presunción de que no incluye a los exiliados cubanos en las primeras elecciones en Cuba después de una eventual transición, aunque incluye a los miembros del Partido Comunista. Más tarde, sin embargo, Payá ha eliminado toda polémica al aclararlo perfectamente en su discurso "Plebiscito", de 2011, donde claramente incluye a todos los cubanos.
Reconocimientos
Premio Sájarov a los Derechos Humanos del Parlamento Europeo en 2002.
Doctorado en Leyes, honoris causa, Universidad de Miami, Florida, EE.UU.
Candidato oficial al Premio Nobel de la Paz 2011, 2010, 2008, 2003 y 2002.
Premio Homo Homini 1999. People in Need. República Checa.
Premio W. Averell Harriman por la Democracia 2002. National Democratic Institute.
Medalla Manuel Carrasco i Formiguera 2004. Unió Democrática de Cataluña.
Premio Encina de la Libertad.
Premio a los Derechos Humanos 2001 de la Fundación Hispano Cubana.
Doctor Honoris Causa en Leyes 2006. Universidad de Columbia.
Doctor Honoris Causa en Leyes 2002. Universidad de Miami.
Candidato oficial al Premio Príncipe de Asturias a la Concordia 2003.
Premio Universidad del Destierro 2003. New School University.
Premio 2010 a la Apertura Democrática en Cuba Red Puente Democrático Latinoamericano - CADAL http://www.puentedemocratico.org/red/nota.asp?id_nota=3385
Vía pública «Oswaldo Payá» en Las Rozas de Madrid (España), a propuesta de UPyD. (Moción elevada por UPyD Las Rozas, el 21 de diciembre de 2012)
Fallecimiento
El 22 de julio de 2012 Oswaldo Payá falleció en un accidente de tráfico. En el mismo accidente también falleció el opositor Harold Cepero. El coche era conducido por el español Ángel Carromero. Carromero, dirigente de la organización juvenil Nuevas Generaciones del Partido Popular (PP) de Madrid y asesor en la Junta Municipal de Moratalaz del Ayuntamiento de Madríd, fue condenado por homicidio involuntario a causa de las muertes de Payá y Cepero. El político español no tenía ya puntos en su carné de conducir y había sido multado en tres ocasiones por exceso de velocidad, acumulando más de cuarenta multas de tráfico entre 2009 y 2012.
Aunque el tribunal declaró a Carromero culpable de la muerte de Payá, su propia familia reportó que el auto había sido embestido varias veces con la intención de sacarlos de la carretera y provocarles un accidente. Osmel Rodríguez un colaborador de Miami indicó que 20 días antes ya había tenido un accidente similar en el que el carro donde viajaba el opositor había quedado con las ruedas arriba, por lo que Osmel y la familia de Payá piensan que fue asesinado por el gobierno cubano. El propio Ángel Carromero declaró antes del juicio que se trató de un accidente y negó la implicación de otro vehículo. En las fotos del coche accidentado se ve claramente que no tiene ningún choque en la parte posterior.
Durante el juicio de Carromero no se le permitió a los hijos del fallecido asistir a la sala del tribunal al no haber presentado ningún cargo contra el español.
No nos dejan pasar. Se nos ha acercado una persona diciendo ser el secretario del tribunal y nos dijo que no podíamos pasar porque no habíamos avisado de que íbamos a venir al juicio, declaró a Efe Rosa María Payá.
No esperamos nada de este juicio. Realmente no creemos lo que puedan decir los mismos que amenazaban de muerte a mi padre. La única razón de que estemos aquí es que queremos ver a Ángel
Líderes opositores como la bloguera Yoani Sánchez fueron temporalmente detenidos en una estación de policía para impedir su acceso a la sala judicial.
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CUBA
Carromero asevera que servicios secretos cubanos asesinaron a Oswaldo Payá
Oswaldo Payá "salió vivo del accidente" y la versión oficial sobre un exceso de velocidad fue "una coartada perfecta para ocultar la muerte del único opositor que podía liderar la transición en Cuba", afirmó el político.
Ver resumen
EL UNIVERSAL
lunes 5 de agosto de 2013 07:18 AM
Madrid.- La muerte del opositor cubano Oswaldo Payá no fue debida a un accidente de carretera, del cual "salió vivo", sino a los servicios secretos de Cuba que lo "asesinaron", afirma el joven político conservador español Angel Carromero en una entrevista publicada este lunes por el diario El Mundo.
"Los servicios secretos cubanos asesinaron a Oswaldo Payá", aseguró Carromero, que conducía el vehículo en el que murieron Payá y el disidente cubano Harold Cepero, el 22 de julio 2012, apuntó AFP.
"Estoy seguro de que él (Payá) salió vivo del accidente. Las enfermeras y un párroco me aseguraron que en el hospital ingresamos los cuatro", insistió.
En el vehículo accidentado también viajaba un joven político conservador sueco, Aron Modig, que dijo que dormía cuando el carro se salió de la carretera, cerca de la localidad cubana de Bayamo.
Carromero es vicesecretario de las juventudes del Partido Popular, que lidera el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy.
Poco más de un año después de la tragedia, Carromero, que fue condenado por la justicia cubana a cuatro años de cárcel por homicidio imprudente y actualmente cumple su pena fuera de prisión en España, rompió el silencio público que había mantenido hasta ahora sobre lo ocurrido.
Desde un principio, la familia de Payá -candidato en cinco ocasiones al premio Nobel de la Paz y galardonado en 2002 por el Parlamento Europeo con el premio Sajarov de derechos humanos- exculpó a Carromero de toda responsabilidad y sigue exigiendo una investigación independiente sobre la muerte.
En una entrevista con el diario estadounidense Washington Post, Carromero ya había dicho en marzo que la muerte de Payá no fue accidental.
Aseguró que el hostigamiento de otros vehículos que los seguían desde su salida de La Habana había provocado que el auto se saliera de la carretera para chocar contra un árbol.
Carromero había dado la misma versión a la hija del líder opositor, Rosa María Payá, de 24 años, durante un encuentro entre ambos en Madrid en febrero.
"Angel no recuerda nunca haberse estrellado contra ningún árbol, ni que el carro diese vueltas ni nada parecido, solamente que los golpearon por atrás, los desestabilizaron y después sacaron a los dos extranjeros del lugar", había asegurado la joven.
La muerte de Payá, de 60 años, dejó a la oposición cubana sin su principal líder.
Gracias a una tobillera de control telemático, Carromero cumple su condena en casa y conserva su trabajo como asesor en el ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP.
El joven político afirma que su juicio en La Habana fue "una pantomima" en la que "la Fiscalía cubana fue fabricando las pruebas conforme avanzaba el proceso".
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, aseguró en marzo que Carromero nunca había dicho al gobierno español que la muerte de Payá fuese provocada.
El canciller también afirmó que a cambio de la liberación de Carromero el gobierno de La Habana había pedido una modificación de la política europea hacia Cuba a la que España no accedió.
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La cuota de sangre -
Martín Santiváñez *** Los sistemas autoritarios exigen una cuota de sangre para permanecer en pie. Esta vez cobró el disidente cubano Oswaldo Payá, después de ser perseguido durante toda su vida pública, afirma el investigador de la Universidad de Navarra. -
El Leviatán tropical que el castrismo ha construido a lo largo de sesenta años exige, de manera sistemática, una cuota de sangre. La legitimidad del modelo está en función al terror que el líder y el partido son capaces de imponer. La cuota, ese concepto que todo revolucionario convicto y confeso aprende en las “escuelas populares”, es el pago que demanda la ideología para construir aquí en la tierra el paraíso ácrata, el Edén del “hombre nuevo”, un mito apreciado por los remanentes del guevarismo. Así, el Estado regentado por los Castro, adecuando principios de la ortodoxia comunista a la realidad latinoamericana, ha seguido el viejo manual político esbozado por Marx, el hombre que escribió, en un arrebato de sinceridad radical, que lo suyo (y lo de sus discípulos) era “proferir gigantescas maldiciones”. En realidad, lo que el castrismo ha hecho con Cuba es la hoja de ruta de todos los regímenes comunistas que han sido, son y serán. Todo se legitima si con ello se construye el futuro. Siguiendo esta lógica, la sangre puede y debe ser ofrecida en holocausto si con ello se consolida la revolución.
Por eso, no sorprende que un Estado construido bajo estas premisas ideológicas totalitarias y maniqueas, haya decidido asesinar a un opositor de fuste como Oswaldo Payá. Sin logros económicos que ofrecer después de sesenta años de mesianismo y estatolatría, los Castro sólo pueden mantenerse en el poder empleando en el frente interno, indistintivamente, la coerción masiva o la aniquilación selectiva. Además, en el exterior, el castrismo disfruta del apoyo material del ALBA y de la complicidad política de ese bloque que algunos analistas denominan la “nueva izquierda latinoamericana”: el lulismo del PT, el socialismo chileno de la Bachelet, la confluencia peruana de Villarán, etcétera. La realidad es clara: la “nueva izquierda” latinoamericana nunca ha dejado de acudir a los besamanos que periódicamente organiza La Habana.
Este es el Estado policial que ha asesinado a Oswaldo Payá después de perseguirlo durante toda su vida pública. Esta es la tiranía clásica a la que Payá se enfrentó con valentía, fe y decisión. Un despotismo que apela al miedo, al comisariato y al “juicio popular”, apoyándose en el aplauso o el silencio cómplice de sus parientes ideológicos. No es un Estado distinto a las dictaduras que edificaron muros, gulags o campos de concentración. El grado de refinamiento, la sofisticación que el instrumento de los Castro ha desarrollado en la vigilancia y la represión sólo es comprensible si tomamos en cuenta el soporte internacional, el paraguas externo, la ayuda o el silencio de la comunidad global. Oswaldo Payá no sólo era un obstáculo interno. Se había transformado en un referente peligroso a nivel mundial. La lógica revolucionaria, la de la cuota por el futuro, entró en juego materializándose en el asesinato narrado en el mundo por Ángel Carromero. La existencia, la propia condición vital de un líder que predicó el mensaje de libertad, unidad y reconciliación era insoportable para un partido que se legitima desde hace seis décadas en función al miedo y la división.
La muerte de Oswaldo Payá no es un crimen más de la dictadura castrista. Su asesinato puede y debe generar una reacción internacional que liquide la aspiración de convertir a los Castro, a punta de maquillaje, en los autores iluminados de una “democracia popular” distinta, pero tolerable.
España no debe pactar con el terrorismo de Estado. Si quiere recuperar la iniciativa a nivel regional, el gobierno tiene que denunciar las irregularidades del caso Payá,, la ilegalidad del trato a Carromero y la represión dictatorial que estrangula a la oposición cubana día a día. El que guarda silencio ante la muerte de Payá es un cadáver, un cuerpo inerte para la democracia. Porque Oswaldo, el socialcristiano, encarnó siempre lo mejor de Cuba: la síntesis por encima de las divisiones, la denuncia valiente ante el foro internacional y la esperanza de un cambio real. Los otros, los que han construido a fuerza de ideología una dictadura feroz y los que callan movidos por falsos cálculos políticos, convergen en un mismo y execrable resultado: la prolongación material de un Leviatán tropical que exige en holocausto, cada cierto tiempo, la cuota de sangre de los mejores hijos de la libertad.
@viejoreino
jueves, 8 de agosto de 2013
viernes, 2 de agosto de 2013
"Maduro está en las manos de Juan Manuel Santos"
“Maduro está en las manos de Juan Manuel Santos”
Publicado el : 2 de agosto 2013 - 11:42 de la mañana | Por Pablo Gámez (Foto: Gobierno de Colombia)
Categorías: Colombia Juan Manuel Santos Nicolás Maduro Venzuela
El ex diputado venezolano, Pablo Medina, arremete contra el ocultamiento de información en torno a la nacionalidad de Nicolás Maduro y acusa a Colombia de conspirar.
El escenario político de Venezuela se agita, una vez más. El ex diputado Pablo Medina, una de las voces principales desde la oposición venezolana, ha denunciado a Bogotá de ser cómplice en el ocultamiento de información sobre la supuesta nacionalidad colombiana del presidente Nicolás Maduro.
De comprobarse que Maduro nació en Colombia, tendría que renunciar a la presidencia de Venezuela. La entrevista con Medina sucede en momentos en que Nicolás Maduro lo acusa de conspirar en su contra.
Pablo Gámez: El rumor de que Nicolás Maduro no nació en Venezuela sino en Colombia no ha parado en las redes sociales. Pero el rumor sigue siendo rumor y la prueba sigue sin aparecer: ¿Se está descafeinando la denuncia ?
Pablo Medina: Al contrario, ahora el café está más concentrado. Hay más cafeína en relación a que Nicolás Maduro nació Cúcuta, se lo puedo señalar y afirmar.
Ayer mismo llamé a amigos que se encuentran en el Táchira. Les pedí que fueran a Cúcuta, al registro donde se encuentra el tomo 20-A con la partida de nacimiento de Maduro.
Los responsables del registro dijeron que ellos no pueden ofrecer ningún tipo de información, ni tampoco pueden publicar el documento. Hay una negativa a ofrecer documentos que son públicos. Venezuela y Colombia tienen tratado de apostillamiento para la consignación de documentos, y especialmente para este tipo de documentos, relativos a partidas de nacimiento o actas de defunción. Lo que ocurrió hace algunas horas habla de un ocultamiento de información
PG: ¿Por qué ocultan esa información?
PM: No lo sabemos. Ellos tampoco negaron que el documento del ex embajador panameño Guillermo Cochez fuera falso, sino que no posee una serie de características de ese tipo de documentos oficiales.
Recuerde que Cochez mostró en el programa colombiano NTN24 la partida de nacimiento del mandatario. Y en ella se muestra que Nicolás Maduro nació en la ciudad colombiana de Cúcuta.
PG: ¿Qué procede cuando hay un ocultamiento de información como el que Vd. denuncia?
PM: En Venezuela nos encontramos en una guerra de baja intensidad. Uno debe hacer las cosas por sorpresa, y no decirlas.
Nosotros tenemos un plan y estoy convencido que el documento autentificado de la partida de nacimiento de Maduro va a aparecer.
PG: ¿Cuándo podríamos esperar la revelación de este documento?
PM: No se lo puedo decir, pero estamos en ese proceso y agotando vías seguras.
Lo que sí le puedo asegurar es que da muy mala espina que el registrador público –porque fue una posición política—haya actuado de esa forma.
PG: ¿Cuál es su sospecha?
PM: Hay una deuda de Venezuela con Colombia de más de mil millones de dólares. Hay sectores –no son todos—en Colombia que en el pasado han intentado siempre ocupar territorio venezolano, sobre todo en áreas petroleras para salir al Atlántico.
Lo que hace más delicado esta situación, por el hecho de que Nicolás Maduro es colombiano y que esté en las manos del presidente Juan Manuel Santos.
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Maduro negoció con Santos para ocultar una realidad. Vamos a mostrarles el documento para demostrarles que Nicolás Maduro no puede ser Presidente de Venezuela, porque es un ciudadano colombiano.
PG: ¿Acusa de complicidad al gobierno de Colombia en el caso de la nacionalidad de Nicolás Maduro?
PM: Sí, acuso de complicidad al gobierno de Colombia. Es una carta abierta que utiliza Juan Manuel Santos contra Venezuela, sus ciudadanos y Fuerzas Armadas. Nicolás Maduro está en las manos de Santos para que entregue territorio venezolano a cambio de callar su nacionalidad.
PG: El documento que supuestamente acredita que Nicolás Maduro es colombiano presenta anomalías de forma: ¿Para usted este documento sigue siendo la prueba definitiva?
PM: También hay otras pruebas. En la campaña electoral nos dimos cuenta que Maduro desconoce Venezuela. Confundía las capitales con los estados. Es un hecho.
Oficiales de las Fuerzas Armadas nos confirman que cuando Maduro va a tomar un café, pide un “tinto”, como lo hacen en Colombia. Y lo pide con un pancito colombiano muy sabroso.
Pero el hecho es que la partida de nacimiento de Maduro no existe en Venezuela. La institución encargada de llevar el registro de los venezolanos en el extranjero tampoco tiene la partida de nacimiento. Se lo digo con conocimiento de causa.
El Tribunal Supremo de Justicia le solicitó al poder electoral la partida de nacimiento, y no la envió, porque no existe.
PG: El Presidente Maduro contrajo matrimonio en Caracas, hace dos semanas. ¿No presentó ningún acta de nacimiento ?
PM: En su artículo 66, el Código Civil establece que para contraer matrimonio, tiene que presentar la partida de nacimiento.
PG: ¿ El alcalde de Caracas está ocultando información ?
PM: Por supuesto. Porque debió presentar la partida de nacimiento. Barak Obama presentó el acta de su nacimiento para despejar toda duda en Estados Unidos, ¿ Por qué Maduro no lo hace? Porque no existe, lógico.
PG: ¿Está completamente probado que el padre , la madre y la hermana del presidente son colombianos ?
PM: El caso de la madre y las hermanas está comprobado. El diputado Velardo Díaz tiene las pruebas. Durante la campaña electoral, Maduro dijo que su madre había nacido en Rubio, estado Táchira. Lo cual no era cierto. Pero encontraron que en el registro de Cúcuta, se encuentra la partida de nacimiento de su madre.
No sabemos si el padre es colombiano o no. En 1956 se casaron en Bogotá, se fueron a vivir a Cúcuta al barrio donde los hijos nacieron.
PG: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dice que las manifestaciones de la oposición sobre su supuesta nacionalidad colombiana obedecen a sus intentos por "quitarse de encima la derrota electoral".
PM: Estamos en presencia de un personaje que ha mentido durante toda su actividad pública. Negó la muerte de Chávez. Mintió cuando dijo que Chávez estaba en el hospital Militar. Chávez murió el 30 de diciembre. Mintió al decir que Chávez estaba haciendo ejercicios, firmando documentos.
Perdió las elecciones el 14 de abril: ¿Por qué no obedeció la decisión de Unasur de abrir todas las cajas de votos? Porque Nicolás Maduro es una gran mentira.
sábado, 27 de julio de 2013
Investigación
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Investigación: Gobernador Rangel Gómez y Alto Mando Militar detrás de la corrupción en Ferrominera
27 jul 2013CVG,Rangel Gómez
Caracas, 27 de julio de 2013 - A continuación uno de los trabajos de investigación correspondientes a la edición 147 del Semanario 6to Poder.
Por Katherine Vega Avariano / José Ángel Palacios
Otro caso mil millonario de corrupción se suma al gobierno. Esta vez le tocó el turno a la estatal venezolana de minerales, que los duros del poder llevaron a la quiebra. Una empresa nacionalizada con el firme objetivo de desbancar sus ganancias.
Cuando en el país se habla de corrupción se lee y escucha los nombres de altos funcionarios del gobierno. Esta vez, una de las industrias más importantes del país, Ferrominera CVG, fue desbancada por más de mil 163 millones de dólares.
Cuando se mencionan los culpables, paradójicamente suena el nombre de la máxima autoridad del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, gobernador de la región, quien sería el líder de la operación fraudulenta que declinó aun más la economía de la empresa minera del país.
Toda una directiva involucrada. Junto a Rangel actuaron las máximas autoridades de la industria guayanesa. Hoy se encuentran en las actas del Ministerio Público los nombres de Radwan Sabbagh, ex presidente de la industria; Juan Aníbal Vásquez, gerente de Comercialización y Ventas; Eleazar Villalba, gerente general de Producción de Operaciones Mineras; María Rodríguez, gerente de Administración y Finanzas, y el auditor general, Enrique Herrera.
El primero en caer fue el presidente de la ferrominera, Radwan Sabbagh, quien el pasado 12 de junio fue señalado por el presidente Nicolás Maduro de haber “desangrado la empresa”.
En las investigaciones realizadas a la industria fueron descubiertas irregularidades que vinculan a Sabbagh, su tren gerencial, clientes de la empresa y el gobernador del estado Bolívar. A éste último las evidencias del caso lo señalan como el máximo líder de los hechos ilícitos dentro de la estatal.
Aunque según las cifras suministradas por el Ministerio de la Defensa el daño patrimonial a la empresa supera los mil 163 millones de dólares, esta suma es cuestionable, pues los actos de corrupción adjudicados a las empresa tienen antecedentes desde el 2001, la suma de pérdidas por actos ilícitos para la fecha sería incalculable.
La Ferrominera, de ser una empresa encargada de los recursos minerales del país, ahora también es operaria de corrupción, extorsión, tráfico de mineral y drogas. La gestión de Sabbagh fue el cáncer que terminó de llevar a la industria guayanesa a la ruina. Los recursos percibidos por su producción -a medias- ni siquiera fueron dedicados al pago del adeudo de los empleados; todo lo contrario, los dólares de ingresos fueron a los bolsillos de las “mafias de los hierros”.
En el círculo mafioso aparecen diversas empresas involucradas en los delitos, que son clientes directos de la industria, entre ellas está Duferco, empresa internacional productora de acero, y Muzan, que pertenece a Manuel Mustafá, abogado y testaferro de Rangel Gómez.
Implicados: perfiles de unos delincuentes
Yamal Mahmud Mustafá Henríquez, abogado de origen Palestino-Libanés es uno de los hombres más acaudalados de la región, su relación con las empresas de Guayana vienen de la famosa “mafia de las cabillas”, cuando el hoy abogado del gobernador Rangel era socio de un bufete que defendió a Luis Salvador Velásquez Rosas, considerado “rey de la cabilla”, quien fue acusado de haber cometido actos ilícitos durante su desempeño como gerente de comercialización de Sidor. Hoy se encuentra libre, bajo medidas humanitarias.
Mustafá maneja 19 compañías que asisten a las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y entidades de la Gobernación del estado Bolívar. Tickets de alimentación (Credilab), comedores industriales (Corpobrica), construcción y exportación de minerales forman parte del monopolio que maneja este empresario.
Un hombre de medios con poder en el estado. Así lo denunció el diputado Américo Grazia, uno de los acusantes de las irregulares cometidas por el abogado. El poder del empresario se demostró cuando a través del Tribunal Primero de Juicio del estado Bolívar logró que el Correo del Caroní limitara informaciones que lo involucraran con actos de corrupción.
La justicia tarda, pero llega. Pareciera ser el caso de quien alguna vez hizo una inmensa fortuna con el chavismo y fue uno de los autores del quiebre de la Ferrominera.
Ahora, Mustafá está preso en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Ciudad Guayana desde el 18 de junio. Al igual que otros tres ex directivos de Ferrominera, fue imputado por el tribunal 5° de Control, extensión Puerto Ordaz, por ser presunto cooperador en los delitos de peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir. Además, tiene prohibido movilizar sus cuentas bancarias así como enajenar y gravar bienes.
Por otra parte, y a pesar de haber sido señalado como el líder de la mafia que llevó a la Ferrominera a la ruina, el Gobernador del estado Bolívar, Gómez Rangel, se encuentra en total impunidad, la justicia no ha hecho expedientes con la ficha del Gobernador. Las denuncias interpuestas por los diputados no fueron argumento para que el Ministerio Público por lo menos abriera una investigación contra del mandatario regional, lo que demuestra que sus influencias en el poder son considerables.
La relación de Mustafá y Gómez Rangel no es un secreto para nadie, en contraste, siempre han mostrado sus vínculos delante de la opinión pública. La relación entre el Mandatario y el hoy expuesto empresario se remonta a 2001, cuando Mustafá trabajó como asesor jurídico de la CVG en el período en el que Rangel Gómez presidía la corporación.
Corrupción del alto mando militar
El coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi, alias “El Tiburón”, es un militar activo que desde noviembre de 2011 llegó a Ciudad Guayana enviado por el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal, por recomendación directa de Luis Felipe Acosta Carlez -ex gobernador de Carabobo-, según revela una alta fuente vinculada al caso. La presencia del Coronel en la región sería para investigar presuntas irregularidades en la comercialización y distribución de las cabillas -“la mafia de las cabillas”, ocurrido en Sidor-.
Adquirió relevancia y fue catalogado de “héroe” al dar con la detención del ex gerente de comercialización de Sidor, Luis Salvador Velásquez Rosas, quien también se desempeñaba como presidente de la comisión de transición de la Briquetera Orinoco Iron y Briqven.
Modus operandi
Según el expediente 47C16156-13 del Ministerio Público que recoge las declaraciones de los procesados por este caso, obtenido en exclusivo por El Comercio, 6to Poder, siendo Álvarez Jefe de la División de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, contacta a los involucrados en el caso de investigación de Ferrominera, exigiéndoles diversas sumas de dinero para que fueran depositadas en cuentas internacionales, y luego ser distribuidas progresiva y sistemáticamente a los números de cuentas bancarias que fue indicando.
El Coronel hoy imputado por Legitimación de Capitales, Asociación para Delinquir, Extorsión e Incremento Patrimonial, le exigió al gerente de Comercialización y Ventas, Juan Vásquez, el pago de tres millones de dólares. Este funcionario adelantó $2 millones, una vez que Álvarez le indicó que solo si pagaba la suma requerida procedería a borrar los expedientes que estaban bajo cargo, de lo contrario sería detenido.
Vásquez pagó a través de contactos internacionales de la empresa Miami Trust, realizando cuatro transferencias de 500 mil dólares cada una en las fechas 1, 5 y 15 de febrero, y 12 de marzo. Todas, este año. Confiesa en el documento oficial haber cancelado la suma, alegando querer borrar la mala imagen que estaban “fabricando” en la empresa, en su contra.
A Radwan Sabbagh le pidió 20 millones de dólares, para no involucrarlo en la investigación que titularon como la “Mafia del Hierro”, éste efectuó acuerdos con las empresas involucradas para cancelar la suma. La primera fue CME, dispuesta a pagar 10 millones de dólares, y a mediados del mes de “febrero o marzo” canceló los primeros tres millones, mientras que Duferco cancelaría otra parte, adelantado tres millones de dólares más.
El empresario Mustafá fue el intermediario de Sabbagh para cancelar los montos en dólares en el exterior.
Mustafá entregó unos cuatro millones de dólares ($4.405.173) a través de transferencias bancarias a cuentas indicadas por el Coronel en el exterior, y más de dos millones 500 mil bolívares (Bs.2.554.564) en Venezuela.
Asimismo, extorsionó y amenazó de muerte al representante de la sociedad mercantil Corinsur, Douglas del Valle Flores Vargas, quien dio 400 mil dólares y 800 mil bolívares a Álvarez.
Carlos Gilberto Vieira Hernández, joven de 23 años de edad, fue el encargado de facilitar las cuentas para la recepción o depósito de los montos, para ser transferidas con el objeto de ocultar o simular la procedencia de dichas sumas, quien comete con estas acciones el delito de Legitimación del Capital, según reza el informe del MP.
El gerente de Seguridad, Jhonny José Marin Sanguino, es el encargado de la seguridad familiar de Sabbagh. Es acusado de tráfico de minerales, tráfico de drogas y de recibir 600 mil dólares.
El extorsionista de la mafia del hierro
Juan Álvarez, “El Tiburón”, logró mediante diferentes extorsiones y presiones a los “corruptos funcionarios de Ferrominera”, agrupar gran parte de las ventas del mercado de exportación del mineral de hierro a través de las empresas Corinsur y Sofibella int. Dichos contratos eran inexistentes, y mediante ellos adquirió contratos de exportación del mineral de hierro.
El expediente señala que en el año 2006 Álvarez invirtió en bienes inmuebles unos 251 mil bolívares (fuertes). Los ingresos en su cuenta nómina por concepto de sueldo, bonos y compensaciones por comisión de estudios en la República de Corea fueron por la cantidad de 90 mil 700 bolívares, lo que arroja una diferencia de 160 mil bolívares que son considerados fondos desconocidos. Al igual que percibió a finales de 2011 y primer trimestre de 2012 la cantidad de 180 mil bolívares, cuyo origen no fue producto de su desempeño en la FANB sino de los ingresos obtenidos de Sabbagh por intermedio de Mustafá.
Recibió casi cuatro millones de dólares por la extorsión ejercida a Sabbagh. Así como se le vincula con unos 190 mil dólares recibidos por su esposa, Belkys Guerrero, a través de la misma intermediación utilizada en el procedimiento anterior y que se consideran igualmente fondos de origen desconocido. En todo esto actuó como cómplice de este Coronel su esposa, quien hoy también está siendo investigada por la justicia.
Antecedentes
Las primeras investigaciones comenzaron por denuncias realizadas el pasado 31 de agosto de 2012, por el colectivo de obreros revolucionarios sobre presuntos hechos de corrupción ocurridos en las empresas básicas del Estado. Al igual que el 15 de junio de 2012 se informa sobre presuntas irregularidades adelantadas por Juan Vásquez por la red de extorsión dentro de Ferrominera.
Estas y otras denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía. Ninguna fue dada a conocer públicamente hasta ahora.
En el expediente se relata que el ex gerente General de Comercialización y Ventas de la industria, Jorge Luis Cañas Loreto, se percató de la situación al entrar a la estatal. “Cuando estuvo en la obligación de cerrar el punto de cuenta suscrito con Carlos Vieira, y por órdenes de Sabbagh tuvo que abrir el punto de cuenta a Carlos Martínez (primo de Álvarez Dionisi), además que el contrato era por un solo embarque, y porque según éste tenía una relación muy estrecha con alguien relacionado con el ministro Meléndez (Ricardo), pero ante la eminente salida de su presidente (Sabbagh) decidió rechazar el contrato, pues la industria solo contrata a personas jurídicas y no naturales.
Lo actual, Ferrominera militarizada y paralizada
La noche del pasado miércoles 24 de julio las instalaciones de la Ferrominera fueron militarizadas, la tención en la estatal por la presencia de los militares era grande. Los trabajadores tomaron el portón 7 y las vías férreas de la productora de hierro.
Ante esta iniciativa, los trabajadores explicaron que la noche de la militarización la alta directiva de la productora de hierro suspendió el servicio de la flota de transportes, acto seguido los militares tomaron los portones como parte de un plan de contingencia de arranque de la planta.
Los trabajadores se mantendrán en protesta permanente en los portones para reclamar el pago de pasivos laborales y el cumplimiento de las cláusulas económicas, que según ellos se encuentran amparadas por la convención colectiva.
Entre las declaraciones los trabajadores aseguran que no se les permite el acceso a las instalaciones y que según los funcionarios son órdenes precisas del presidente Nicolás Maduro.
Tras fallecimiento Chávez hoy sólo quedan estas palabras
“Nosotros estamos obligados a eliminar de nuestras empresas todo testigo de corrupción, de ineficiencia, y tenemos que poner esas empresas a producir y a rendir para el país. Estas empresas no pueden seguir existiendo a costa de miles de millones de bolívares del presupuesto, que bastante falta hacen (…), tenemos que levantarlas, ponerlas a producir, acabar con la ineficiencia, el despilfarro, y tienen que darle ganancias al pueblo, ¿cómo justificamos que tenemos grandes tamaños de inversiones y al final hay pérdidas?”. Así se refirió el ex Presidente de la República, Hugo Chávez, el año 2010, en relación a la situación de la Corporación Venezolana de Guayana.
lunes, 22 de julio de 2013
Daños colaterales
Daños colaterales causa denuncia del cartel del Hierro en Bolívar
Daños colaterales causa denuncia del cartel del Hierro en Bolívar
julio 22, 2013 4:37 pm
Una conmoción y daños colaterales ha causado en el estado Bolívar la detención de importantes empresarios así como ex funcionarios de la empresa Ferrominera Orinoco.
Todos vinculados al cartel del Hierro, según investigación de la Dirección General Contra Inteligencia Militar, dirección de Asuntos Especiales, del ministerio de la Defensa.
Hasta ahora están detenidos e imputados, Juan Carlos Álvarez Dionisi, alias el “tiburón” exjefe del DIM en Guayana; Raddwan Sabbgah, expresidente de Ferrominera Orinoco y Carlos Viera, empresario de 23 años de edad.
El Tribunal 5º de Control a cargo del Juez Nelson Figueroa después de tres días revisando el caso por el que además están detenidos, el empresario Yamal Mustafá; y los exgerentes de Ferrominera Orinoco, María Rodríguez de Finanzas; María Acosta, de Administración y Noel Rodríguez, consultor jurídico, tomó su decisión: privativa de libertad para todos.
Están huidos, Juan Aníbal Vásquez, gerente de comercialización; Francisco Golindano, de Servicios Generales y Manuel Alejandro Mustafá Maury, empresario de 25 años, sobrino de Yamal Mustafá que tenía empresas para comercializar mineral de hierro, pellas, briquetas, finos, entre otros.
El daño patrimonial, de acuerdo al trabajo de investigación, de los cuerpos de seguridad supera los mil millones de dólares.
Son tres mujeres las que imputan a los involucrados. La Fiscal 56; la Fiscal 57 y la Fiscal 4º con Competencia Nacional.
Aunque la denuncia la ha asumido ahora el diputado Andrés Velásquez, luego de que le llegase el dossier de forma anónima con la investigación, desde el 5 de mayo de este año, estas personas señaladas estaban declarando ante el DIM de Guayana.
En el expediente de 400 páginas, todos admiten haberle pagado al llamado “tiburón” quien tenía aproximadamente dos años extorsionando a los empresarios, a los gerentes y al presidente de Ferrominera Orinoco, pues los acusaba de varios delitos, de ponerlos presos y los amenazaba con armamento si ellos no pagaban una coima o vacuna a fin de no ser incluidos en el expediente del cartel del hierro.
Por unanimidad:
El impacto en la opinión pública ha sido de tal magnitud que la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, aprobó por unanimidad iniciar la investigación por el caso, donde además, el diputado Andrés Velásquez, insiste en que el que está detrás de todo este tinglado de corrupción es el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, debido a que Yamal Mustafá, es su principal contratista, según la Memoria y Cuenta del 2012.
Esta semana llegan doce diputados de oposición al estado Bolívar para respaldar a Velásquez.
En el expediente de 400 páginas se menciona que están señalados los propietarios de las empresas Corinsur; Sofibella; CME; Tranfesur, Gerempro, Duferco, Barsanti, Cargaport, Metals Alloysd, SMT Silva; Duro Filguera; Skyview Invesment, Consorcio Ferrominera II, entre otros.
Los delitos son enriquecimiento ilícito, peculado doloso propio, malversación específica por evasión de procedimiento licitatorio y asociación para delinquir.
Conclusiones del “tiburón”
De acuerdo al informe del 15 de junio de 2012, elaborado por el jefe del DIM, Álvarez Dionisi, incluido en el expediente, había determinado que se realizaban contratos de venta de sedimentos de la planta de briqueta que salían por el muelle de Ferrominera, a un precio menor que el valor de mercado y generaba retrasos en el ingreso de otros buques que tenían asignado puerto y día para cargar, lo que significó costos para el Estado venezolano en dólares por intereses de mora en la entrega de la carga, pero además que por ese muelle de Ferrominera no salía el desecho de planta de briqueta.
Otra de las denuncias establece que sacaban un mineral, reflejado en la lista de carga a 15 dólares por tonelada y llevaban oculto en las otras bodegas del barco, mineral fino cuyo precio en el mercado es de 70 dólares por tonelada pero el Estado sólo recibía lo correspondiente a los 15 dólares que era lo que enteraban según el despacho.
Es larga la lista de irregularidades y por eso el jefe del DIM en Guayana, estuvo tanto tiempo pidiendo la “vacuna” cuyo monto original fue de 20 millones de dólares y de miles de millones de bolívares, dinero que le depositaban Carlos Viera, después de cobrar la coima a los señalados y Yamal Mustafá, pues en las cuentas de ambos se hacían los depósitos y ellos a su vez los enviaban, desde sus cuentas en el exterior a los números de cuenta que les ordenaba Álvarez Dionisi. Todo eso está sustentado en el expediente.
Daños colaterales
Además de verse involucrado un dueño de un medio de comunicación, con apenas dos años en la zona, propiedad de Yamal Mustafá; la amistad confesa de este último con el gobernador del estado Bolívar, jefe del Psuv, Francisco Rangel Gómez, y exponerse ante la opinión pública el hecho de que las empresas de Mustafá manejan el 72% de los contratos de la gobernación así como contratos en todas las empresas básicas, en las áreas de alimentación, cesta ticket, electrificación, obras, distribución de mineral, servicios, en general; la mesa de la Unidad en Caroní se partió porque la mitad de sus autoridades se enfrentaron a Andrés Velásquez y cerraron filas al lado de Yamal Mustafá por lo que se puede hablar de daños colaterales para la oposición y para el gobierno.
Esta semana ocurrirán más hechos impactantes. Entre ellos que la Mesa de la Unidad, termine rota y sus jefes posiblemente cambiados, pero bueno como decía Luis Herrera. /JM
Fuente: El Fortín Guayana
Daños colaterales causa denuncia del cartel del Hierro en Bolívar
julio 22, 2013 4:37 pm
Una conmoción y daños colaterales ha causado en el estado Bolívar la detención de importantes empresarios así como ex funcionarios de la empresa Ferrominera Orinoco.
Todos vinculados al cartel del Hierro, según investigación de la Dirección General Contra Inteligencia Militar, dirección de Asuntos Especiales, del ministerio de la Defensa.
Hasta ahora están detenidos e imputados, Juan Carlos Álvarez Dionisi, alias el “tiburón” exjefe del DIM en Guayana; Raddwan Sabbgah, expresidente de Ferrominera Orinoco y Carlos Viera, empresario de 23 años de edad.
El Tribunal 5º de Control a cargo del Juez Nelson Figueroa después de tres días revisando el caso por el que además están detenidos, el empresario Yamal Mustafá; y los exgerentes de Ferrominera Orinoco, María Rodríguez de Finanzas; María Acosta, de Administración y Noel Rodríguez, consultor jurídico, tomó su decisión: privativa de libertad para todos.
Están huidos, Juan Aníbal Vásquez, gerente de comercialización; Francisco Golindano, de Servicios Generales y Manuel Alejandro Mustafá Maury, empresario de 25 años, sobrino de Yamal Mustafá que tenía empresas para comercializar mineral de hierro, pellas, briquetas, finos, entre otros.
El daño patrimonial, de acuerdo al trabajo de investigación, de los cuerpos de seguridad supera los mil millones de dólares.
Son tres mujeres las que imputan a los involucrados. La Fiscal 56; la Fiscal 57 y la Fiscal 4º con Competencia Nacional.
Aunque la denuncia la ha asumido ahora el diputado Andrés Velásquez, luego de que le llegase el dossier de forma anónima con la investigación, desde el 5 de mayo de este año, estas personas señaladas estaban declarando ante el DIM de Guayana.
En el expediente de 400 páginas, todos admiten haberle pagado al llamado “tiburón” quien tenía aproximadamente dos años extorsionando a los empresarios, a los gerentes y al presidente de Ferrominera Orinoco, pues los acusaba de varios delitos, de ponerlos presos y los amenazaba con armamento si ellos no pagaban una coima o vacuna a fin de no ser incluidos en el expediente del cartel del hierro.
Por unanimidad:
El impacto en la opinión pública ha sido de tal magnitud que la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, aprobó por unanimidad iniciar la investigación por el caso, donde además, el diputado Andrés Velásquez, insiste en que el que está detrás de todo este tinglado de corrupción es el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, debido a que Yamal Mustafá, es su principal contratista, según la Memoria y Cuenta del 2012.
Esta semana llegan doce diputados de oposición al estado Bolívar para respaldar a Velásquez.
En el expediente de 400 páginas se menciona que están señalados los propietarios de las empresas Corinsur; Sofibella; CME; Tranfesur, Gerempro, Duferco, Barsanti, Cargaport, Metals Alloysd, SMT Silva; Duro Filguera; Skyview Invesment, Consorcio Ferrominera II, entre otros.
Los delitos son enriquecimiento ilícito, peculado doloso propio, malversación específica por evasión de procedimiento licitatorio y asociación para delinquir.
Conclusiones del “tiburón”
De acuerdo al informe del 15 de junio de 2012, elaborado por el jefe del DIM, Álvarez Dionisi, incluido en el expediente, había determinado que se realizaban contratos de venta de sedimentos de la planta de briqueta que salían por el muelle de Ferrominera, a un precio menor que el valor de mercado y generaba retrasos en el ingreso de otros buques que tenían asignado puerto y día para cargar, lo que significó costos para el Estado venezolano en dólares por intereses de mora en la entrega de la carga, pero además que por ese muelle de Ferrominera no salía el desecho de planta de briqueta.
Otra de las denuncias establece que sacaban un mineral, reflejado en la lista de carga a 15 dólares por tonelada y llevaban oculto en las otras bodegas del barco, mineral fino cuyo precio en el mercado es de 70 dólares por tonelada pero el Estado sólo recibía lo correspondiente a los 15 dólares que era lo que enteraban según el despacho.
Es larga la lista de irregularidades y por eso el jefe del DIM en Guayana, estuvo tanto tiempo pidiendo la “vacuna” cuyo monto original fue de 20 millones de dólares y de miles de millones de bolívares, dinero que le depositaban Carlos Viera, después de cobrar la coima a los señalados y Yamal Mustafá, pues en las cuentas de ambos se hacían los depósitos y ellos a su vez los enviaban, desde sus cuentas en el exterior a los números de cuenta que les ordenaba Álvarez Dionisi. Todo eso está sustentado en el expediente.
Daños colaterales
Además de verse involucrado un dueño de un medio de comunicación, con apenas dos años en la zona, propiedad de Yamal Mustafá; la amistad confesa de este último con el gobernador del estado Bolívar, jefe del Psuv, Francisco Rangel Gómez, y exponerse ante la opinión pública el hecho de que las empresas de Mustafá manejan el 72% de los contratos de la gobernación así como contratos en todas las empresas básicas, en las áreas de alimentación, cesta ticket, electrificación, obras, distribución de mineral, servicios, en general; la mesa de la Unidad en Caroní se partió porque la mitad de sus autoridades se enfrentaron a Andrés Velásquez y cerraron filas al lado de Yamal Mustafá por lo que se puede hablar de daños colaterales para la oposición y para el gobierno.
Esta semana ocurrirán más hechos impactantes. Entre ellos que la Mesa de la Unidad, termine rota y sus jefes posiblemente cambiados, pero bueno como decía Luis Herrera. /JM
Fuente: El Fortín Guayana
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